América Latina después del 2020

Mariano Ignacio Millán; Roberto Agustín Follari; Robinson Salazar Pérez

En un inicio el año 2020 develo un horizonte sin senderos despejados y en la expectativa de hallar nuevas formulas para despegar en lo económico y abrir espacios en la política; sorpresivamente apareció el Coronavirus, son toda la polémica de culpas y señalamientos entre EEUU, China, más tarde Gran Bretaña y otros gobernantes tuvieron la tarea de actuar sin un protocolo acertado porque nunca habíamos atendido un caso de pandemia global. De nueva cuenta acudimos a la comunidad inteligente de los Insumisos Latinoamericanos para atender, desde nuestra humilde capacidad de pensar y escribir, tratar de explicar qué estamos observando, las distintas maneras posibles de afectación, cómo actuar sin dejar de reflexionar en cada espacio y entorno; no sólo en lo concurrente a la pandemia sino también a la democracia, los movimientos sociales, las medidas y protocolos instrumentadas por organismos de la salud, los vínculos de virus con los gobiernos e intereses de la derecha, quienes son los agentes involucrados y si existen formas políticas distintas a la mayoría prevaleciente en el concierto latinoamericano.

América Latina después del  AMÉRICA LATINA DESPUÉS DEL 2020 COORDINADORES ROBINSON SALAZAR PÉREZ XIMENA RONCAL VATTUONE AUTORES Robinson Salazar Pérez, Ximena Roncal Vattuone, Jorge Alonso Sánchez, José Alfredo Zavaleta Betancourt, María Alejandra Silva, Miguel Ángel Zebadúa Carboney, Alfredo Falero Cirigliano, Pablo Bonavena, Mariano Millán, Roberto Follari, Rafael Lárez Puche y Juan Antonio Fernández Velázquez Colección Insumisos Latinoamericanos elaleph.com Salazar Pérez, Robinson América Latina después del 2020 / Robinson Salazar Pérez; Ximena Roncal Vattuone - 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Elaleph.com, 2020. 364 p.; 21 x 15 cm. - (Insumisos latinoamericanos) ISBN 978-987-3990-47-2 1. Análisis de Políticas. 2. Análisis Político. 3. Crisis Política. I. Roncal Vattuone, Ximena. II. Título. CDD 320.0980 Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la fotocopia y el tratamiento informático. © 2020, los autores de los respectivos trabajos. © 2020, Elaleph.com S.R.L. www.doi.org/10.38202/americalatina2020 contacto@elaleph.com http://www.elaleph.com Primera edición Tiraje de 1.000 ejemplares. Este libro ha sido editado en Argentina. ISBN 978-987-3990-47-2 Hecho el depósito que marca la Ley 11.723 Impreso en el mes de agosto de 2020 en Dicodi S.R.L. Carlos Tejedor 2815 - Munro, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Insumisos Latinoamericanos Cuerpo Académico Internacional e Interinstitucional Director Robinson Salazar Pérez Comité editorial internacional Raúl Delgado Wise, Dídimo Castillo Fernández, Wileidys Artigas, Pedro Luis Sotolongo Codina, Guido Galafassi, Leticia Salomón, Fabián Nievas, Atilio Borón, Marco Gandásegui, Jennifer Fuenmayor Carroz, Sonia Winer, Gloria Caudillo,Yamandú Acosta, Zulay Díaz, Waldemar Urquiza, Sebastián Goinheinx, Oliver Klein, Rafael Paz Narváez, Hernán Fair, Raul Rodríguez Guillén, Gilberto Valdés Gutiérrez, Gian Carlo Delgado, Paula Lenguita, Ma. Pilar García-Guadilla, Roberto Follari, Alfredo Falero, Manuel Antonio Garretón, José Luis Cisneros, Leonardo Rioja Peregrina, John Saxe-Fernández, Carlos Fazio, Mariby Boscán, Ambrosio Velasco Gómez, José Alfredo Zavaleta Betancourt, Julián Rebón, Jorge Lora Cam, Pablo Casillas Herrera, Francisco Ávila-Fuenmayor, Victor Ego Ducrot, Pablo Bonavena, Jorge Alonso Sánchez, Juan Antonio Fernández Velázquez, Jaime Preciado Coronado, Rafael Larés Puche, María Rosario Colina, Rudis Yilmar Flores Hernández, Bernardo Pérez Salazar, Martín G. Barrón Cruz y Jorge Horbath ÍNDICE Prólogo por Robinson Salazar Pérez Introducción por Ximena Roncal Vattuone 9 13 Bloque I Movimientos populares y la pandemia del COVID-19 Jorge Alonso Sánchez La estrategia biopolítica del control de la violencia y la pandemia de COVID-19 en México José Alfredo Zavaleta Betancourt 21 67 Cinco premisas sobre la Pandemia y su vínculo con el nuevo orden mundial Robinson Salazar Pérez 103 La confrontación entre estadísticas oﬁciales y no oﬁciales: la punta del iceberg de un problema de concepción de salud María Alejandra Silva 127 De ciudadanos a usuarios, algunos impactos de la pandemia Miguel Ángel Zebadúa Carboney 157 Bloque II Ciclos de luchas, derechas políticas y reconﬁguración del tejido social Alfredo Falero Cirigliano El conﬂicto social en la Argentina pre-pandemia. Una mirada panorámica del siglo XXI con perspectiva socio-histórica Pablo Bonavena y Mariano Millán 183 211 Argentina: ¿hacia un populismo republicano? Roberto Follari Pensar más allá de concepciones eurocéntricas y globalizadoras. La vigencia del pensamiento de Boaventura de Sousa Santos y Juan José Bautista Rafael Lárez Puche El Mercosur sin socios y la derecha reinante Ximena Roncal Vattuone 253 275 291 Trayectoria y tendencias en la economía ilícita de las drogas en México (1940-2020) Juan Antonio Fernández Velázquez 329 Autorías 357 PRÓLOGO La mejor manera de plasmar una idea razonada y construida con argumentos sólidos es contar con el soporte de una comunidad de conocimiento compartidos y tolerante para articular premisas, proponer e intercambiar conjeturas, decidir conjuntamente, tejer un argumento o varios que conduzcan a esclarecer, exponer o explicar un fenómeno o acontecimiento cuando hace aparición en el concierto social o político. Así hemos trabajado al interior de la comunidad pensante de Insumisos Latinoamericanos, dentro de los parámetros de la preocupación por dar, prestar y expresar ideas plurales, sostener un compromiso con los ideales del pensamiento político emancipatorio de nuestros pueblos, la defensa de los intereses de las mayorías sin la existencia de ortodoxia ni politización partidaria, sino un arco convergente, articulado con respeto a las particularidades y trayectorias de cada quien. Convocar a intelectuales connotados de estirpe latinoamericanista y ﬁeles representantes de una pluma crítica y comprometida fue una decisión imperiosa en medio de una situación inédita que apenas despuntaba en los primeros meses del año 2020. ¿Qué nos deparaba este lustro?, ¿hacia dónde desembocarían todos los procesos y hechos políticos asomados tenuemente en el horizonte?, ¿nos atreveríamos a elaborar conjeturas hacia una explicación razonada sobre el devenir? En el año 2015 tuvimos un episodio parecido, pero de menor connotación socio-política, oteábamos un Siglo XXI con una alforja de hechos desconocidos e inesperados, entonces pensamos en escribir sobre esa diversidad de eventos y circunstancias descargadas sobre las reﬂexiones y diálogos con colegas de la comunidad pensante. Entre preguntas y búsqueda de respuestas hallé nuevos amigos, recorrí librerías y centros de investigaciones, y la decisión fue convocar a miem–9– bros de Insumisos Latinoamericanos para reﬂexionar colectivamente acerca el conjunto de sucesos que avizorábamos en el panorama latinoamericano. Amigos dueños de inteligencia y escritura crítica nos dimos a la tarea de escribir el libro “Sociodialogando a propósito de las calamidades”, en donde 15 autores de Argentina, Chile, España, México y Perú, dejamos correr los dedos sobre el teclado hasta atender diversos tipos de adversidades e infortunios divisados en América Latina. Para el año 2017 persistían nubarrones en el imaginario social del nuevo mapa social y político de nuestro mosaico de naciones. La preponderancia de las redes sociales y el masivo uso e incorporación de los dispositivos electrónicos digitales en la vida cotidiana, laboral y educativa nos anunciaban cambios drásticos en la conducta, las conﬁguraciones de comunidades virtuales para diversos oﬁcios, la modiﬁcación en hábitos de consumo, las relaciones y lazos sociales e incluso en la esfera de la política. La geopolítica revelaba cambios substanciales, el narcotráﬁco, la adecuación en los armados de regiones en Centroamérica como parte de la Seguridad Nacional Norteamericana y la guerra imperceptible, fueron temas reclamantes de atención desde la investigación sociológica y política. No dejó de inquietar el destino de las democracias endebles en los distintos países de esta parte del mundo. Todo el bagaje de preocupaciones posibilitó la construcción colectiva de nueva cuenta de un libro intitulado “El rostro difuminado de la sociedad 2020 en América Latina”, con la participación de 16 colegas y amigos de Argentina, Chile y México publicamos nuestras reﬂexiones en ese año 2017. Las inquietudes en un investigador no acaban, mucho menos son conﬁnadas al baúl una vez haya escrito unas páginas, artículo o libros. Ellas revolotean, cruzan ambientes escenarios, cuajan otras conjeturas al momento de conjuntarlas o complementar con otras observaciones y reﬂexiones; son eslabones de una cadena de sondeos y exámenes en el pensamiento activo y de manera permanente nos inducen a innovar. Fue así la escritura de un ensayo en los meses 4 y 5 del año 2019, retomando la experiencia del libro “El rostro difuminado de la sociedad 2020 en América Latina”, decidí realimentar un texto sobre las “Paradojas de la sociedad del 2020”, publicado en la revista “Conjeturas Sociológicas” en el mes de mayo. Ahí nos dimos cuenta de la existencia de serias advertencias de que algo nuevo e inusitado nos pasaría, los ruidos propios de la política internacional subían de decibeles, las pugnas entre bloques económicos ra– 10 – yaban fricciones de guerra económica sin descartar la opción bélica; América Latina había dejado escapar la oportunidad de unidad regional y los ciclos “progresistas” entraban en el túnel de la frustración, la defenestración del gobierno popular de Bolivia, la deﬁnición del gobierno de México de apostar más a la región del norte que a insertarse a las economías de centro y sur de América Latina, trazaba un panorama difícil de remontar, por las tendencias y medida tomadas por gobiernos de ideología de derecha instaurados en Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Uruguay, El Salvador, Guatemala entre otros. No obstante de tener delante una perspectiva sombría en el frente político, la esfera económica no registraba señales de recuperación por la caída de los precios de las materias primas, la baja signiﬁcativa en la demanda de productos nuestros por parte de EE.UU., China, Europa y otros países en particular los consumidores de productos primarios de la región latinoamericana. En un inicio del año 2020, sin senderos despejados y en la expectativa de hallar nuevas fórmulas para despegar en lo económico y abrir espacios en la política, apareció el Coronavirus, con toda la polémica de culpas y señalamientos entre EE.UU. y China, más tarde Gran Bretaña, y otros gobernantes tuvieron la tarea de actuar sin un protocolo acertado porque nunca se había atendido un caso de pandemia global. Observábamos una crisis sorpresiva, las economías tuvieron parálisis en el sector servicios, las producciones agropecuarias no tenían demanda, desempleados por doquier por cierre parcial y otras veces total de fábricas y pequeños negocios familiares, los miedos volaron por las redes sociales, la política demostró su ineﬁcacia para atajar los problemas, los políticos eran y aún son avestruces con la cabeza hundida en la tierra, los gobiernos aprovecharon la oportunidad por recargar de autoritarismo sus alforjas para disciplinar, conﬁnar y atender con resultados exiguo la pandemia y los reclamos de la ciudadanía. De nueva cuenta acudimos a la comunidad inteligente de los Insumisos Latinoamericanos para tratar de explicar, desde nuestra humilde capacidad de pensar y escribir, qué estamos observando, las distintas maneras posibles de afectación, cómo actuar sin dejar de reﬂexionar en cada espacio y entorno; no sólo en lo concurrente a la pandemia, sino también a la democracia, los movimientos sociales, las medidas y protocolos instrumentadas por organismos de la salud, los vínculos de virus con los go– 11 – biernos e intereses de la derecha, quiénes son los agentes involucrados y si existen formas políticas distintas a la mayoría prevaleciente en el concierto latinoamericano. Así nace la idea del libro “América Latina después del 2020”, ahora en sus manos o bajo escrutinio de sus ojos y crítica, con el apoyo de mis queridos amigos de distintos países para exponer qué estamos viviendo y hacia dónde es posible andar o desandar los pasos para estar en tierra de certezas y mejores posibilidades de vivir. Vivimos y afrontamos tiempos difíciles, la tormenta no amaina ni deja asomar el sol de la esperanza; sin embargo la tarea de proseguir reﬂexionando de manera individual o colectiva es necesaria e irrenunciable, no todo queda en un libro, hay otras páginas que escribir para dar seguimiento a los acontecimientos y nutrir con argumentaciones el pensamiento latinoamericano, no estamos reducidos a dar cuenta de los hechos políticos o grandes faenas libertarias, sino cómo confrontamos las adversidades, las herramientas creadas para resolver y reposicionarnos en un espacio mejor y favorecedor en lo humano y lo social. Cabe mencionar que estoy inmensamente agradecido por todos los años, desde el 2000 a la fecha, del acompañamiento de todos los miembros de la comunidad pensante de Insumisos Latinoamericanos para armar y publicar tantos libros. No tengo el número exacto de cuántos son, cerca de 50 y más, pero lo importante en resaltar es la conﬁanza depositada en mí, el aprendizaje obtenido con todos ustedes, la humildad y cemento social fraguado para unirnos y resolver todas las contingencias y vicisitudes. La amalgama de generosidad y reciprocidades dio forma al equipo, y ante todo por estar dispuestos siempre a prestar su inteligencia ante las convocatorias que lanzábamos hasta sus buzones de correo. Es el último libro que coordino, ahora será mi oﬁcio escribir para revistas y otros menesteres de perﬁl investigativo, por ello les expreso mi gratitud inﬁnita por ser ustedes unos amigos de gran e inigualable condición humana y actores indispensables en la historia del sello editorial Insumisos Latinoamericanos. Robinson Salazar Pérez 2 de agosto de 2020 – 12 – INTRODUCCIÓN En marzo de este año (2020), la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba la enfermedad COVID-19 como pandemia debido al aumento y propagación exponencial tanto de casos como de las muertes ocasionadas por este virus. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), América es el nuevo “epicentro” de la pandemia que ha trastocado los límites y potencialidades del capitalismo. Compartiendo un incierto horizonte, el libro que se entrega a los lectores corresponde a los distintos análisis y debates que desde la comunidad de Insumisos Latinoamericanos se viene desarrollando con el propósito de identiﬁcar las principales tendencias que pretenden reestablecer el nuevo orden mundial y las implicaciones para América Latina. Analizar estos escenarios desde la perspectiva colectiva, posibilita abonar y nutrir las corrientes de pensamiento y así avanzar en propuestas compartidas. El libro América Latina después del 2020 se divide en dos bloques. El primero agrupa cinco trabajos y está referido a la Pandemia COVID-19. Transformaciones sociopolíticas ante un nuevo orden mundial y en él se revisan y priorizan los movimientos sociales que serán fundamentales en el actual escenario que vislumbra un nuevo orden mundial. Jorge Alonso Sánchez presenta el capítulo titulado Movimientos populares y la pandemia del COVID-19, en él hace un análisis profundo sobre los levantamientos populares contra el capitalismo neoliberal, destaca las protestas en Colombia, Ecuador y Chile. Durante ese recorrido, el autor va reﬂexionando sobre la importancia de detectar los cambios en las resistencias y luchas de los de abajo, argumenta que en los movimientos populares y en las formas de acción colectiva se desarrollan cambios trascendentes: “Algunos desaparecen centrifugados por problemas internos o son cooptados; pero otros se reinventan. Existen movimientos que – 13 – construyen realidades distintas a las hegemónicas, que abarcan todos los aspectos de la vida”. Las reﬂexiones de Jorge Alonso concluyen señalando que la pandemia produjo una situación caótica, pero implica una situación de bifurcación e incertidumbre, y serán los movimientos sociales (mujeres, jóvenes, pueblos originarios) quienes impulsen las alternativas que se vayan produciendo. José Alfredo Zavaleta Betancourt, en su capítulo La estrategia biopolítica del control de la violencia y la pandemia de COVID-19 en México, describe el contexto en el cual el Estado mexicano utiliza mecanismos de control y cambio, observando la pandemia en el contexto particular de la transformación de las reglas que regulan las relaciones entre funcionarios estatales y actores sociales, así como las resistencias a la estrategia biopolítica. Para el autor, la crisis pandémica se integra “a la vieja polarización de la sociedad”, donde las patologías sociales, “mutan con nuevas formas en las regiones del país, como lazo social ilegal, con viejos patrones de destrucción de la integración social”. En este sentido, Zavaleta Betancourt concluye señalando que, si bien la estrategia ha sido hasta ahora exitosa, no ha logrado avanzar en sus niveles de legitimidad. Robinson Salazar Pérez presenta el capítulo Cinco premisas sobre la Pandemia y su vínculo con el nuevo orden mundial donde ofrece un aporte pertinente a la discusión sobre la pandemia como una forma de disciplinamiento social. El autor propone cinco premisas de análisis sobre la pandemia y el nuevo orden mundial ante la existencia de un ciclo agotado del modelo neoliberal dentro del espectro global del capitalismo y la alarma del Coronavirus expandido por diversas zonas del orbe, articulados a la Corporación Mundial del Poder con base en estrategias de miedo y encierro. Salazar Pérez ubica la discusión en un plano de nuevo orden global, visualizando las transformaciones drásticas en todas las dimensiones de la vida y la sociedad. El siguiente trabajo, La confrontación entre estadísticas oﬁciales y no oﬁciales: la punta del iceberg de un problema de concepción de salud, de María Alejandra Silva, analiza los principales dilemas que presenta la notiﬁcación de casos de la Covid19 en Argentina y Brasil. La autora organiza las ideas desde la medicina social, para dar respuestas de comprensión de “casos” acorde al contexto, realidad y condición de cada país. Silva enfatiza que “el modo de enfermar y morir de los grupos sociales está condicionado por el hábitat, el trabajo, la familia y la cultura, y está determinado por aspectos “macro-económico-políticos”. Además sostiene que la epidemiología de – 14 – los algoritmos y la utilización de tecnología puede invadir la privacidad e incluso violar los derechos humanos fundamentales establecidos en las constituciones de los países. Continuando con las preocupaciones de la Pandemia COVID-19 y las Transformaciones sociopolíticas ante un nuevo orden mundial, Miguel Ángel Zebadúa Carboney presenta De ciudadanos a usuarios, algunos impactos de la pandemia. En este trabajo, el autor reﬂexiona sobre la necesidad de plazos mayores que permitan comprender en su totalidad y magnitud los efectos agresivos y mortales del Covid19 en su travesía por el mundo. Por ello se da a la tarea de centrar su mirada en las formas en las que “la pandemia afectó en gran parte la dinámica capitalista”; asimismo, desarrolla un análisis sobre el uso de la tecnología digital con ﬁnes de control social al que considera como el mayor logro inducido “en esta fase en marcha hacia un cabal futuro planetario”. El segundo bloque del libro, Pensamiento Político y Discurso, un debate en torno a la derecha Latinoamericana, agrupa seis trabajos referidos a las principales reconﬁguraciones que se vienen desarrollando en América Latina debido a la restauración y ascenso de las elites conservadoras en los distintos espacios de poder y decisión. Los autores ofrecen debates y reﬂexiones necesarias en este escenario incierto del sustrato neoliberal. Ciclos de luchas, derechas políticas y reconﬁguración del tejido social de Alfredo Falero Cirigliano aborda el tema desde dos sentidos. Primero plantea la relación de los ciclos de luchas sociales y procesos de derechas, y las dinámicas en las sociedades de América Latina, el referente de su análisis. Después esboza una contextualización global en la que propone una división analítica entre derecha geoeconómica y derecha geopolítica. La preocupación central del autor radica en proponer cuatro formas de dominación, entre otras, del accionar de las derechas que desde su perspectiva, si bien contribuyen al análisis de la situación actual, es necesario observar detenidamente, sin rehuir otras expresiones no tan nítidas o evidentes de la derecha que poco o mucho interﬁeren signiﬁcativamente en el derrotero de los nuevos ciclos de luchas sociales de los movimientos sociales por re-crear un proyecto sociopolítico para la región en medio de la crisis pandémica. Pablo Bonavena y Mariano Millán, en El conﬂicto social en la Argentina pre-pandemia. Una mirada panorámica del siglo XXI con perspectiva socio-histórica, centran su reﬂexión en los vectores de la conﬂictividad social en la socie– 15 – dad argentina que padece una crisis económica y social de larga data, lo cual “impone una gran circunspección” y poco optimismo sobre las perspectivas futuras de este país latinoamericano. Los autores analizan desde la década de los setenta los trazos esenciales de la conﬂictividad social en la historia de este país con base en una serie histórica “que reconoce sucesivas metamorfosis”, evidenciando en sus conclusiones las características de la conﬂictividad social en la Argentina previa a la pandemia y las tendencias presentes en un marco de crisis pandémica, pero también de ausencias de actores, proyectos colectivos y horizontes estratégicos de cambio social para organizar la conﬂictividad actual. En el siguiente capítulo, Argentina: ¿hacia un populismo republicano?, Roberto Follari desarrolla un análisis crítico y comparativo de los logros y problemas de los neopopulismos latinoamericanos de comienzos del siglo XXI. Asumiendo una apertura de conﬁguración política novedosa, el autor argumenta sobre los problemas de un populismo exitoso: la delegación del liderazgo unipersonal; la falta de políticas que transformasen las matrices productivas en estas economías; El dilema del consumismo y las posiciones “productivistas” de estos gobiernos. En su teorización sobre la experiencia de estos nuevos gobiernos latinoamericanos recurre a la categoría de dislocación para remitir el efecto “que los gobiernos populistas produjeron en relación a las previas identidades políticas existentes en los países en que se instalaron”. Rafael Lárez Puche presenta Pensar más allá de concepciones eurocéntricas y globalizadoras. La vigencia del pensamiento de Boaventura de Sousa Santos y Juan José Bautista, donde ofrece reﬂexiones sobre el resurgimiento del sentido contrahegemónico, para lo cual analiza la obra de Boaventura de Sousa Santos Santos y Juan José Bautista, especialmente en la comprensión de las sociedades contemporáneas; así como para la construcción de los desafíos epistemológicos y metodológicos del pensamiento contrahegemónico, instalado a través de movilizaciones políticas de los movimientos sociales que “han logrado irrumpir en la institucionalidad liberal para exigir una reconstrucción de sus derechos humanos”. Ximena Roncal Vattuone presenta el capítulo titulado El Mercosur sin socios y la derecha reinante. La autora ofrece un aporte sobre el desarrollo de la integración en América Latina, de manera particular sobre el desenvolvimiento del Mercado Común del Sur (Mercosur) que inicia un proceso de revisión, reorientación e inclusión de temas de contenido social en el – 16 – periodo de los llamados gobiernos progresistas. Roncal Vattuone concluye señalando que en el actual escenario de crisis socioeconómica pandémica, los distintos esquemas de integración, incluido el Mercosur, han sido rebasados y las alianzas de las Américas se han desvanecido ante la ausencia de instancias que respondan a la crisis que se vive en la región. Cerramos el libro con el capítulo de Juan Antonio Fernández Velázquez Trayectoria y tendencias la economía ilícita de opiáceos en México (1940-2020). En este trabajo, el autor revisa las principales características de la oferta y demanda internacional de la droga, así como el desenvolvimiento de la producción de estupefacientes en México, argumentando que el cultivo de amapola en México aumentó 21% y superó las 30.000 hectáreas sembradas en el año 2017. Fernández Velázquez concluye analizando los efectos del narcotráﬁco en la crisis sanitaria del COVID-19, “piedra angular ﬁnanciera de los imperios criminales latinoamericanos”, los cuales se han visto afectados y con restricciones a las que no se estaba acostumbrado, debido fundamentalmente al cierre de las fronteras y de los precursores químicos procedentes de China, que dejaron de llegar a los puertos mexicanos. Antes de concluir quiero agradece al Dr. Robinson Salazar Perez por invitarme a participar en la coordinación de este libro y haberme brindado la posibilidad de explorar nuevos horizontes. En suma, el libro América Latina después del 2020 y que ahora tienen en sus manos es un paso fundamental por avanzar colectivamente, realizando aportes y colocándonos en el debate de los desafíos que están por venir. Ximena Roncal Vattuone 2 de agosto de 2020 – 17 – BLOQUE I Pandemia COVID-19. Transformaciones sociopolíticas ante un nuevo orden mundial MOVIMIENTOS POPULARES Y LA PANDEMIA DEL COVID-19 Jorge Alonso Sánchez Introducción Movimientos populares se levantaron con fuerza contra los males producidos por el capitalismo neoliberal. Se destacan las protestas en Colombia, Ecuador y Chile. Los poderes respondieron con cruentas represiones y algunos movimientos se aﬁanzaron por medio de novedosas organizaciones conglutinantes. Cuando todavía había efervescencia en las calles sobrevino la pandemia del Coronavirus. Los poderes aprovecharon para reforzar la militarización y creyeron que había sido la mejor forma de apagar las rebeliones; pero varias hicieron un repliegue táctico cuidando la vida para dar respuestas posteriores por los males no remediados, y, sobre todo, exigir medidas que aseguraran el cuidado de la salud para toda la población. Una mirada general En los últimos tiempos se han multiplicado los movimientos populares contra el devastador neoliberalismo. Estaban en un momento de auge, pero de repente una amenazante pandemia fue respondida con aislamiento y quietismo. El movimiento acelerado de la pandemia implicó un cambio en la dinámica de los movimientos populares. El neoliberalismo y la pandemia produjeron una situación caótica. El ﬁlósofo africano Achile Mbembe dijo que, por el hecho de poder contagiar el Coronavirus, se – 21 – democratizaba la posibilidad de matar sin saberlo; pero ﬁnalmente los gobiernos deciden quién debe vivir o morir. Planteó que el sistema capitalista se basa en la distribución desigual de vivir o morir, basado en la idea de que alguien vale más que otros. La necropolítica decide qué cosas son importantes y cuáles no. Ante el Coronavirus, la humanidad misma se puso en grave peligro. Precisó que había algunos más expuestos porque no era lo mismo estar conﬁnado en un lugar acomodado a estarlo en un sitio de extrema pobreza. Ese virus imposibilitaba a las personas respirar (Bercito, 2020). A su vez, las medidas de prevención restringían el tacto y el contacto. El capitalismo neoliberal se ha usado como una estrategia de disciplinamiento. Se trata de una ingeniería social para aﬁanzar una sociedad de mercado (Orko, 2019). Promueve órdenes sociales basadas en la ideología de mercados libres y libertad individual (Niklas, 2019). El neoliberalismo ha sido una ofensiva del capital para demoler las conquistas de los trabajadores y ha reforzado a las clases dominantes. Se propaga una expansión de su ideología entre las capas populares, pero éstas se han ido rebelando (Katz, 2020). Durante cuatro décadas, las elites prometieron que las políticas neoliberales conducirían a un crecimiento económico rápido y que los beneﬁcios serían para todos. Pero los hechos han demostrado que eso fue una enorme mentira (Stigliz, 2019). Por su parte, el antineoliberalismo ha ido fraguando un profundo movimiento anticapitalista (Harvey, 2020). Las políticas neoliberales han sido un muy acabado programa de contención de las luchas populares. Pero eso estalló con las protestas. Todos estos alzamientos, a primera vista espontáneos, son reacciones a un estado calamitoso en que se encuentran los pueblos, hambreados, oprimidos y reprimidos brutalmente cuando alzan la voz (Colussi, 2019). Las principales protestas han surgido en el mundo por movimientos en sentido amplio: pueblos originarios, campesinos, desocupados urbanos, estudiantes, amas de casa. Han producido experiencias de democracia real, participativa, de espontáneo carácter solidario y comunitario (Colussi, 2020). Se generan acciones de sujetos subalternos con proyectos de reapropiación comunitaria de espacios de vida y creación de autonomía (Seone y Algranati, 2018). Los oprimidos resisten y luchan. Existen potencialidades de alternativas. Se conforma una centralidad de las luchas contra la dominación. Las resistencias y las luchas han dinamizado nuevas concepciones de la política (Santos, 2019). El movimiento por un ambiente sano tiene un avance en la – 22 – perspectiva planteada por Leonardo Boff de construir un ecoceno contra el antropoceno. Boff, ha señalado que nos encontramos ante la agonía de una civilización tan globalizada como excluyente (Sacchi, 2020). Los movimientos de mujeres se han convertido en un dinamismo de una insurgencia internacional (Federici, 2020). El levantamiento feminista ha sido global, ha profundizado en la naturaleza de la opresión y ha elevado su exigencia de igualdad. Las personas se muestran cada vez más dispuestas a cuestionar principios que se percibían como inmutables, inevitables e incuestionables en relación con el género, la heterosexualidad y el patriarcado (Soinit, 2019). El año 2019 estuvo marcado en el mundo entero por movimientos populares sin precedentes desde las movilizaciones de 1968. En muchos y diversos sitios, los movimientos masivos se fueron multiplicado (Bouamama, 2020). Emergió una recuperación de la iniciativa popular. Los desencadenantes de cada revuelta han sido especíﬁcos, pero existe un rechazo común: a la pauperización masiva de la globalización capitalista (Bouamama, 2020). El capitalismo neoliberal se quiere apropiar de los recursos naturales que le son estratégicos (agua dulce, litio, niobio, petróleo, cobre, etc.), destruyendo la protectora biodiversidad. Pero la protesta popular en contra de esos despojos se agudizaron entre 2019 y 2020. Se trata de una resistencia multisectorial. El capitalismo depredador fue aumentando su violencia contra las resistencias (Bruckmann, 2019). Simultáneamente surgieron rechazos a ese neoliberalismo de tercera generación. Explotó el hartazgo con desobediencia, nuevas subjetividades y redes de solidaridad (Terán, 2020). Se ha planteado que ha llegado el tiempo de pensar en una sociedad más allá del Estado-Nación, que se actualice a sí misma en formas de solidaridad y cooperación global (Zizek, 2020). El mundo ha sido testigo de innumerables protestas sociales en demanda de mejores condiciones de vida en todos los aspectos. En el trasfondo de tantas rebeliones se encuentra el rechazo al abuso, al autoritarismo y a la profunda precarización de las condiciones de reproducción de la vida del pueblo. Surgió una resistencia social, popular, campesina, indígena, juvenil y feminista opuesta al modo neoliberal, a la concentración de la riqueza, a la desigualdad y al modo de gestionar la crisis del capitalismo mundial. Se han estado exigiendo derechos y los gobiernos neoliberales han cosechado un profundo cuestionamiento. – 23 – Las movilizaciones mostraron un horizonte disruptivo y transformador del orden social imperante. Se fue dando una recuperación de lo aprendido en anteriores luchas (Jiménez, 2019). Aparecieron movilizaciones descentralizadas, pero entrelazadas contra el capitalismo neoliberal. Se expresaron convergencias con nuevas lógicas de asociación, basadas en la política de la experiencia. Antes la represión sofocaba los movimientos, pero ahora no. Situaciones que eran independientes van encontrando la forma de anudarse. Cundió una indignación acumulada por lo insoportable de las agresiones. Se fue expresando un apoyo social creciente a las manifestaciones pese a la represión y a la dinámica optada por los grandes medios de comunicación. Diversos antagonismos se ligaban contra la desposesión. Los afectados por el capitalismo han sido muchos y muy diversos. Se fueron multiplicando capacidades organizativas por cuenta propia de diversas maneras. Irrumpieron manifestaciones duraderas y otras intermitentes. Fue prevaleciendo lo común, la convivencia, la lucha. Se enlazaron solidaridades. Las experiencias compartidas y de lucha propiciaron una nueva pedagogía (JPS, 2019). Aunque los estallidos suelen ser inesperados y con chispas detonantes diversas, tienen elementos comunes. No hay un centralismo, sino prevalecen estructuras horizontales. Las raíces son el sistema en general y las desigualdades que engendra. No se confía en la estructura política predominante (Agencias, 2019). Se han ido construyendo organizaciones de base y asambleas barriales en varios países. El poder acostumbra responder ante los movimientos con una inusitada brutalidad (Jiménez, 2019). Se ha insistido en que la multiplicación de las rebeliones tiene que ver con el aumento de las desigualdades. Por otra parte, las protestas masivas provocan un tiempo extraordinario (Svampa, 2019), debido a que la crisis de las instituciones políticas de la modernidad y los mecanismos de sujeción ya no bastan al sistema. Se ha hecho presente con fuerza una crisis de la civilización moderna, industrial, tecnocrática y patriarcal. Los movimientos han sido pluriclasistas y multisectoriales. Emerge una gran gama de reivindicaciones que en el fondo pone en cuestión al orden prevaleciente (Toledo, 2019). Estas revueltas son contra un modelo de destrucción de la naturaleza y de control social masivo por medio de políticas sociales y militarización, que se complementan para mantener a la población sojuzgada (Muñoz, 2019). – 24 – Algunas pistas de análisis Castells (2019) destacó que una sociedad de elites globalizadas y personas inmersas en problemáticas particulares estaba en la base de la disrupción de los estallidos. Los medios dan información selectiva y ante de movilizaciones pacíﬁcas destacan núcleos donde hay violencia, intentando desprestigiarlas. Los movimientos sociales de nuestro tiempo están basados en la combinación entre red y manifestaciones masivas en las calles. Las redes sociales se deben ver como espacio privilegiado de la lucha política y se encuentran entre los factores de la ampliación de las nuevas movilizaciones y protestas. Existe una crisis del patriarcado, por eso los movimientos feministas. Los movimientos piden cosas concretas, cambian valores y ponen en jaque al sistema. En los movimientos no se debe perder de vista su génesis (Castells, 2019). De repente un fenómeno se transforma en un movimiento mayor. Aunque se habla de despertares sorpresivos, no hay que olvidar que hay efectos acumulativos, por lo que conviene escudriñar sus antecedentes. Roitman (2016) apuntó que movimientos pequeños que están resistiendo la explotación, la opresión y la dominación, nutren movilizaciones mayores, pues cuando irrumpen situaciones intolerables, rápido prende la chispa en esos movimientos, pero también en otros grupos antes no movilizados porque existen muchas resonancias. Así se llega a los grandes movimientos que consiguen impactar a más gente y concitar la indignación. En los momentos de declive de lo masivo, los anteriores movimientos regresan a sus resistencias, pero con los aprendizajes del movimiento mayor. Existen nuevos núcleos que permanecen en una actividad como los grupos más pequeños y entonces su impacto depende de las convergencias que se vayan fraguando. No habría que olvidar que la movilización no puede ser continua ni lineal; que hay intermitencias y también retrocesos y derrotas, por lo que las movilizaciones parecen desaparecer, pero permanecen núcleos de minorías activas y otras expresiones de resistencias múltiples. Son las que algunos llaman la microfísica de la protesta social (Roitman, 2016). En la pedagogía se ha insistido en profundizar en esas micoprotestas, sin dejar de lado la pedagogía correspondiente a la movilización mayor. Ambas se combinan y retroalimentan. Las formas acostumbradas se modiﬁcan y adoptan nuevos rostros (Colussi, 2016). – 25 – El agudo pensador Rancière (citado en Varela, 2020) sostiene que la crisis política actual radica en la representación y que, a la luz de las protestas mundiales, hay que devolverle signiﬁcación al sujeto pueblo. Destaca que lo acontecido en 1968 sigue siendo la inspiración guardada en el cuerpo de los diferentes movimientos sociales. Precisa que la idea originaria de democracia es la de un poder especíﬁco ejercido por quienes no tienen un título particular para hacerlo; un poder paradojal en relación al inventario de formas normales de poder que están fundadas en la superioridad. Así la idea de democracia es subversiva en su origen mismo, porque se opone a todas las formas y todas las legitimaciones normales del poder. La actividad democrática es la que construye otra forma de mundo común basado en la capacidad de cualquier persona. Es una potencia, una fuerza heterogénea en relación al sistema oligárquico que usurpa el nombre de democracia. Recomienda atender que el pueblo adquiere plena signiﬁcación de sujeto político, debido a que la noción de pueblo designa un sujeto sustancial cuyas elecciones, opiniones y humores se traducen en política. Resalta que lo importarte es la oposición entre dos ideas de poder. El poder “sobre”, como una forma de dominación de un grupo sobre otro, y el poder “de”, ejercido como la capacidad de hacer. Este último poder se debería entender como la capacidad de pensar y de actuar en común que los iguales ejercen en tanto que iguales. Esto es lo que ponen en acción todos los movimientos democráticos que se han estado manifestando en estos últimos años (Varela, 2020). Según Rancière (citado en Confavreux, 2019), los movimientos suelen empezar por una reclamación contra un aspecto o un efecto particular de un sistema global de dominación. Apunta que organizaciones e instituciones ha habido siempre y seguirán existiendo. Pero en el estado actual de nuestras sociedades se tienen que convertir en contra-instituciones y organizaciones autónomas respecto a un sistema representativo que es sólo un resorte del poder estatal. Sostiene que en las dos últimas décadas, en el mundo en general, las únicas movilizaciones contra los avances del poder ﬁnanciero y del poder estatal