Acuerdo de Escazú: desafíos y oportunidades para su implementación en el Perú

Resumen

Los beneficios de la implementación de un tratado se miden de acuerdo a la capacidad de un Estado en cumplir con sus disposiciones de manera efectiva. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe —conocido como Acuerdo de Escazú— regula derechos ligados a los derechos humanos y medioambientales. Considerando que muchos de los países de la región de Latinoamérica y el Caribe someten su desarrollo económico a industrias que entran en conflicto directo con los derechos protegidos por el acuerdo, vale revisar si su aplicación puede garantizar el cumplimiento de estos derechos sin perjudicar los procesos económicos establecidos. A fin de sustentar estas ideas, el presente artículo iniciará con una explicación breve sobre el contenido del Acuerdo de Escazú, para luego estudiar la aplicación del mismo desde el punto de vista del derecho internacional, donde se analizarán las contingencias relativas a la jurisdicción supranacional, las implicancias respecto a la soberanía, y los compromisos y obligaciones que tendrían que asumir los Estados Parte. Finalmente, se abordará aspectos relacionados al efecto que tendrá su aplicación en el derecho nacional, como son los posibles cambios en la legislación y el alcance interpretativo de algunos de sus principios.