han sido esos movimientos caliﬁcados como espontaneístas, aunque han demostrado capacidades de organización concreta muy superiores. Reconoce que resulta muy difícil mantener durante mucho tiempo este poder común. Esto supone crear otro tiempo que esté hecho de proyectos y de acciones autónomas, que no venga marcado por el calendario de la máquina estatal. Considera que sólo se puede construir a largo plazo a partir de las acciones – 26 – que han cambiado efectivamente, por poco y breve que sea, el campo de lo posible. Llama la atención que los movimientos surgen porque saben captar el clima social. Se anota que ha habido muchos movimientos, pero que todavía no han logrado cambiar el sistema. No obstante, también se extiende la convicción de que esto se conseguirá con unidad desde la diversidad que genere un poder democrático desde abajo, y encuentre una alternativa al consumo irracional capitalista (Castellina, 2018). Otra constatación tiene que ver con el hecho de que los sectores populares expresan reivindicaciones de todo tipo que responden a la multiplicidad de explotaciones, dominaciones y opresiones, confrontando el poder constituido. Se insiste en que ganar la calle exige autoorganizar el nuevo territorio de los de abajo, construyendo territorio comunal autónomo (Gil, 2019). Zibechi, un pensador muy original y sugerente, ha detectado que las teorías de los movimientos sociales europeos y estadounidenses, cuando tratan de ser aplicadas a las realidades latinoamericanas hacen agua, pues no son útiles para dar cuenta de lo que acá sucede. Otra precaución importante es que las teorías suelen ir detrás de la realidad. Apunta que el concepto de movimiento social se reﬁere a un sector social que se organiza y lucha para demandar ciertos derechos y cosas especíﬁcas. Este autor no sólo ha sido muy crítico del concepto de movimiento social, sino hasta de la conceptualización de movimiento anti-sistémico. Ha hecho ver que ambos conceptos fueron creados en contextos determinados europeos y estadounidenses para reﬂexionar sobre acciones colectivas e interacciones con el Estado en esas regiones. Argumenta que no pueden generalizarse para comprender los movimientos de otros pueblos en otras partes del mundo, en particular aquellos que se aﬁncan en territorios disidentes y en resistencia, los que sostienen autoridades propias, construyen poderes no estatales y toda una red de relaciones sociales no mercantiles. Pronto transitó Zibechi (2017) del concepto de movimientos sociales al de sociedades otras en movimiento. Como constantemente está reﬂexionando sobre sus conceptualizaciones, ha realizado una autocrítica y planteó que convenía examinar la de pueblos en movimiento. Con la noción de sociedades en movimiento se enfatizaba que lo que se ponía en movimiento en la acción colectiva territorializada, eran relaciones sociales heterogéneas respecto a las hegemónicas, inherentes en general a pueblos originarios y negros, campesinos y sectores populares urbanos ubicados – 27 – las periferias de las grandes ciudades. Inspirado por las experiencias zapatistas y kurdas preﬁrió explorar el concepto de pueblos en movimiento, haciendo ver que se trata de sujetos colectivos que conforman pueblos diferentes y reconocibles por esas diferencias. Se ha dado cuenta de los pueblos en movimiento se han convertido en sujetos de la descolonización, en la medida que desarticulan las relaciones jerárquicas, logocéntricas, patriarcales y coloniales que sostienen el régimen de acumulación y dominación capitalista. El autor advierte que la identidad y la cultura no son estáticas, pues con el tiempo van cambiando; que el papel de las mujeres y de los jóvenes se ha ido fortaleciendo gradualmente; que no hay homogeneidad, sino que en cada proceso aparecen formas diferentes; y que un sustrato compartido puede ser la tensión anticapitalista. También se ha dado cuenta de que los mundos nuevos creados no son iguales entre sí; que además surge una educación en movimiento; que la irrupción de pueblos indígenas y pueblos negros ha visualizado formas imbricadas de conocer en su cultura y modos de vida; pues los saberes potenciaron no a individuos, sino a comunidades; y se aprende a vivir en comunidad con seres vivos humanos y no humanos. Las comunidades en resistencia o comunidades de vida se autoeducan para formar sujetos colectivos de los cambios. Además, en su reﬂexión, considera que se sobrestimó la horizontalidad como rasgo común de los movimientos porque se conforman movimientos con democratización y escasas jerarquías, que funcionan por medio de asambleas. Sin embargo, también aparecen movimientos donde la parte jerarquizada (la autodefensa) da rostro al conjunto. No hay movimientos con repertorios de acción exclusivos. Se tiene que ver la ampliación del nuevo concepto de lucha en el que caben los modos tradicionales y los novedosos. En los movimientos populares y en las formas de acción colectiva suceden importantes cambios. Algunos desaparecen centrifugados por problemas internos o son cooptados; pero otros se reinventan. Existen movimientos que construyen realidades distintas a las hegemónicas, que abarcan todos los aspectos de la vida. Conviene detectar los cambios en las resistencias y luchas de los de abajo. Los movimientos resisten y crean. La comunidad es la forma práctica de los pueblos para resistir y cambiar el mundo. La territorialización sigue siendo un aspecto fundamental. La educación y salud no funcionan con lógicas de mercado. Se cuida la naturaleza. Existe una centralidad de la comunidad y la reproducción. – 28 – Ante la lógica colonial-extractivista hay la anticolonial y antipatriarcal que se entrelaza en una dinámica anticapitalista. No se procede como en los movimientos sociales segmentados (de trabajadores, de mujeres, de indios), sino como colectivos basados en relaciones heterogéneas que se ponen en acción, se desplazan para sobrevivir y reproducir la vida. Van haciendo emerger un pensamiento propio. Ha surgido una camada de hombres y mujeres de abajo que esgrimen pensamientos otros, cuyas ideas encarnan los mundos a los que pertenecen. Cuidan el intercambio de información, la reﬂexión, la toma de decisiones y sus ﬁnanciamientos. Los de abajo están formulando sus propias ideas en una elaboración colectiva común aunando afectos y razones. Las preguntas teóricas van siendo respondidas por la práctica concreta. No confían en lo que se dice de ellos, sino que van investigando por sí mismos su ser y hacer para comprenderse mejor (Zibechi, 2017). Crean otros mundos para sobrevivir. Movimientos campesinos, obreros y estudiantiles desbordaron los aparatos estatales y a las propias organizaciones que los contenían. Los de abajo han ido desbordando a los Estados y a sus aparatos represivos. Se ha pasado de la demanda de derechos y de inclusión, a la construcción de realidades diferentes en un lento proceso. Los rasgos comunes de la nueva generación de movimientos implican un tránsito de la asociación a la comunidad. Hay superación de las estrategias de los viejos movimientos antisistémicos; no se trata de una ruptura completa, sino de inﬂexiones hacia otros modos. El movimiento de mujeres desafía al patriarcado. Los sectores populares negros e indígenas ocupan el centro del escenario político, social y cultural. Los pueblos oprimidos comprendieron que el racismo y el sexismo eran estructurales. En conjunto han ido impulsando autonomías. Las nuevas culturas políticas generadas recurren a nuevas estrategias resistiendo a los poderes y haciendo nacer nuevos modos para sostener la vida. Lo novedoso ha sido que las estrategias de los pueblos las diseñan los propios pueblos al caminar con base en sus cosmovisiones, culturas y tradiciones. Las culturas se mueven de modo fragmentario, en vaivenes. Las nuevas culturas son múltiples. Se abren paso lentamente porque el pasado es terco. Se impone una variedad de formas de lucha que desafían las antiguas jerarquías; se conforman acciones no coloniales ni patriarcales. Se trata de formas de vida alternativas a la crisis civilizatoria (Zibechi, 2018). – 29 – Como cada pueblo se comporta según su experiencia acumulada, la comprensión de los levantamientos y estallidos deben rastrearse en las acciones previas. Emergen novedosas resistencias. Se adoptan economías comunitarias y solidarias. En varios colectivos existe diversiﬁcación de lo que se entiende por autonomía. Algunos de ellos, aunque reciben fondos estatales, se consideran autónomos porque sus prácticas autonómicas subsisten. Hay autonomías con diversos nombres. Sin embargo, la lógica estatal y la comunitaria son antagónicas. Los diversos abajos necesitan sobrevivir a las tormentas del despojo. Los pueblos deﬁenden el territorio, la comunidad y la vida. En los territorios han ido creando formas de vida no capitalistas (Zibechi, 2019). Este pensador incursionó en las expresiones masivas contra el cambio climático indicando que las grandes manifestaciones, si no se traducen en organización, se esfuman después en la rutina. Son útiles cuando desembocan en alzamientos como los de ﬁnales de 2019 y en modalidades que transforman la cultura hegemónica ﬁncada en el consumismo. En una entrevista, destacó que en el subsuelo de las sociedades, los mundos indígenas, negros y populares se estaban moviendo mucho más de lo que se sentía en los escenarios de arriba. El núcleo de la lucha anticapitalista ha sido la organización del pueblo y la construcción de poderes populares. Acepta que sin estos poderes no se puede avanzar; que la creación colectiva resulta central en la desalienación; y que una sociedad mejor a la capitalista es necesaria y posible (Larraín, 2019). Zibechi (2020) añade que uno de los rasgos más esperanzadores del período actual es que los pueblos en movimiento (y las mujeres en rebeldía) no están repitiendo los preceptos de las luchas del pasado, sino que enseñan caminos distintos a los conocidos. Mantienen al enemigo a distancia, para sostener y reproducir la “radical otredad” del mundo propio. Movimientos Latinoamericanos de ﬁnes de la segunda década del siglo XXI Se ha destacado que en América Latina se combinaron entrelazadas las crisis del neoliberalismo y del neodesarrollismo. Pero esto no se ha dado sin resistencias sociales, movilizaciones y protestas. Irrumpen protestas de las mujeres, también de los jóvenes, y se expresan protestas ecológicas y – 30 – de respeto a la naturaleza. Se reclama una nueva forma de vida y novedosas modalidades de hacer política. Movimientos de pueblos originarios y afrodescendientes se oponen comunitariamente al extractivismo. Aparece una diversidad de sujetos subalternos que tejen convergencias populares. La respuesta de arriba es una agenda securitaria del Estado punitivo y de excepción (Calderón y Castells, 2019). Las revueltas de ﬁnales del 2019 e inicios de 2020 en América Latina desnudaron aspectos del régimen de dominación que en la grisura de la vida cotidiana pasaban desapercibidos y eran normalizados aun por las víctimas (Zibechi, 2019e). Esas revueltas tienen causas comunes, pero se expresan de formas diferentes. Responden a los problemas sociales y económicos que genera el extractivismo o acumulación por despojo, la suma de monocultivos, minería a cielo abierto, mega-obras de infraestructura y especulación inmobiliaria urbana. Ese modelo de destrucción de la naturaleza y de robo, y contaminación de tierras y aguas, genera una enorme concentración de riqueza en pocas manos y una brutal marginación y precarización de la vida de las mayorías. Además, es responsable del crecimiento del narcotráﬁco, de la militarización de los territorios y de la violencia contra las mujeres, o feminicidio. Las revueltas responden a la acumulación de agravios (Zibechi, 2019d). Las protestas mostraron que el actual modelo se encontraba agotado. Los gobiernos progresistas dijeron que se salían de la lógica neoliberal, pero sólo recurrieron a medidas paliativas y con el extractivismo traicionaron ese propósito. La frustración popular creada y acumulada por la civilización de la desigualdad ha generado condiciones para la explosión social. Esas movilizaciones han cuestionado el fundamento de las desigualdades. Hay protestas libertarias: feministas, indígenas, ecologistas, campesinas, laborales, estudiantiles y juveniles, que van hacia transformaciones profundas y civilizatorias (Brito, 2020). Para Gaudichaud y Alex (2020) las protestas expresan un rechazo al sistema con diferentes énfasis. Tienen un contenido antineoliberal, antiautoritario y democrático. Se trata de una emergencia plebeya destituyente (Pelletier, 2019). Se recomendó atender las especiﬁcidades en cada país. – 31 – Algunos contrastes Un caso que resulta un contrapunto es el boliviano. El 13 de noviembre David Harvey y otros académicos denunciaron que Evo Morales no había renunciado, sino que había sido derrocado; y se opusieron a la violencia de la derecha contra los de abajo. El Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales en México condenó el golpe de Estado y criticó las expresiones de racismo y violencia en contra de los pueblos indígenas. Había que tener en cuenta que en Bolivia se había ido acumulando un descontento contra el caudillismo de Morales, quien se presentó a un cuarto mandato a pesar del resultado del referendum de 2016. Se fue dando un divorcio entre el gobierno y una parte del movimiento popular. Pero la derecha capitalizó ese descontento y se produjo un golpe de Estado. En esto fue decisiva la acción del imperialismo (Pelletier, 2019). Algunos analistas señalaron que las organizaciones sociales no salieron a defender al gobierno de Morales en momentos decisivos y que los militares jugaron sus cartas una vez que el gobierno fue superado por la reacción en las calles. Destacaron que se había combinado un proceso de derechización desde arriba y desde la sociedad (Stefanoni, 2020). Después vinieron las manifestaciones contra el golpe, pero el nuevo gobierno impuesto se mantuvo y aprovechó la contingencia sanitaria para prolongarse y aplazar las elecciones. Se analizó cómo las empresas trasnacionales que querían el litio boliviano jugaron un papel importante en la espuria toma del poder por el nuevo gobierno (Prashad 2019). Una aymara y feminista comunitaria puntualizó que el golpe de Estado en Bolivia era racista, patriarcal, eclesiástico y empresarial (Korol, 2019). No obstante, y pese al conﬁnamiento por el COVID-19, el primero de mayo por todo el país, mucha gente no salió a la calle, pero sí a sus ventanas con ruido de cacerolas y petardos exigiendo salud, pan y prontas elecciones presidenciales. El descontento ha ido aumentando. El caso colombiano deambuló sus propios caminos. Boaventura de Sousa Santos (2016b) denunciaba que desde 2006 habían sido asesinados en Colombia 198 indígenas. Señaló que de 102 pueblos indígenas, 39 se hallaban en riesgo de extinción. Después de los acuerdos de paz de 2016, las zonas que habían estado en dominio de la guerrilla se encontraban ya en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales que buscaban intereses económicos y control de la población, por eso se habían dado masacres en el Cauca. Argumentaba que lo que había en Colombia era un – 32 – etnocidio de una parte especíﬁca de la población: la que defendía y luchaba por su territorio, sus tradiciones y su existencia física y cultural. Colombia, a ﬁnales de 2019, fue sacudida por una ola de masivas y extendidas manifestaciones. Las violencias y el sabotaje gubernamental al acuerdo de paz tuvieron gran impacto en la conciencia colectiva. A la convocatoria de sindicatos y movimientos sociales se fue sumando mucha gente, sobre todo jóvenes. Los paros tenían demandas contra las reformas del gobierno y el sector privado sobre pensiones, impuestos, condiciones laborales, medio ambiente y recursos para la educación. El gobierno recurrió al toque de queda, pero la movilización no cesó y el gobierno propuso una negociación, a la que no fue invitada la gran diversidad de los participantes (Abitbol, 2019). Las protestas prosiguieron. Hubo masivas manifestaciones en la capital y en todo el país. Fueron catalogadas como las más importantes en las últimas décadas. La gente perdió el miedo y no se echó para atrás ante la represión. El Escuadrón Móvil de Antidisturbios desató la violencia. Boaventura de Sousa Santos (2019b), en una carta abierta al presidente colombiano, pedía que condenara las violaciones a las garantías democráticas. Resaltaba la importancia de la jornada de huelga cívica que había parado al país y había demostrado el clamor popular de estudiantes, maestros, sindicalistas, indígenas y mujeres. Santos le decía al presidente que esa manifestación era contra su gobierno profundamente impopular y exigía que fueran escuchados los justos reclamos para una salida por el bien del país. La rebelión colombiana tenía un rostro popular, ciudadano, mestizo, indígena, afro y campesino que se levantó contra el neoliberalismo (Higuita, 2019). Después del exitoso primer paro nacional en el que la nueva generación manifestó que quería un cambio de fondo, los sindicatos llamaron a otra huelga general. Participaron en las protestas estudiantes, sindicalistas y jubilados. Un comité coordinador presentó un pliego de 13 peticiones en materia ﬁscal, laboral y de pensiones. El gobierno volvió a utilizar a inﬁltrados que saquearon comercios. Las protestas colombianas cambiaron el escenario posacuerdo de paz. En la represión hubo un joven asesinado por las fuerzas represivas, lo cual avivó la protesta. No sólo hubo marchas, sino también emergieron organizaciones entre vecinos y sectores populares. Se produjo un tercer paro nacional. Las masivas manifestaciones contra el gobierno y sus políticas sumó asalariados, pobladores de los barrios, capas medias y un potente movimiento juvenil. Se manifestaba – 33 – una pluralidad ideológica. Las mujeres jóvenes cuestionaban la sociedad patriarcal. Se destacó que surgió un movimiento social plural que se fue coordinando en asambleas barriales. Rozental (2019) se preguntaba si la indignación que manifestaba el pueblo colombiano era contra el Estado o contra lo establecido; si era contra el olvido al que había sido sometido, contra el racismo y clasismo, contra la falta de decisiones colectivas. El gobierno quería volver a lo que llamaba normalidad. Pero en dos semanas hubo tres huelgas generales. Surgió una oleada inédita de protestas sindicales, estudiantiles y ciudadanas. La fuerza multitudinaria implicó un fenómeno que cambió el campo político de la sociedad y del Estado. Pero a ﬁnales de enero de 2020, en un encuentro de organizaciones sociales se evidenció que en la dirección de la protesta había una fractura. Por un lado se encontraban las viejas centrales obreras y elementos estudiantiles; y por otro, aparatos agrarios y estudiantiles. Estos dos sectores estaban de acuerdo con la negociación. Sin embargo, fuera de eso, estaban los nuevos movimientos que aún no construían su propia forma política, conformados por jóvenes y sectores sociales precarizados. Prevalecía una transversalidad de la convocatoria (Duque 2020). Se apuntó que el principal factor que movilizó durante más de dos meses a los colombianos fue el desempleo, la precariedad de las condiciones de los jóvenes profesionales y las torpezas del gobierno. Estuvieron presentes quienes se movilizaban bajo la dirección de organizaciones sociales (estudiantes, maestros sindicalizados); pero también se hicieron presentes nuevos sectores que antes no se manifestaban. Se precisó que faltó conjuntar de manera masiva a campesinos, indígenas y afros. Aunque se recordó que el movimiento de pueblos indígenas ya se había movilizado con la minga (trabajo colectivo) de principios del 2019, mientras los pueblos negros se habían enfocado en la participación electoral en sus localidades. Ante la movilización masiva el gobierno privilegió el uso de la violencia. Los inﬁltrados violentos en las movilizaciones tuvieron rechazo de la mayoría. Las movilizaciones mayores fueron en noviembre y diciembre. En enero la movilización fue parcial. Otro problema fue que el Comité de Paro no se sintonizaba con el conjunto de las expresiones de lucha. También se entrampaba en los espacios de pláticas con el gobierno. La movilización entró en declive y agotamiento (Dorado, 2020). La violencia en el Cauca contra los pueblos indígenas no se aminoró (Duque, 2020b). Un observador desde lo institucional y electoral apuntó que habían surgido de la protesta liderazgos – 34 – parciales y difusos; y que lo que pretendía aglutinarlos no lo consiguió. Consideró que el proceso se debilitó y que el gobierno con sus diversas tácticas logró mitigar el impacto causado en las calles, y aceptó una especie de conversaciones con algunos de los participantes, pero que no hubo en verdad una negociación. Opinó que el movimiento ﬁnalmente se había dispersado (Saint-Upéry, 2020). No obstante, los problemas que habían originado la movilización popular proseguían. Por tanto, el proceso no podía darse como concluido. Las protestas ecuatorianas En Ecuador, el anuncio del retiro de los subsidios a los combustibles como primera medida de un amplio paquete acordado entre el gobierno y el FMI fue la chispa que disparó la movilización de los de abajo. Los transportistas paralizaron el país. Al llamado a un paro nacional irrupieron los pueblos indígenas. Ante la falta del diálogo, la gente optó por lanzarse a las calles, pues estaba harta, enojada, cansada de tanta desigualdad y de precarios empleos, salud y educación. La movilización duró once días. No sólo los pueblos indígenas se manifestaron, también se sumaron otros actores. Pese a la cruenta represión con heridos y muertos, la rebelión siguió. Los veteranos comunitarios se sorprendían de que los jóvenes se enfrentaran con tanta energía a los policías. Cuando los pueblos indígenas llegaron a la capital del país, el gobierno había huido a un reducto regional de los de arriba. Finalmente el gobierno tuvo que ceder y las organizaciones indígenas asumieron la representación de lo común (Ramírez, 2019). No rechazaron el diálogo, pero no se limitaron a lo institucional. Convocaron a las distintas organizaciones sociales y populares de la sociedad ecuatoriana a la formación del parlamento de los pueblos. Propusieron un nuevo modelo económico. El movimiento siguió con menos visibilidad callejera tejiendo alianzas entre los de abajo (Zibechi, 2019). Se puso en pie el Parlamento Indígena y de los Pueblos, una alianza entre todos los sectores populares para comenzar una minga que debía establecer medidas para salir del modelo neoliberal (Zibechi, 2019d). Detrás del descontento se encontraban los extractivismos petroleros, mineros y la sobreexplotación laboral. Hubo luchas con dimensiones múltiples. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el frente unitario – 35 – de Trabajadores, estudiantes universitarios y demás manifestantes mantuvieron la lucha. Por su parte la organización popular se dinamizó. El Parlamento de los Pueblos coordinaba 200 movimientos y ampliaba los sitios en los que consultaba a los de abajo. También se creó el Parlamento Plurinacional de Mujeres y organizaciones Feministas. Sin embargo, con vistas a las elecciones presidenciales de 2021 se empezó a buscar la creación de candidaturas únicas. Hubo quienes llamaron la atención de que desviarse de los planteamientos populares para enfrescarse en contiendas electorales pudiera dilapidar lo ganado desde el campo popular (Zibechi, 2020b). A mediados de marzo de 2020 se supo que el gobierno ecuatoriano negociaba otro acuerdo con el FMI y comparaba armamento agresivo para reprimir protestas. El Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas levantó la voz de alerta. Como era costumbre con esos asuntos fondomonetarista se privilegiaba a los empresarios y se perjudicaba a los trabajadores. Le exigieron al presidente que no pidiera austeridad al pueblo, sino a los banqueros, las corporaciones y las transnacionales extractivas. Mientras las organizaciones de mujeres colocaban la vida de todas y todos en el centro, el gobierno insistía en apuntalar un modelo de injusticia. Plantearon que ante el nuevo “paquetazo neoliberal” se declaraba en vigilia permanente desde todos los rincones del país (Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres, 2020). El Coronavirus afectó gravemente al país. El 12 de abril, desaﬁando el toque de queda, se realizó en varias ciudades una manifestación por la vida y en contra de las medidas económicas del gobierno y sus graves errores (ineptitud y negligencia) ante la pandemia. Se anunciaron otras acciones, respetando la cuarentena. Se invitó a que el primero de mayo no hubiera silencio en los barrios, que se hiciera un cacerolazo con el lema #el encierro no nos calla. Las protestas chilenas El movimiento chileno fue emblemático por su extensión, intensidad y duración. Se conformó multidimensionalmente y agrupó tantos motivos para protestar como manifestantes (Mires, 2019). La chispa que prendió las movilizaciones fue el incremento del precio de un medio de transporte público en octubre de 2019. El presidente declaró que el gobierno estaba en guerra contra la rebelión. Pese a la represión violentísima, las protestas – 36 – prosiguieron y el gobierno tuvo que dar marcha atrás con el alza al transporte. Pero el descontento ya se había desbordado y eso no lo contuvo. Los manifestantes recalcaban que no eran 30 pesos, sino 30 años de agravios. A la protesta estudiantil por el alza del pasaje se sumaron los movimientos feministas, sindicalistas, pensionistas y ambientalistas. Se protestaba por las condiciones de vida (transporte, educación, salud, vivienda, pensiones). Se denunció la exclusión económica imperante en las últimas décadas (Arana, 2019). Varios opinaron que Chile había despertado. Hubo sectores nuevos que se sumaron a las movilizaciones, pero se encontraban varios movimientos previos que habían estado manifestándose en los últimos años. Estaba la larga resistencia Mapuche. Las manifestaciones no llevaban banderas partidarias o grupales, sino del pueblo Mapuche. Es decir, todos llevaban banderas del pueblo Mapuche, y eso uniﬁcaba las protestas.. Habría que recordar la ejemplar lucha estudiantil (que se expresó en 2006, 2008, 2011, 2012, 2015 y 2018) y también la insurgencia del movimiento de mujeres. En este estallido no hubo organizaciones convocantes, sino una amplia convergencia (Zibechi, 2019d). Detrás del estallido chileno se encontraba la discriminación social (Márquez y González, 2019). El primer saldo de las movilizaciones chilenas fue el derrumbe del mito del exitoso modelo neoliberal chileno. El segundo fue que una sociedad fragmentada se reconoció y empezó a ser pueblo otra vez (Sepúlveda, 2020). Con la brutal represión, el gobierno calculó que aplacaría el estallido, pero lo avivó aún más. El informe sobre la misión a Chile de ﬁnales de octubre al 22 de noviembre del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre derechos humanos destacó que las raíces de las manifestaciones chilenas tenían que ver con la desigualdad social y económica. Se detectaron muchas violaciones graves a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales. Se criticó el alarmante número de personas con lesiones en los ojos (porque los represores les disparaban directamente a la cara), también hubo detenciones indiscriminadas y arbitrarias, las personas detenidas fueron maltratadas y se dio violencia sexual. Era preocupante el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones de derechos humanos. Se recomendó poner ﬁn de inmediato al uso indiscriminado de escopetas antidisturbios contra las manifestaciones. Pero la represión no amainó, ni las protestas en las calles. Ante las revueltas populares se desnudaba un Estado policial para quien la vida de las personas nada valía (Zibechi, 2019e). El chileno ha sido – 37 – un estallido sin convocantes ni direcciones, pero con una creciente organización territorial por medio de asambleas populares (Muñoz, 2019). No sólo había manifestaciones, también se organizaban cabildos ciudadanos autoconvocados. Había una gran cantidad de cabildos abiertos, asambleas populares, asambleas ciudadanas y asambleas territoriales. Ante las incesantes movilizaciones, las elites políticas propusieron que hubiera un congreso constituyente para retomar el control. Se planteaba que un tercio pudiera vetar el cambio constitucional. Pero en el movimiento se planteó que esa no era la solución, sino una asamblea constituyente donde el pueblo verdaderamente decidiera y no los políticos, los cuales querían desmovilizar a la gente y excluirla de las decisiones (Casado, 2019). Horas después del anuncio del pacto gobierno-oposición, el pueblo salió otra vez a las calles reiterando sus demandas democráticas y una vez más fue reprimido con extrema dureza (Cabieses, 2019). Las calles siguieron ocupadas por manifestantes pese a la criminalización de la protesta (Zibechi, 2019b). Varios informes de derechos humanos reportaban 412 casos de tortura, 191 de violencia sexual, 3 mil 649 personas heridas, había 405 casos de heridos en los ojos. El Estado mantenía una masiva y grave violación a los derechos humanos (Sepúlveda, 2020). En contraposición a lo que quería la clase política, se decía que las asambleas autoconvocadas no podrían ser burladas fácilmente. Esa fuerza debía convertirse en el sujeto constituyente (Giménez, 2019). Gaudichaud (citado por Thomas y Anchaing, 2019) consideraba que se estaba en una fase destituyente contra el neoliberalismo chileno pinochetista. Más allá de la represión y la militarización del espacio público, los espacios sociales movilizados aumentaban y se oponían a la represión. El movimiento exigía la renuncia del presidente. Proseguía la lucha contra el modelo neoliberal (Thomas y Anchaing 2019). Se recalcaba que la revuelta tenía un carácter fuertemente intergeneracional, plurinacional y feminista. Los jóvenes habían perdido el miedo (Corrales, 2020). En torno a las masivas movilizaciones se fue conformando un anillo de auto-defensa que fue bautizado como “primera línea” que estaba pertrechado de escudos, cascos, guantes y máscaras anti gas. El gobierno quería separar la “agenda social” y la “agenda política”, la primera reducida al retorno a la normalidad y la segunda reducida a lo constitucional (Abufom, 2020). Pero las manifestaciones mostraban que ese intento no prosperaría, como la represión no había menguado la intensidad de las protestas. Se hacía ver que no era – 38 – una crisis sólo del gobierno, sino del régimen. La correlación de fuerzas había cambiado con la revuelta popular. La masividad de los numerosos organismos de base, centros culturales, grupos feministas, ecologistas, organismos estudiantiles y sindicatos construyeron una conciencia política en las generaciones más combativas que enfrentaban al régimen. Las formas de protestar fueron multiplicadas con imaginación en todo el país. El movimiento de masas fue ganando en sensibilización y coordinación (Román, 2020). Organizaciones campesinas, de trabajadores, de mujeres, de indígenas y de jóvenes destacaron que Chile estaba en rebeldía frente al sistema depredador neoliberal. Reiteraron que se levantaban contra las injusticias estructurales, la privatización de bienes comunes, la violencia contra las mujeres, y exigían justicia ante los casos de muertes y violaciones de derechos humanos. Repudiaron un proceso constituyente generado según las reglas del sistema político neoliberal. Respaldaron las demandas de los movimientos sociales y de las asambleas territoriales que defendían una verdadera Asamblea Constituyente conformada íntegramente por ciudadanos con paridad de género sin privilegios para los partidos. Apoyaban las aspiraciones de un amplio espectro de comunidades chilenas que querían una constitución dotada de principios de plurinacionalidad, feminismo y reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Se oponían a la militarización sobre todo del territorio Mapuche. Asumían las demandas de pueblos indígenas y afrodescendientes, y reivindicaban la economía feminista. Celebraban la participación de los jóvenes. Exigían la desprivatización del agua. Exhortaban a la creación colectiva de una forma de relacionarse con la naturaleza y entre todos (Coordinadora feminista, 2019). Las mujeres seguían impulsando movilizaciones. Coreaban: “El Estado opresor es un macho violador”. La movilización por el día de la mujer fue impresionante en Chile, pues reunió a millones de manifestantes. Había colectivos que llamaban a construir autogobierno popular desde abajo. Recordaban que las conquistas del pueblo se habían obtenido con organización y lucha. Se llamaba a fortalecer las asambleas como espacios legítimos de construcción de poder de las mayorías populares e impulsarlas de manera autónoma e independiente. Desde las asambleas se podría construir la propia forma de gobierno, el nuevo sistema. Se planteaba que había que realizar un gran encuentro de asambleas que constituyera un parlamento popular. Para eso no se requerían representantes ni recono– 39 – cimiento gubernamental. Desde las asambleas se tendría que impulsar un programa popular de manera participativa y horizontal. Se necesitaba una nueva constitución, pero realmente nueva, generada desde abajo. Algunos consideraban que votar en abril en el plebiscito propuesto por el gobierno le daría un respiro a los poderosos. Los asambleístas de Maipú anunciaban que no participarían en esa farsa. No optaban por un mal menor, no transaban con los que criminalizaban la protesta y encarcelaban la expresión popular. Se proponían sacar a Piñera. Pedían no olvidar las demandas de un salario mínimo digno, pensión básica que alcanzara, trabajo sin ﬂexibilidad, congelamiento de tarifas de servicios básicos; no lucro con la salud, sino cobertura universal; no lucro con la educación, sino una educación laica y no sexista; aborto libre, seguro y gratuito; congelación de precios de la canasta básica de alimentos; escala móvil de salarios (si subían los precios, subían los salarios); igual trabajo, igual salario; disolución de los carabineros, viviendas dignas, pasaje gratis a estudiantes y personas de la tercera edad; nacionalizar el agua y los recursos naturales (Asambleístas Autoconvocadas/os de Maipú, 2020). La aparición del Coronavirus no atemorizó a las protestas sociales. Los viernes siguieron las manifestaciones en la Plaza Italia de Santiago (rebautizada como Plaza Dignidad) para expresar rechazo al gobierno de Piñera y al sistema desigual que regía al país. El 22 de marzo, con motivo de la defensa del agua, se organizaron actos con la participación de muchas personas. Se exigió la desprivatización del agua. A ﬁnales de marzo, pese al toque de queda, se realizaron manifestaciones en barrios periféricos. Los primeros días de abril se constataba que por la pandemia el movimiento no llamaba ya a salir a las calles, sino a quedarse en casa. El gobierno aprovechó la crisis sanitaria para posponer el plebiscito hasta octubre y para darle más poder a las fuerzas represivas. Chile entró en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por tres meses. Esto le otorgaba al Presidente y a los fuerzas armadas muchas atribuciones. Se activaba el aislamiento y había toque de queda contra los movilizados. Los gobernantes y la clase política apostaban a que el Coronavirus acabaría con las protestas de manera duradera. Pero no tenía en cuenta que con las movilizaciones, la sociedad se había hecho más solidaria y que sus demandas permanecerían (Boccacci, 2020). La nueva crisis multidimensional con múltiples ramiﬁcaciones había cambiado la coyuntura nacional (Gaspar, 2020). Los colectivos de la revuelta consideraron que las medidas gubernamentales frente a – 40 – la pandemia, como intento restituyente, originarían una segunda ofensiva popular tanto o más contundente que la de octubre, después del reﬂujo que el Coronavirus había provocado, que era una inﬂexión táctica de la rebelión popular. Varios desplazaron el activismo a plataformas virtuales y crearon redes de protección entre vecinos. Los movimientos se cuidaban para regresar después a las calles. La gente volvería a manifestarse para exigir medidas populares y de manera enfática una salud pública verdadera y digna (González, 2020). A ﬁnales de abril el gobierno quiso aprovechar la pandemia para poner en duda el plebiscito de octubre. Pensaba que la gente no reaccionaría, pero en varias ciudades hubo manifestaciones, que también fueron brutalmente reprimidas. El mensaje desde abajo fue que el descontento seguía. Para el primero de mayo se invitó a colgar banderas negras en señal de protesta por la ola de despidos y desprotección de la población. También se convocó a un gran cacerolazo por la dignidad. Hubo una manifestación y sobrevino la acostumbrada represión. Anteriores organizaciones de pueblos indígenas, campesinos, sindicalistas, feministas, ecologistas y estudiantiles no sólo coincidieron y se hermanaron, sino que se encontraron y acogieron a nuevos participantes, y toda esta conﬂuencia dio origen a potentes movimientos populares de nuevo tipo. Se fundieron las demandas que podían haberse quedado en lo sectorial para trascender las viejas expresiones y se puso en cuestión no sólo a los gobiernos, sino a la misma estructura capitalista neoliberal. Las viejas organizaciones prosiguieron, pero junto a los nuevos integrantes de las protestas fueron empujadas a la creación de nuevas formas orgánicas uniﬁcantes. La pluralidad y la diversidad fraguaron espacios de encuentro, expresión y organización novedosos. Ya no importaban si había convocantes o no, y las direcciones sectoriales no usurparon el papel de una nueva forma de estar, reunirse, discutir, y llegar a decisiones con modos horizontales. Las brutales formas represivas no arredraron al nuevo movimiento. Si con la aparición de Coronavirus cesaron temporalmente las multitudinarias manifestaciones callejeras, no fue porque otro temor (a contagiarse, contagiar y morir) se hubiera apoderado de los integrantes de este novedoso, imaginativo y creador movimiento, sino que prevaleció un cuidado colectivo de la vida y se refugiaron en formas de lucha cotidiana y solidaria con grupos de apoyo mutuo. Un colectivo reﬂexionó que la llegada de la pandemia a Chile había anunciado el cierre de una etapa y el inicio de otra para la insurrección en curso, pero la pandemia no detendría – 41 – la rebelión. El poder intentaba separar a los insurrectos e inyectarles el miedo individualista. No obstante, se disolvieron en la masa, para volver a brotar. Fueron respondiendo los insurrectos con redes de apoyo mutuo, pues la solidaridad reencontrada estaba fructiﬁcando en la nueva etapa. Eran conscientes de que no podían volver a la normalidad porque esa normalidad era el problema. Emergían posibilidades para deshacerse de los lastres que habían arrastrado al abismo. La lucha por la liberación sacaba su fuerza no de la visión del futuro, sino de la visión del pasado del cual había que salir (Evade Chile, 2020). Eso era el capitalismo neoliberal, la explotación, la represión, la desigualdad, el patriarcado y el pinochetismo. Durante la contingencia, las asambleas locales dieron respuestas populares elaborando listas de personas mayores en condiciones precarias y de gente en situación de vulnerabilidad para proporcionarles ayuda. Organizaciones feministas impulsaron una campaña para responder a la violencia machista y de género en el período de conﬁnamiento, y para exigir un plan de urgencia social y sanitaria para hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias. También se ha dado la lucha para exigir la liberación de cientos de presos y presas políticas de la revuelta de octubre, debido a que las prisiones constituyen un grave riesgo de contagio. El reto ha sido seguir tejiendo organización para proseguir la lucha contra el modelo neoliberal (Gaudichaud y Alex, 2020). Como la pandemia no tuvo una solución pronta, pese a la criminalización de los movimientos y a la represión, surgieron movilizaciones por la falta de alimentos en el conﬁnamiento. Las masivas protestas en varios países tuvieron su propia especiﬁcidad, pero respondieron al hartazgo ante el despojo y agresiones de un voraz y caduco capitalismo neoliberal. Debido a las políticas económicas neoliberales los pueblos latinoamericanos estallaron y se rebelaron. Las protestas conjuntaron sujetos plurales. Los recortes a programas sociales dejaron una región con un sistema sanitario público cuyas capacidades de hacer frente a la emergencia del Coronavirus colapsaron. La represión de las revueltas ha sido brutal. Pese a la crisis sanitaria, las demandas no van a desaparecer, sino que se profundizarán (Peetinà y Rojas, 2020). – 42 – Una pandemia con múltiples implicaciones El neoliberalismo ha causado enormes estragos en la naturaleza. El continuo abuso sobre el medio ambiente ha creado condiciones para que aparezcan pandemias como la del COVID-19 (Tinker y Silverman, 2020). Lo que esta pandemia ha demostrado es que los países que adoptaron el neoliberalismo se encontraban en condiciones de una crisis social de incalculables dimensiones (López, 2020). Otros opinaban que tanto el neoliberalismo como el COVID-19 eran virus mortales (Jofré, 2020). La normalidad de la globalización capitalista colapsó abruptamente. Hubo evidencias de que la difusión de la pandemia se encontraba estrechamente relacionada con la agricultura y la urbanización capitalista, que habían implicado la debilidad y mercantilización de los sistemas de salud pública. La producción agroindustrial de alimentos había dado origen a varias pandemias. Crecía la convicción de que se había llegado a la etapa del capitalismo del desastre (Pastor, 2020). La vulnerabilidad colectiva era fruto de la globalidad capitalista. La pandemia del nuevo Coronavirus había sacado a ﬂote las aporías de esa globalización. Una de ellas tenía que ver con el hecho del coste humano de las políticas de recortes de los presupuestos sociales, las cuales se volverían a utilizar con el argumento de la necesidad de recortes del presupuesto apelando a los “daños de guerra” y al imperativo de la “reconstrucción”. (Bouamama, 2020b). Las revueltas latinoamericanas han sido contra la realidad que los gobiernos insisten en construirle a la gente. El virus fue utilizado por los de arriba para detener las revueltas contra ellos. Las protestas latinoamericanas fueron frenadas para beneplácito de los gobiernos y de los poderosos (Carvallo, 2020). Las reglas de distanciamiento social sugeridas podrían llevar, si la emergencia continuaba el tiempo suﬁciente, a cambios culturales (Harvey, 2020b). Los dueños transnacionales de los grandes medios propagaban que no se debían desatar reivindicaciones excesivas. Cuidaban los intereses de las elites. Se pretendía reducir a la gente de manera individual. Intentaban atomizar los discursos contestatarios plurales, evitar el grito colectivo de la gente de abajo, reconducir la ira social y convertirla en una supuesta unidad al amparo de los poderosos (Ginés, 2020). Apostaban a que el aislamiento mantuviera en un estado de excepción a la población, lo que impediría los levantamientos populares que se preveían precisamente por la agudización de la crisis. De esta manera el nuevo Coronavirus se – 43 – mostraría, como planteaba Naomi Klein (en Moreno, 2020), en un shock de inmovilidad de la gente, mientras las grandes transnacionales lucrarían sin el peligro de rebeliones. Esta inmovilidad era algo que no lo habían conseguido ni las más cruentas dictaduras (Alarcón, 2020). La coyuntura presentaba posibilidades para ser aprovechada por las versiones más reaccionarias y despóticas del capital (Piqueras, 2020). La mayor seguridad para los ciudadanos llevaba al autoritarismo. Pero subsistían dos realidades encontradas: redes de apoyo mutuo, por una parte, y mayor control estatal por otro (Pons, 2020). Naomi Klein (en Moreno, 2020) advertía que las elites utilizarían la pandemia para avanzar en su excluyente ruta. No obstante, la gente podía aprovechar el caos creado para empujar el cambio. Destacó que cuando la gente preguntaba cuándo se volvería a la normalidad, habría que tener en cuenta que la normalidad era la crisis. Alabó la creatividad de la gente para utilizar la tecnología para la ayuda mutua. Aconsejó desarrollar nuevas herramientas de desobediencia civil que permitieran actuar a distancia. Pese al distanciamiento físico, las personas estaban hallando formas de colaborar. Consideró que la gente debía estar muy indignada por la forma en que los gobiernos estaban actuando. Recordaba los movimientos que habían cambiado gobiernos. Apuntaba que no se tratara de volver a lo anterior. Habría que luchar juntos para construir otro lugar (Moreno, 2020). Varios ﬁlósofos entraron en una polémica sobre el Coronavirus. Para Horvat el virus no era una amenaza al neoliberalismo, sino un ambiente para desarrollarlo más. Agamben apuntaba que las medidas de excepción venían de la “invención” de una epidemia. Bifo precisó que el virus bloqueaba el funcionamiento de la economía, ante un imposible crecimiento capitalista. Algunos como Zizek enfatizaba que era un golpe al sistema capitalista, pero Byung-Chul Han consideró que este virus no vencería al capitalismo. El surcoreano insistía en que sólo la gente podía salvarse del capitalismo. Zizek veía la salida en Estados-nación puestos al servicio de las mayorías más necesitadas. Badiou planteó que había que aprovechar el interludio epidémico y el conﬁnamiento para idear un nuevo comunismo lejano de su experimentación estatal. Los estados nacionales enfrentaban la epidemia respetando los mecanismos del capital, aunque modiﬁcaban estilos. La mayoría de estos pensadores destacaba la oportunidad para que la gente creara algo nuevo (Yaccar, 2020). Estos autores, más algunos que se añadieron, difundieron un libro que complejizaba la pandemia y llama– 44 – ban a no dejarse arrasar por algo impuesto, sino responder imaginativamente a lo que sería una gran transformación (Agamben et al.,2020). Las respuestas estatales ante el nuevo Coronavirus fueron los conﬁnamientos, que además les servían para aislar a las personas para que no se pudieran manifestar ni enfrentar las necesidades vitales cotidianas. Ante esto, se hacían llamados a no quedarse aislados, sino a liberarse del aislamiento capitalista para proseguir con otras formas de poblar el mundo desde la libertad de los de abajo (Rozental, 2020). Propuestas de algunos movimientos A ﬁnales de marzo, el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo difundieron una plataforma de emergencia frente a la pandemia del Coronavirus y la crisis brasileña. Estaban incluidos movimientos estudiantiles, de trabajadores, de los sin techo y de los sin tierra. Denunciaron que el gobierno de Bolsonaro no presentaba medidas eﬁcaces contra la propagación del Coronavirus en Brasil y que era la principal amenaza para la seguridad y el bienestar de la población. Exigieron medidas para disminuir los impactos de la crisis económica y sanitaria. Destacaron que se orientaban por la defensa de la vida, por la conﬁanza en el conocimiento cientíﬁco y con la conciencia de que el egoísmo y el individualismo de nada servían para enfrentar la crisis. La plataforma popular implicaba salidas que pasaban por someter los intereses privados a los de toda la sociedad, con acción colectiva, unión y solidaridad popular. Precisaban que la crisis económica y política precedía a la epidemia y tenía que ver con acciones gubernamentales que daban prioridad al sector privado y no a los derechos humanos y sociales. El virus había llegado en un momento de estancamiento económico, desmantelamiento de los servicios públicos, incremento de la pobreza y de la desigualdad social. El mercado laboral estaba severamente precarizado, con una alta tasa de desempleo y la mayor parte de los trabajadores se encontraban en empleos informales, sin protección social. Las propuestas establecían ejes para proteger al pueblo. Se tenía que promover y fortalecer la salud pública, había que dar garantía de empleo e ingresos para los trabajadores; protección social, derecho a la alimentación y vivienda para todos. Para lograr esto se debía reorientar la economía y el destino de los recursos públicos. Se recalcó que la vida no – 45 – debía ser controlada por la ganancia capitalista. Se destacaban la protección social, el derecho a la alimentación y casa digna. En cuanto a las medidas de emergencia se decía que debía haber cuarentena, pero se precisaban varias cuestiones entre las que estaban la transparencia en la información veraz y que se garantizara la seguridad de los trabajadores de servicios esenciales. Se tenían que reconvertir las industrias con el ﬁn de que fabricaran insumos necesarios para atender a los contagiados. Se exigían garantías de estabilidad en el empleo, salario mínimo a los trabajadores informales mientras durara la contingencia, ampliar el seguro de desempleo, prevenir la violencia doméstica, suspender cada acto que pudiera perturbar la vida y la permanencia de los pueblos en sus territorios, respetar a los pueblos indígenas, proteger a los migrantes, organizar la producción y distribución de alimentos, entregar canastas básicas a las comunidades más pobres. Se llamaba a la sociedad a superar el escenario de crisis y pandemia, y para movilizar a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial con el ﬁn de que aplicaran las medidas propuestas. Se convocó a los líderes del movimiento sindical y popular, a los líderes de diferentes tradiciones de fe, a los movimientos feministas, negro, de diversidad sexual, así como colectivos de juventud a promover el debate de esas propuestas. Anunciaron la promoción de una gran red de solidaridad popular para apoyar el cuidado de necesidades urgentes de las personas más pobres. Aclararon que las propuestas de emergencia presentadas tenían como objetivo proteger la vida humana, la economía nacional y las condiciones de vida. Después de superar la epidemia, con el esfuerzo colectivo y solidario, habría que lograr un verdadero proyecto popular en el país (Duarte, 2020). A inicios de abril la ecuatoriana Conaie, el colombiano Congreso de los Pueblos, el brasileño Movimiento de Trabajadores Sin Techo, la ecuatoriana Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, el argentino Frente Popular Darío Santillán, la colombiana Organización Nacional Indígena, el argentino Frente de Organizaciones en Lucha, la mexicana CNTE, la chilena Convergencia 2 de abril, el colombiano Consejo Indígena del Cauca, Feministas del Abya Yala y decenas de colectivos latinoamericanos más lanzaron un llamamiento en el que planteaban que la crisis que globalmente había provocado el COVID-19 les presentaba una encrucijada a los pueblos latinoamericanos. Destacaron que las organizaciones populares eran la primera línea de resistencia frente a las peores expresiones del sistema en descomposición. Insistían en se estaba – 46 – ante una crisis que amenazaba la vida en todas sus formas. El COVID-19 se había transformado en pandemia en un momento de agudización de la crisis capitalista. En una América donde sus pueblos habían encarnado importantes levantamientos populares en los últimos meses, la pandemia se había convertido en una excusa para legitimar la presencia de las fuerzas armadas en sus territorios e implementar medidas de ajuste y el deterioro de las condiciones de existencia de las mayorías. Las organizaciones obreras, campesinas, de pueblos originarios, feministas, afrodescendientes, piqueteras, de pobladoras/es, estaban poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón en desarrollar respuestas inmediatas, pero también a proyectar una salida a esta crisis que no fuera un regreso a la normalidad capitalista. Recalcaban que eso sería posible si se aprovechaban los lazos comunitarios y de unidad popular, territorial y regional. Llamaban a los pueblos y exigían a los gobierno priorizar la vida sobre la deuda, combatir las desigualdades, fortalecer el sistema público de salud. Enfatizaban el trabajo con todos los derechos. Se debía garantizar la vivienda y la alimentación univeral. Había que oponerse a la mercantilización de la naturaleza, fortalecer el cerco sanitario y asistencia humanitaria con garantía de soberanía de los territorios a pueblos originarios, nacionalidades indígenas y afros. Un punto contra el patriarcado era enfrentar con políticas reales la violencia machista. Ante la situación de que muchos gobiernos habían utilizado la pandemia para intensiﬁcar la lógica represiva, se oponían a la represión y exigían más prevención. Había que revalorizar las autoridades propias y las guardias comunitarias que cuidaban los territorios ancestrales y estaban siendo un efectivo organismo comunitario para cuidar la vida (Conaie, 2020). Se destacó que el virus había llegado a jalar el freno de emergencia para parar el tren enloquecido de una civilización corriendo hacia la destrucción masiva de la vida. La verdadera guerra a jugarse no tenía al nuevo Coronavirus como enemigo, como lo habían proclamado tantos gobiernos, sino que consistía en el enfrentamiento de dos opciones opuestas: por un lado, la continuación del fanatismo de la mercancía y el productivismo compulsivo que no podían más que llevar a la profundización de la devastación en curso; por el otro, la invención, que ya andaba a tientas en miles de lugares, de nuevas maneras de existir que tratan de romper con el imperativo categórico de la economía para privilegiar una vida buena para todas y todos, eligiendo el cuidado de los lugares habitados y las interacciones del mundo vivo, la construcción de lo común, la ayuda mutua – 47 – y la solidaridad, dinamizando la capacidad colectiva de auto-organización y de auto-gobierno. No había que dejar que volviera a arrancar ese tren productor de tantos males (Baschet, 2020). Posiciones de los movimientos zapatista y kurdo El ﬁlósofo Fréderic Lordon (en Andras, 2019) insistió en que el capitalismo no se iría amablemente. Se necesitaba la organización para enfrentarlo. Opinaba que lo que hacían los zapatistas en Chiapas o los kurdos en Rojava era una “fuga” del capitalismo, lo cual consideraba que no lo veía como algo generalizable. En cuanto a los movimientos, anotaba que la efervescencia del momento insurreccional era transitoria y que sería un error tomar las intensidades particulares como algo permanente. Desconﬁaba de la apuesta a una fuerte movilización cotidiana porque era pedir demasiado, pues lo que la gente deseaba era vivir su vida. Insistía en que para salvar la tierra se tenía que abandonar el capitalismo. No obstante, muchos colectivos en el mundo tenían en los zapatistas y en la revolución de las mujeres kurdas una inspiración, no para calcarla, sino para considerar sus elementos y crear en cada sitio lo propio. Había quienes examinando las protestas colombianas, ecuatorianas y chilenas con sus formaciones populares asamblearias aﬁrmaban que eran análogas al proceso zapatista (Colussi, 2019). El Movimiento de Mujeres Kurdas en Europa y el Congreso de las Sociedades Democráticas Kurdas en Europa emitieron una declaración sobre la pandemia del COVID-19. Señalaron el peligro cada vez mayor que representaba el virus. En la lucha por sociedad ecológica, se debía desempeñar ese papel en la coyuntura mortal y lidiar de manera responsable con las reglas establecidas. Recomendaban no realizar actividades sociales como funerales, cumpleaños o bodas porque representaban un gran riesgo. Insistían en que la salud de las personas era más valiosa e importante que cualquier otra cosa. Decían que había que mantener un enfoque de la pandemia basado en la solidaridad y las reglas, pues había responsabilidad propia y hacia las otras personas. Todos debían ser conscientes de que no solo eran responsables de sí mismos, sino también de los demás. Exhortaban a no tomar la pandemia a la ligera, sino a cuidar la propia salud y la de los prójimos. Recalcaban que esa era la única forma – 48 – de combatir la pandemia. Llamaban la atención de que no había que escuchar rumores sin fundamento sobre métodos de tratamiento y consejos similares. Pedían no abandonar a nadie. Recordaban que Abdullah Öcalan había escrito que los cimientos, la existencia y la libertad de una sociedad que no podía proteger su salud con sus propios medios estaba amenazada o ya se encontraba completamente perdida (KCDK-E y el TJK-E, 2020). En Rojava cerraron la frontera de Semalka y se dieron a la tarea de echar mano de todas las instituciones, centros y escuelas, con el ﬁn de proteger a las personas. Además, se tomó como un objetivo evitar que el virus llegara a los campos de refugiados. Se debían tener en cuenta la vida y las personas como base (Anónimo, 2020). En el norte y el este de Siria se han implementado medidas preventivas estrictas durante varias semanas. Las cooperativas han hecho cubrebocas que se distribuyen gratuitamente. Algunas producen exfoliantes médicos para proporcionar a los trabajadores de la salud de forma gratuita. Las cooperativas agrícolas proporcionan alimentos necesarios. Las comunas han sido esenciales para garantizar el toque de queda sin estrés excesivo y para distribuir cubrebocas y ayuda alimentaria. Las estructuras confederalistas democráticas han ayudado a implementar medidas preventivas (Bodette, 2020). Los kurdos de Rojava se han seguido enfrentando a los ataques bélicos turcos y la crisis del nuevo Coronavirus (Anónimo, 2020b). Por el COVID-19, el EZLN cerró sus Caracoles y llamó a no abandonar las luchas.Teniendo en cuenta la amenaza real, “comprobada cientíﬁcamente”, para la vida humana que representaba el contagio del nuevo virus y considerando la frívola irresponsabilidad de los malos gobiernos y la clase política en su totalidad; sabiendo la falta de información veraz y oportuna sobre el alcance y gravedad del contagio, como de la ausencia de un plan real para afrontar la amenaza, debido al compromiso zapatista en su lucha por la vida, los zapatistas decretaron la alerta roja en sus pueblos, comunidades y en todas las instancias organizativas zapatistas. Esto implicaba la recomendación a las juntas de buen gobierno y municipios autónomos de manera inmediata del cierre total de sus gobiernos regionales y centros de resistencia y rebeldía. Exhortaron a la estructura organizativa a seguir las recomendaciones y prácticas de higiene extraordinarias que se transmitirían. Llamaron a la gente del mundo y de México a tomar las medidas sanitarias necesarias que, “con bases cientíﬁcas”, les permitieran salir adelante y con vida de esa pandemia. Hicieron hincapié en no dejar caer – 49 – la lucha contra la violencia feminicida, a continuar la lucha en defensa del territorio y la madre tierra, a mantener la lucha en favor de quienes habían sido desaparecidas y desaparecidos, asesinadas y asesinados, encarceladas y encarcelados, y a levantar bien alto la bandera de la lucha por la humanidad. Aconsejaron no perder el contacto humano, sino cambiar termporalmente las formas de saberse compañeros y hermanos, recordando que la palabra y el oído, con el corazón, tenían muchos caminos, muchos modos, para encontrarse, y que esa lucha por la vida podía ser uno de ellos (Subcomandante Insurgentes Moisés, 2020). El Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno también cancelaron las actividades que tenían programadas y se prepararon para la etapa que seguiría. Para los pueblos originarios, el quedarse en casa era quedarse en comunidad. La comunidad y la autonomía que resolvían los problemas alimentarios y sanitarios cotidianos resultaban un importante escudo contra la pandemia. Había quienes enfatizaban que cuando la gente se reunía en asamblea podía producir las condiciones para liberar la potencia creativa de carácter subversivo. La toma de decisiones se hacía horizontalmente. Los movimientos decidían hacia dónde y cómo ir. Se planteaba la conveniencia de la creación de un proceso de carácter abierto e inacabado, pero duradero y estable. Ejemplos de esto eran el confederalismo democrático kurdo y las comunidades autónomas zapatistas (Martínez y Artés, 2020). Esas dinámicas no se dejaban de lado, sino que se acondicionaban a la etapa de conﬁnamiento. Quien ha destacado los aportes de los movimientos de los pueblos zapatista y kurdo para las luchas del mundo ha sido Raúl Zibechi, quien tiene extensos análisis en los que profundiza en las lecciones de estos dos movimientos. Ha apuntado que la situación del COVID-19 no afecta uniformemente a los movimientos. Los que han hecho de la manifestación y otras acciones públicas su eje central son los más afectados. Sin embargo, los de base territorial tienen una situación potencialmente mejor. A todos afecta la militarización, el fascismo y las tecnologías de control poblacional, los cuales pueden provocar un daño que pone en peligro los desarrollos que han tejido los movimientos (Zibechi, 2020). Apunta que se está en un periodo de profunda crisis del sistema mundo. La crisis puede llevar a un Estado de excepción que se presente como legítimo y duradero. El problema de esto es el autoritarismo. Si se sale de esta crisis con los movimientos populares debilitados, la clase dominante se consolidará. – 50 – Precisa que la pandemia se declaró después de las grandes movilizaciones de mujeres el 8 de marzo que revelaron una importante lucha contra el patriarcado. El feminismo, los pueblos originarios y negros han puesto en cuestión el patriarcado y el colonialismo. Frente a esto, las elites se agarran del Estado para controlar a los de abajo. América Latina se encuentra desnuda ante la pandemia. Las clases dominantes llevan a la militarización. Ante esa situación los pueblos en movimiento se ven en condiciones difíciles para sus manifestaciones. Se está ante una situación precaria y nueva que ha establecido un campo de concentración donde no valen las elecciones, los derechos y la democracia. No obstante, habrá que trabajar con los vecinos y organizarse ante tantas necesidades. Esto saldrá de la actividad popular en el territorio, y no puede ser algo muy abierto. Hay que estar organizados sin visibilizarlo. Se debe compartir lo que se tiene. Es momento de grupos pequeños y no de actos masivos. Lo importante es actuar con autonomía en este campo de concentración. Ser previsores, conﬁar en los vecinos, tener iniciativas. Lo peor es quedarse solos en las casas. Esta pandemia no es un paréntesis, sino un periodo histórico nuevo. El capital verá cómo se reproduce teniendo a todos encerrados. Habrá inestabilidad y militarización, por lo que conviene organizarse y sobrevivir. (Zibechi, 2020c). Hay que cuidar de mantener la articulación de las luchas para evitar que la disgregación les impida impacto, porque las fuerzas del capitalismo, más allá de sus contradicciones internas hacen frente común para defender sus intereses. Propone trabajar en colectivo (minga/tequio), comunitariamente, para garantizar la autonomía de la reproducción de la vida; y decidir en colectivo, en asamblea. Esto lo hacen a diario los pueblos originarios en movimiento: zapatistas, kurdos, Mapuche, nasa/misak, entre otros (Zibechi, 2020c). Lo que los zapatistas y kurdos plantean y experimentan no es una actitud de fuga, sino un enfrentamiento al capitalismo, al colonialismo y al patriarcado, construyendo mundos nuevos. Un ecologista escribió que la pandemia se debía al capitalismo neoliberal que tanto daño hacía a la madre naturaleza. La solución estaba en salir de ese capitalismo con una especie de ecocomunitarismo que implicaba una concordancia entre conocimiento cientíﬁco ecológico y el conocimiento de los pueblos originarios. Propuso prácticas que tienen similitud con lo que han estado experimentando los kurdos y los zapatistas (Toledo, 2020). La autonomía y libre determinación en la mayoría de los países la han logrado los pueblos indígenas por medio de su organización y lucha que – 51 – han emprendido contra las políticas neoliberales y extractivistas imperantes. Ante la pandemia, y debido a las falta de atención médica por parte del Estado, los pueblos originarios en México se han ido replegando en las comunidades para la defensa frente a la muerte que representa el COVID-19, teniendo en cuenta la devastación que sufrieron hace cinco siglos por la enfermedad de la viruela que trajeron los invasores colonialistas (Gómez, 2020). Esa pandemia fue usada como instrumento de conquista. Para evitar ahora que se profundice la dominación colonial, las comunidades cuentan con la solidaridad familiar y el trabajo colectivo para el bien común. Tienen que echar mano de la información veraz y de la acción colectiva (López-Bárcenas, 2020). Los Estados aprovecharon la contingencia sanitaria para profundizar tendencias militaristas. Se extremaron los hostigamientos de las fuerzas de seguridad contra organizaciones de los de abajo. Algunas mujeres de pueblos originarios denunciaron que no las mataría el Coronavirus, sino las balas de los represores. Los Estados imaginaron que podían controlar totalmente a la sociedad. Aunque las organizaciones populares vieron que debían hacer una pausa en las manifestaciones callejeras, no se disgregaron ni quedaron reducidas atomizadas en sus hogares. No confundieron la distancia física con la distancia social y enfrentaron el reto de crear nuevas formas de cercanía y solidaridad. Redujeron los factores de riesgo, pero reforzaron los grupos de aﬁnidad y apoyo mutuo, destacando la atención recíproca y el cuidado a los demás desde una perspectiva colectiva (Enkis, 2020). La Mapuche luchadora y literata Moira Millán (2020) compartió cómo vivía la cuarentena. Aceptaba que era necesaria una cuarentena, pero no el modelo aplicado por los Estados. Reﬂexiono que la resiliencia de los pueblos indígenas contaba con una amplia experiencia para sobreponerse a epidemias, genocidios, espitemicidios y todos los intentos de exterminio. Se oponía a la homogenización de las medidas de cuarentena. Para mitigar los efectos de la cuarentena veía conveniente la autogestión y creatividad para vencer el terricidio. Apelaba al resguardo comunitario, con medidas solidarias contenedoras, aplicables y respetuosas. Sabía que las soluciones implicaban la reconstrucción de consejos comunales de participación territorial para el buen vivir de los pueblos. Exhortaba a los pueblos a unirse contra el terricidio, a levantar autogobiernos territoriales y a vencer la pandemia del miedo. – 52 – El primero de mayo, la ecuatoriana CONAIE, el colombiano Congreso de los Pueblos, la chilena Asamblea Popular Wallpen, el brasileño Movimiento de Trabajadores Sin Techo, el mexicano Sindicato Mexicano de Electricistas, la organización boliviana Feminismo Comunitario Antipatriarcal y cuarenta organismos más latinoamericanos difundieron un comunicado conjunto con los lemas #Pandemia es capitalismo! y #Nuestras vidas valen más que sus ganancias! recalcando que los de abajo habían luchado para ser libres. Enfatizaban que conservaba de manera vívida las recientes experiencias del pueblo chileno, ecuatoriano, colombiano y boliviano contra el ajuste neoliberal y la implantación de nuevas dictaduras como era el caso de Bolivia., la desobediencia civil, las huelgas, el piquete, el corte de ruta, el levantamiento, las economías solidarias y la articulación internacionalista entre pueblos hermanos, demostraban que ese era el camino fundamental e indispensable. Exhortaban a conmemorar el primero de mayo saliendo a sembrar ollas populares, cacerolazos, plantones, tomarse balcones, embanderar casas y comunas, expresándose contra el hambre y la miseria en toda Latinoamérica. Enfatizaban que la salud era una construcción cotidiana y colectiva; era cuidarse velando por su alimentación y descanso, cuidando que nadie los tratara como mercancía, oponiéndose a las violencias patriarcales y luchando por el respeto a su dignidad y el acceso a la salud integral (Pueblos originarios afrodescendientes y organizaciones, 2020). Algunas consideraciones Han irrumpido grandes movimientos contra los despojos neoliberales, pero también los impulsores del neoliberalismo y la desigualdad tienen capacidades de movilización como sucedió en Bolivia previo al golpe de Estado. Aunque a primera vista estos dos tipos de movilizaciones tienen similitudes, existen grandes diferencias. Las elites pueden impulsar movilizaciones, pero tanto en la dirección como en el contenido las diferencias son abismales. Las primeras confrontan la dominación, las segundas la refuerzan. Estas últimas adoptan caretas populares, pero su verdadero rostro es radicalmente diverso. En el campo popular se expresan muchas divisiones, pero de repente se presentan estallidos que propician que se uniﬁquen. Han aumentado los – 53 – movimientos de protesta contra los efectos del capitalismo neoliberal. Los estallidos no son fugaces, sino que hay una persistencia que los hace durar de diversas formas e intensidades. De parte de los de arriba se responde con suma violencia y a lo sumo se conceden medidas paliativas. Lo fundamental de sus intereses lo deﬁenden los poderosos. El poder dominante se esfuerza por dividir al campo opositor. Las fuerzas del capitalismo, pese a sus contradicciones internas, presentan un frente sólido en defensa de su proyecto. Se requiere que se articulen las luchas populares, si no, se disgregan y son cooptadas. El pueblo, en el sentido de Rànciere, no es algo necesariamente esencialista ni prexistente, sino que se maniﬁesta en sus luchas que corresponden a sus derechos y condiciones de vida, por lo que son sujetos autodesarrollados como sostienen López y Rivas. En la dinámica de oponerse al capitalismo neoliberal los pueblos originarios son importantes en las luchas por una transformación sistémica (López y Rivas, 2020) y se combinan y potencian en las nuevas luchas populares, convergiendo con una gran cantidad de sujetos plurales. Los movimientos populares conﬁguran una demokínesis. Colectivos previamente organizados desatan una movilización potente cuando traducen un sentir más amplio que permite que se unan a sus manifestaciones sectores que antes no se atrevían a protestar. No es que las manifestaciones en calles y plazas “contagien” a otros, sino que hay un efecto de demostración y difusión que convoca a los que anteriormente no se animaban a luchar. Las movilizaciones de nuevo tipo suelen irrumpir por un enojo ante el hartazgo social. Dicho enojo supera el miedo que suele condicionar a la gente a aceptarlo todo. El dinamizador es la pérdida del miedo. Por eso el poder usa la represión para recrear el miedo; pero una vez que se ha desbordado la fuerza popular, se pierde también el miedo a la represión, y se consolida el movimiento popular. Esto produce ﬁsuras en las capas de la dominación. Se genera una ruptura. Un elemento adicional es la constatación paretiana de que ningún gobierno puede durar haciendo exclusivamente uso de la fuerza. Las luchas van impulsando una pedagogía que cambia a los participantes en el movimiento. No sólo hay la toma de calles y plazas, sino que se propician elementos auto-organizativos y de autodefensa. Se entrelazan las expresiones masivas con las dinámicas organizativas de abajo. Se produce otra conexión: ligar las luchas con procesos de compartición de experiencias. Hay algo constructivo, pero en otra dirección a la lógica propia del sistema. Un primer grito de rechazo – 54 – con un “ya basta” no sólo se desconecta de la dominación, sino que consigue crear algo nuevo. El dinamismo puede implicar quiebres de todos los tamaños en diversas profundidades, pero que van en el sentido de otro modo de vida y convivencia. La demokínesis va aparejada con la demokiné. Se protesta porque lo común el capitalismo neoliberal lo ha convertido en mercancía y lo ha privatizado con efectos nocivos para la mayoría de la gente y para la naturaleza. Los movimientos populares buscan recuperar lo común en sentido colectivo. Las protestas van contra el neoliberalismo y la gran desigualdad que engendra. Las grandes movilizaciones dan pie a contactos que después fructiﬁcan en convergancias, y ponen en jaque a gobernantes y sus políticas. Si lo viejo está compuesto por las formas más excluyentes y violentas del capitalismo, el patriarcado y el colonialismo; lo nuevo se va generando por los movimientos populares contra esas dominaciones (Santos, 2020). Las manifestaciones no bastan, sino que se necesitan organizaciones. Se combinan organizaciones previas con las que se engendran en las nuevas protestas. Se utilizan modos previos, pero también se crean nuevas modalidades de luchar y de organizarse. Se conjuntan los tiempos intensos de la movilización con los tiempos más pausados de la organización. Los nuevos movimientos son multisectoriales, pero tienen proyectos uniﬁcantes. Estamos ante una situación de bifurcación, con su consabida incertidumbre, y dependerá de estos movimientos qué alternativa se vaya produciendo. Las crisis climática y sanitaria, junto con las enseñanzas de los pueblos originarios, impulsan el crecimiento de una conciencia de respeto a la naturaleza. La presencia mayoritaria de jóvenes y mujeres constituye una gran potencialidad de estos nuevos movimientos populares que van haciendo nacer mundos nuevos, plurales y múltiples (Zibechi, 2019). – 55 – Referencias Bibliográﬁcas Abitbol, P. (2019). ¿Por qué protestan en Colombia? Nueva Sociedad. Recuperado de https://nuso.org/articulo/por-que-protestan-en-colombia/ Abufom, P. (2020). Los seis meses que transformaron Chile. Intersecciones. Recuperado de https://www.intersecciones.com.ar/2020/02/24/losseis-meses-que-transformaron-chile/ Agencias. (2019). Protestas globales: distintos detonantes, el mismo malestar. Rebelión. Recuperado de http://www.rebelion.org/noticia. php?id=263448 Alarcón, J. (2020). El Coronavirus en la geopolítica, crisis sistémica y nuevo ordenamiento mundial. Rebelión. Recuperado de https:// rebelion.org/wp-content/uploads/2020/03/El-Coronavirus-en-laeopol%C3%ADtica-crisis-sit%C3%A9mica-y-nuevo-ordenamientomundial.pdf Andras, J. (2019). 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Para tal efecto, se describe el contexto en el cual el gobierno federal utiliza mecanismos de control y cambio, mediante la caracterización de su estrategia como biopolítica. En esta lógica, se analizan elementos del debate teórico reciente acerca de los efectos de la pandemia global, para pensar la pertinencia de éste en la comprensión de los mecanismos políticos y sanitarios del “estado mexicano”, utilizados para reducir el número de contagios y muertos, sin la reducción de las libertades civiles y políticas. – 67 – De esa forma, interroga acerca de las decisiones públicas durante la evolución del contagio, mientras que empresarios, viejos y nuevos partidos, articulistas beneﬁciarios del ciclo neoliberal, exigen en medios de comunicación y redes sociales mecanismos de control autoritario: rescate de empresas, restricciones de la libertad de tránsito y reunión, y se oponen a la ley de amnistía aprobada recientemente. Para ﬁnalizar, describe cómo la sociedad mexicana ha utilizado estrategias mediante las cuales asume el conﬁnamiento y la reproducción de la vida social en la pandemia, el pánico y la polarización social a escala nacional. La sociedad mexicana reproducida por la violencia legal e ilegal En periodos de crisis sociopolíticas y sanitarias son más visibles los mecanismos de reproducción y cambio de sociedades semiperiféricas y periféricas, opacos en regímenes autoritarios o electoral autoritarios (Schedler, 2016). La crisis sanitaria del COVID-19 en México abrió la caja negra de las redes de intercambio político, clientelar y corporativo, al mismo tiempo que dejó clara la mutación sociopolítica de la sociedad mexicana, poco analizada en conjunto, porque varios trabajos habituados a la binariedad simple, autoritario/democrático, focalizan la observación en las transformaciones del mercado y el estado, y no las relacionan con las instituciones de socialización. Es un hecho, que en los próximos años será regla el reconocimiento, que el cambio de régimen en curso, sea cual sea su evolución, es más estructural que la simple rotación de élites. La actual construcción del nuevo régimen político entre burócratas y políticos, empresarios, profesionales y trabajadores, se caracteriza por una gubernamentalidad democrática que implica la sustitución de las reglas que regulaban las relaciones entre sociedad y estado, sobre todo la institucionalidad de la familia, la escuela, el barrio y los espacios públicos. Las reglas están cambiando a pesar de las resistencias de empresarios convencidos del libre mercado con estado neoliberal; la vieja oposición partidista que lleva al límite al régimen democrático para ganar las elecciones intermedias; la nueva oposición representada por los medios de comunicación, utilizada por fracciones políticas de viejos partidos desar– 68 – ticulados; la burocracia adaptada que ejerce control de la implementación de políticas públicas con las vieja cultura política; los intelectuales liberales reconvertidos al neoliberalismo; además de las resistencias de víctimas de la violencia, no atendidas eﬁcientemente por el estado mexicano y los movimientos sociales por los derechos indígenas y de género. Por supuesto, existen diferencias sustantivas entre quienes sintonizan en un frente político difuso y acceso diferenciado a medios, parte de la reproducción de la vieja cultura política autoritaria, respecto de quienes deﬁenden en la coyuntura el régimen democrático, para que procese, de forma eﬁciente, demandas de movimientos; entre los viejos partidos políticos, con extensiones en organizaciones políticas de nuevo registro (Redes Sociales Progresistas/México Libre), comparados con los movimientos sociales que recuerdan, en el debate público, que la agenda social de atención a víctimas, la multiculturalidad, los derechos de familiares de líderes sociales y defensores de derechos humanos, no ha sido institucionalizada como parte del cambio político democrático. Desafortunadamente, en la actual coyuntura de la sociedad mexicana, los cambios implican diferentes conﬂictos y tipos de violencia, por lo cual las transformaciones sociopolíticas recientes son resultado de mecanismos de violencia legal e ilegal para la defensa de posiciones en el debate público y en la disputa por el control del estado mexicano. En estas circunstancias, la crisis sanitaria se integra a la vieja polarización de la sociedad, cuya desigualdad y otras patologías sociales, como el conﬂicto interno de mercados ilegales, otras estatalidades, mutan con nuevas formas en las regiones del país, como lazo social ilegal, con viejos patrones de destrucción de la integración social. El declive de las instituciones tradicionales de la familia, escuela, barrio y espacios públicos autoritarias constituye la base de la disputa en las oﬁcinas estatales en torno a la institucionalización de un nuevo régimen político. De esos procesos estructurales emergen nuevas formas de subjetividad sociopolítica que se maniﬁestan como cambios, pero que están sostenidos por cambios previos de estructuras familiares, relaciones escolares, vecinales, barriales y públicas. La pandemia ha tenido, sin duda, efectos en las estructuras que constreñían las instituciones de socialización y el régimen político. Las fronteras entre las instituciones sociales como la familia, el barrio, la escuela y los espacios públicos se están redeﬁniendo a partir de un debate público – 69 – orientado a la deﬁnición de las funciones de los grupos, organizaciones e instituciones que en ellas participan. El conﬁnamiento, como se haya asumido de acuerdo a adscripción de clase (entre el cuidado de sí y el conﬁnamiento existe una larga distancia social) ha sobrecargado de funciones a la familia hasta extenderla aún más de lo que sucedió durante el ciclo neoliberal (1982-2018). Durante el conﬁnamiento, las microviolencias se articulan a las violencias estructurales. Por ejemplo, en el caso de la violencia de género –que puede intensiﬁcarse desde la de tipo doméstico hasta el feminicidio– o en caso de conﬂictos entre jóvenes de barrios que sin mediación detonan homicidios o suicidios porque las microviolencias se intensiﬁcan en la desigualdad y la violencia social. Por un lado, en el conﬁnamiento se reproducen conﬂictos y violencias al interior de las familias y entre vecinos; por otro, las actividades ilegales de control territorial ejercido por pandillas, redes ilegales o pistoleros, se institucionalizan en los espacios públicos, lo que a su vez se traduce en la sustitución de las instituciones estatales en el control sanitario, la asistencia social, tal como sucede en situaciones de crisis, con la entrega de apoyos de los organizaciones delictivas a la población. En la interlegalidad, incluida la legalidad estatal, las actividades ilegales (no olvidemos el ciberdelito) se reproducen de forma “legítima”, pero opuesta al activismo político que se sostiene al precio de la violencia contra líderes sociales que luchan contra el desplazamiento forzado, las desapariciones, los daños ambientales y el acceso a la justicia (Santos, 2006). Desde este ángulo de observación, las imágenes de políticos, funcionarios, burócratas sin ﬁliación familiar, escolar, social y pública, son remotas e inactuales. La transparencia cada vez mayor de los intercambios sociopolíticos que posibilitan las leyes de acceso a la información, tecnologías informáticas y centros de inteligencia remiten automáticamente al agenciamiento de los sujetos que se agitan en medio de la actual polarización de la sociedad mexicana. Las relaciones de algunos de ellos no corresponden a las expectativas públicas de modernidad institucional. Hay algunos actores políticos que utilizan estrategias inaceptables en el debate público democrático: noticias falsas, ataques personalizados como si el presidente, por ejemplo, encarnara al adversario. Los ataques al presidente denotan que aún se piensa, a pesar de todo, en clave presidencialista. La polarización sociopolítica no – 70 – es nueva, lo novedoso es la agitación, la tensión con la cual se disputa en la coyuntura, una a una, las instituciones del estado mexicano; tampoco lo es la “psico-política”, porque las redes sociales segmentadas sólo son expresión simbólica de conﬂictos y tipos de violencia. Es útil pensar más allá de su función performativa o la construcción discursiva de subjetividad de los actores. Las redes sólo reproducen la dinámica de las prácticas sociopolíticas. Las observaciones que sólo se reducen a las disputas discursivas, a la descripción mediante adjetivos, pueden resultar simples si, en lugar de la triangulación de fuentes, reducen la interpretación de procesos a la puesta en el discurso de lo social. Las disputas en redes sociales, partícula de la realidad, no son un universo paralelo, están ancladas a las disputas sociopolíticas. Dice Habermas (1998): “Lo que convierte a esas opiniones así agavilladas en opinión pública, es la forma en que se producen y el amplio asentimiento por el que vienen sustentadas” (pág. 442). Es verdad que los conﬂictos y violencias tienen, en la actual coyuntura, un volumen más alto. La sociedad se polarizó más en el proceso de cambio político reciente, pero tales procesos no representan el “caos” deseado por los opositores. El bloque de poder que controla legalmente las instituciones el estado mexicano ha decidido que, en el respeto del libre mercado, los empresarios modernicen sus procesos sin destruir lo público y nacional; acepten los riesgos de la inversión de capital, sin dejar de pagar los impuestos proporcionales a sus ganancias; particularmente está interesado en que los medios de comunicación produzcan su propia información o pagos en los servicios informativos sin subsidios; asimismo, proponen que las instituciones electorales reduzcan sus altos costos y los partidos políticos acepten la reducción de sus ﬁnanciamientos. La fórmula política del bloque de poder dominante propone se utilice la política social como forma de redistribución y control, y que las universidades públicas y centros de investigación se abran a la modernización de la sociedad mexicana, fuera del círculo de las viejas prácticas autoritarias de redes de inﬂuencia. La respuestas opositoras, lejos de la conspiración, pero cerca de la beligerancia, han sido la demanda de rescate estatal de negocios con cargo a la población; la resistencia a la reforma ﬁscal que prohíbe la condonación de impuestos, nuevas formas de corrupción en la implementación de políticas sociales como en los programas de inclusión laboral de jóvenes; el – 71 – rechazo de reformas electorales relativas al gasto del proceso electoral y desempeño de partidos; la defensa de privilegios institucionales y el rechazo de nuevas formas de distribución de incentivos a la ciencia y tecnología, mientras se rearticulan las fuerzas en las instituciones estatales. Ahora bien, la crisis sanitaria sólo exacerbó el resentimiento de las viejas y nuevas clases medias. Es probable que el resentimiento crezca (Moreno, 2020). La vieja clase media afectada por el bajo crecimiento y las tendencias a la recesión han demandado, en la actual coyuntura, apoyos a la micro y mediana empresa, la reapertura de negocios y servicios profesionales, y algunos, conﬁnamiento obligatorio; la nueva clase media, por su parte, formada en el ciclo de reformas neoliberales, procedentes del campesinado y los márgenes urbanos, enclavada en el mercado profesiográﬁco, partidaria del capitalismo escolar y el extractivismo de datos, se ha convertido en uno de los actores más duros opuestos al bloque en el poder que instituye las bases de un nuevo régimen. Esta fracción sociopolítica es la que, en elenco distante, dirige intelectualmente el frente opositor, en nombre de conceptos normativos producidos en las sociedades centrales que utilizan –en columnas de medios opositores, nacionales e internacionales– redes sociales y políticas, unidos por la autoreferencia. En el polo opuesto, la complejidad de una equivalencia de demandas de lo que aún perdura del lazo social no destruido, las comunidades indígenas, las comunidades populares de base, las redes sociales de copresencia, los movimientos sociales, es mayor, pero puede observarse que durante esta crisis sanitaria, las estrategias de sobrevivencia de la clase baja, de autocuidado y acompañamiento, relacionadas o no con las fracciones subnacionales del bloque en el poder, han logrado la autoprotección como solución al bajo impacto de las políticas de emergencia sanitaria, a partir de una representación simbólica del COVID-19 y del conﬁnamiento recomendado, tan propia del ethos barroco latinoamericano, mediante el cual ﬂexibilizan la política de control, de la misma forma que contemplan cotidianamente la reproducción de la ilegalidad como mecanismo de distribución, mientras las instituciones estatales se han reconvertido para adaptarse a las circunstancias moduladas por la declaratoria de pandemia. – 72 – Los vértigos del debate teórico sobre el Covid-19 La comprensión de la dinámica actual de la sociedad mexicana como contexto social de la estrategia de control de la pandemia y la violencia en el país obliga a diversas operaciones. Para evitar sesgos cognitivos, es necesario deshacer la equivalencia del contagio con lo social. De la misma forma que en los años anteriores, hemos reconocido que no todo lo social es violento en las fronteras del estado nacional para luego, en esa posición, atribuir, aceptar responsabilidades y conceptuar los límites de las políticas de control social y político. La centralidad que los medios de comunicación otorgan a la pandemia ha replegado a la izquierda social movilizada previamente, más que a la oposición política en reconversión para las elecciones intermedias. La izquierda social aceptó el conﬁnamiento, mientras que la oposición de centro derecha y derecha, desarticulada y traumatizada por la derrota presidencial, utiliza los medios de comunicación para rechazar la estrategia gubernamental de control social y sanitario de las desigualdades, la violencia y la pandemia. En este escenario, la mayoría de los medios de comunicación dominantes en la producción de opinión representan un altavoz de aquella oposición partidista, cuya función aceptan por intereses propios. Esto es así porque la oposición política está desarticulada y la fragmentación les obliga a subordinarse a los medios de comunicación, los cuales ahora son realmente la oposición más efectiva al régimen instituyente. Los articulistas, columnistas, conductores de noticias de canales opositores (los medios que negocian intercambios para golpear desde los márgenes de sus páginas para cambiar reglas), utilizan también los medios nacionales e internacionales para oponerse a la austeridad que destruye las viejas relaciones clientelares y corporativas con medios y universidades. Es evidente que el COVID-19, como toda enfermedad declarada pandémica en el mundo, tomó por sorpresa a los gobiernos de las sociedades centrales, semiperiféricas y periféricas. ¿Es necesario recordar que los contagios de virus nuevos no son predecibles?, ¿es necesario insistir en las capacidades estatales diferentes de los gobiernos neoliberales y sociales, europeos y latinoamericanos? Es evidente que la pandemia no fue prevista por ningún gobierno central o periférico más allá del visionario experimento del ejercicio de gobernanza: “Evento 201”, realizado por la Johns Hopkins School (JHS), el Foro Económico Mundial y la Fundación – 73 – Gates (Infobae, 2020). Es extraño que quienes con vehemencia sostienen lo contrario en columnas periodísticas y redes sociales, insistan en que el Gobierno Federal no anticipó, en medio de la reestructuración de sus instituciones de salud, destruidas por las reformas neoliberales, la emergencia del contagio y su declaratoria de pandemia, y utilicen la reproducción del contagio como plataforma para reproducir noticias falsas. Ahora bien, para “despandemizar” la observación sociológica de lo público aún no destruido, es conveniente observar –a trasluz del debate teórico sobre la pandemia global y el conﬁnamiento, en el momento en el cual se programa la reapertura de los negocios “no esenciales”, oﬁcinas y escuelas– la conversión de los deseos de igualdad de los grandes teóricos en nuevas observaciones sobre el improbable “derrumbe” del capitalismo. Para el debate público en México es imprescindible situar los debates globales sobre la pandemia, mediante la cura de las disposiciones a lo ﬁctivo, producto del débil contacto con la realidad nacional en globalización. ¿Qué elementos del debate sobre el COVID-19 son útiles para caracterizar la estrategia gubernamental de control social y sanitario?, ¿qué propuestas se derivan de aquél para imaginar una salida democrática a la desintegración social y la polarización política exacerbada por el contagio en su fase epidémica? La lectura crítica del debate referido contribuye a la identiﬁcación de oportunidades de diseño de políticas públicas e indica elementos discursivos poco realistas para la implementación de éstas, debido a que algunas de ellas se basan en una gran imaginación narrativa; sin embargo, es posible que en su “debilidad”, los discursos ﬁlosóﬁcos y sociológicos de la pandemia producidos en las sociedades europeas sugieran algo respecto de la curva de la enfermedad añadida a la violencia en nuestro país. En general, como punto de partida, debe reconocerse que quienes han participado en debate eurocentrado sobre el impacto del COVID-19 en la vida social han contribuido al abandono de las teorías de conspiración. Desde esta perspectiva podemos realizar un breve inventario de los acuerdos en torno a los efectos que la multiplicación del contagio ha tenido en los países centrales y periféricos: a) La pandemia reproduce las desigualdades de género, clase y raza. b) Los estados de excepción (democráticos o autoritarios) restringen las libertades civiles y políticas. – 74 – c) El control autoritario de la pandemia multiplica las resistencias y solidaridades, mientras polariza a las élites políticas en torno de un proyecto político en escalas globales y nacionales. d) Las posibilidades de cambio sociopolítico dependen de proyectos sociales que reinventan la cooperación social. Boaventura de Sousa Santos (2020) aﬁrma que “tendremos que distinguir… no sólo entre el estado democrático y el estado de excepción, sino también entre el [estado democrático de excepción] y el estado de excepción antidemocrático” (pág. 40). De acuerdo a Santos (2020), las representaciones “inexactas” de Agambem y Zizek son producto del bajo contacto con lo real y la desaparición de la mediación intelectual que obliga, en la actualidad, a ﬁlósofos y sociólogos, en el futuro próximo, a la función de “retaguardia”, mediante el acompañamiento de las necesidades de los subalternos. En la cruel pedagogía del virus, Boaventura de Sousa Santos (2020) sostiene que la pandemia afecta más a los subalternos y que los estados nacionales han actuado tardíamente, porque ninguno estaba preparado para enfrentarla. Enfatiza: “no atacan las causas estructurales” (pág. 55). En tales circunstancias, observa que la situación después de la pandemia, conceptuada como estabilización de contagio, no será un buen momento –como ahora– para el debate de alternativas. En ese libro episódico, el autor aﬁrma que las reﬂexiones de Agamben y Zizek [nosotros incluimos a Byung-Chul Han, –aunque este último no es referido explícitamente por aquél]– son demasiado ﬁlosóﬁcas para ser útiles porque, desplegadas en el discurso cerrado, dejan “fuera de juego” a quienes son afectados por la pandemia. Dice Santos (2020): “De esta manera, los ciudadanos estarán indefensos ante los únicos que saben hablar con ellos su lenguaje y entender sus preocupaciones. En muchos países, estos son [pastores evangélicos conservadores] o imanes del Islam radicales, apologistas de la dominación capitalista, colonialista y patriarcal… hablan sobre el mundo, pero no con el mundo” (pág. 13). En estas circunstancias, para la selección reﬂexiva de elementos del debate, es necesario formular las siguientes preguntas: ¿Qué dicen los participantes? y ¿qué es recuperable a pesar de que tales posiciones son conceptuadas como “lejanas al mundo”? – 75 – Zizek (2020) pensó que la pandemia sería un “golpe mortal al capitalismo” y en la euforia, exhortó a pensar cómo construir una salida comunista. Es evidente que el autor, interpreta el mundo afectado por el contagio como una película trágica, cuyo argumento es un feliz ﬁnal, a diferencia del “mundo infeliz” descrito por Byung-Chul Han (2020). De acuerdo a Zizek (2020), la pandemia es una “especie de ataque de la [técnica del corazón explosivo] al sistema mundial capitalista”, un indicio de que la salida más razonable a la pandemia es la producción y distribución no mercantil, un estado duro y un tipo de solidaridad “total e incondicional…” (pág. 36). Por su parte, Byung-Chul Han (2020) describe los obstáculos o “pruebas” a las que está sujeto el capitalismo moderno y advierte sobre el advenimiento indeseable de un tipo de control basado en macrodatos. Dice: “Al parecer el big data resulta más eﬁcaz para combatir el virus que los absurdos cierres de fronteras que en estos momentos se están efectuando en Europa… Los proveedores chinos de telefonía móvil y de Internet comparten los datos sensibles de sus clientes con los servicios de seguridad y con los ministerios de salud. El Estado sabe por tanto dónde estoy, con quién me encuentro, qué hago, qué busco, en qué pienso, qué como, qué compro, a dónde me dirijo. Es posible que en el futuro, el Estado controle también la temperatura corporal, el peso, el nivel de azúcar en la sangre, etc. Una [biopolítica digital] que acompaña a la psi-copolítica digital que controla activamente a las personas… Es soberano quien dispone de datos”. (Han, 2020, pág. 101). Bien, detengamos un poco en la cita anterior, para llamar la atención acerca del peligro de un estado policial digitalizado representado en el cine por J.J. Caruso en Eagle Eye (2008). Han (2020) parte del supuesto de que los estados centrales y periféricos occidentales no utilizan el big data para el control social y sanitario, y recupera, de forma subrepticia, un concepto: “[biopolítíca] digital”, que pensaba anacrónico porque decía que la “psicopolítica” lo sustituía; asimismo, considera inevitable la soberanía estatal basada en macrodatos, desestimando por ahora la probabilidad de una alternativa radical a la subjetividad neoliberal, tal como lo reﬁere un párrafo de su ensayo. Dice: “Hoy la libertad se convierte, por diferentes vías en coacción… la libertad y la comunicaciones ilimitadas se convierten en control y vigilancia totales… El smartphone… en cuanto aparato de subjetivación, funciona como el rosario… – 76 – La biopolítica que se sirve de la estadística de la población no tiene ningún acceso a lo psíquico… A partir de Big data es posible construir no sólo el psicoprograma individual, sino también el psicoprograma colectivo, quizá incluso el psicoprograma de lo inconciente. De este modo sería posible iluminar y explotar a la psique hasta el inconciente” (Han, 2020, pág. 7, 11, 21). La interpretación ontológica de Byung Chul Han omite lo que acontece en sociedades periféricas, incluidas los países europeos no centrales, si consideramos lo que sabemos acerca del uso de sofware para espía de opositores, la inducción de preferencias electorales por medio de redes sociales, policías cibernéticas y centros de inteligencia. La entrega de datos de empresas a estados nacionales periféricos es un fenómeno que se registra, no masivamente, pero a solicitud discreta, por parte de quienes ejercen el control social y político. Es evidente que los usos de la vieja ﬁlosofía política eurocéntrica recuerdan las diﬁcultades para el uso de una observación disciplinaria simple, pero advierten, sin duda, acerca de la posibilidad indeseable del estado de excepción democrático para el control sanitario y la violencia en la construcción de los estados semiperiféricos y periféricos. ¿Qué signiﬁca para el caso de México pensar el estado democrático y el estado de excepción?, ¿cómo podemos pensar lo que realmente acontece, la realidad parcial de las posiciones en redes sociales y los medios de comunicación que ampliﬁcan la pandemia espacialmente diferenciada?, ¿el capitalismo de la sociedad mexicana requiere necesariamente de un estado que restringa las libertades civiles y políticas mediante algoritmos, los derechos humanos y la bioética para el control de la pandemia, sin la reducción de desigualdades?, ¿qué ha predominado en el control de la pandemia en México? y ¿cómo caracterizar el control sanitario de la pandemia? Quizá la mejor forma de comprender la singularidad de acometer estas preguntas sea analizar la dimensión del contagio, para después focalizar el análisis en el control gubernamental de la pandemia que combina estadísticas y la comunicación instantánea sobre los actores sociopolíticos. – 77 – El control biopolítico, el desempeño de las instituciones de seguridad y el control sociopolítico de la pandemia El gobierno mexicano [no] instituyó un conﬁnamiento obligatorio bajo argumento de no suprimir libertades ni reproducir las desigualdades, de la misma forma que decidió no continuar con la política letal antidrogas, sustituyéndola por una combinación de mejora de la distribución e inteligencia ﬁnanciera contra las redes ilegales. La declaratoria de [emergencia sanitaria] no es el decreto de [estado de emergencia] que algunos imaginan o en otro extremo solicitan. Es desconcertante leer en redes sociales a quienes exigen la declaratoria de estado de emergencia. Ojalá no tengamos que enfrentar ese escenario en el futuro próximo. El carácter blando de la mitigación sanitaria y el control social de la pandemia y la violencia depende de la decisión del gobierno de [no] decretar el “estado de excepción democrático” [el concepto es de Santos (2020) quien diferencia como referimos antes la diferencia entre estados de excepción, democráticos y autoritarios], aunque algunos decretos presidenciales sobre la participación de militares en la seguridad pública y la prevención mediante la colaboración con redes del Episcopado Mexicano (CEM) puedan representar un riesgo securitario para la población y aísla a las organizaciones civiles que implementaron la breve experiencia de prevención social de la violencia bajo apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en gobiernos previos, ahora opositoras al gobierno federal. La gestión estatal de la pandemia se ha basado, días después del punto más álgido de la curva del contagio identiﬁcada por el Consejo de Salubridad General (CSG), en un tipo de control social suave que no implica la supresión de libertades civiles y políticas. El CSG ha insistido en la inoperancia de una estrategia de contención para México, como la utilizada en los países asiáticos, sobre todo en China porque la diferencia entre mitigación y contención es clave para epidemiólogos mexicanos. La estrategia se ha desplegado gradualmente según la evolución de la curva de contagio, mediante la prevención hospitalaria, basada en el modelo estadístico centinela, implementado por el Instituto de Matemáticas de la UNAM y coordinado por el CONACYT (vigilancia epidemiológica realizada con base en muestras controladas, mediante laboratorios certiﬁcados y el seguimiento de la red de relaciones de contagio que descarta – 78 – las pruebas universales); la campaña de distanciamiento social denominada “sana distancia”; el exhorto biopolítico al conﬁnamiento de la población; la suspensión de actividades escolares y laborales; la administración y vigilancia militar de los hospitales para la disuasión de agresiones al personal médico (esporádicas hasta ahora); la repatriación de nacionales en el extranjero; el monitoreo diario de instalaciones para identiﬁcar saturación, mientras los hospitales militares se re-convertieron para recibir enfermos en sus unidades de terapia intensiva justo en la tercera fase denominada “epidémica”. La estrategia de mitigación se ha implementado en todos los estados mediante un acuerdo de la mayoría de los gobernadores, excepto de los estados gobernados por opositores en Jalisco, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León –inicialmente participantes de una concertación de gobernabilidad– que habían realizado posteriormente al acuerdo, críticas a las cifras oﬁciales sobre contagios, muertes y capacidades hospitalarias, así como han declarado obligatorio el conﬁnamiento como parte de una estrategia de contención de la pandemia y el reposicionamiento político para las elecciones intermedias del 2021. La alineación social a la estrategia gubernamental del control biopolítico de la pandemia –más intensa en el centro del país, que en el norte y sureste mexicano– ha sido también diferente por razones económicas y políticas. Al margen de quienes, en la subalternidad o en las clases medias, creen que la pandemia no existe o que el virus existe, pero aun así las ganancias deben realizarse, o no existen más alternativas que el trabajo bajo riesgo–, la mayoría de la población observa los protocolos sanitarios según necesidades, emociones, creencias e información. Puede observarse en el país una disminución signiﬁcativa de las actividades económicas y administrativas no “esenciales” (empresas, comercio, seguridad, justicia, legislación recursos básicos), asimismo un ﬂujo permanente de personas que no pueden aislarse por razones laborales o burocráticas. La decisión gubernamental de detener actividades productivas y administrativas “no esenciales” y construir consenso en torno del conﬁnamiento, contrasta con la baja disposición de grupos vulnerables desempleados, a medio sueldo, laborando en empresas que desarrollan actividades esenciales, sin suspensión de procesos de producción o distribución, o aquellos que tienen que laborar informalmente porque la reproducción familiar depende del ingreso cotidiano y el trabajo implica altas probabilidades de contagio. – 79 – El conﬁnamiento como estrategia de mitigación de la pandemia produce concentración de interacciones y comunicaciones en las familias, porque el barrio, la escuela y los espacios públicos se reproducen desde éstas o se trasladan a la comunicación digital, mediante redes sociales y videoconferencias (menores a las producidas por la estrategia de contención utilizada en los países asiáticos). En algunos casos, la familia “se extiende al barrio” o, al contrario, como sucede sobre todo en el sureste, el barrio se extiende a la familia. Esta interacción concentrada multiplica la posibilidad de conﬂictos, violencias intrafamiliares y vecinales, pero también produce nuevas formas de solidaridad vía redes vecinales, acompañamientos a víctimas, familias en contagio, abastecimiento de alimentos o demandas de inclusión en políticas sociales. El control sanitario de la población mediante la información selectiva (el uso administrado o [incompleto] de estadísticas de contagio, muertes, curaciones) puede caracterizarse como dispositivo biopolítico (resistido por la población) en casos en los cuales el gobierno “hace vivir o deja morir”. La biopolítica es una de las dos formas de biopoder que complementa el control por disciplina de los individuos y la población. El control biopolítico gubernamentaliza las series de nacimientos, enfermedades y muertes (Foucault, 2007; Lemm y Vatter, 2014; Fernández-Agis y Sierra, 2012). Por ejemplo, en los casos de dilema ético o de bioseguridad –puesta a debate público en redes y medios de comunicación, a propósito de lo acontecido en las sociedades europeas, donde a diferencia de nuestro país, el grupo más vulnerable fueron los adultos mayores– enfrentado por burócratas, médicos y enfermeros, sobre quien debe morir si no se tiene la capacidad hospitalaria de atender a todos los enfermos o no se dispone de los insumos médicos suﬁcientes: los viejos o los jóvenes, los citadinos o los indígenas; los pobres o clase media, los normales o los discapacitados; los libres o los presos. La administración de la información de nuestro gobierno puede compararse con las disposiciones gubernamentales a informar en el continente con base en el cuadro 1. – 80 – Cuadro 1 Los datos oﬁciales sobre COVID en América Recupe- Origen Edad Localización Pruebas raciones Camas Boletines Ocupadas Argentina * * * * * Bolivia * * * * * Brasil * * *(Sólo contagios, no defunciones) * * * * Colombia * * * * * * * Costa Rica * * * * * * * Ecuador * * * * * * * El * * * * * * * * * * Salvador Estados Unidos Guatemala * * * * México * * * * Paraguay * * * * Perú * * * * * * * * * * Fuente: elaboración con base en García (2010). “¿Qué tanto informan los gobiernos de América Latina sobre la respuesta al COVIB-19?” En el cuadro 1 puede observarse cómo el gobierno mantiene un canal oﬁcial de información a la población y utiliza de forma discreta o administrada, no sólo información estadística (reproducida o distorsionada por medios de comunicación como noticias falsas), sino también dispositivos de seguridad digital para controlar la pandemia en el caso de control de temperatura en aeropuertos [Sears lo utiliza en sus tiendas], puntos de control de desplazamientos territoriales de la población e informes acerca del rechazo del exhorto al conﬁnamiento. – 81 – En esta lógica, son interesantes las interacciones entre la población y los policías, militares de grupos vulnerables en hospitales militares o los civiles administrados o vigilados por estos últimos, porque es un acto inédito para muchos de nosotros. Las fuerzas armadas, mediante el Plan DN-III, administran y vigilan hospitales públicos, montan simulacros de prevención con base en llamados en redes a saqueos, actúan respecto de las señales de demanda de alimento, en las protestas, órdenes de aprehensión paralelas a la activación de planes estatales de emergencia sanitaria en los barrios. El desempeño del gobierno federal ha combinado decisiones de control sanitario y biopolítico de la violencia y la pandemia, mediante la reconstrucción de las instituciones de seguridad y salud que construye un nuevo estado social mexicano, entretanto contiene a opositores (expresidentes, exgobernadores, exsecretarios, que habituados a la vieja cultura política deﬁenden políticas de privatización gradual en el sector salud, en sus canales de comunicación y redes sociales). El control de la pandemia y la violencia –después del día considerado pico en la curva epidémica– no ha requerido de la militarización neoliberal letal, sino de la combinación de mesas de seguridad, inteligencia ﬁnanciera [congelamiento de cuentas bancarias de redes ilegales], la reconversión coyuntural de infraestructura y el personal militar en la vigilancia de hospitales y plazas comerciales (Forbes, 2020). En efecto, la intervención del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional mediante el Plan DN-III no es un estado de excepción ni un “estado de excepción democrático” en los términos establecidos por Santos (2020). Por supuesto, como enfatizaremos adelante, la aceptación de las intervenciones militares en casos de desastre no implica la aceptación tácita de su participación permanente en tareas de seguridad pública ni en coadyuvancia del ministerio público, tal como ha dispuesto la militarización progresista de la seguridad pública. Este es un punto sensible que compartimos dado que la militarización hace probable un estado de excepción que aún no se ha decretado, pero es inaceptable el uso electoral de la interpretación sesgada del decreto presidencial que sólo formaliza lo que ya estaba en curso mediante la aﬁrmación de que existe un estado de excepción de “facto” (Zavaleta-Betancourt, 2020). En la Tabla 1 se reﬁere cómo los militares intervienen en el control sanitario. – 82 – Tabla 1 La reconversión de instalaciones militares en unidades de atención de terapia intensiva y aislamiento “voluntario” Ejército Marina Hospitales 120 (administra IMSS-INABI) Camas 3,080 Guardia Nacional 329 (vigila IMSS-INSABI) 4,043 Fuente: Elaboración propia con base en prensa/Plan Marina, COVID-19 (2020). En la evaluación de la implementación de la estrategia de mitigación sanitaria y del control social militarizado se recurre a elementos del inventario del debate teórico antes referido, con base en los siguientes indicadores: A. El impacto del contagio; B. El control democrático de la pandemia y la violencia social; C. La disputa política de las instituciones de salud y D. Las tendencias de polarización en el escenario de las elecciones intermedias del próximo año. A. La pandemia afecta de forma desigual en términos espaciales y sociales a la población, sobre todo a mujeres adultas, pobres, que no tienen acceso a la salud, a las que en conﬁnamiento experimentan violencia intrafamiliar, trabajan en las instituciones de salud, realizan dobles tareas domésticas y laborales, que viven en ciudades altamente contaminadas. En la actual coyuntura, en la fase epidémica (III), el debate público está orientado al siguiente dilema estatal: mejor distribución mediante una reforma ﬁscal que ﬁnancie la salud universal o el control monopólico de medicamentos e infraestructura hospitalaria. Es posible que en los próximos años observemos una combinación lígera de ambas, un poco de distribución y menos monopolios en las industrias farmacéuticas y de infraestructura hospitalaria. Los siguientes mapas recuerdan la distribución espacial de la pandemia nacional, sobre todo en el centro del país, días después de anunciado el aplanamiento de la curva. El primero permite localizar puntos de concentración en municipios y el segundo, el núcleo de la pandemia localizado en el Valle de México. Las puntos que se mantuvieron siempre como concentradores de contagios fueron Ciudad de México, Baja California Norte, Estado de México, emergieron Puebla, Veracruz, Tabasco, y descendieron en Jalisco y Nuevo León ¿El descenso de contagios en estos dos últimos estados opositores se explica por el aplanamiento de la curva, el subregis– 83 – tro de contagios o por el incremento de las capacidades institucionales? Esta pregunta deberá acometerse en otras investigaciones. Mapa I Fuente: Mapa Municipal COVID-19 (Gobierno de México, 2020). Mapa II Fuente: Tomado de Monitoreo de la Pandemia COVID-19 en la Frontera México-EE.UU. (OCEF/COLEF, 2020). – 84 – El análisis de la curva epidémica después del “aplanamiento” que signiﬁca que se han reducido los contagios y existe capacidad para atender clínicamente a los enfermos arrojó los siguientes resultados: Tabla 2 Defunciones conﬁrmadas Nacional Defunciones COVID/3,926 Ciudad de México 937 Baja California 443 México 378 Tabasco 242 Sinaloa 230 Quintana Roo 211 Puebla 160 Chihuahua* 146 Veracruz 155 Morelos 125 Hidalgo 102 Guerrero 76 Michoacán 73 Tlaxcala 68 Jalisco 55 Coahuila* 53 Yucatán 54 Guanajuato 55 Tamaulipas 48 Oaxaca 51 Nuevo León 36 Campeche 31 Sonora 29 – 85 – Nacional Defunciones COVID/3,926 Queretaro 26 Nayarit 25 Baja California Sur 24 Chiapas 25 Zacatecas 20 Aguascalientes 14 Durango* 13 San Luis Potosí 14 Colima 7 Fuente: Gobierno de México (2020) *Descendieron lugares. En la tabla 2 se muestra la distribución de las muertes por COVID-19 hasta el 12 de mayo, cuando se sostenía que se había “aplanado la curva” estadística”, aunque las tablas varían en cada conferencia diaria a la población. B. Para el desarrollo de nuestro argumento, podemos decir que el tipo de control y mitigación utilizado para la contención de la violencia y la pandemia puede conceptuarse como estrategia biopolítica democrática, puesto que no implica el estado de excepción ni el “estado de excepción democrático” –incluso si se consideran los controles de excepción ejercidos por redes ilegales en diversas regiones del país–, aunque en el contexto de polarización y agitación de las redes y los medios, los decretos presidenciales sean interpretados como un riesgo securitario para la población. Respecto de este punto, en otra parte he conceptuado como “militarización progresista” a la actual estrategia de seguridad del estado mexicano (Zavaleta-Betancourt, 2020). Esta estrategia existe, no obstante, puede invisibilizarse, da continuidad al uso de los militares en la seguridad pública, decidida en gobiernos previos; es una variable estructural mediante la cual se reproduce la economía política nacional y se continuó en este gobierno mediante la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, pero es importante observar que no sólo en sus discursos, también en los hechos, hasta ahora, el gobierno deﬁenda la reducción de la letalidad en enfrentamientos ar– 86 – mados con redes ilegales y ofrece sujetarse a la legalidad y la norma de los derechos humanos. Por supuesto eso puede sostenerse mientras no suceda lo contrario, mientras el gobierno no utilice la fuerza pública contra movimientos sociales y los ciudadanos La editorialización opositora que atribuye al presidente la militarización del país es una advertencia aceptable, pero omite que la militarización es una decisión estratégica de élites militares, incluidas las nacionales que constriñen la decisión de la función de éste, sea cual sea, fuese quien fuese. El decreto presidencial del 12 de mayo pasado reciente sólo formaliza la tendencia ya descrita como continuidad y discontinuidad de la militarización neoliberal mediante una forma progresista. Los militares seguían en las calles, incluso eso implicaba la creación de la Guardia Nacional. Ahora bien, podemos invisibilizar la continuidad y procedencia de la militarización, pero respecto de la forma progresista ¿Hay continuidad en el uso de la fuerza letal?, ¿había una fecha para cerrar la intervención de los militares en la seguridad pública? y ¿el estado de excepción de facto del que se habla ahora sólo existe a partir de la publicación del decreto presidencial? Es difícil responder de forma aﬁrmativa a estas preguntas; pero, para ser objetivos, debemos señalar que no hay una coalición suﬁciente para detener abusos en el uso de la fuerza en caso de utilizarse contra redes ilegales o actores sociopolíticos y que el cierre de la participación de los militares en tareas de seguridad pública que el decreto formaliza o valida –a la que nos hemos opuesto– se hará durante prácticamente todo el gobierno actual. Probablemente, según resultados de las próximas elecciones presidenciales, puede decidirse prolongarla para sumar al país a la tendencia de militarización y autoritarismo de las sociedades latinoamericanas o suspenderla. Asimismo, puede añadirse que la militarización de la seguridad pública progresista (una vez deshecha la impostura del estado de excepción) no se ha acompañado del cumplimiento integral de la agenda de construcción de paz y justicia transicional. En estos casos estamos obligados al escepticismo, pero es importante tomar distancia de los posicionamientos electorales si queremos la real dimensión del problema público que este proceso signiﬁca. Por otra parte, tampoco podemos abrigar esperanzas de que un gobierno diferente al que ejerce el actual bloque de poder político tome – 87 – una decisión opuesta a la militarización de la seguridad pública. El Decreto sobre las funciones de militares en seguridad pública ordena: “a la fuerza armada a participar de [manera extraordinaria, regulada, ﬁscalizada, subordinada y complementaria] con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, durante el tiempo que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial [hasta el 24 de marzo de 2024], sin que dicha participación [exceda de cinco años] contados a partir de la entrada en vigor del Decreto… se regirá en todo momento por la [estricta observancia y respeto de los derechos humanos]… se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los Secretarios de Defensa y Marina para deﬁnir la forma en que las actividades de la fuerza armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional” (Diario Oﬁcial de la Federación, (2020, pág. 1). El decreto [subordina] formalmente, reproduce, valida, la subordinación a las autoridades civiles, acota el desempeño de funciones. Puede ser anulado por la Suprema Corte, pero la militarización seguirá su curso como hasta ahora porque no se ha logrado institucionalizar un sistema de policías civiles. Algo similar puede decirse respecto de la aprobación de la iniciativa de amnistía en delitos menores para presos sin sentencia, a punto de salir libres o sentenciados injustiﬁcadamente, como un mecanismo de control del contagio por reducción del hacinamiento penitenciario. Esta decisión –lejos de lo que acontece en las cárceles centro y suramericanas– fue acompañada de la publicación de un protocolo de atención a contagiados de COVID en Centros de Readaptación Social Federal. La amnistía menor enlaza el control de la violencia y la crisis sanitaria: no sólo es humanitaria, también es funcional a los avances de la reforma de la justicia penal, bloqueada y se complementa con el programa de colaboración en prevención social de la violencia con redes católicas. Dice el proyecto de colaboración con la CEM: “…se propone hacer una colaboración inicial de 2 años con distintas etapas que permitan asegurar la continuidad de la colaboración… Diagnóstico de capacidades/necesidades/asuntos prioritarios/marco normativo que permita la colaboración… identiﬁcación de proyectos y acciones en construcción de paz… indicadores de evaluación de la incidencia de los proyectos… evaluación de resultados y sistematización de la experiencia” (Secretaria de Gobernación, pág. 1). – 88 – En efecto, la estrategia de control de la violencia y la crisis sanitaria se implementa en el mayor punto de polarización sociopolítica, por eso los opositores la rechazan por cálculo político. La disputa en medios y redes sociales hace difícil la demostración de falsedad de noticias o la parcialidad de las verdades autoconstruidas, tales como la idea de que el gobierno condena a pobres mediante la búsqueda de “inmunidad grupal”, no obstante, el gobierno enfrenta a viejos empresarios de medios y redes que dejan circular tales noticias. El frente de empresarios inconformes con el cobro de impuestos, gobernadores opositores que llaman coyunturalmente al nuevo federalismo [después de haber participado del Pacto por México del gobierno pasado], partidos desarticulados, medios de comunicación sin apoyos gubernamentales e intelectuales neoliberales y liberales clasistas, coinciden, distantes por ahora, en el rechazo de la estrategia biopolítica. ¿Qué resultados ha tenido hasta ahora este enfrentamiento?, ¿por qué a pesar de la propaganda en medios y las redes la estrategia gubernamental tiene aceptación suﬁciente entre la población? El control de la crisis sanitaria y de la violencia es eﬁciente, pero no es suﬁcientemente legítima, e incluso, se ha modiﬁcado con base en las críticas opositoras. La aceptación del manejo de la pandemia pasó de 54% a 63% entre marzo y abril según encuestas de Mitovsky, Parametría y Gabinete de Estudios Estratégicos. Estas mediciones son utilizadas por opositores como descenso de la popularidad del Presidente al compararse con el porcentaje de aceptación al inicio del gobierno. La estrategia de medios varía, algunos, en medio de la pandemia, interrogan a la población acerca de si expresidentes inmediatos lo habrían hecho mejor. En general, la tasa de defunciones y contagios es baja comparada con las de sociedades centrales y las tendencias recientes de tasas de homicidios; sin embargo, los opositores no están dispuestos a aceptarlo y hacen ruido mediante la confrontación de datos y otras formas de medir la propagación del contagio, a las utilizadas por el Consejo de Salubridad General. Puede decirse, en este caso, que si la verdad ha sido la primera víctima del conﬂicto interno, la vida de los contagiados importa menos que el realineamiento político para las elecciones intermedias, paso previo obligado para contrarreformas o a la contención de las iniciativas de un estado social mexicano. En la Tabla 3 se sintetizan los principales desencuentros en torno de la estrategia gubernamental. – 89 – Tabla 3 La implementación de la estrategia de control sanitario Decisiones * Fase I (Importación/ Inoculación por regreso de viajes al extranjero). Fase II (Dispersión Comunitaria). 27 de La suspensión de activifebrero dades productivas y administrativas no esenciales y exhorto al conﬁnamiento Críticas a las Decisiones El 14 de marzo un senador de Movimiento Ciudadano (MC) por Nuevo León critica las cifras de defunciones. El 18 de marzo se acuerda El 18 de marzo inicia debate la Jornada de Sana Distancia en torno a las medidas de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 24 de marzo El Consejo General de Salubridad anuncia emergencia sanitaria el 30 de marzo después del Decreto presidencial. El 11 de marzo había sido declarado el COVID pandemia por la OMS. La Secretaría de Gobernación acordó pacto de Gobernabilidad con Gobernadores el 04 de abril. El 18 de abril los gobernadores de Jalisco (MC), Puebla (MORENA), Baja La SEDENA anuncia el California (MORENA) y los Plan DN-III el 30 de marzo. gobernadores del PAN critican cifras de defunciones e El 8 de abril el Subsecreta- infraestructura hospitalaria. rio de Salud explica la metodología centinela. El 20 de marzo se restringe el transito con puntos de Inicia suspensión de clases y control y uso de la fuerza se exhorta al trabajo en casa pública en Nuevo León (I), el 20 de marzo. Coahuila (PRI) Tamaulipas (PAN) y Jalisco (MC). El 8 de abril inicia la reconversión de hospitales militares como unidades de terapia intensiva. * El Consejo de Salubridad estableció en la fase inicial hablar de episodio o escenario, pero los medios impusieron el concepto de fase. Conferencias encabezadas por Hugo López-Gatell, Subsecretario de Promoción de la Salud, Gobierno de México. – 90 – Decisiones Fase II (Curva Epidémica Alta) 21 de abril El punto más alto de la curva estadística sobre el contagio comunitario Críticas a las Decisiones El 30 de abril se sostiene que en la ciudad de México los hospitales están saturados. El 5 de mayo se anuncia el aplanamiento de la curva epidémica. El 8 de mayo el New York Times cuestiona las cifras de defunciones del sistema nacional de Epidemiología de México. Fuente: Elaboración propia con base en Subsecretaría de Salud Pública (2020) Gráﬁco 1 Comparativo de evolución de muertes conﬁrmadas Fuente: Our World in Data, Universidad de Oxford, Inglaterra. – 91 – En el gráﬁco 1 se compara la evolución de la pandemia día a día con el total conﬁrmado el 12 de mayo. Puede observarse para el caso mexicano el “aplanamiento de la curva” aunque tal inﬂexión no implica la cancelación de tendencias a la fase epidémica en algunos estados que entraron tarde a la estrategia o experimentarán rebrotes de contagio. En estas circunstancias, el cambio político enfrenta retos importantes porque las reglas instituidas para un nuevo régimen pueden no observarse o cambiarse si los opositores ganan mayoría legislativa en las elecciones intermedias. La misma transitología insistía hace algunos años que la variable del tiempo era determinante en el cambio político y, en este caso, el tiempo político determinará si se consolida un régimen electoral democrático o una extensión del régimen electoral autoritario (Linz, 1994). Estas reglas nuevas no se han institucionalizado, de tal forma que sería absurda la pretensión de un régimen político acabado; sin embargo, las reglas instituidas a las que hicimos referencia al principio de este trabajo representan una ruptura evidente con el régimen neoliberal que privatizó, redujo el estado y subordinó a la población mediante una estatalidad “solidaria” que no representó una reducción de la desigualdad. Respecto de la importancia de la variable del tiempo en el cambio político es importante recordar lo que Linz (1994) decía: “Un análisis estructural sociológico y económico debe acompañarse de un análisis dinámico, que tome en cuenta la secuencia de los hechos” (pág. 35). Las resistencias a la estrategia biopolítica. Las respuestas colectivas al Covid-19 y a las tendencias de recesión En el debate público mexicano existe consenso sobre el hecho que los grupos vulnerables (indígenas, pobres del campo y la ciudad, mujeres, jóvenes, adultos mayores, discapacitados y niños) son los más afectados por la pandemia. Es verdad que el COVID-19 reproduce desigualdades, violencias estructurales y microviolencias que grupos vulnerables experimentan en la vida diaria, tales como hacinamiento, violencia intrafamiliar, violencia de género, bajos ingresos en la economía informal, empleo precario, difícil acceso a la salud pública, control policial y militar, y la violencia organizada de redes ilegales ejercida por pistoleros. La confrontación colectiva de las desigualdades y violencias multiplicadas por el COVID –más allá de la ansiedad y el estrés que produce el conﬁna– 92 – miento– se realiza principalmente a través de interacciones y comunicaciones, en itinerarios al trabajo o a las clínicas, de forma presencial, de acuerdo a ciertos protocolos de distancia social o uso de cubrebocas, o de forma virtual en los casos en los cuales se tienen acceso a teléfonos celulares. En este contexto, los monitoreos de redes bajo protocolo de seguridad son fuente para conocer los índices de aceptación o rechazo del conﬁnamiento. Respecto de este punto Google ha ofrecido al Consejo de Salubridad General ayuda para mitigar el impacto de la pandemia a partir de la medición de los desplazamientos y el tiempo que sus usuarios permanecen en lugares públicos. Dice uno de sus reportes: “Mientras las comunidades de todo el mundo hacen frente al COVID-19, [las autoridades sanitarias han manifestado que el mismo tipo de información agregada y anonimizada] que utilizamos en productos como Google Maps podría ayudarles a tomar decisiones fundamentales para combatir el COVID-19. La ﬁnalidad de estos Informes de Movilidad Local es proporcionar información valiosa sobre los [cambios que se han producido en la movilidad de las personas como consecuencia de las políticas que se han establecido para combatir el COVID-19]. Estos informes muestran las [tendencias de movimiento] a lo largo del tiempo ordenadas por zonas geográﬁcas y clasiﬁcadas en diversas categorías de lugares, como comercios y espacios de ocio, supermercados y farmacias, parques, estaciones de transporte público, lugares de trabajo y zonas residenciales” (Google, 2020, pág. 1). De acuerdo al reporte de movilidad comunitaria del 7 de mayo pasado, la población en México redujo la movilidad, 56% en restaurantes, cafés, centros comerciales, parques temáticos, museos y librerías; 50% en parques públicos, playas y jardines; 22% en mercados, almacenes y farmacias. Asimismo, 56% en el transporte público; 50% en lugares de trabajo y 23% en itinerarios a casa. Estos datos coinciden con la idea de que, al margen de las variaciones en cada estado, la mitad de la población usuaria de estos espacios urbanos, privados y públicos ha observado el exhorto gubernamental a quedarse en casa y salir sólo para la compra de alimentos y medicamentos. La informalidad más visible en el espacio urbano es la venta de cubrebocas afuera de plazas comerciales u oﬁcinas. La suspensión de actividades de empresas transnacionales, el funcionamiento de protocolos en las tiendas de alimentos o herramientas donde se reguló el distanciamiento social y la reducción – 93 – de las actividades administrativas, escolares y culturales, los protocolos de las policías municipales a no concentrarse en espacios públicos ha sido encomiable. En estas circunstancias, las transiciones de la resiliencia individual del autocuidado al acompañamiento de enfermos y víctimas es un proceso que implica la conversión vecinal o comunitaria de violencias a resistencias a eventuales abusos que conlleva la implementación del control sanitario y de la violencia social. Estos marcos culturales, estrategias de sobrevivencia y repertorios de protesta reproducidos generacionalmente (protestas, controles sanitarios comunitarios, vigilancia, castigos administrativos en el marco de bandos de policía municipal tales como barrer calles por haber roto el conﬁnamiento obligado) se utilizan para demandar a directores de hospitales, escuelas, cárceles u oﬁcinas, medicamentos, apoyos didácticos, amnistías; asimismo, para la reivindicación de derechos de seguridad social en el trabajo o acceso a la justicia o el respeto de instrucciones administrativas. En este contexto cobran relevancia las intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que en el ciclo de gobiernos neoliberales incentivaron desde abajo la defensa de libertades y derechos humanos como una forma de fortalecimiento del tejido social comunitario. En el conﬁnamiento por el COVID-19, las organizaciones y movimientos sociales perfeccionan experiencias exitosas mediante la activación de sus canales de comunicación y redes nacionales e internacionales con el propósito de acompañar a la población mediante, la reducción del pánico y el sentimiento de inseguridad por medio del equilibrio entre el aislamiento para la salud y la imperiosa necesidad de actividades informales para la reproducción familiar. Para ilustrar lo anterior, utilizaremos los posicionamientos frente al COVID-19 y a la militarización de la seguridad pública de actores sociales democráticos opositores al gobierno federal. Estos actores de la sociedad civil mexicana, fuera de la agenda de organizaciones civiles que todos los días observan las políticas públicas para negarles hechura, diseño, estrategia y logros de implementación en las instituciones de seguridad y justicia, son movimientos sociopolíticos en repliegue o “defensivos” porque habiendo imaginado un proyecto político similar al gobierno, se sienten excluidos o traicionados y utilizan el periodo de pandemia para obtener – 94 – visibilidad en el debate público para elevar sus demandas a los medios de comunicación (Habermas, 1998). Por un lado, el EZLN sujeto a control militar desde los gobiernos neoliberales, decidió cerrar sus municipios autónomos, al igual que los pobladores de Cherán en Michoacán, e instruir el autocuidado entre la población indígena en territorios zapatistas. En el comunicado del 12 de marzo el ejercito zapatista sostiene que es imprescindible la manifestación de solidaridad con las luchas de la sociedad civil anticapitalista, autoritaria y patriarcal por lo que los subalternos del mundo deben fortalecer la solidaridad entre movimientos de base. Dicen además que: a) El COVID-19 es una enfermedad “comprobada cientíﬁcamente”, b) La clase política [izquierda/derecha] es “irresponsable” porque no informa adecuadamente, ni controla la pandemia: “hacen uso de un problema humanitario para atacarse mutuamente”, c) Es necesario el “cierre total de caracoles” o municipios autónomos, d) Deben seguirse las recomendaciones de higiene que se transmitirán en comunidades, e) Es imprescindible no “perder el contacto humano… dejar caer las luchas”. En la misma lógica, Javier Sicilia, representante más visible del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que propuso sin fortuna una reunión al presidente para la discusión de las debilidades del sistema de atención a víctimas de desaparición forzada, rechaza con razón, aunque mediante un recurso retórico poco aceptable cuando sostiene que la militarización de la seguridad pública progresista es una “decisión brutal” para la “guerra”. Dice: “Militarizó [El Presidente] de la forma más [brutal] al país, disfrazando la permanencia de las Fuerzas Armadas en la calle, con un eufemismo, Guardia Nacional, y amparando su [tarea de guerra] bajo una reforma constitucional sumamente cuestionable” (Bacaz, 2019, pág. 1). Estas posiciones son necesarias para el régimen porque proceden de luchas auténticas por los derechos y no tienen como base la autovictimización y es probable que sus demandas se atiendan antes de las elecciones intermedias. – 95 – Entre tanto, el gobierno federal, anunció el Plan de “Nueva Normalidad” (PNM), lo que ello signiﬁque: ¿Hay normalidad?, ¿hay normalidades viejas o nuevas? y ¿por qué las nuevas normalidades son plenas de esperanza, mientras las viejas no? El programa se anunció para la “reapertura, gradual, ordenada y cauta” en tres [etapas] de la vida social: 1. Reapertura de 269 “municipios de la esperanza” en 15 estados; 2. Reactivación de Construcción, Minería e Industria Automotriz, sujeta a protocolos; y 3. Semáforo regional para las actividades laborales, comerciales y educativas de la población, a partir del 1 de junio. En medios, redes sociales y conversaciones privadas hay ecos de la información verdadera/falsa acerca del apresuramiento gubernamental de la reapertura de actividades [aunque todos, principalmente empresarios presionan al gobierno para el retorno]. Las redes y los medios están plenos de adjetivos tristes: “derrota”, “traición”, “estado de excepción de facto”, “todo se militariza”, “capitulación”, todos ellos propios del mal de set mediático, mientras investigadores [seguidos “oportunamente” de las últimas familias del PRD, PAN] llaman con sólidos argumentos jurídicos de inconstitucionalidad a que la Suprema Corte de Justicia anule el decreto del presidente que formaliza la militarización de la seguridad pública progresista en curso, en el ciclo de reactivación económica alineada al T-MEC, el bloque interestatal norteamericano y la geopolítica regional. Algunas conclusiones En condiciones de polarización social es muy complicado construir la legitimidad de las decisiones de una estrategia de control y mitigación de la violencia y el contagio de una pandemia. El caso de la estrategia de control del COVID-19 en México demuestra que el gobierno federal puede desplegar una estrategia de control de la violencia y mitigación del COVID-19, pero difícilmente a los ciudadanos, que no tienen otra alternativa que omitir el conﬁnamiento debido a que sus ingresos dependen de sus actividades labores, o a la oposición partidista que utiliza en su debilidad a los medios de comunicación del centro del país para demérito de las decisiones tomadas. La estrategia de mitigación del COVID-19 se comprende mejor en el contexto del cambio político en el régimen político. La pandemia se – 96 – reprodujo en las condiciones de desigualdad y violencia que afectan a la población, pero sobre todo a grupos vulnerables. De forma particular, el grupo más afectado por el COVID-19 han sido las mujeres adultas, aún jóvenes, niños y adultos pobres de ciudades altamente contaminadas. La pandemia se ha gubernamentalizado sin la restricción de las libertades civiles y políticas mediante un exhorto al conﬁnamiento que ponderó las desigualdades y la violencia contra los grupos vulnerables que implicaría una estrategia de control similar a la utilizada por los gobiernos asiáticos, tal como lo demandan algunos actores sociales. La estrategia ha sido hasta ahora exitosa, pero no ha logrado alta legitimidad. El número de vidas ha sido bajo comparado con países periféricos similares y por supuesto menor a las tasas de homicidio de la violencia social. La baja legitimidad se explica por la agitación inédita de la nueva clase media y la vieja clase media ilustrada que no tiene margen de maniobra para la reproducción de relaciones tradicionales en las instituciones del estado mexicano. El análisis del control sanitario junto al control de la violencia generada por la desigualdad permite la observación en conjunto de los mecanismos de control y cambio que el estado mexicano utiliza en la actual coyuntura económico-política. Esta estrategia biopolítica, en cuanto controla la vida de la población y produce una subjetividad, origina riesgos tales como los que se derivan del decreto de militarización de la seguridad pública que formaliza un proceso en curso que procede de los gobiernos neoliberales. Esta militarización progresista (aceptemos este adjetivo para enfatizar una discontinuidad) es una extensión de la larga militarización neoliberal mediante la cual se ha asegurado la reproducción de nuestro capitalismo semiperiférico. Aun así, los riesgos de estas decisiones, a las que nos oponemos, están lejos de representar un estado de excepción o un estado de excepción democrático, si usamos la distinción de Boaventura de Sousa Santos (2020). De nuevo, la oposición partidista y los medios de comunicación omiten que esa decisión estaba en los transitorios de la iniciativa que aprobaron por unanimidad como parte de la ley que creó la Guardia Nacional y no recurre al artículo 29 constitucional, que es explícito en relación a las circunstancias que se puede recurrir al estado de emergencia. De cualquier forma, es importante aceptar que los opositores tienen razón en advertir los riesgos del uso de militares en la seguridad pública, – 97 – pero también es razonable recordar que el gobierno federal no comparte el uso de la fuerza letal en enfrentamientos armados con grupos ilegales ni ha utilizado la fuerza pública. Este mal de set televisivo o el mal de repliegue que experimentan ciertos actores impide el reconocimiento de que existe una diferencia sustantiva entre el uso de la fuerza en la contención de redes ilegales y el control sanitario de este gobierno respecto de la estrategia utilizada durante todo el ciclo neoliberal. Esa radicalidad político electoral es comprensible si se considera el escenario de las elecciones estadounidenses y las elecciones intermedias a realizarse el próximo año en el país. En este contexto, las voces de quienes luchan por los derechos de las víctimas, indígenas y género son imprescindibles para la construcción de una coalición que controle los riesgos de la militarización de la seguridad pública, pero ello requerirá de negociaciones con el gobierno federal que implican la renuncia a la desconﬁanza y el tiempo adecuado para un acuerdo de paz y justicia transicional. – 98 – Referencias Bibliográﬁcas Bacaz, V. (2019). López Obrador traicionó a las víctimas al militarizar el país: Sicilia. Recuperado de https://www.elﬁnanciero.com.mx/nacional/ lopez-obrador-traiciono-a-las-victimas-al-militarizar-el-pais-sicilia Fernández-Agis, D. y Sierra, A. (Eds.) (2012). La biopolítica en el mundo actual. Reﬂexiones sobre el efecto Foucault. Barcelona, España: Laertes. 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Consultado el 12 de mayo de 2020. – 101 – CINCO PREMISAS SOBRE LA PANDEMIA Y SU VÍNCULO CON EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 1 Robinson Salazar Pérez “Hoy estamos demasiados muertos como para vivir y somos demasiados vitales como para morir” BYUNG-CHUL HAN, La sociedad del cansancio Introducción La pandemia es el ensayo de mayor envergadura que los barones del dinero y orientadores del Orden Internacional han instrumentado después de la segunda guerra mundial, cuyos preparativos devienen desde la última década del siglo XX, con el célebre discurso de John D. Rockefeller III en la ONU, haciendo énfasis en la imperiosa necesidad de reducir la población, bajar signiﬁcativamente los costos de atención a la salud y eliminar las ayudas a las familias numerosas y en situación económica desventajosa. En 2015, Bill Gate lo reaﬁrmó y en septiembre de 2019 en una serie Netﬂix lo divulga masivamente, con la aseveración, si el H1NI provocó 575.400 muertes, este virus será de mayor registro de defunciones. No hay dudas, tras el plan de reducción de la población, control del mundo, vigilar y manipular a la sociedad en su conjunto, apoderarse de todas las instituciones de poderes fácticos y dar la orientación a la economía, a los gobiernos como si fuesen marionetas, está el “selecto” club Bilderberg y la Comisión Trilateral (EE.UU y Canadá, Europa y Japón), 1 Este ensayo tuvo una publicación preliminar y acotada en la Revista Conjeturas Sociológicas, 8(21), abril 2020. – 103 – quienes se atribuyen el poder de mover los instrumentos y dispositivos para dar forma a un Nuevo Orden Mundial. De igual forma fueron forjando la globalización y destrucción del Estado-Nación e instrumentaron el modelo monetarista/neoliberal. Ahora desalojan la idea de mantener el patrón global y buscan instaurar una renovación capitalista con énfasis en las tecnologías, G5, robotización industrial y relaciones virtuales en áreas laborales, médicas, comercio, consumo, educativo e incluso en las relaciones y lazos sociales para remplazar el andamiaje simbólico por donde “transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad. De esta manera generar una comunidad sin comunicación intersubjetiva, donde predomine una comunicación sin comunidad” (Han, 2020), esto es que la relación dialógica no cuaje en un grupo cohesionado y sea capaz de reproducirse socialmente hasta dar cuerpo a una colectividad de intereses, sino a una agrupación de agregados fácilmente de disolver Desde 1973, con la creación de la Comisión Trilateral, hasta la fecha han surgido otros grupos bajo la égida del pensamiento de David Rockefeller, quien falleció en marzo del 2017, y desde entonces se ha desatado pugna interna en la constelación de organizaciones reunidas en la Corporación Mundial del Poder (CMP) por ocupar el lugar ostentado por Rockefeller, magnate que pautaba y daba directrices en las distintas reuniones mundiales, entre ellas Naciones Unidas, ONU, OMS, OTAN, UNFPA (Henry Kissinger), FMI, gobiernos de países, monarquías, millonarios (Familia Rockefeller, Bill Gates), importantes medios de comunicación como el Washington Post, el New York Times, el American Free Press, el grupo PRISA, entre otros. Con esta agrupación orgánica, la CMP pretende desde sus inicios, ejercer el dominio para manipular mentalmente a la población y otorgar el máximo apoyo a dichas instituciones supranacionales (ONU, FMI, Banco Internacional de Pagos y Tribunal Internacional de Justicia) para, en la medida de lo posible, disminuir la eﬁcacia de las instituciones nacionales, eliminándolas gradualmente o sometiéndolas a la autoridad de las Naciones Unidas. Entre muchos de sus propósitos, pretenden exterminar al 80% de la población mundial. Evidencias de esta conjetura la estamos viviendo mediante la creación de guerras, epidemias, control de natalidad, “ensayos clínicos”, y todo esto con la ﬁnalidad de dividir a la población en amos y esclavos (Calabria-Torres, 2020). – 104 – Visto así, el escenario que apenas dibuja el Nuevo Orden Mundial (NOM) devela vetas umbrosas y luces color ámbar, hasta donde podemos otear, es un panorama no halagador para los años venideros. La pandemia no es un factor intempestivo ni fortuito, sino una estrategia calculada, fraguada e instrumentada desde centros de poder quienes requerían dar un golpe de timón a un Orden Económico Mundial, con serios padecimientos para dinamizar las economías, relanzar nuevas formas de trabajo y control social, y ante todo acumular mayor riquezas a costa de reducir la población, inocular miedos en las subjetividades colectivas, vincular de manera más efectiva la militarización con grandes empresas a través de darle mayor utilidad al Big Data y la introducción de nuevas formas de trabajo para incrementar la explotación y aminorar los costos de producción. Premisa I Tomamos un punto de partida con la aﬁrmación de la existencia de un ciclo agotado del modelo neoliberal dentro del espectro global del capitalismo, cuyo eje de riquezas y ganancias inﬁnitas topó con resultados que pusieron en riesgo su perdurabilidad, dado el desbalance en deuda externa en casi todos los países del orbe, el pasivo contraído ha ralentizado el crecimiento de sus economías, a su vez arrojan grandes segmentos signiﬁcativos de pobres, exclusión social, concentración de la población en zonas urbanas, ﬂujos migratorios incontenibles y la inseguridad en todos los ámbitos de la sociedad. Su funcionalidad esgrimió pocas herramientas útiles para atender sus deﬁciencias en el desequilibrio desproporcionado de la concentración de las riquezas y el saldo abrumador de indigencia y desolación social. Esa menesterosidad mayúscula generó espacios endebles, ahuyento inversiones por el incremento de violencia; destruyó el medio ambiente y fue elemento coadyuvante para incentivar la devastación del planeta, obvio, sin restar la importancia obtenida por las empresas extractivistas y el uso irracional de las políticas ambientalistas hasta hoy aplicadas. La tendencia voraz para obtener fortunas los llevó a desconcentrar las zonas productivas hacia países donde la mano de obra barata, la inexistencia de obligaciones en seguridad social y ausencia de gremios sindicales, – 105 – les posibilitaba pagar poco, triangular exportaciones y obtener jugosas ganancias, dejando en sus países sólo el rótulo de la marca y una empresa funcionando virtualmente en espacio reducido y hasta rentado (coworking). Mediante la deslocalización empresarial, la producción y manufacturación fue concentrada en Asia, India, y en menor cuantía en países caribeños y centroamericanos, así evadieron ser cautivos ﬁscales en los países de origen. Todo ello trajo consecuencias el desempleo alarmante, reconﬁguración de la matriz del modelo de las naciones latinoamericanas, orillándolas a asumir una economía de servicios y extractiva por la demanda de materiales requeridos por las grandes corporaciones vinculadas a la construcción, automovilísticas, aéreas y armadoras. Las ganancias excesivas no revelaban una línea inﬁnita, en el año 2008 fue un anuncio, pero los Estados asumieron la deuda y reﬁnanciaron a las empresas en caída libre. Las grandes corporaciones seguían mudando sus capitales a paraísos ﬁscales, aliados a la corrupción tomaban dinero público y lo desplazaban a otros países o invertían en compra de deudas, la especulación ﬁnanciera, empresas fantasmas, facturación alterada, declaraciones en quiebra para simular, pero al ﬁn, fue un desarreglo absoluto y poco tiempo después el capitalismo tuvo que absorber como indigestión para seguir funcionando con la dinámica depredadora del modelo neoliberal por ellos creado. El punto de inﬂexión había llegado y la solución fue introducir en el espectro complejo la pandemia para re-ordenar el mundo del capital ﬁnanciero, sacriﬁcando a algunos empresarios, pero atreviéndose a jugar a ser estrategas de los nuevos negocios y la re-educación de la sociedad a través de una política de shock con velo de miedo y herramientas apropiadas para la proﬁlaxis social. Premisa II En febrero del año 2020, la alarma del Coronavirus se expandía por diversas zonas del orbe, los medios de comunicación articulados a la CPM activaron todos los dispositivos informativos a través de la gama de difusores ideológicos insertados en cada país, en las redes sociales, en las vocerías de los organismos internacionales de salud, ﬁnanzas, seguridad y gobierno. El embalaje contaba con un discurso ﬁnamente confeccionado – 106 – para infundir miedos, temores, auto-reclutamiento, auto-disciplinamiento a través del mensaje de riesgo en caso de existir desobediencia u omisión a lo divulgado. El miedo deviene de un factor identiﬁcado: el Coronavirus, cuya extensión y propagación signiﬁcaba una pandemia, cuyo signiﬁcado tiene mayores consecuencias si el virus se extiende a muchos países o afecta a grandes segmentos de población de una localidad o región, principalmente en aquellos grupos vulnerables o de escasos recursos económicos. La inserción del vocablo pandemia dio paso a una nube de angustia colectiva, no sabíamos quién era portador, de qué manera protegernos, todos veíamos en el otro un potencial agresor y/o portador, la subjetividad colectiva fue nutriéndose de rumores, voces de “expertos anónimos”, señales cruzadas, cifras de muertes de adultos mayores, habitantes con padecimientos de enfermedades crónico degenerativas eran imán para contagiarse con mayor probabilidad, cierre de fábricas, empresas, el sector económico de servicios paralizado, el trabajo y la enseñanza pasó a ocupar un sitio en los hogares, las congregaciones públicas y privadas sancionadas real y tácitamente, los vínculos sociales fueron reduciéndose e incluso los del ámbito familiar, toda la armazón de habituaciones, espacios de movilidad, consumo y relaciones sociales fue alterada y conﬁnada, conllevando a una crisis de sentido. La crisis de sentido fue notoria en la dislocación que afrontaban las comunidades al verse amenazas y forzadas a abandonar la socialidad, desaﬁar una nueva normalidad capaz de cuestionar su historicidad, la conciencia de sí mismo y de sus quehaceres habituados, el cambio de reglas de convivencia y rituales, observar el nuevo mapa dibujado sobre el lugar y funcionamiento del trabajo, la educación, los horarios, desplazamientos, consumo, entre otras nuevas formas de actuación individual y familiar. Ahora tenían que desenvolverse en el nuevo torbellino del aprendizaje de nominar, clasiﬁcar, reconocer, interpretar, interpelar y dotar de sentido a las cosas de la nueva normalidad, y a la vez brindándole al yo un lugar en el nuevo concierto, tomando conciencia de todo lo que ello implica, registrarlo en la memoria y sincronizarlo con la realidad circundante. Seguro llevará su tiempo, pero la crisis de sentido es uno de los propósitos de la pandemia en su rol de dispositivo de poder. La angustia de hoy condena a los individuos a un estado de obnubilación, la sensatez es ahuyentada de sus percepciones, no identiﬁca los – 107 – factores que le incomodan o crean sus alteraciones psíquicas, busca en todos identiﬁcar al enemigo. Aunado a este estado de pensamientos diﬁcultosos e incompletos, la atención, percepción, memoria y asociación de ideas revela problemas. Justo ante el espectro social descompuesto y en crisis de sentido, en diversas esferas en donde van desenvolviéndose los grupos humanos, los medios de comunicación y la miscelánea de órganos difusores alentaron a grupos de “expertos”, think tank, centros educativos, intelectuales orgánicos, medios especializados y elaboradores de programas de política internacional, a insertar en la opinión pública un debate por construir socialmente un enemigo. La respuesta caló en la subjetividad colectiva y las acusaciones devinieron, los señalamientos al laboratorio chino (Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas instalado en Wuhan. La respuesta fue inmediata y otros acusaron a los Estados Unidos de propagarlo; no obstante, otras fuentes acusan a Gran Bretaña señalándola de haberlo creado en 2015. En ﬁn, cruce de acusaciones, toma de partido y confusión sembrada en todos los países. Lo oculto para la opinión pública es la naturaleza del laboratorio de Wuhan cuyo desempeño no es para atender los asuntos con la salud pública, sino que sus investigaciones apuntan a resguardar la seguridad nacional de China y Estados Unidos en bioseguridad Nivel 3 y 4, a su vez cuenta con estrecha colaboración del The Rocky Mountain Labs, ubicado en el Estado de Montana, EE.UU., y recibe fondos de grandes empresarios chinos, norteamericanos como del Club Bilderberg. La asociación delictiva es conocida en diversas publicaciones de autores especialistas en seguridad nacional y virusterrorismo, sabemos del uso en guerra bacteriológica de baja intensidad y hoy, sin lugar a dudas, es el arma más efectiva de los auto llamados globócratas, de ahí las acusaciones y reproches sobre si el Coronavirus fue creado y diseminado en China o fue EE.UU. el promotor de la expansión, ello no tiene importancia, desde una mirada de lo político-social y los estragos ocasionados en el mundo. Lo cierto e indiscutible es su naturaleza y uso político como maniobra pensada, diseñada e instrumentada desde los centros del poder ﬁnancieros. Este tipo de intencionalidades ya fueron publicadas años atrás en denuncias sobre los acuerdos y confabulaciones del Grupo Bilderberg, la Alt Right o “derecha alternativa, la Nueva Derecha, en ﬁn, un larvario – 108 – de ideólogos con pretensiones ﬁrmes de llevar a cabo una limpieza social para reducir la población mundial con la intención de deshacerse de los pobres y adultos mayores por ser los causantes, según los argumentos falaces, de provocar un déﬁcit ﬁscal en la medida que asciende el número de pensionados y jubilados, los segmentos populares crecen geométricamente y demandan servicios de agua, energía, seguridad pública, vivienda, educación entre otras, y su aportación al erario es insigniﬁcante. Sin embargo, las estadísticas revelan lo contrario, quienes menos ganan son los contribuyentes más cumplidos. El año 2020 fue seleccionado para dar el golpe de timón, no hay dudas, varios eventos coyunturales están calendarizados en este período. La reelección de Trump, el reordenamiento de la producción de petróleo bajo medidas de acuerdo de fuerza EE.UU./Arabia Saudita, bajar el perﬁl de Rusia y acomodar a China en un frente no apreciable en Europa y América Latina, ﬁeles aliados de EE.UU. para mantener la supremacía global. Indudablemente, el gigante de Asia pide articulación en un eje tripartito (Rusia, EE.UU., China). Para armonizar el dominio mundial, China exploró aliarse a organismos internacionales como la OMS, presiona y negocia acuerdos arancelarios y comerciales con USA, incrementa comercio con Rusia, país que actúa como un comodín, y aporta fuerza y desbalance, arrecia los vínculos comerciales con Etiopia a ﬁn de contar con espacios estratégicos en África. Avizoramos un reordenamiento sin confrontación, más bien arreglos para compartir y dominar el mundo. Por ello crearon el factor denominado Coronavirus, fenómeno considerado enemigo universal. Para ello movilizan recursos, compiten por crear y poner al servicio mundial las vacunas y bajo el escudo de todos unidos defendamos una nueva normalidad con la participación de todos. Ya no existen los países y naciones, así lo decidieron los globócratas, ahora son regiones con eslabones de cooperación mundial. El movimiento popular nacionalista que tuvo en Trump su representante más notorio fue creado para generar animadversión y fobia contra esos actos de gobierno. Ahora las regiones se fortalecerán y engarzarán sus recursos y gobiernos con otras para movilizar y optimizar recursos y ganancias de las élites; los organismos internacionales fungirán como árbitros, la arquitectura tecnológica ajustará los comportamientos de la nueva normalidad y pondrá en funcionamiento la red de vigilancia y control mediante las urdimbres de la – 109 – 5G. Así es la estructura dibujada por la autodenominada élite ﬁlantrópica y propietarios de las tecnologías digitales, quienes a su vez proyectan para el año 2030 la incorporación de 800 millones de robots para desempeñar labores en áreas de medicina, sanidad, electrónica, transporte, educación y la industria automotriz y aviación, desplazando un contingente de trabajadores no especializados. Premisa III En la esfera social, el espectro de la población mundial mantenido hasta el momento de la aparición del Coronavirus mostraba una dinámica comportamental individualista, desapegada de los hilos asociativos, marcada por el consumo y la competencia, lejos de todo armado comunitario, incluso familiares, las tramas de socialización bastante deterioradas, sin habilidades ni conocimientos para vivir o afrontar una nube intensa de incertidumbre, carente de lentes para otear qué hacer en momentos de intranquilidad, zozobra o angustia ante la amenaza de nuestros bienes, el riesgo y desventura para defender la familia y nuestra propia vida. Atrapar a la sociedad más vulnerable de manera súbita era colocarla en situación de dependencia, intranquilidad, inseguridad y obediencia. Ese callejón mortal fue el conﬁnamiento, el acuartelamiento dócil para conocer las reacciones posibles, la capacidad de respuesta de una colectividad asediada por el viento de la muerte, los miedos ocultos, el asalto de la pandemia y su capacidad de cohesionarse ante la adversidad. Hasta ahora fuimos sumisos, disciplinados, manejables, pasivos para permitir nos inocularan el imaginario social con representaciones de miedos, horror, muerte, pobreza, calamidad y desesperanza. Con el experimento pandémico y la necesidad de re-ordenar el mundo del capitalismo, tienen ahora el retrato original de qué sociedad existe, cuál es su capacidad de reacción ante la adversidad. Disociados por el individualismo, no habrá fuerza para una revuelta ni detener el paso avasallante del capital. La urdimbre social está rota, remendada y sin hilos fortalecidos, el miedo los reduce a sus rincones de lamento y buscan culpables entre ellos. Con esa fotografía escaneada bajo la tomografía analítica de los think tank (o laboratorios de ideas) van trazando las nuevas formas de organización factible en el trabajo, la educación, la reproducción de las ideas, los entrama– 110 – dos de la comunicación, la producción y comercialización, reclutamiento del trabajo informal a la miscelánea ﬁscal, reordenar los espacios de la ciudad, inducir la reproducción social de la familia y crear una nueva forma de dominación invisible a través de los datos, biometría y las nuevas tecnologías. El ensayo de comprobación sobre la reacción social ante una circunstancia de incertidumbre súbita fue planeado desde el momento en que estructuraron el nuevo panóptico digital con respaldo Big Data y superador de todo aquel focal perspectivista, ahora no está centrado en la persona y sus movimientos, sino en la red de vínculos y relaciones, hábitos, costumbres, consumos, trayectos, ubicación, traslados y trayectorias personales y aﬁnes a sus necesidades. Vivimos aislados, pero nos observan en su conjunto, creemos estar anónimos y nos vigilan, lo privado es trasgredido, cada paso nuestro es espiado, quizás en mi familia desconocen cuáles son mis amigos y lugares más frecuentados, pero ellos lo saben y lo cuantiﬁcan o auscultan cada vez que necesitan saber de mi o de todos, es un monitoreo social permanente a través de los datos proporcionados por cada persona de manera dócil y sin su consentimiento. Han insertado una narrativa del disciplinamiento, cuya intencionalidad es desalojar aquella idea de hombre dueño de sí mismo en un mundo global cuya libertad siempre fue ﬁcticia y acechada, pero gozaba del albedrio para consumir, desplazarse y trasmitir la sensación de liberación inﬁnita, eliminación de las fronteras y barreras propias de la realidad social contemporánea, incluso nos brindó la licencia de libertad, de opinar y criticar desde las coordenadas de las redes sociales, sin darnos cuenta el lado oculto de ese ejercicio cuya franquicia estaba maniatada, condicionada y moldeada en una realidad virtual trazada para hacernos pensar un mundo de plena libertad aun estando presos y sin espacios de maniobra para cambiar nuestra condición social o de sometimiento político. Ya graduando y acicalando la lente observacional de la dinámica y recorrido de la pandemia, avizoramos la desestructuración del sujeto “autónomo, emprendedor y propio de la sociedad del rendimiento como le denominó Byung-Chul Han (2016), y la estructuración de un estado larvario del sujeto obligado a obedecer, recibiendo órdenes de distintos difusores para abandonar las calles porque son un peligro. El acato con dosis de miedo nos lleva a ejercer otro tipo de libertad, la de elegir para y dónde esconderse, qué hacer cotidianamente, someterse a un conjunto de reglas de asepsia, evitar los vín– 111 – culos sociales directos o interpersonal sin mediación, cuidar los integrantes de la familia y aprender de manera acelerada un conjunto de habituaciones ajenas a las almacenadas en la alforja de nuestra memoria. La narrativa de la obediencia impuso la prohibición, el mandato de acuartelamiento sinuoso, la orden y la ley salió con vigor del Estado y sus fuerzas represivas. Los sentimientos y emociones de ánimos depresivos y ofuscados no fueron pretextos, la explicación razonada era que son productos de años ejercitando la fragmentación, el individualismo y atomización social, pero no un factor devenido de la pandemia y las directrices emanadas de la autoridad. Nos despojaron de las vestimentas de la supuesta autonomía y libertad obtenida para quedar reducidos a un sujeto de la obediencia. La evidencia es, “si bien esta epidemia ha contagiado a un 0.016 por ciento de la población mundial, un tercio de toda ella se encuentra conﬁnada” (Sancho, Somalo y Sabadell y Byron, 2020). Ahora, el relato construido no fue un acto de ocurrencia, deriva de tener en cuenta la “virtualización de la vida humana” y el control social. Si bien el poder coercitivo de la policía es necesario para cumplir con la “distancia social” o colocar a los cuerpos y mentes en alerta constante, el autoaislamiento sólo tiene éxito si las personas no pueden ver más allá del próximo capítulo o película. Y cuando su nivel de conﬁanza epistémica en un mundo en crisis donde sus esperanzas y aspiraciones hacia algo mejor desaparecen, el capital puede continuar su camino hacia ninguna parte (Innerarity y Rodríguez, 2020), mientras nosotros quedamos atrapados en la gran burbuja de los miedos. Otro aspecto que también renueva estructuras y capacidades es el Estado, ese ente denostado por elites empresariales criollas y amamantadas por el modelo neoliberal, en cuanto tubo injerencias en la esfera económica afectando intereses de los ellos, hoy reaccionó para atender medianamente la pandemia, obviamente bajo los protocolos de la OMS y las displicencia de los mandatarios, los cuales cumplieron y aún reciben órdenes de los organismos y poderes del CMP. En algunos países de Europa, entre ellos Alemania, Francia e Italia, está el llamado a estatizar empresas estratégicas, asumir la administración del sistema de salud, la compra de equipos militares y robustecimiento del ejército. Estas acciones revelan una vuelta al Estado, pero sin visos democráticos, sino que apelan a las fuerzas armadas para atender la contingencia pandémica. – 112 – Los empresarios están volcados a solicitar apoyos ﬁnancieros al Estado no a la banca comercial, piden a gritos coparticipación del ente político en los salarios a pagar a sus empleados. Obvio, algunos gobiernos acudieron a los organismos internacionales en busca de fondos y otros han proporcionado extensiones en pago de impuestos y hasta créditos blandos a los microempresarios. Lo que pretendemos mostrar es la importancia del Estado en situaciones de crisis profunda y la fortaleza maniﬁesta para dotar de certidumbre a la sociedad, imponer la obediencia y quitarle el protagonismo inoﬁcioso a otros agentes, quienes exhibieron nula capacidad para afrontar una contingencia de magnitud mayor y poca destreza para enmendar un horizonte de quebranto de sus inversiones y bienes. Es obvio, la CMP vio en el Estado un factor vital y enérgico capaz de ostentar directrices para atenuar el agobio de la pandemia con vetas de recentralización de decisiones y esgrimiendo recursos militares. Funcionando en un tiempo perentorio, su registro está anunciado mientras transitamos al NOM; es una estructura política necesaria con vector de orientación hacia un ﬁn, con recursos de autoridad, capacidad de imponer la obediencia, conjugar fuerzas y agentes sociales y económicos, con espacios de conciliación y respaldo a los acuerdos consensuados y decisiones posteriores a aplicarse en el concierto global. Una vez acordado e instaurado el NOM, tal vez divisemos reasignaciones de roles, distribución de responsabilidades, juegos y rejuegos al interior del Estado, las nuevas políticas macro y micro económicas a instrumentarse en cada nación bajo el lema de la primacía de la “felicidad, el bienestar y la libertad en el centro del desarrollo humano y toda la vida”, reﬂejadas en las resoluciones 65309 y 66281 de la ONU, orientadas a deﬁnir un nuevo paradigma económico (Martin-Jiménez, 2020). El lema elaborado por Jayme Illien, el fundador del happytalism, es un nuevo sistema económico, ﬁlosofía sociopolítica y paradigma de desarrollo global, que coloca la primacía de la felicidad, el bienestar y la libertad en el centro del desarrollo económico y humano, y de toda la vida, y busca la felicidad, bienestar y libertad de toda la vida en la tierra. Happytalism es la teoría y propuesta de Illien (Illien2020) para un nuevo sistema y paradigma económico, orientado a resolver y abordar los grandes desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI y, más allá, como acabar con la pobreza, la desigualdad extrema, la guerra, la enferme– 113 – dad, el hambre, el cambio climático, el sesgo de género y discriminación, racismo, sexismo, salud mental y todo sufrimiento humano, y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías y formas de pensar, y las nuevas posibilidades presentadas por la 4ta y 5ta revolución industrial, con el objetivo ﬁnal de lograr la felicidad, el bienestar y la libertad de toda la humanidad, y avanzando la condición humana, y la humanidad hacia adelante. Es el discurso de la élite mundial. “Juntos más fuertes y/o junto más inteligentes”, decía David Rockefeller para imponer una idea dentro de los organismos internacionales, de ahí que quien asuma la conducción dejada en 2017 por el magnate norteamericano, puede estar en George Soros, Bill Gates, Bloomberg, Mercer, Koch y Zuckerberg. Cada uno de ellos ﬁncará su fuerza de transformación en el Estado para aplicar las inéditas estrategias y directrices en áreas de la organización del trabajo, la educación y salud universal, vacunas para todos, regulaciones de espacios y las ideas de inteligencia a insertar en las ciudades, logísticas del transporte, robotizaciones y manejo de los desechos transgresores de la sustentabilidad del planeta. Es un gran desafío, no sabemos si todos y cada uno de ellos serán abordados con el cuidado y deber moral de respetar la naturaleza. Viniendo de la reestructuración del mundo capitalista es necesario dudar en todo. Seguro estamos del cambio en el eje nutriente de la nueva normalidad, donde la sociedad postindustrial, la preponderancia de las ﬁnanzas, “el modelo económico liberal banquero ﬁnancista, centrado en Wall Street, Bretton Woods, están en lecho de muerte. Se instaura la Cuarta Revolución Industrial, sexto y séptimo desarrollo tecnológico vinculado a la robótica, con la inteligencia artiﬁcial, con nano, byte, con transhumanismo, con física cuántica, con realidad virtual que es el campo más importante del futuro próximo.” Y todos estos campos cambiarán nuestra forma de pensamiento (González-Briceño, 2019) Otro cambio pospandémico será en “la vigilancia, van a venir de las grandes empresas que controlan nuestros datos. Vamos a estar controlados y vigilados en el peor de los casos, en una versión distópica, donde no seremos controlados por el Ejército o la policía, sino que serán las corporaciones, negocios, bancos y empresas que saben sacar provecho a los hábitos, costumbres, consumo y desplazamientos de los ciudadanos. Ese es el auténtico cambio en términos distópicos que se puede dar.” (Innerarity y Rodríguez, 2020). – 114 – Premisa IV El paso de un capitalismo neoliberal al capitalismo cognitivo es una faceta del NOM. La escena dibujada en el mundo del trabajo es el abandono a prisa de las manualidades, la nave industrial y los trabajadores acudiendo a sus centros de labores a desempeñar la misión asignada. El ordenador portátil y el Smartphone son espacio y herramienta, mediación entre la inteligencia y el producto, la creatividad inmaterial transitando a través de redes y conectados con otros agentes para gestionar conocimiento, simpliﬁcar ideas, condensar un proyecto novedoso y llevarlo a su cristalización. Es el teletrabajo sin espacio ni tiempo, dos elementos centrales en la producción del Siglo XXI que serán difundidos en el nuevo diseño de capitalismo cognitivo. El capital exterioriza de manera franca su interés en el valor atesorado en el trabajo inmaterial, el saber, la comunicación, las relaciones lingüísticas, la gestión de recursos para multiplicar la labor a desempeñar. Este conjunto de características posibilitaría al agente laborante redeﬁnir el concepto de jornada de trabajo. La innovación es la licuefacción del espacio-tiempo aludido por Zigmunt Bauman en su libro “La Modernidad líquida”, la competencia del sujeto laborioso no está determinado ni asignado a un lugar especíﬁco, tampoco delimitado a un horario, la entrega de resultados, las metas para conjugar los procedimientos con la logística y llevarlo a cabo para cristalizarlo es lo que le da valor a su desempeño. No habrá línea divisoria entre trabajo concreto/trabajo abstracto porque toda iniciativa y creación lleva un soporte de circunstancia de lo posible, un andamio de posibilidades extraídas de la realidad, balanceadas en una prospectiva de rentabilidad y garantía de consumo a mediano y largo plazo. Ya no está empecinado en hacer, sino en pensar, crear y desarrollar lo que tenemos para transformarlo en otra cosa con más valor tangible. Ahora bien, a la nueva fuente de riquezas del trabajo cognitivo o inmaterial, habrán candados y aldabas para evitar un escurrimiento hacia la desobediencia o insubordinación, toda vez que siendo un factor inmaterial no es susceptible de vigilar empíricamente. No obstante, el capital y sus agentes han forjado la estructura de dominio cuyo esquema es someter política, ideológica y ﬁnancieramente el proceso de formación y aprendizaje, cuya esfera está armada con educación universal, uniformar los valores con ma– 115 – yor cercanía al trabajo y no a la familia, control y vigilancia digital, medios de comunicación, demandas de las empresas y jerarquía salarial. Aﬁnar la lógica de apropiación de las creaciones e innovaciones del empleado, registrar los derechos de autor despojando al creador, evidenciando una novedosa forma de explotación parecida a la esclavitud o sumisión cerebral, sustrayendo el capital de saberes del trabajador mediante ﬁguras, subterfugios de escalafón, compensación o movilidad dentro de la empresa. Así esconden la inversión que realizó el trabajador en su formación, la experiencia en ejecuciones de sus gestiones e innovaciones, la información sistematizada, la red de agentes para gestionar nuevos nichos y herramientas cognitivas, la cultura o reelaboración personal que conduce a la maduración de una visión del mundo propia, antititética a su formación profesional (Fumagalli,2010) y negación de otros saberes construidos en su trayectoria de quehacer creativo y vínculos asociativos con agentes especializados en su vida., La pregunta sería, ahora como trabajador ¿qué somos? Unidad de conocimiento, saberes, habilidades, network, redes de colaboración, espacio, tiempo y producción conﬁguran una unidad molecular posible de ser trasladada, movilizada, esquilmada y expoliada aun estando en un sitio aislado. Ahora, conﬁnado, vigilado, abstraído en su creación y producto de entrega, no podrá armar una urdimbre de complicidades para denunciar, actuar y desobedecer. Precisamente, para impedir una potencial desobediencia, el capital cognitivo o nuevo agente empresarial controlará las fuentes de conocimiento ejercido por medio de los derechos de la propiedad intelectual y el ejercicio del trabajo creativo correlacionado con el ﬁn o producto ﬁnal, o sea, la aportación del empleado queda diluida en el valor de cambio o salario recibido, mientras que lo cristalizado o nueva mercancía y sus usos es propiedad del dueño de la empresa. ¿Teletrabajo la opción emergente o deﬁnitiva? La nueva etapa de la ﬂexibilización laboral inaugura el teletrabajo, cuya incubación es notoria en medio de la pandemia, donde los registros de los estragos y quiebra de muchas empresas son evidentes; sin embargo, interpretando las anotaciones de un investigador de la Universidad de Cambridge, en el corto plazo veremos cambios en la naturaleza del trabajo y la socialidad humana con apariencias más cercanas a los nuevos y valientes mundos de la ciencia ﬁcción que a la realidad anterior al Coronavirus. – 116 – Probablemente los gigantes tecnológicos estén celebrando y la clave de su éxito será nuestra cuarentena. Las razones son el surgimiento de un mundo diferente en cuanto la economía entre en recuperación, donde la tecnología interviene en una proporción mucho mayor en nuestras vidas y más allá de lo imaginado por los ideólogos de Silicon Valley. Las grandes inversiones aplicadas a los negocios de las nuevas tecnologías, la ampliación signiﬁcativa de las transformaciones digitales han forjado cambios estructurales en la infraestructura global de las TIC para allanar el camino para la conectividad móvil y la datación masiva. Quizás en un futuro cercano veremos cómo van enlazándose con la productividad. Justo en el ciclo pandémico y la urgencia de guardar cuarentena surge el imperativo de la crisis de trabajar desde casa y socialmente aislado como la oportunidad perfecta para las empresas deseosas de convertir o plasmar los negocios digitales traídos en su imaginario hace algunos años. Es el realismo capitalista macabro del más alto orden. Y, sin embargo, este es un asunto que todos debemos tomar en serio: el Coronavirus es el impacto oportuno y ambicionado por el sector tecnológico para completar la revolución del silicio (Cole, 2020). No hay dudas, la intencionalidad es clara, alterar e imponer un nuevo cuadro de habituaciones acorde al nuevo capitalismo. No es el ﬁn del sistema capitalista, sino un remozamiento substancial, cuyo punto de partida es generar un cambio en las personas creadoras de las riquezas. Hemos observado detenidamente un hecho relevante, no hubo la necesidad de detener la producción económica estratégica ni el consumo, sino la movilidad de la población, modiﬁcar el estilo de vida, mantener al agente prosumidor,2 dotar de nuevos elementos a la subjetividad del ciudadano y preparar su ingreso al mundo del trabajo, aceptando dócilmente nuevas actividades laborales denominadas los trabajadores de la “llamada economía colaborativa”, cuyo desempeño es recorrer calles de las ciudades, entregando mandados, trasladando bienes de consumo y sirviendo de mediación entre negocios y clientes sin la premura de salir, desplazarse o transitar por las calles en circunstancias 2* Alvin Tofﬂer en su libro La Tercera Ola al combinar las dos palabras muy conocidas: productor y consumidor. Allí se deﬁnía el prosumidor como consumidor que participa en el proceso productivo de los propios bienes y/o servicios comprados por él mismo, pero en Argentina surgió otra interpretación: personas que son productores y consumidores a la vez. – 117 – de prohibición o cuarentena pandémica, no obstante el trabajador asalariado y paupérrimo queda expuesto a contagios. La “novedad” fue el teletrabajo, su esencia es cambio en la transición del fordismo al toyotismo, su objetivo es inmovilizarnos lo suﬁciente para no detener la producción y el consumo, pero sí reducir la propagación del virus en los núcleos humanos, además de esparcirlo ideológicamente en el imaginario social, provocando un ambiente desolado, inhabitable y cada vez más devastado para su aprovechamiento. Una microeconomía del auto-encierro está ya en marcha, el “zoomismo”. Entonces el “zoomismo” sería el modo de producción a través del autoencierro, el cual además incrementa la plusvalía porque transﬁere a los trabajadores los gastos de operación de las oﬁcinas corporativas: luz, internet, agua y hasta café. Sin traslados ni salidas nos hacemos más productivos. La cuarentena actual nos disciplina para la inmovilidad, para recluir los cuerpos y proyectar nuestros avatares profesionales a través de plataformas digitales, reformulando la percepción del tiempo y el espacio de la globalización (Estévez, 2020). Evidentemente, el cambio no será generalizado, focalizarán esferas donde las transformaciones digitales han ﬂorecido, los sujetos laborales sean jóvenes y estén familiarizados y proclives a aceptar la no movilidad o traslados, bajo el argumento de mejorar tiempos, garanticen la seguridad vial y eleven su calidad de vida, ﬂexibilidad de horarios, perfeccionar la agilidad de los sistemas de información y comunicación del trabajador y la empresa, forjar la cultura corporativa, inducir a los supervisores a contar con mayores recursos cognitivos y de lenguaje para apoyar al trabajador. Obviamente, detrás del discurso está el arma ideológica para conquistar subjetivamente a las poblaciones al apelar a sus emociones. La célebre frase de Henry Kissinger “Quien controla el trabajo, el hambre, la salud y el miedo, domina a las personas”. Entonces la conquista de las emociones es una de las potestades de la psicopolítica digital que crea marcos de sentido no discursivo, es decir, conquistan la sensibilidad entendida como “la facultad de intercambiar signiﬁcado sin usar palabras, la condición del entendimiento empático” (Valencia, 2018, p. 228). Con la educación universal, administración, asistencia al cliente, ventas, desarrollo de software y telemarketing, y teleservicios, elaboración de imágenes y textos de datos, recuperación de datos, servicios de información y centralita, agencia de recursos humanos, telecentros de formación, y la – 118 – inclusión pronta de las innovaciones con la puesta en marcha del 5G, la realidad aumentada, modiﬁcaciones substanciales en la agricultura, granjas agropecuarias y manufacturas inteligentes; asimismo conexión de miles de millones de dispositivos en las ciudades, escuelas, hogares y vehículos inteligentes y seguros, mejoras en los servicios de salud, telemedicina, comunicaciones masivas de máquina a máquina, conectar a miles de millones de dispositivos, sin intervención humana, a una escala inusitada, todo ello traerá desplazamiento de mano de obra no alfabetizada en las tecnologías, nuevas carreras universitarias, trabas para la migración laboral y todo aquello innecesario para el capitalismo, marginando. Los llamados sujetos superﬂuos serán orillados a la penuria, la desventura y extinción, ya sea por nuevas pandemias o por vacunas elaboradas para provocar alteraciones genéticas. Las mutaciones en el mundo del trabajo son parte de la estrategia de guerra y control social que siempre han instrumentado los barones del dinero. La guerra pertenece y es parte de la política, de igual modo la economía, ambas preservan determinadas e inequívocas reglas de funcionamiento. El fondo siempre es de carácter e interés político porque están dirigidas a elaborar leyes, programas, ﬁnes y prácticas para dominar, expoliar y apropiarse de las riquezas. Es retomar la célebre frase «la guerra es la política por otros medios»,3 es decir, la guerra siempre es una posibilidad inherente de la política. Conviene subrayar, bajo el argumento de las crisis económicas acumulativas se produce una forma de guerra económica continua contra la población civil mundial y cuyas consecuencias son desdibujadas o tal vez van tornándose atractivas a través del prisma del “emprendedurismo”, donde la desregulación total del trabajo, la competitividad despiadada y la precariedad laboral son promocionadas como estilos de vida divertidos que brindan tiempo, incitan a la austeridad o empujan a la creatividad. Crean y dan forma a un contexto de cosmetización de la desigualdad e impulsan masivamente la aparición novedosa de la vida freelance, apoyándose en la eclosión y popularización del uso de la telefonía móvil y, posteriormente, Internet Facebook, Twitter o Instagram, todos con una 3 Oﬁcina del BID. Encargada de la coordinación de la agenda del futuro del trabajo. Se especializa en el área de mercados laborales, con particular interés en la mejora de oportunidades para jóvenes. – 119 – genealogía común, dado que la convergencia del teléfono móvil con el uso de Internet se cristaliza en el uso de los teléfonos inteligentes y sus distintas aplicaciones, especialmente las relacionadas con las redes sociales, (Gutiérrez, 2015) las cuales visibilizan a los sujetos, su uso los relaciona con actividades comerciales, de trabajo, difusión política, conferencias y ﬁnalmente el nuevo teletrabajo. Oteamos un escenario revelador de una “hiperconcentración del capital y la riqueza, aunado a la colosal tecnologización que presenta a la vida como prescindible. La vida humana va perdiendo importancia como fuerza productiva y la vida natural va convirtiéndose en estorbo para el progreso o en objeto manipulable. Una buena parte de los trabajadores desempleados ya no será recontratada. No sólo se perdieron irreversiblemente muchos empleos formales de las empresas que cerraron, sino que esta crisis (¿deberíamos decir oportunidad?) permitió a las empresas hacer los recortes de personal que ya venían planeando. A esto se suma la enorme cantidad de empleos informales, que ocupan alrededor del 65 % del total, que ante una realidad cambiada ya no tienen sentido. Es decir, el desempleo de hoy corre el riesgo de ser permanente en una alta proporción. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde se mueve el mundo?” (Ceceña, 2020). Premisa V ¿Hay alternativa frente al Nuevo escenario? La pugna global es la esfera externa que envuelve a América Latina, será determinante y condicionará la lógica y orientación de muchos cambios en las formas de producir, reordenamiento en el Estado, reorganización y redireccionamientos en áreas educativa, laboral, sanitarias y seguridad, así como ajustes substanciales en la escena política. La insistencia por parte de los agentes del NOM de restarle importancia a las naciones, dado que las regiones serán los espacios vitales en la geopolítica mundial, es un esquema desestructurante en la ideología latinoamericanista, donde la unidad ha permanecido siempre en los distintos frentes de lucha, recalcando la identidad regional, memoria común de los pueblos y opción política para insertarse de manera independiente en el mapa global. – 120 – Los desajustes políticos previos a la pandemia dieron forma a la desestructuración de la unidad en el discurso político y a su vez abrió brechas entre las naciones para borrar los intentos integracionistas que estaban promoviendo algunos gobiernos. El viraje rotundo en las narrativas de los gobiernos de Brasil, Bolivia, Ecuador y Uruguay, sumados a los gobernantes de tradición conservadora, opacó la anhelada idea de uniﬁcación y dio pie a fortalecer ejes regionales externos, México apostando más al T-MEC e insertándose en la región del norte de América; Chile y Perú hacia Asia, el Mercosur pidiendo “asilo” con Europa, Brasil ampliando su comercio con China y en ese tenor va desdibujándose la idea de Nuestra América. Ante esa nueva normalidad, obviamente habrá reacciones de resistencia, el horizonte ofertado por el NOM no es seductor y sus argumentaciones van dirigidas a lastimar a grandes y signiﬁcativos segmentos sociales, comunidades y pueblos originarios, sectores populares y adultos, considerados por los agentes de la CMP como sujetos superﬂuos. Una alternativa necesariamente debe pasar por un balance de lo hecho, practicado y ejercitado en los últimos diez años de movilizaciones contestatarias y otras de resistencia. Asimismo, de reconocer los cambios maniﬁestos en las sociedades latinoamericanas y los factores que diﬁcultan el quehacer de la izquierda en nuestros pueblos. Cómo desentrañar la compleja y ﬁna madeja del capitalismo cognitivo, su entramado y urdimbre instaurada sobre el viejo capitalismo, el desempeño de las redes sociales, la Internet, la educación universal, el ensamblaje de la llamada salud y vacunación mundial, las alteraciones en esfera del trabajo, en el diseño de las ciudades y espacios inteligentes, los sitios de convivencia bajo vigilancia digital, los hábitos de consumo con seguimiento de lugares, fechas, valor de la compra e instrumentos de pagos relacionados con el ingreso salarial y empresa donde trabaja, las nuevas tecnologías, el exacerbado individualismo franqueando los caminos del miedo, la discriminación y temor frente al otro por ser portador de contagios, migrante, desempleado o delincuente, básicamente en plazas abiertas, y evitar la denominada agorafobia. Justo ahí, en sectores y áreas públicas donde los auto-convocados acuden, los intercambios de ideas van nutriéndose, la lucha política abre sus alas, anida críticas, relanza argumentos para auto-convocar a los otros agraviados. Otro asunto a atender es la manera de articular la constelación de nuevos sujetos políticos en proceso larvario y frágil memoria histórica anidada en los engranajes de movimientos feministas, pro aborto, defensa de – 121 – migrantes, contra el extractivismo, la defensa de los pueblos originarios, la defensa de las ollas populares, la educación gratuita, en ﬁn, una inmensa red fragmentada de organizaciones masivas, pero intermitentes, enarbolando distintas demandas con signos identitarias, pero sin un asomo de orquestación entre ellos. Se percibe una lucha por el espacio público visible (redes sociales, calles y plazas) y reconocimiento de actor en la escena política, pero viciado por el exceso de protagonismo entre quienes dirigen estos movimientos. Es imperioso tener cuenta del pasado quebrantado de los años de los “progresista” en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Las ﬁguras políticas representativas e iconos fueron “reseteadas” de la memoria, desconocen los elementos constituyentes que impidieron avanzar de manera exitosa, las herramientas y bagaje de instrumentos de lucha no son novedosos, incluso hacen uso de dispositivos esgrimidos frecuentemente por agentes de la derecha, ocasionando en varias ocasiones repudio y estupor entre la población o posibles auto-convocados. Existe la idea equivocada al ligar anarquismo con violencia hacia la población. La violencia es contra el estado de cosas, con herramientas efectivas, destruyendo-construyendo mediado con una explicación, un discurso atrayente, pedagogía política en momento de crecimiento o agregando simpatizantes, seduciendo a los expectantes y revelando ﬁrmeza en los reclamos y demandas posibilitadoras de avanzar en la lucha. En medio de la fragmentación, existe mayor posibilidad de inocular violencia desde el exterior, pensada y ejecutada por los Think Tank de la derecha. La segmentación es diseminada para romper cercos, ﬁltrar enemistades, sembrar demandas contrapuestas, contraponer formas de lucha, disputarse los espacios públicos, confrontarse de manera maniﬁesta para ahuyentar a los autoconvocados y a provocar diáspora y dispersión entre los movimientos populares. Obviamente, toda iniciativa de los Think Tank trae consigo el antídoto para aplicar el shock y destruir lo sembrado o aplicado como estrategia política de dominación. Es un recurso y/o ingenio que han desarrollado los miembros de este grupo selecto de intelectuales orgánicos de la derecha, crean o fabrican el veneno y antes de aplicarlo ya han construido el antídoto para re-armar el entramado desordenado e incluso detenerlo de manera expedita con otra estrategia más eﬁcaz. – 122 – La constelación de reclamos y demandas que llenaron y nutrieron de voz y protestas las calles y plazas de Europa, EE.UU. y América Latina fue algo inaudito. Aún no hemos hallado la matriz del despertar tan abrumador, cargado de contenido político e intransigencia. Miles de páginas fueron escritas con reﬂexiones sociológicas y políticas, la gran mayoría apunta a objetivos distintos, la “muerte del neoliberalismo” y hasta del capitalismo enunciaban, mujeres confrontadas contra el modelo patriarcal y hubo un día sin mujeres. Hombres vistos como enemigos, ecologistas reclamaban a los obreros de minas, en ﬁn, un maremágnum de expresiones políticas disparando ráfagas hacia varios lados de la cuadratura del círculo político. Al verse avasallados los gobiernos, las ataduras discursivas de los agentes del Estado estaban rotas, la contención rayando en violencia bruta, las peticiones de los movimientos estaban fuera del orden inmediato de los Estados, nada claro se oteaba desde las izquierdas y tampoco desde los nichos de los distintos regímenes. Llegó el Coronavirus y aplacó de manera inmediata y veloz los ﬂujos de protestas, caravanas de migrantes, cierre de fronteras y aspiraciones de renacer el populismo de izquierda. Parece que el mundo interrumpió su dinámica, detuvo la marcha, no existen registros de una parálisis repentina y estrepitosa en la historia, ya sea ocasionada por crisis económicas, pandemias, guerras o eclipse solar. Lo original de esta ocasión fue la forma intencionada, el acatamiento voluntario por decreto y la afectación global. No fue un dato menor, tampoco radicó en cerrar una ciudad, clausurar las fronteras de un Estado, cancelar vuelos internacionales de manera perentoria o clausurar varias empresas. Un tercio de la población del planeta en cuarentena y “guardando su sana distancia”. Es aún algo no vivido y almacenado en nuestra imaginación. Parafraseando un párrafo extenso de dos personajes, un ﬁlósofo y una eurodiputada, (Innerarity, D. y Rodríguez, M. E., 2020), podemos decir, estamos en la encrucijada y puerta de acceso de un mundo desconocido que nos va a exigir algunas cosas para las cuales todavía no tenemos ideas, conocimiento y habilidad para adentrarnos y escudriñar los intestinos y vísceras de esta nueva realidad. En términos generales, venimos de una situación en la cual somos relativamente capaces como sociedad de gestionar cambios incrementales, modiﬁcaciones de diverso tipo, pero no estábamos preparados para cambios discontinuos o para crisis de esta naturaleza. – 123 – El reto mayúsculo es generar, por un lado, un saber en parte nuevo y, por otro lado, capacidades organizativas, políticas, institucionales, que habrá que ver si somos capaces de hacer. En buena medida dependerá de nuestra libertad y de nuestro acierto. La lectura negativa es este disciplinamiento, cuánto va a durar y para qué lo van a usar. Porque nosotros aprendemos, la ciudadanía asimila y los malos también van apropiándose de nuevas cosas, examinan a profundidad este experimento psicosocial que supone que la gente se ha quedado en casa sin protestar. Y ahora tal vez nos ofrezcan una libertad de movimientos vigilada. No podemos discernir en este momento sobre cuál será el horizonte de mañana, cada día trae un cúmulo de novedades, verdades a medias, cifras de muertes y contagios voluminosos. La izquierda en todas sus caras y expresiones permanece callada, ausente, inmovilizada, el gas paralizante del Coronavirus la vació de contenido para lanzar una proclama, estamos en el desierto de las ideas y los miedos de la muerte. Será difícil mantener las mismas herramientas de lucha del Siglo XX con sujetos nuevos recién incorporados en las voces de protesta. La utopía requiere ser remozada y relanzada con ingredientes nuevos y atractivos para aglutinar fuerzas opositoras al régimen. El enemigo engrosó su arsenal ideológico y armó estructura de dominación con mayor resistencia en amplias esferas de la sociedad. Hasta ahora no existe, en la izquierda, una estrategia para desarmar la vigilancia digital, ideas para contraponer la regionalización de zonas económicas, atenuar la fragmentación que detonará el teletrabajo, revertir la crisis de sentido, elaborar narrativa de nuestra realidad y condición humana y social para construir nuestro futuro, proponer un proyecto de educación para realzar las particularidad de cada nación y no aceptar la imposición de un modelo universal que desembocrá en un pensamiento único, avizorar un frente de lucha por sector con instrumentos especíﬁcos en la confrontación y a la vez articulación con otras instancias orgánicas enﬁladas a obstruir los embates globales. La reﬂexión y el debate abren sus páginas para escribir y debatir sobre el destino de nuestros pueblos. – 124 – Referencias Bibliográﬁcas Ceceña, A. E. (2020). Los entramados bajo la pandemia. Revista América Latina en Movimiento, 549(44), pp. 1-5. Recuperado de https://www. alainet.org/es/revistas/549 Cole, M. (marzo 25, 2020). Why Silicon Valley Loves Coronavirus. Tribune. Recuperado de https://tribunemag.co.uk/2020/03/why-silicon-valleyloves-Coronavirus **/ Clausewitz, K. V. (s/f). De la guerra.pdf/ https://lahaine.org/amauta/ b2-img/Clausewitz%20Karl%20von%20-%20De%20la%20guerra.pdf Estévez, A. (2020). El zoomismo y el disciplinamiento para la inmovilidad productiva. Revista Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Recuperado de http://www.cua.uam.mx/news/ miscelanea/el-zoomismo-y-el-disciplinamiento-para-la-inmovilidadproductivo Fumagalli, A. (2010). Bioeconomía y capitalismo cognitivo. España: Ediciones Traﬁcantes de sueños. González-Briceño, S. (2019) “Gobernanza y metalenguaje civilizatorio”: Daniel Estulin. Recuperado de https://www.alainet.org/es/ articulo/200906 Gutiérrez, R. A. (2015). La trasformación digital y móvil de la comunicación política. Madrid: Fundación Telefónica, Editorial Ariel. 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Se acude a la búsqueda bibliográﬁca, estadística y documentos. Se buscan fuentes médicas internacionales en las redes y se realizan entrevistas. Existe controversia en torno al origen del virus, los test, la gravedad de los contagios, la mortalidad, la necesidad de cuarentena total, etc. La deﬁnición de caso ha cambiado en Argentina y Brasil, existiendo dos formas de medir, una tradicional y otra de la IA. Entraron en colisión los modelos matemáticos de la epidemiología con leyes y métodos estadísticos aplicados a las ciencias de la información. Sin embargo, no es la forma de medir la pandemia desde lo epidemiológico que ve la incidencia y prevalencia en una población. Esta subnotiﬁcación se produce en los emergentes “estados algorítmicos”, que concentran poder y acuden al testeo, el censor de calor, el cyberpatrullaje, el rastreo digital y la epidemiología algorítmica, invadiendo la privacidad y violando los derechos humanos fundamentales. En síntesis, pareciera que – 127 – la subnotiﬁcación no es un problema exclusivamente médico, sino que requiere un abordaje más complejo, para lo cual se pretende aportar al debate y a las nuevas líneas de investigación Introducción Es posible deﬁnir el COVID-19 como una patología que se origina en Wuhan (China) y se ha expandido a más de 100 países, que ha afectado especialmente al grupo de riesgo más vulnerable por la edad y por las enfermedades preexistentes. En una primera instancia, la mayoría de los países recurrieron al distanciamiento social y la permanencia de las personas en su casa mediante la cuarentena, una medida draconiana que aparece en la biblia y la Peste Negra del año 1300. En este aspecto meramente biologista que está considerando el virus en general coincide con el modelo médico hegemónico, pero en diferentes países algunos epidemiólogos con diferentes visiones señalan que los costos de prevención son tan altos que es necesario pensar en una cuarentena voluntaria (Salazar, 2020) y en otras medidas enfocadas en el medioambiente y en la participación de las organizaciones sociales en el monitoreo epidemiológico-social (Breilh, 2020). También el COVID-19 ha puesto en el tapete el problema de la capacidad del sistema de salud (relación habitante/médicos, médico/pacientes, camas comunes y de Unidad de Terapia Intensiva, etc.) y las desinversiones que ha venido sufriendo en estos últimos 20 años en Europa y América Latina. En esa línea ha surgido el debate sobre el papel que ocupa la ciencia en la agenda pública, cuál es el paradigma médico hegemónico y sus limitaciones que desconocen la desigualdad regional, social y de condiciones ambientales de la ciudad de la que se hable (Instituto de Saúde Coletiva/ UFBA) y cuál es el rol del Estado. Por último, también se han incorporado las tecnologías al abordaje médico de detección y seguimiento de pacientes, la información sobre el virus y sobre los nuevos casos. Han aparecido test, robots, aplicativos, censores de calor, etc. Esto también está generando voces encontradas sobre – 128 – por qué la utilización invade el derecho a la intimidad y lesiona derechos constitucionales y civiles, entre otros. De manera que un problema de salud global, que en principio generaba unanimidad en el campo cientíﬁco, luego de más de dos meses está provocando disputas y voces disidentes en el abordaje médico. Para presentar los principales dilemas que plante a la notiﬁcación de covid19 en Argentina y Brasil se utilizan relevamientos bibliográﬁcos de documentos y de estadísticas. También recurrimos a fuentes médicas internacionales recabadas en redes, así como entrevistas al epidemiólogo argentino Ramiro Salazar y al infectólogo brasilero Clovis Lima. También recurrimos a fuentes médicas internacionales que fueron recolectadas en redes. Constatamos que existen muchas controversias sobre el origen del virus, sobre los test aplicados, la gravedad de las infecciones, la mortalidad divulgada, la necesidad de cuarentena total, etc. Se observa polarización en las personalidades entrevistas y fuentes recabadas. El abordaje de la medicina social es usado para entender los casos en el contexto de cada país, porque la manera como los grupos sociales enferman y mueren está condicionada por el ambiente, trabajo, familia y cultura, y está determinado por aspectos macro económicos y políticos. Para tal ﬁn explicaremos tres aspectos del problema: los paradigmas en salud que subyacen a los discursos de los presidentes, la subnotiﬁcación de casos y los que sustentan el uso de las tecnologías en el COVID-19. Paradigmas de salud en Argentina y en Brasil Para este, es utilizado el modelo de la medicina social. Laurell (1982) aﬁrma que el perﬁl de morbi-mortalidad desde la gestación cambia con los grupos socio-laborales y étnicos, de modo que: las sociedades que se distinguen en su grado de desarrollo y de organización social deben exhibir una patología social diferente. Finalmente dentro de una misma sociedad, las clases que la componen mostrarán condiciones de salud distintas. Por otro lado, Castellanos (1990) ha explicado: Los problemas de salud pueden ser analizados y explicados desde distintos niveles: general (la sociedad en general, global (“el ámbito de las políticas y planes de salud”), particular (“variaciones entre grupos sociales en una misma – 129 – sociedad y en un mismo momento dado”), espacio fundamental que articula el nivel de lo general y el de lo singular: nivel donde se maniﬁestan, sobre el cuerpo de los individuos, los procesos biológicos y sociales determinados en los niveles anteriores; este se deﬁne como “variaciones entre individuos o grupos de población por atributos individuales. (página 2) Al análisis de los determinantes sociales habría que agregarle el papel de la IA, las redes sociales y la TV como generadores de una noticia y multiplicadores de información al momento en que la misma está sucediendo en un mundo globalizado. Las primeras observaciones del devenir errático y desigual de abordaje del problema del COVID-19 en el mundo pareciera devenir de “la nueva normalidad” en salud, basada en los algoritmos de la IA que contabilizada datos en el mundo como si fuéramos iguales, reduciendo las personas a un número, fortalecidos por las redes sociales que divulgan los mismos. Pareciera que las discusiones en la prensa solamente se concentran en el virus, el iceberg de la enfermedad, dejando de lado la base, que está conformada por los determinantes sociales, las desigualdades regionales, las políticas, las representaciones y prácticas, las condiciones de vida, la raza, la alimentación, la disponibilidad de agua, etc. Esto signiﬁca que pareciera que se ha desplazado la epidemiología o estudio de la salud en poblaciones en un tiempo y espacio determinado, tanto en su visión tradicional (huésped, agente, ambiente), como por la epidemiología social o la epidemiología sin números. El lugar lo ha ocupado la epidemiología basada en la IA, a partir de datos producidos por Surgisphere (una empresa desconocida con personal sin formación en salud, pero que cuenta con datos de más de mil hospitales del mundo). Esa empresa ha publicado en The Lancet y el 'New England journal of medicinè, pero que “hasta ahora no ha proporcionado explicaciones sobre los datos o la metodología” aplicada. Sin embargo la OMS y los gobiernos basaron sus políticas y terapias de respuesta en estas informaciones. (Il Mensaggero, 2020) de la epidemiología algorítmica. Otros autores señalan que se necesita pensar en las condiciones ambientales de producción económica en que ese huésped animal se contactó con un humano y lo contagió. Es en ese marco que es necesario comprender la importancia del cambio climático y su impacto en la salud, en la que – 130 – se encuentran la ONU y la Organización Meteorológica Mundial como principales actores y productores de conocimiento. Existe una gran mayoría de artículos en esa línea de pensamiento ambientalista que indican que el virus tiene origen en el mercado de venta de animales en Wuhan (China), debiendo ser analizada esa forma de producción masiva de animales en criaderos. No obstante también existen divergencias en cuanto a que el mismo ha sido modiﬁcado uniendo el SARS2 y el virus de HIV como señalan el Premio Nobel de Medicina 2008, el Médico Montagner, descubridor del SIDA, la Médica Judy Mikovits y el Dr. Rashid Buttar de California. De modo que las sospechas y polémicas envuelven la pandemia desde su llegada a los países europeos y América del Sur. Más allá de las polémicas antes mencionadas, los dos países que en nuestro foco de estudio se destacan por la presencia del presidente en la escena del COVID-19, con mayor poder en los medios que el propio ministro de salud, son Argentina y Brasil. Sin embargo las visiones son opuestas y responden a distintos enfoques en salud y economía. Por un lado el presidente Fernández de Argentina, en una entrevista del 2 de junio de 2020, declara lo siguiente: […] “La urgencia no es la economía, la urgencia es la vida de la gente. Vamos a gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila “ […] […] “ No me temblará el pulso para prorrogarlo (al aislamiento) si es para tranquilidad, salud y cuidado de los argentinos. La economía se recuperará “[…] […] “Si no lo entienden por las buenas, lo entenderán por las malas”. […] […] “Tenemos que ser muy severos con aquellos que no aceptan la cuarentena, tenemos que ayudar a detecta…] […] “No hay necesidad de um estado de sitio. Cada uno tiene que hacer su parte, la policia provincial hace lo que es debido, si las fuerzas federales hacen lo que es debido”.[…] Con clara muestra de discurso poco democrático del presidente argentino, se han suspendido todas las garantías constitucionales, no se ha habilitado el trabajo del poder judicial y el parlamento recién está con algunas reuniones de manera virtual. Desde el día 16 de marzo, cada 15 días se vuelve a prorrogar la cuarentena, mostrando nuevos datos que confunden. Como apunta Solana Ini (2020), la amplia deﬁnición de “Caso conﬁrmado” donde se contabiliza a los sanos, engripados además de los que experimentan cuadros clínicos graves, arroja un ritmo de contagio y – 131 – un número de casos alarmantes y elevado. Partiendo de deﬁniciones poco estructuradas, terminamos observando indicadores que resultan poco claros y confusos. Lo mismo sucede con el concepto “ritmo de contagio” que posee ambigüedad, pues no son los cuadros leves los que importan, sino los graves que requerirán internación, y con el “aumento de casos”, pues se explica por qué empezó a realizarse test en las estaciones de trenes y subtes y en barrios de la periferia. Al día de la fecha es la cuarentena más larga del mundo, con más de 130 días de conﬁnamiento socio-económico donde solo trabajan las actividades necesarias deﬁnidas por el presidente. Esto también ha suscitado interrogantes cientíﬁcos que luego se detallan, porque según datos de la Universidad Católica, se han perdido 900.000 fuentes de empleo en la provincia de Buenos Aires, de modo que si se suma el país, la cifra será de 1.000.000 y sigue creciendo con la extensión del conﬁnamiento. Con clara ideología y discurso marxista, el presidente de Argentina opone economía a sociedad y pretende traer médicos de ese país sin éxito, pues se lograron más de 120.000 ﬁrmas de médicos por parte de los sindicatos que expresan su repudio desde la COMRA y el Colegio de Médicos de Buenos Aires indicando que es una afrenta, discriminación y competencia desleal, además de que sus títulos deben revalidarse por un trámite que lleva varios meses (Tremouilleres, 2020, en línea). Se ha denunciado que algunos de los médicos dicen que las condiciones pueden ser una pesadilla, reciben en promedio entre el 10% y el 25% del salario pagado por los países de acogida, y el resto se lo quedan las autoridades de Cuba indican fuentes de España. Por otro lado, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro señala todo lo contrario: “Es una gripecita… insiste que la economía debe ser reactivada, Brasil no puede parar por causa de un resfriadito “. Otra frase del presidente fue: “¿La gente habla tanto de la OMS, El funcionario a cargo de la Organización de la Salud es médico? No, no es médico. Es como si el presidente de la CAIXA no fuera un economista.” En ese caso se indica que el virus es una gripe, por lo que las actividades deben ser retomadas. Cabe señalar que en la misma línea, Lima (2020), profesor y médico entrevistado de IBICT, señala que “el 90% es leve, incluye un 50% que no tiene síntomas y un 40% que tendrá síntomas leves y fáciles de resolver. Sólo el 10% restante puede ser grave, pero el sistema de salud podrá resolver un 90% de los mismos”. En la “Revista 20 minutos”, la misma – 132 – OMS antes de declarar la pandemia, en el mes de febrero lanzó el curso de enfermedades respiratorias y del COVID-19 aﬁrmando: “aunque no deba ser comparado con la gripe común, las medidas de prevención son similares”. En la misma línea, el cientíﬁco Bruce Harold Lipton (Canal 7 en línea), doctor biólogo celular estadounidense y autor del best seller La biología de la creencia, señala que: los Coronavirus causan resfriados y que sólo, 1% de los infectados se interna y muere. La salud de casi todas las víctimas de este Coronavirus ya estaba comprometida antes. El estrés es responsable de hasta el 90% de las dolencias, incluyendo dolencias cardíacas, terminales y diabetes. De modo que los medios y los laboratorios están generando más miedo que lo que merece el virus. En esta línea, el médico alemán Wodart Woldfang (en línea), quien fuera presidente del Consejo de Salud de Europa, acusó a la OMS por declarar falsas pandemias como la gripe aviar en 2004 y la gripe A en 2010. Dicho médico indica que se observa claramente que la gravedad de la misma no es para detener las actividades económicas, culturales, sociales y educativas. Se ha generado una histeria pandémica cuando es difícil saber si murió de COVID-19. Pareciera que los políticos se han rodeado de “ciertos expertos” que lo asesoran, pero en realidad solamente responden a sus propios intereses económicos. Por otro lado, Bolsonaro deja que cada estado deﬁna porque el Supremo Tribunal Federal garantiza para los gobernadores el derecho y deber de decidir sobre salud y sobre la estrategia de control de la pandemia. El nordeste de Brasil, que con la gestión del ex presidente Lula había recibido 10.000 médicos de Cuba para trabajar en pequeñas ciudades y la zona rural, pero con Bolsonaro dicho programa caducó. Por tal motivo se encuentran enfrentados al presidente por esa razón, hecho que se maniﬁesta en la entrevista antes mencionada (LIMA, 2020). En esas dos visiones se observa un federalismo diferente y un modelo médico sanitario disímil. En Argentina, el crecimiento del gasto de nación y concentración en el poder central coloca en diferente situación a las unidades pobres con escasa capacidad de recaudación como Corrientes, por ejemplo, a causa del tipo de federalismo y de su modo de gestión. Según la caracterización que realiza Aspásia Camargo (1993), la distinción analítica que podemos hacer entre los dos federalismos es el que el argentino puede ser caracteri– 133 – zado como un federalismo “centrípeto”, mientras que en el caso brasileño puede catalogarse de “centrífugo”. Según las concepciones de Gibson y Tulia (2007), la manera en que se constituyó el federalismo en Argentina fue a partir del conﬂicto interprovincial, donde fue central el conﬂicto entre las subunidades. En este esquema: “el federalismo hegemónico, donde un rasgo es el régimen tributario de la coparticipación, que hace que se centralice la recaudación de impuestos por parte del Estado Federal para luego distribuirla a las subunidades”. (Silva, 2012) En relación a la visión de federalismo centrífugo, se puede ver cómo funciona a partir de la entrevista al médico brasileiro entrevistado, Dr. Clóvis Lima, médico de medicina infecciosa del IBICT que indica que los estados del Nordeste crearon un consorcio para trabajar en conjunto en el proyecto de Mandacaru, coordinado por el cientista Miguel Nicolei. En Argentina, por el contrario, el federalismo está centralizado y el presidente deﬁne el rumbo de todas las provincias del interior. Mientras Brasil posee un sistema de salud basado en la medicina social y dotado de un sistema estadístico eﬁciente desde Atención Primaria de la Salud, hospitales y la Fiocruz, con énfasis en los Determinantes Sociales en Salud y el Desarrollo Sostenible, Argentina se encuentra con un modelo médico hegemónico biologista centrado en el sistema de salud médico biologista exclusivamente. En Brasil existe mucha información del área de las Ciencias de la Información en salud, incluso la que fuera creada recientemente como el caso del Observatorio de Evidencias Cientíﬁcas sobre COVID-19/IBICT (2020) a cargo del médico Lima antes mencionado. En Brasil se observa que el área de Medio Ambiente ha tomado el tema para discutir sobre la relación entre el modo de producir y los virus. Por un lado, se ve que gobierno provincial de Bahía y el municipio de Salvador comienzan a debatir junto a diferentes referentes sociales y académicos sobre el medioambiente y su impacto en la salud. Por otro, aparecen publicaciones en esa línea, pues: “nuestra era se caracteriza por el impacto que el hombre ha causado en el ecosistema. En pro del desarrollo económico modiﬁca de forma irreparable las condiciones climáticas evidenciando un modelo de globalización y de explicación del ambiente ya insustentable… El COVID-19 está mostrando como subestimamos los impactos de la crisis climática en especial de los riesgos a la salud que enfrentamos diariamente… Todo está interconectado y la visión de salud del – 134 – antropoceno debe considerar la perspectiva de una salud planetaria” (Vianna y Fraga, 2020, página 1). En Argentina no se ha dado ese debate porque el Estado carece de ministerios con peso político y presupuesto en el área ambiental y de desarrollo sostenible, ya que no son prioridad. El municipio de la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina, también se ha concentrado solamente en el ministerio de salud y las políticas de disminuir los contagios mediante la restricción de circulación de las personas, el conﬁnamiento obligatorio de toda la población desde el 16 de marzo, el distanciamiento social en los trenes y autobuses urbanos. El tema ambiental no está en la agenda pública. Las desigualdades sociales y el Covid-19 Por un lado, en Estados Unidos se puede ver la diferencia en casos (enfermos) por grupos de edad con respecto a Italia, porque aquí son los hispanos-pobres-explotados-con mala alimentación-bajo salario-sin seguro médico (con otras enfermedades no controladas o sin diagnosticar). Entonces en su mayoría son de 18-44 años y de 45 –64 en segundo lugar. Los niños menores de 17 son la ínﬁma parte, sin ningún muerto (al igual que en todo el mundo). El grupo más afectado es el de hispanos latinos seguido de negros no hispano (CDC, 2020). Por otro lado, en Brasil también hay diferencias según las condiciones de vida. De acuerdo con los datos disponibilizados por la Municipalidad de Rio de Janeiro, los barrios de zona norte y oeste están concentrados con mayores números de muertos. Campo Grande, conocida por sus elevados índices de pobreza y falta de saneamiento básico, acumula casi el doble de casos que Copacabana, barrio de zona sur de Rio. El mismo tiene muchos contagios, pero no se traducen en alta mortalidad, mostrando una curva descendente como se veriﬁca en el cuadro (Painel Rio COVID-19, 2020). – 135 – Figura 1 Painel Rio COVID-19 Fuente: Municipalidad de Rio de Janeiro, Brasil, 2020. Por último, los datos del NHS Inglaterra en abril revelaron que las personas negras representaron el 5,8 por ciento de las muertes por COVID-19, a pesar de representar solo el 3,5 por ciento de la población. Por el contrario, los blancos representaron el 73,6 por ciento de las muertes, a pesar de representar más del 85 por ciento de la población. No hay evidencia cientíﬁca que sugiera que se base en diferencias genéticas entre cómo los sistemas inmunes de diferentes razas y etnias reaccionan a las infecciones virales. Sin embargo, existen vínculos entre el estado socioeconómico y el trabajo de los diferentes grupos y su exposición al virus (Cuthbertson, 2020). En suma, esto demuestra que las condiciones de vida determinan las posibilidades de enfermar y morir de COVID-19, de modo que allí necesitan concentrarse las políticas de salud integral y las medidas de distancia social y conﬁnamiento. Sin embargo, en los dos países se ha recurrido a la cuarentena de toda la población, sin datos certeros médicos que guíen las decisiones. Si se analiza la etapa de la pandemia, en la de contención es necesaria la mirada del virólogo, pero en esta fase actual (a 86 días de ini– 136 – ciada la cuarentena) se requiere el abordaje de la medicina interna, la salud mental, la sociología y la economía (Pérez-Baliño, 2020). Esto signiﬁca que es necesario ver las enfermedades que se están dejando sin atender porque los pacientes no concurren al médico, así como las nuevas enfermedades generadas por el encierro, el sedentarismo y la incertidumbre del futuro. Dinamarca, Suecia, Japón y Uruguay no realizaron ningún tipo de conﬁnamiento de la población general y no han sufrido más que lo habitual en lo que respecta a enfermedades respiratorias y mortalidad atribuible a las mismas. Giesecke (2020) relata que una publicación de Lancet, revista cientíﬁca médica por excelencia, indica que está comprobado que la cuarentena relajada de los países bajos ha dado más resultado que las estrictas en Europa, allí las escuelas y la mayoría de los lugares de trabajo han permanecido abiertos y los datos de salud son los esperables. En ese sentido existen numerosos epidemiólogos en diferentes países que señalan que los costos de prevención son tan altos que es necesario pensar en una cuarentena voluntaria (Salazar, 2020) y continuar con la vida cotidiana. Por un lado, señala el médico y académico de la Universidad de Valparaíso, Aníbal Vivaceta (Alarcón y Solís, 2020) destaca que apuntar a medidas de conﬁnamiento macro, de encerrarnos, yo lo comparo con tratar al virus como si fuera un perro de mediano tamaño encerrado en una jaula. Entonces las medidas que tomamos no son para un virus que vive en la convivencia de la gente, sino que son medidas para tener a un perro encerrado. Una de las máximas referencias de la ciencia y el big data de la Universidad de Stanford, John Loannidis, aﬁrma que: “La ciencia se está volviendo clara: las cuarentenas ya no son la medicina correcta. Tres meses después de que surgió la pandemia, ningún país tiene datos conﬁables sobre la prevalencia del virus en una muestra aleatoria representativa de la población general. La evidencia muestra claramente que COVID-19 es mucho menos letal de lo que se temía…, tiene una tasa de mortalidad comparable a la de una temporada de gripe severa…no son del 3% como dice la OMS”. (página 1) Una cuarentena ya no es una respuesta proporcionada, particularmente dado su profundo impacto negativo: desempleo masivo y aumentos en la violencia doméstica, problemas de salud mental y abuso infantil, así – 137 – como muertes causadas por el tratamiento médico retrasado o cancelado. (INFOBAE, 2020) Un epidemiólogo argentino y ex profesor de la cátedra Medicina y Sociedad de la Facultad de Medicina de Rosario/UNR indica que en Argentina estamos frente a una dictadura pseudocientíﬁca que te impone un modo de enfermar y morir, un sanitarismo carcelario o neofascismo sanitario (Salazar, 2020). Un profesor e investigador de salud pública argentino señala: en Argentina instalaron una falsa opción como si no existiera una intersección entre salud y economía. Borini (2020) indica que una cuarentena podría contemplar la salud y la economía al mismo tiempo en beneﬁcio de ambas con una “cuarentena limitada a los susceptibles”, porque es un principio básico de la epidemiología no exponer a las poblaciones susceptibles, los mayores de 65 años y los que padecen alguna enfermedad que se puede agravar con la epidemia. De esa forma, al comienzo del aislamiento físico, sólo se hubiera conﬁnado 4,5 millones que son los mayores y los 40 millones restantes podría haber mantenido sus actividades habituales, familiares, laborales, deportivas, culturales, políticas, religiosas, etc.) No obstante las criticas antes mencionadas, toda Argentina y los estados del Nordeste de Brasil continúan con una cuarentena total de personas sanas, basados en información de IA y de una “epidemiología de algoritmos” de la Johns Hopkins, que encuentra eco en una TV que ha fortalecido su poderío en tiempos de encierro. En este nuevo marco se divulga información de casos que genera confusión, aturde a la población y aumenta el pánico. La imprecisión y ambigüedad de los números Se han detectado cuatro problemas que sustentan la falta de solidez cientíﬁca de los datos, la deﬁnición de caso vaga y ambigua, la metodología de conteo de los mismos, el uso erróneo del testeo como indicador de casos, la falta de análisis del resto de las patologías respiratorias, a ﬁn de cuantiﬁcar la gravedad del COVID-19, así como del perﬁl de morbimortalidad de la ciudad que se analiza. Con respecto al primero, se observa que en el tratamiento de la pandemia existe una mudanza continua de la deﬁnición de caso y de los criterios – 138 – que la conforman. El caso de España es paradigmático, pues cambiaron nueve veces la deﬁnición de “caso”. La deﬁnición de “caso” en Argentina fue cambiando tres veces de modo que primero incluían solo ﬁebre y tos, luego le agregaron dolor de garganta y ahora se suma la pérdida de gusto y olfato. Lo mismo sucedió en Brasil de la mano del cambio de ministros, pues al momento han pasado tres personas por la cartera de salud. Todo esto hace difícil comparar el primer caso con el último desde el punto de vista metodológico, porque la naturaleza del mismo es diferente. El segundo problema es de tipo metodológico. El médico microbiólogo Francisco Lewkowicz (2020), en el diario La Prensa, indica que existe una diferencia entre infectados, enfermos y muertos, de manera que si se toma Islandia, se observa por ejemplo que se infectó la mitad de la población del país (calculando sobre la base de testear el 5% de la población), se enfermaron 1.802 y murieron 10 personas. De modo que siempre es necesario partir de un análisis del contexto de la población total. De esta forma, los datos que publicó el presidente de Argentina de una tasa de mortalidad del 9,8% es erróneo, pues no ha tomado la referencia de 44 millones de habitantes para calcularlo. La tasa de mortalidad por habitantes en nuestro país, según los números oﬁciales, es: muertos 439 (23/05/20), habitantes 44.490.000 (censo 2018) = 0,001/100 habitantes; o sea, 1 muerto por cada 100.000 habitantes. Si la tasa de mortalidad fuese de 9,8 muertos por 100.000 habitantes, el 23 de mayo ya habríamos sumado 4.360 muertos. En esa línea de argumentación, Pablo Goldschmidt (2020) indica que hay un error metodológico en los cálculos del COVID-19 a nivel mundial porque se basaron en el modelo matemático de UK que hizo una proyección de casos inexactos y generó pánico. En segundo lugar se confundieron los dos modelos existentes, el del Imperial College London que estudia cómo y desde cuando circula, y el de la Universidad de Oxford que estudia cuánta gente muere. En tercer lugar, en entrevista realizada por Fabián Doman el 9 de abril, Goldschmidt indica que los números de casos están siendo mal hechos porque pareciera que los bioestadísticos no están trabajando en el equipo de expertos de la OMS y de los países, y concluye que no se puede seguir siendo víctima de una presión internacional por cosas mal hechas. Cabe señalar que existen leyes y métodos estadísticos aplicados a la información como la informetría, webmetría, cientimetria, bibliometría y altimetría. Sin embargo no se pueden contar las enfermedades desde esos – 139 – métodos porque están desvirtuando la naturaleza de la enfermedad y de los problemas epidemiológicos que se miden con tasas de incidencia, prevalencia y frecuencia. Otro punto a discutir es el test de PCR (Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction) como indicador de caso. Evidentemente los casos aumentan a medida que se los comenzó a usar en más poblaciones, lo que no signiﬁca que aumenten los casos, sino que crece el número de testeo. El otro punto es que el test PCR indica apenas el genoma viral, pero no se sabe si está activo o no. Es necesario un cuadro clínico para conﬁrmarlo, indicó el médico Ramiro Salazar. El cuarto problema que genera confusión es la falta de análisis de otras patologías respiratorias y del resto de las enfermedades. Si analizamos Buenos Aires, podemos veriﬁcar que la contagiosidad no signiﬁca aumento de mortalidad al mismo ritmo y como se puede observar la mortalidad está relacionada a las enfermedades pre-existentes (ver ﬁguras 2 y 3): Figura 2 Comorbilidades de casos conﬁrmados y fallecidos de COVID-19 con dato consignado. Ciudad de Buenos Aires. N=212 (fallecidos); N=9867 (conﬁrmados. 2/3 al 4/6 de 2020 Fuente: Elaboración propia con base en el Boletín Epidemiológico Municipalidad de Buenos Aires Según el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud de Argentina, en el país, 65.438 personas mueren al año por enfermedades respiratorias y por – 140 – el COVID-19 hay 800 en 86 días, es el estimado anualmente, ni más ni menos. Para el caso de CABA se puede ver que los contagios son numerosos, pero la mortalidad es mínima y al momento solo hay 212 fallecidos con promedio de edad 70-75 años y 102 personas en la UTI, para una población de 3 millones de habitantes. Al analizar la comorbilidad de casos conﬁrmados en base Boletín Epidemiológico Municipal de Buenos Aires se percibe que los pacientes internados tienen enfermedades preexistentes a saber: HTA, DBT, obesidad, enfermedad neurológica crónica, insuﬁciencia cardiaca y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Figura 3 Cantidad de fallecidos y letalidad porcentual en casos conﬁrmados de COVID-19 según grupo de edad (años). Ciudad de Buenos Aires. N=9855 (conﬁrmados); N=212 (fallecidos). 2/3 al 4/6 de 2020 Fuente: Elaboración propia con base en el Boletín Epidemiológico Municipalidad de Buenos Aires En una entrevista con el epidemiólogo argentino Ramiro Salazar (2020), el mismo aclara que si bien hay datos que podrían servir para tomar decisiones acertadas, se ve que la ciencia y epidemiología como tal han ido perdiendo espacio de autonomía y han quedado relegadas a un lugar de servicio al político de turno. – 141 – Si se analiza Brasil también se observa otra realidad en los datos recabados por Transparencia del Poder Judicial (en base a los certiﬁcados de defunción). Se puede observar que la mortalidad por infecciones respiratorias es un problema en 2019 y existen numerosas patologías importantes, mucho más graves que el COVID-19. (Ver ﬁgura). Figura 4 Muertes por enfermedades respiratorias Fuente: Central de Informaciones del Registro Civil - CRC Nacional. Brasil, 2020 Este portal difunde datos enviados de la declaración de Defunción enviadas por los Cartórios al Portal da Transparencia, además de los que ﬁguran como cuadro de sospecha. Además se incluyeron causas relacionadas a la enfermedad como: Síndrome respiratorio agudo grave (SRAG), neumonía, Insuﬁciencia respiratoria, Septicemia (sepse/choque séptico), Indeterminadas (muertes ligadas a enfermedades respiratorias, pero no conclusivas), las Demás muertes (todos los otros tipos de muerte que no están en el listado de respiratorias). – 142 – En uno de los gráﬁcos no solo se observa que en 2019 hubo otras causas de muerte más importantes y las respiratorias también eran altas, hecho que se repite en 2020. Incluso en el otro se observa que desde el 1 de junio comienzan a descender los casos registrados de mortalidad por COVID-19. Figura 5 Curva de crescimento de doenças respiratórias Fuente: Central de Informaciones del Registro Civil - CRC Nacional. Brasil, 2020 Al consultar al profesor Lima (2020) sobre este tema, el declara que: “[…] Un diagnóstico de síndrome respiratorio agudo hoy es COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. En tiempo de pandemia es diagnostico presuntivo. Que es algo rutinario en la vida de los servicios de salud y es parte de los certiﬁcados de defunción” […] “se no puedes hacer test entonces tienes que generalizar la cuarentena en todos los grupos sociales” […] “hacer test serológico en quien está muerto en tiempo de pandemia, con un buen diagnóstico clínico, puede ser una extravagancia”. […] De esto se desprende que no se constata ni – 143 – la enfermedad ni la mortalidad, pues en tiempo de pandemia todo es “presuntivo”. Sin embargo esto genera miedo, pánico, ansiedad y desesperación de la gente, pues durante 24 hs los medios de prensa hablan del tema. De modo que pareciera que en su análisis no está pensado el daño psico-social que signiﬁca creer que el virus es gravísimo. El Comité Cientíﬁco de Combate al Coronavirus del mismo proyecto informó el 1 de junio que analizando tres variables, no estaban dadas las condiciones para salir a trabajar. Esos indicadores son: tensión sobre el sistema de salud, situación local de la epidemia y aislamiento social/inﬂuencia geográﬁca (Projeto Mandacaru - Comitê Cientíﬁco de Combate ao Coronavírus, en línea). Llamativamente se aﬁrma que los contagios están creciendo y los casos graves llegarán en julio-agosto, mostrando otros datos diferentes a los anteriores del Municipio de Rio y del Registro Civil. Del análisis de la página web de dicho proyecto se observa que toman como referencia los datos mundiales de la Universidad Johns Hopkins de USA, que construye sus datos usando algoritmos y agrandando/inﬂando las cifras de manera intencional, al tiempo que niega la esencia de la epidemiología clásica (agente, huésped, ambiente) y de la epidemiología social. Cabe indicar que quizá las contradicciones entre diversas fuentes se deban a las limitaciones que indica Carvalho (2019), cuando señala que faltan políticas de innovación y tecnología en salud basadas en estudios poblacionales, pues solamente se basan en la mirada de salud pública enfocada en la asistencia del propio sistema de salud y no en la población según raza, género, trabajo, etc. Sin embargo la FIOCRUZ posee antecedentes con informes y estudios de gran nivel cientíﬁco que parecieran estar desaprovechados al día de la fecha, pues lo único que predomina en la prensa son los datos de Big Data que produce la Johns Hopkins que magniﬁcan el problema. Si los estados del nordeste de Brasil pueden deﬁnir sus políticas de salud, ¿por qué maniﬁestan que crecen los casos si los registros de defunción dicen otra cosa?, ¿es sólo un mal registro de datos o hay otros intereses?, ¿por qué se critica al presidente del aumento de casos si dependen de políticas de cada estado?, ¿será porque es año electoral? A estas interrogantes sobre Brasil se suman los referidos a la Argentina. Si existe información epidemiológica en los dos países que podría – 144 – utilizarse para un abordaje serio del problema, ¿por qué todavía se continua generando pánico a la población y se continua con el conﬁnamiento obligatorio?, ¿existen razones cientíﬁcas o hay otros motivos? En este punto vale la pena rescatar las palabras de Yoram Lass, ex director general del Ministerio de Salud de Israel y miembro del parlamento, quien aﬁrma: “Las redes sociales generaron una reacción histérica contra el Coronavirus al que describió como solo otra epidemia de gripe, la misma debe compararse con todas las demás muertes durante el mismo período. El enfoque es erróneo, el número de fallecidos por COVID-19 es falso. Han lavado el cerebro de poblaciones enteras, lo que resulta de ello es miedo, ansiedad e imposibilidad de analizar estadísticas reales genera histeria monstruosa…el gobierno genera medidas draconianas y aumenta esa histeria.” (INFOBAE, 2020b) De todo lo antes mencionado se veriﬁca que las argumentaciones del médico Yoram Lass sobre el papel de las redes sociales, generando pánico, puede sumarse al predominio de la epidemiología de los algoritmos que propagan datos de la base de hospitales del mundo y gobiernos, como si fuéramos iguales y desconociendo la epidemiología como ciencia. Esta imprecisión en los datos pareciera ser propia del nuevo escenario en salud: el de “la nueva normalidad”. Segundo, según Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artiﬁcial de la Universidad de Buenos Aires (IALAB) (2020) para el covid10 se pueden observar tecnologías para el seguimiento y la detección de áreas críticas (de personas enfermas y de quienes están violando la cuarentena), Tecnologías para el diagnóstico y la atención, Tecnologías que asisten en el abastecimiento de instrumental médico, Tecnologías que organizan y ofrecen información real y de manera inmediata a la ciudadanía. Por esa razón haremos referencia a dicho aspecto en el próximo tópico. El uso de tecnologías por los gobiernos Jakhar (2020) indica que desde el inicio de la pandemia en China se hizo referencia a la eﬁciente utilización de tecnología, ya que pueden verse robots desinfectantes, cascos inteligentes, drones equipados con cámaras térmicas y hasta un avanzado software de reconocimiento facial, o robot – 145 – repartiendo comida en un hotel con pacientes COVID-19. El aparato de los medios estatales, incluso en circunstancias normales, aprovecha todas las oportunidades para enviar un mensaje sobre la soﬁsticación tecnológica de China, incluso si una historia tiene poca sustancia…y en su mayoría son trucos de espectáculo”. Esto también lo refuerzan las declaraciones de Elliott Zaagman (2019) que cubre la industria tecnológica de China y es copresentador del podcast China Tech, quien plantea problemas de privacidad y del sistema de vigilancia en manos del estado y del partido comunista chino. Naciones Unidas también realizó una video conferencia mundial mostrando el caso exitoso de Corea del Sur donde se observa que utilizaron tecnología en la detección de personas. El sistema nacional de información creado en el 2015, que ahora se llama “Completed Smart Quarantine Sistem 2017” e incluye al ministerio de justicia, fue acompañado de información a médicos y la comunidad, no sólo de las estadísticas sino de la prevención, usando los canales de youtubee. El Institute for Health Promotion of Yonsei University College of Medicine explica que se realizaron instructivos para pacientes y familiares con COVID19 que deben permanecer en cuarentena. En dicha exposición también indicaron que el tratamiento fue con varios antivirales como hidroxycloroquina, lopinavir, combinados con interferón y antibióticos, entre otros (Heejin y Hyukmen, 2020). Por otro lado, surgen las discusiones en cuanto al avance sobre el derecho a la intimidad. La profesora emérita de Harvard Business School, Shoshana Zuboff escribo el libro “The Age of Surveillance Capitalism,” en 2019 que fue premiado donde claramente indica que hemos perdido el derecho a la intimidad en manos de Facebook, twitter, Google Earth, Instagram, y nuestros datos quedan a merced de las grandes corporaciones cada vez que damos like e incluimos información sobre nuestros gustos e intereses, pues ellos pagan por nuestra “predicción” o “mercados de futuro de comportamiento”, que deﬁnen nuestra puntuación social. Considera que es algo ilegítimo pero que nuestra democracia tiene herramientas para regularlo. (Biddle, 2019) Sin embargo la misma situación ocurre en el sistema comunista chino donde existe “el crédito social” que también fue descripta por Ticbeat (2020) donde dice – 146 – “a big data es uno de los principales aliados de este sistema estandarizado de recompensa y castigo que presagia de forma siniestra la era global del algoritmo… En China se cumplen las palabras de Orwell y las personas son monitoreadas con el reconocimiento facial y uso de televisores en las calles, donde por un lado se premian actitudes de reciclado y pago de deudas y por otro lado se sancionan el hecho de fumar o no pagar el seguro. Incluso se sanciona y publican los rostros del poco conﬁable como ha pasado con 1.100 funcionarios públicos, mientras las empresas privadas se suman al proyecto” De modo que pareciera que China ganará la batalla de la AI, pero también por la falta de privacidad. Como indica la revista Alerta Digital (2020) ahora existe una fuerte censura ahora automatizada que ha llegado a unos niveles insólitos, mediante la ayuda del aprendizaje automático y el reconocimiento de voz y de imágenes todos son controlados, funcionarios, periodistas y religiosos. La fuerte censura digital va de la mano de la censura religiosa Si bien muchos comienzan a mostrar las bondades del modelo chino y los “estados algorítmicos,” otros indican que son gobiernos con poderes especiales y libertades limitadas (Moreno, 2020). En ese sentido De Ridder (2020) señala que hay estudios en The Lancet que indican que el rastreo de contactos digitales (DCT) de pacientes con COVID-19, un conjunto de tecnologías que permite el aislamiento selectivo de personas que han estado en contacto con casos positivos, podría ser decisivo durante esta etapa desaﬁante y actualmente está en el centro de las discusiones en varios países. Sin embargo, DCT plantea problemas de privacidad, estigmatización y derechos humanos. Si se analiza Argentina, se observan dos políticas que han suscitado críticas. Por un lado, el aplicativo “Cuidar” para obtener permiso de circulación registra una enorme cantidad de información personal que está disponible para las autoridades sanitarias, la autoridad ﬁscal, la administrativa y la jefatura de gabinete (Giúdici, 2020). El mismo debe renovarse cada 48 horas, luego de responder preguntas sobre la salud y los síntomas para COVID-19. Esto genera una dependencia psicológica tal en las personas cada vez que deben salir, que va acompañada del miedo al covid19 y al control policial existente en las calles. Por otro lado, el gobierno estableció que las cyberpatrullas caminarán la red en busca de conductas vinculadas a la «comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos – 147 – y de insumos sanitarios críticos; y en el artículo 3 se aplicará a los «delitos relativos a los que hace referencia el decreto 260/2020». ¿Qué establece esa norma? Pues la ampliación de la emergencia sanitaria y el establecimiento del aislamiento preventivo obligatorio, es decir, la cuarentena. Y justamente en ese decreto están las penalidades por romperlo. La pregunta que se hacen varios penalistas es si el protocolo servirá para controlar a quienes, por ejemplo, convocan a una marcha como sucedió en los últimos días. Y la respuesta que dan a primera vista es que sí, que podría utilizarse para eso. Como indica el sociólogo de México, Robinson Salazar (2020): “usando el miedo, la policía y la IA nos despojaron de las vestimentas de la libertad para quedar reducidos a un sujeto de la obediencia”. (página 205) En esta “nueva normalidad” el liberalismo adquiere la forma de capitalismo cognitivo. En las palabras de Alessandra Gomes, Maria Luciano, Nathalie Fragoso y Victor Pavarin (2020) eso también se observa en Brasil donde hay numerosos aplicativos relacionados con el COVID-19. En un estudio reciente de ocho app de Brasil se observa que una fracción minoritaria de los aplicativos del COVID-19 solicita permiso. Coronavirus SUS transﬁere datos de manera no criptografada y la app no tiene política de privacidad. No obstante cabe resaltar que Brasil ha avanzado más que Argentina en este tema, posee: Marco Legal de la IA PL 21. 2020, la ley 13.709/2018, Decreto 9319, Marco Civil de la Internet (Coelho, 2020) Cabe señalar que el uso de los aplicativos en tiempos del COVID-19 es conﬂictivo porque a la pandemia sanitaria se le ha sumado la pandemia económica y la democrática, como indican politólogos de España y de Chile. Esta pandemia afectará la debilitada legitimidad institucional, favoreciendo la concentración del poder político. El problema para la democracia es que cuando, como resultado de una crisis, los gobernantes incrementan sus poderes por la vía excepcional, cuando estas pasan, los gobiernos renuncian a una parte, pero nunca del todo a ese poder (Moreno, 2020). De modo que pareciera que existe el reconocimiento generalizado de que entraremos en una “nueva normalidad”. ¿Cuál será esta nueva normalidad en salud? Cabe señalar que este estado de vigilancia permanente va acompañado de la militarización de las ciudades de Argentina y Brasil, lo cual nos coloca en una disyuntiva como sociedad y nación. Como indica Aldana (2020), – 148 – parece que las naciones enfrentan una disyuntiva: o elige medidas autoritarias y aumenta el poder de la fuerza pública para garantizar el control de la población; o somete a la fuerza pública a los principios constitucionales y a la protección de los derechos humanos. La humanidad, en cambio, tiene que pensar el concepto de desobediencia. Es bastante malo que no haya conﬁanza ni respeto por la fuerza pública. Pero que solo se respete y no se cuestione a las fuerzas del orden, es aún peor. Consideraciones Finales Este trabajo tuvo como objeto analizar la subnotiﬁcación de casos del COVID-19 en Argentina y Brasil. Para tal ﬁn se procuró bibliografía del campo de la medicina social, la epidemiología y de IA en salud, además de estadísticas oﬁciales y estudios académicos. Se observa que tanto en Argentina como en Brasil la mirada está centrada en el iceberg de la enfermedad (los casos de COVID-19), quedando fuera la morbilidad sentida y la percibida, el agente causal, el ambiente, el cambio climático y los determinantes sociales en salud. Se veriﬁca que falta unanimidad en el campo médico sobre el origen del virus (natural o modiﬁcado), la deﬁnición de caso (asintomático y enfermo), el uso del test PCR (mide portación del virus o solo la carga viral desconociendo si está activo o inactivo), cuarentena total /parcial / rotatoria, etc. De los discursos de los presidentes, aunque los dos países producen sus propios datos en realidad, predomina un discurso del pánico y la angustia a causa de la difusión de estadísticas de la Universidad Johns Hopking, basadas en Big Data y en la epidemiología de logaritmos, que desconoce las características del agente-huésped-ambiente y las condiciones sociales. Llamativamente esta información de la epidemiología algorítmica es la que difunden los canales de televisión y las redes sociales, en detrimento de los propios estudios epidemiológicos. Cabe resaltar que médicos de reconocida trayectoria internacional como el Dr. Yoram Lass, el virólogo Pablo Goldschmidt y el microbiólogo José Francisco Lewkowicz, señalan que hay errores metodológicos en la construcción del dato sobre enfermos y muertos por COVID-19, por falta de formación en bioestadística, por creer en cálculos matemáticos – 149 – equivocados y por estar asesorados por grupos económicos de la industria farmacéutica. Quizá se deba a que se utilicen leyes y métodos estadísticos aplicados a la información como la informetría, webmetría, cientimetría, bibliometría y altimetría. Sin embargo no es la forma de analizar un problema desde el punto de vista epidemiológico y médico, que construye tasas de incidencia, prevalencia, frecuencia, gravedad. Por esa razón se observa que a nivel metodológico hay graves problemas del análisis de los datos, el cálculo de bioestadística necesaria para indicar que los es igual o más peligrosa que otra. Asimismo, se ha cambiado la noción de “caso” varias veces, por lo cual es imposible comparar. En Argentina y la capital se ve claramente que la mortalidad anual por enfermedades respiratorias es alta, y los datos actuales siguen casi en la misma dirección, habiendo otras enfermedades que enferman y matan. Se veriﬁca incluso que la alta contagiosidad no va de la mano de la mortalidad, pues la letalidad ha pasado de 4% a 2,3%. En Brasil también se veriﬁca lo mismo en los datos provenientes de los certiﬁcados de defunción que llegan al registro civil (datos de 2019-2020). Sin embargo, en contraposición, la prensa y los gobernantes repiten que el problema es grave y debe continuarse con la cuarentena, tanto en toda la Argentina como en el nordeste de Brasil bajo el proyecto Mandacaru, reiterando los datos de Big Data de la John Hopkins y la BBC. Se desconoce si existe una tensión entre la epidemiología clásica y la epidemiología algorítmica o en realidad están en juego luchas de poder político en un año electoral. En ese contexto existen epidemiólogos (Salazar, Harari, Borini, entre otros) que plantean que no son dos temas opuestos la salud y la economía, sino que pueden convivir juntos para favorecer a toda la sociedad. Otros indican que el gobierno se enfoca en los consejos exclusivamente de virólogos enfocados en la cuarentena total, necesarios para la fase de contención del virus, pero no para esta fase de la pandemia, que es de mitigación, como indica el Dr. Pérez Baliño, para la cual es necesario acudir a la medicina interna, la sociología, la economía, comprobar todo el impacto de 80 días de conﬁnamiento inaudito y excesivo, y pensar salidas ordenadas del conﬁnamiento. Varios investigadores incluso indican que pareciera que los gobiernos del mundo se han rodeado de “expertos” más preocupados por cuestio– 150 – nes económicas personales asociadas a empresas multinacionales de los medicamentos que por la veracidad de los datos médicos. En este último aspecto coinciden el médico alemán Wodart Woldfang, y el epidemiólogo argentino Ramiro Salazar, pues consideran que hay una manipulación de los datos de morbi-mortalidad para que los mismos encajen en el relato oﬁcial y en la necesidad de la industria medicamentosa y provacuna. Por último, a este predominio de la epidemiología de los algoritmos se le suma el uso de tecnología por los gobiernos, que invade la privacidad y viola los derechos humanos fundamentales protegidos por la constitución nacional y las leyes en el caso Argentino y en Brasil ofrece problemas de privacidad como fuera estudiado por investigadores. Cabe indicar que hay estudios en el campo médico, como la clásica revista The Lancet que indican que el rastreo digital de pacientes con COVID-19 plantea problemas de privacidad y derechos humanos que no deben olvidarse. En suma, en los dos casos no se actúa desde una visión social en salud, sino desde la visión biologista preocupada por el virus, para lo cual convierten al caso de COVID-19 en un cuerpo político, lo marcan, lo cercan, lo doman como dice Foucault. Lo ubican en su casa y lo controlan con un aplicativo, y la ayuda del poder policial. De manera que la epidemiología algorítmica es acompañada de políticas de estados algorítmicos y rastreo digital. En el caso de Argentina lamentablemente esto se da en el marco de concentración del poder en manos del presidente (debido al tipo de federalismo centralizado) y pérdida de derechos fundamentales por parte del ciudadano, así como la militarización de las ciudades. En síntesis, pareciera que la vaguedad y la ambigüedad, la subnotiﬁcación no se remite solo a problemas de registro médico, sino que pareciera ser complejo y poseer numerosas aristas, por lo que se pretende aportar a la reﬂexión sobre nuevas líneas de investigación sobre el tema. – 151 – Referencias Bibliográﬁcas Alarcón, M. y Solís, G. (marzo 20, 2020). Epidemiólogo que combatió el ébola cuestiona eﬁcacia de la cuarentena total. Recuperado de https:// www.mundonuevo.cl/aplanar-la-curva-es-una-locura-cuanto-tiemponecesitas-tener-a-la-gente-encerrada-para-tener-la-curva-asi/ Alerta Digital (noviembre 30, 2019). China, el primer estado totalitario digital en el mundo. Recuperado de http://www.alertadigital.com/2019/11/30/ china-el-primer-estado-totalitario-digital-del-mundo/ Aldana, A. (junio 11, 2020). El cuidado del mundo quedó en manos de las bestias. 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New York: PublicAffairs. – 156 – DE CIUDADANOS A USUARIOS, ALGUNOS IMPACTOS DE LA PANDEMIA Miguel Ángel Zebadúa Carboney La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido H.P. LOVECRAFT La ola del miedo De marzo a julio de 2020 es un tiempo corto para comprender en su totalidad lo que ha venido sucediendo desde el momento en que el Covid19 inició su agresiva y mortal travesía por el mundo. Por ello estamos más cerca de las aproximaciones que de las aﬁrmaciones, de sus efectos y sus tendencias en torno a lo social, lo político, lo económico, lo psicológico, hasta hoy aún en proceso. Porque como cree Víctor Flores Olea (2020), “nadie tiene en sus manos el futuro”. Por lo mismo hay más preguntas que respuestas. Más dudas que certezas. Sin embargo, los que estamos aún vivos, conﬁnados, debemos interrogarnos sobre los problemas derivados del covid19. Como testigos de este presente que la historia contemporánea registrará, nuestra experiencia será parte imprescindible de las nuevas interrogantes de la ciencia política, la economía y la sociología. Esta reﬂexión plantea algunos de los problemas generales. No es sólo uno el asunto particular tratado. Esto se debe a que la relación con otros es cercana y estimulante para responder sus planteamientos presentes y pasados, ya sea el miedo, el control social tecnológico, la militarización, la guerra China-Estados Unidos, el conﬁnamiento, el viejo orden mundial. – 157 – La pandemia afectó en gran parte la dinámica capitalista: la movilidad de personas que lo hacen funcionar, desde el corredor de bolsa hasta la sirvienta a domicilio; pero ni los bancos ni las farmacias ni las supermercados cerraron. La producción sí. El comercio también. Es decir, el movimiento de mercancías. Sin embargo, en línea ocurría un fenómeno que traía desde años atrás muchas ganas de ocupar un lugar en la ganancia mundial. La llamada “economía compartida”, de hoteles, casas, taxis, llenaban un espacio que momentáneamente era de ellos. La oportunidad había llegado. Por otro lado, millones de empleados tuvieron que continuar su vida cotidiana transportándose diariamente, quienes junto con la burocracia tuvieron –y tienes hasta– la necesidad de moverse. Por su parte, el Estado no se detuvo. Sus instituciones como la de seguridad nunca dejaron de funcionar. Policías y militares fueron requeridos. En las calles solitarias de las naciones en medio del auge de la pandemia, los visibles eran los cuerpos de seguridad de los Estados, ordenando, distribuyendo, vigilando; otros, como templos, prostitutas, transexuales, futbolistas, desaparecieron. No ocurrió así con los empleados de la basura, locutores, pepenadores de basura, indígenas vendedores en calles. La pandemia hizo de algunos ser los mismos sobrevivientes. Mientras millones se movilizaron a refugiarse por miedo, otros lo hicieron por necesidad. La sociedad, ordenada por el Estado y sin comprender lo que pasaba, obedeció. Asustados se refugiaron llevándose consigo la poca nostalgia de dejar temporalmente el espacio laboral. Docentes formaron la primera línea del encierro involuntario. Enseguida el arte y la cultura, el deporte, algunas empresas privadas. Para algunos ricos la preocupación era cuándo y cómo regresar del extranjero y cuál casa ocuparían. Mientras al mundo le cambiaban el chip de su rutina a través de la voz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las empresas de la tecnología, rémoras del capitalismo, no desaprovecharon la oportunidad de acumular capital a través de las dinámicas en línea. ni dinero ni comida, ni gasolina ni agua, faltaron como para poder decir que la humanidad padeciera la experiencia de una crisis total. Situaciones desde el punto de vista de una fuerte escasez social se había manifestado en las dos guerras mundiales ocurridas en el siglo XX, o por sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos y sus aliados contra Cuba, Irán, Venezuela. Pero en esta pandemia continuaron funcionando las industrias farmacéuticas, las cadenas alimenticias, la red bancaria. Tampoco la totalidad de las em– 158 – presas del transporte terrestre y marítimo, aunque sí en las aéreas y en las turísticas. En la lógica de la ganancia, esta coyuntura capitalizó a las empresas vinculadas a la OMS, como las farmacéuticas, porque otro drama habríamos presenciado sin farmacias, supermercados y bancos. Hasta ahora, julio 2020, no hay señales de una severa crisis en esos sectores, como las ya padecidas desde hace años, por ejemplo, en América Latina o África. II Al principio fue la ciencia la que dio la cara: los cientíﬁcos. Pocos políticos fueron la voz autorizada de la Organización Mundial de Salud. Preﬁrieron dejarles la conducción a los expertos, como se dijo en México y en casi todos los países. Oímos la voz autorizada de la OMS a través de sus “representantes” en todo el mundo: el manejo de la crisis sanitaria. A partir de marzo de 2020, los políticos se hicieron a un lado. Pero la mayoría de la gente no entendía qué pasaba, buscaba con preocupación respuestas en las redes, en los mensajes, unos tranquilizadores, otros alarmistas. Entre el miedo y el pánico, algunas personas empezaron a limpiar absolutamente todo, a comprar comestibles, fármacos… y papel de baño. Dejamos de pensar en el vecino para acomodarnos y esperar encerrados la siguiente indicación desde la autoridad sanitaria y del Estado. Era algo parecido a esperar una invasión, que venía desde el lejano oriente avanzando hacia Europa; mostraba rápidamente sus estragos en la costa Este de los Estados Unidos y se dirigía inexorablemente hacia Latinoamérica –febrero 2020–. Lo individual, como un sentimiento privado-personal-egoísta, no sucumbió ante lo público-solidario-fraterno; al contrario, el cierre de las fronteras mundiales mostró que cada nación priorizó a su civilización, hundió en los pantanos de la historia lo comunitario y, de paso, se tragó a la idea efímera de un “mundo globalizado”. El escape hacia uno mismo y privado, acompañada de incertidumbre y lo desconocido, empujó a la solidaridad al rincón del egoísmo. El ﬁlósofo Han (2020) expuso sus nociones acera de esta forma de actitud, al escribir: El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distan– 159 – cias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacíﬁca, más justa. Pero la sociedad continuaba sin comprender. Esperaba respuestas claras. La medicina se encargó de explicar al mundo las características de la amenaza de un virus que requería de un inevitable lenguaje técnico. Opiniones de virólogos, bacteriólogos, infectólogos, aparecieron todos los días en las pantallas de millones de personas enclaustradas y, frunciendo el cejo, trataban de comprender lo que esos expertos decían y aconsejaban. Las voces cientíﬁcas, por su parte, infundían serenidad, respeto, preparación, admiración, y para algunas, simpatía y atracción, como “el Dr. López-Gatell”, el médico mexicano, la voz oﬁcial convertido en un efecto rockstar. Después aparecieron los ﬁlósofos y los comunicólogos, psicólogos y economistas, sociólogos y politólogos, la carta de presentación de las voces, las otras ciencias, las sociales; las cuales quizá mostraron no ser híper especializados, aunque sí obligadas a opinar, replantear, criticar todo lo relacionado con lo cultural, lo económico, lo social, lo político. Aquí también había, si no sorpresa, sí preguntas y pocas respuestas de un problema “inédito”. III Algunas ideas acerca del cambio de un paradigma en el capitalismo y de los agentes encargados de llevar a cabo las reestructuraciones del mundo han sido expuestas por el ex agente de contrainteligencia Daniel Estulín en muchos de sus videos en You Tube. Según Estulin, estamos en presencia de un cambio sistémico inducido del viejo orden regido por ﬁlántropos, banqueros, empresarios, políticos, dueños de monopolios y de gran injerencia en el mundo. Nombres como la fundación Rockefeller, Fundación Gates, George Soros y otros, encabezan esto, quienes junto con los políticos mantienen la palanca del control mundial usando su dinero e inﬂuencia. ¿Cómo conceptualizar a estas personas? ¿Una elite?, ¿una oligarquía?, ¿una burguesía? Una deﬁnición de este grupo de millonarios fue dada por uno de sus miembros: fue planteado por el fallecido David Rockefeller en la reunión del Club Bilderberg, en Baden, Alemania, en junio de 1991: “Agradecemos a The Washington Post, The New York Times, la revista – 160 – Time y otras excelentes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y respetado sus promesas de discreción durante casi 40 años… Hubiera sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si hubiéramos estado expuestos a los reﬂectores mediáticos durante estos años. Pero el mundo ahora es más soﬁsticado y está preparado para ir hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional encabezada por una élite intelectual y banqueros mundiales seguramente es preferible a la autodeterminación nacional practicada en los siglos pasados” (Kesler, 2011). Según Michael Choossudosky (2020), se trata de un grupo que decide los cambios a nivel mundial y nacional. En esta lógica el resto de los gobiernos nacionales están subordinados a esta gobernanza global (Ibídem). Esta opinión conlleva a comprender mejor el comportamiento de muchos gobiernos durante la pandemia, los cuales han hecho el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera, tomando en cuenta la labor de convencer a la sociedad del guion establecido por la OMS y por este grupo, aunque en Italia y Francia mostraron dudosas acciones para realmente impedir la expansión del Covid19 (Meyssan, 2020). IV El recordatorio del reordenamiento mundial parte del tratado de Westffalia y la cimentación de los estados nacionales, justo posterior a la guerra de los treinta años. Los quiebres y ajustes continuaron con el ﬁn de la primera guerra mundial, el imperialismo, la desaparición de imperios y la llegada de la asunción de los Estados Unidos como potencia en sustitución de Inglaterra. En esa misma fase se encuentra la disputa alemana-inglesa. El reclamo de Alemania para tener un lugar en el reducido club de naciones colonialistas e imperialistas condujo al mundo a la guerra. Algo parecido se podría decir de Japón y de Italia. Ambos casos representarían un intento por ser parte del nuevo club de potencias. La Modernidad iniciada en los siglos XV-XVI es también parte del reajuste capitalista al dejar en la historia a la Edad Media con el surgimiento de la burguesía. En el cambio, la geopolítica y la guerra –junto con el desarrollo de la tecnología– estuvieron acompañadas de una centralización monárquica y del colonialismo, – 161 – y conquista modernas a ultramar por parte de naciones como Portugal, España, Holanda, Inglaterra, Francia, en beneﬁcio de sus burguesías. El orden Bretton Woods, planeado desde Occidente y con una férrea diplomacia anticomunista, imperó frente a la URSS, el sistema político, económico y militar que estorbaba al proyecto occidental encabezado por Estados Unidos y sus aliados. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) obedece a esta especie de muralla defensiva contra una eventual invasión del Pacto de Varsovia, la otra alianza militar de Oriente encabezada por la URSS, el gran enemigo del capitalismo en el siglo XX. Sin embargo, esa invasión nunca ocurrió. Y décadas después de la Guerra Fría, la OTAN se amplió y extendió su presencia hacia las fronteras rusas. Desaparecido el Pacto de Varsovia y desintegrada y reducida territorialmente la URSS, sus fronteras y sus antiguos aliados en el Oeste se volvieron contra ella: en el Báltico, Polonia, la República Checa y Ucrania. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los vencedores conformaron un nuevo orden con la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, el G-20, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Holywood, organismos vinculados al capitalismo norteamericano y sus aliados, los cuales representan el viejo orden mundial, al parecer, motivo de disputa por otro orden capitalista compartido por otras regiones geopoliticas como China, Rusia, India. Ese orden mundial de la posguerra tuvo, sin embargo, que cohabitar, por primera vez, con una alternativa: el socialismo real, intentado ser legitimado por Occidente como el “enemigo de la libertad”, o vinculado al Mal frente al Bien. Muchas generaciones crecieron bajo esta ideología, cuyo nivel más alto y cercano de “la paranoia comunista” fue la revolución cubana. Tanto películas, series, comics, como gobiernos civiles y militares, cerraban el círculo acerca de que lo aceptable era el capitalismo. V Varios aspectos que vienen del modelo de la cultura occidental se han convertido en parte de la vida cotidiana. Citamos el modelo Harvard o Chicago, las conferencias o páneles en las universidades son imitaciones – 162 – de lo que en Davos se hace: no es una mesa redonda, es un “conversatorio” en sillones cómodamente conversando y planeando el orden comercial y ﬁnanciero. La autorización para pagar con tarjetas de crédito es sólo a través de dos monopolios bancarios: Mastercard y Visa, opciones para comprar, viajar, transferir, sin dejar de lado otras de menor envergadura en la “competencia” ﬁnanciera y el control del ﬂujo monetario. Es un capital en pocas manos. Cuba, por no ser parte de esta red, sería un “mal ejemplo”. Ni Vietnam se salvó de ser incluido en esta dinámica capitalista. Esta imposición se extrapola a otras formas de la vida cotidiana que pasa por el entretenimiento, el consumismo, el individualismo, el glamour, modas, deportes, modelos, cine y televisión, espectáculos de las modernas coliseos, como la copa de futbol, el Superbowl, conciertos de rock, megaespectáculos de entronización de una cultura dominante –y vencedora sin socialismo real–, una vez que el muro de Berlín signiﬁcó y simbolizó la victoria de la “libertad” sobre el “totalitarismo”. El desmoronamiento de socialismo real en la URSS fue el inicio de la reconﬁguración de capitalismo occidental. Cambiar el matiz de la cultura eslava, oriental, por el predominio occidental, signiﬁcaba la sobrevivencia de Occidente.1 VI De acuerdo a lo anterior, desde los bipolares años cincuentas el objetivo de los acuerdos de Bretton Woods giró en torno a un eje: la salvación del capitalismo. El norteamericano primero y el de sus aliados, después. El resto, el de la periferia, a ése le tocaba el papel de seguir exportando capital y mano de obra barata. Los guiones y los discursos de una guerra nuclear dejaron por un tiempo de ser usados como arma ideológica hasta que el socialismo real desapareció y entonces ni héroes ni enemigos a partir de que Reagan y Gorbachov posaron juntos y ﬁrmaron la capitulación de la guerra fría. 1 Hay que recordar los adeptos que tuvo el socialismo en la URSS puso en entredicho a la cultura capitalista occidental, porque muchos artistas e intelectuales simpatizaba con el modelo socialista. Ser comunista se volvería la vanguardia. Desde los surrealistas, pasando por los participantes en la guerra civil española, Octavio Paz, militantes como Diego Rivera, hasta la adhesión al Partido Comunista Francés, del cubista Pablo Picasso, son otros ejemplos. – 163 – Sin enemigos en el horizonte, la posguerra fría dejó el camino libre para que el miedo nuclear fuese sustituido por las distopías: olas inundando ciudades, virus y zombis destruyendo y atemorizando al mundo, extraterrestres visitando la tierra. El cine avisaba y quizá preparaba el escenario no nuclear desde la ciencia ﬁcción. Entre el cine y la literatura distópica, el entretenimiento procesaba las conciencias de un futuro insalvable. Las catástrofes estaban a la orden del día. Películas como in Time, (2011), Elysium (2013) o Guerra Mundial Z (2013) ofrecían urbi et orbi atmósferas posibles de emergencia mundial, desigualdad y control cibernético. Un cierto pesimismo dejaba ver el miedo de una antesala no lejana. Hollywood era la encargada de mostrar al mundo esto. Ni Batman ni los Vengadores nos salvarían. Serían otros los “salvadores”: Bill Gates, Fundación Rockefeller el Silicon Valley. VII En el libro colectivo El rostro difuminado de la sociedad del 2020 en América Latina (Salazar-Perez y Heinrichs, 2017), varios autores analizaron algunos de los procesos y pautas dirigidas a un futuro en ese momento no distante. Su intención era legítima y en él estaban las preocupaciones latentes del capitalismo mundial y América Latina en varias de sus facetas. Nadie imaginó lo que sucedería entre otoño del 2019 y el invierno de 2020. La propagación de una bacteria contaminó al mundo y nuestra capacidad de asombro no nos deja, hasta hoy, quietos. A partir de 2020 nuestra imaginación deberá ser más ambiciosa. Una especie de transición cualitativa y cuantitativa, en la tecnología y en la población respectivamente, toma cuerpo y forma, una dinámica en marcha que pocos conocían y millones desconocían: la era del Estado cibernético en conjunción con los nuevos “epicentros del poder” de Valley Silicon ingresan en la escena para escanear y tratar de reiniciar el orden mundial, a través de recursos inimaginables para la conciencia y generaciones precedentes, pero reales para el nuevo molde histórico. La dinámica virtual es ya parte de todo y de todos. Dentro de su cuerpo se encuentran dinamizados, la distracción, el entretenimiento, lo fugaz, lo inmediato. Este penetrante avance de algoritmos, sensores, localizadores, biometría facial, robótica, inteligencia artiﬁcial, posicionados en los hogares, bancos, cines, aeropuertos, escuelas, autobuses, cines, hoteles, cajeros, te– 164 – léfonos…, se conforman en sociedades y culturas receptivas y urbanas, que las aceptan sin fruncir el cejo. Años atrás pudo la seguridad mediante la vigilancia total servir como catalizador de los miedos frente al terror; con la pandemia, la elección es la sobrevivencia con soporte de la tecnología. Incrustada en la cotidianidad, las empresas y el comercio, ventas y el consumo moldean gustos y sueños, deseos y fobias. Pero en el proceso está en juego un Big Date con capacidad para archivar los rastros dejados diariamente por los usuarios, sin que por ello la revolución en el comercio en línea se detenga. VIII Una experiencia contemporánea acerca del control de sociedades lo registra la experiencia del nazismo alemán previo y durante la segunda guerra mundial (1934-1945). Todas las leyes impuestas por el Estado alemán condujeron a la eliminación de la libertad y los derechos en prácticamente todas sus manifestaciones de corte occidental. En el caso alemán provenían de los principios republicanos a partir de Weimar. La concentración del poder mediante la violencia y la fuerza de forma permanente con la intensión de propagar el miedo, temor y terror, tuvo su corolario en la transformación de las instituciones de seguridad: las policías y el espionaje hacían en la sociedad su papel mediante una red controlada por la policía secreta del Estado: la Gestapo. Asimismo, las milicias armadas del nacionalsocialismo, las SA (Sturmabteilung)2 como práctica de terror continuo y sistemático principalmente contra los comunistas y socialistas, era una muestra no sólo del ambiente y la libertad en la que operaban a favor de disminuir y aniquilar las otras formas de libertad, como la competencia política, la prensa, el arte. Estas acciones se volverán formas de control estatal en la educación, la cultura, el deporte. Si bien las SA del nacionalsocialismo fueron hasta su desaparición formas de represión física contra los adversarios de Hitler, sus acciones son parte intrínseca del proceso de control social totalitario en la que se convirtió la efímera república alemana. Lo que importa aquí recordar es la conjunción de violencia y miedo, de represión y terror 2 Secciones de Asalto creadas por Hitler en 1921. – 165 – como prácticas usadas ya para propósitos de control de información, movimientos, y la violación de la privacidad humanas mediante las escuchas de llamadas telefónicas, conﬁscación y lectura de cartas, telégrafos, usados e intensiﬁcados en tiempos de guerra contra la sociedad alemana. El “restablecimiento del orden” fue usado por las SA como medio de control y miedo. Durante los años veinte, Alemania padecía los efectos de la primera guerra mundial: desempleo, inﬂación y después el crac de 1929. En los años treinta y a partir de la llegada al poder del nazismo, los socialistas y comunistas a través de las movilizaciones de obreros estaban diezmados; y más bien ellos mismos se volvieron un peligro para el propio gobierno hitleriano (Berstein, en Kershaw, 2012). El pretexto para llevar a cabo la instauración de una dictadura dependía de cómo se concebía el “desorden” imperante. Ya instaurada ésta, el control del Estado hacia la sociedad se volvió absoluto con la anulación de partidos, sindicatos, y sobre todo, el control de las personas mediante la propaganda masiva, las escuchas de llamadas por teléfono, vigilancia de movimientos y la clasiﬁcación de la información. Muchas leyes fueron para aprobadas y ejecutadas para este objetivo. Tras la caída del muro de Berlín y del socialismo real se dieron a conocer algunos testimonios en la República Democrática Alemana que muestran aspectos de la vigilancia y el control ejercido por el Estado sobre la sociedad. De acuerdo a un reportaje hecho con motivo de los 30 años de la caída del muro de Berlín, se puede conocer el exceso de vigilancia que vivieron los habitantes de ese país, trasladado para coartar la libertad de viajar o elegir una carrera deseada, o de prensa y de manifestación (Carbajosa, 2019). La seguridad del Estado (STASI, Staatssicherheit) se encargaba de controlar los movimientos de los habitantes mediante un control organizado del espionaje de la vida privada. Un ejemplo: “(…) La Stasi tuvo controlado a Richter desde la escuela. Dos profesores escribieron en su acta que iba a la iglesia y que veía televisión del oeste. ‘Richter no puede cursar estudios pedagógicos’, escribieron. Su sueño de ser maestro se esfumó y estudió Teología…” (Ibídem). Lo que permitía ese estado de cosas era el constante miedo a ser delatado o descubierto en situaciones no deseadas por el gobierno. Además de ser concebido como un símbolo de la libertad, la caída del muro no fue la principal razón de lo que se ha llamado el verdadero punto de inﬂexión del cambio social y político vivido en la RDA. Lo sería, de acuerdo a algu– 166 – nas impresiones, las movilizaciones para intentar pasar a Occidente, haber vencido el miedo social acumulado. Esta fue la percepción de un expolicía encargado en ese momento de detener el paso a través del muro: “Ahí fue cuando me di cuenta de que ya no había miedo al Estado. Sentimos que la democracia llegaba” (Ibídem). Además del miedo experimentado estaba la intromisión de la vida privada por parte del Estado, en lo que puede considerarse la más grande pérdida de libertad vivida, transformada en archivos de la Stasi donde se encontraban las historias controladas por medio de la información sistematizada de la población. “Sabíamos que escuchaban nuestro teléfono, que leían las cartas; era algo que se sabía, pero que no se decía…” (Ibídem). Sin embargo, fue el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos el que inició con mayor fuerza la vigilancia estatal hacia la sociedad. La Acta Patriótica aprobada por el Congreso norteamericano puso en marcha un proceso sistemático de múltiples fases de política exterior –la del enemigo terrorista iniciada con la guerra contra Irak– e interna –el miedo, pánico social mediante por ejemplo ataque con ántrax– que permitió la afectación y restricción de los derechos y las garantías constitucionales, como la intromisión y los abusos del poder en la vida privada y libertades, más poderes al Ejecutivo, el fortalecimiento del poder militar y de la inteligencia, mediante el espionaje interno (Saxe-Fernández, 2006). Esta “arbitrariedad sin control” llevada a cabo posterior al 11.09.01, como lo denomina SaxeFernández (2006), transformó en nombre de “la seguridad” –noción hasta el día de hoy utilizado como justiﬁcación de otras “amenazas”–, las emociones y las percepciones de la sociedad estadounidense, frente al terrorismo musulmán. De esta forma, la Ley Patriota bushiana de 2001. Otorga a la policía y a los organismos de espionaje amplios poderes para combatir el terrorismo, incluida la facultad de registrar en secreto las viviendas de los sospechosos, sus documentos mercantiles, así como para escuchar sus conversaciones telefónicas y leer su correo electrónico. Los bancos, aerolíneas bibliotecas, empresas emisoras de tarjetas de crédito, médicos, hospitales, empleados y virtualmente cualquier persona debe entregar información privada, si lo solicita el gobierno, y lo puede hacer sin aprobación de alguna corte. El gobierno está autorizado a revisar los sitios de internet y los correos electrónicos de cualquier persona. (Ibídem, págs. 238-239). – 167 – IX El uso de la tecnología digital con ﬁnes de control social será el mayor logro inducido en esta fase en marcha hacia un cabal futuro planetario. En la vanguardia generacional de este proceso están los monopolios privados instalados en el Silicon Valley, verdaderos entes de poder de alta tecnología y dueños de los medios masivos digitales, cuyas funciones abarcan la penetración, vigilancia, monitoreo de millones de usuarios para gestionar gustos, tendencias conductas, necesidades, ocio, entretenimiento. Bueno, prácticamente todo el espectro de la vida humana. Hay compañías desarrollando tecnología –opina Noam Chomsky (en Flores-Olea, 2020)– para que los empleadores puedan ver qué hay en tu pantalla y vigilar lo que haces, qué tecla aprietas, si te levantas. Y será complementado con video. La llamada ‘Internet de las cosas’ está llegando. Es práctico. Pero también que la información está yendo a Google, Facebook y al gobierno. Una enorme cantidad de vigilancia, de control e invasión potencial. Si dejamos que las inmensas compañías tecnológicas controlen nuestra vida eso es lo que sucederá. Será como en China, donde algunas ciudades tienen un sistema de créditos sociales, hay tecnología de reconocimiento facial en todos lados y todo lo que haces es vigilado. Si cruzas la calle en el lugar equivocado, pierdes créditos. No es inevitable, así como el calentamiento climático no es inevitable. Pero sucederá a menos que la gente lo detenga (Ibídem). Incluso sus alcances van más lejos, sólo imaginado en la ﬁcción, y, dado el momento proporcionado por la pandemia, adquieren actualidad e interés. Para ﬁlósofos convertidos en las voces de la primera ﬁla de análisis y reﬂexión preliminares, como Žižek, piensa que la pandemia es parte de una “guerra digital cognitiva”, que “inﬂuirá en los cerebros” (Ibídem). ¿Estaríamos iniciando la era del control mental mediante la tecnología? La información acapara igualmente a otro proyecto derivado de la fase tecnológica en curso (robótica, inteligencia artiﬁcial) y que en los últimos años su presencia e inﬂuencia llega a rubros, como el militar –armamento supersónico velocidad match 20–, la comunicaciones –telefonía, el comercio –múltiples compras en línea, Amazon–, el entretenimiento –neﬂix–, la banca –múltiples páginas de servicios, tarjetas de crédito–, la educación –videoconferencias, zoom. – 168 – Su engrandecimiento mediante la monopolización de la tecnología de punta, su expansión en casi todo el mundo, su inﬂuencia mediante la captación de millones de personas, como ocurrió en las elecciones pasadas en Estados Unidos, donde una de estas corporaciones, Facebock, se vio involucrada en lo que pudo ser un ensayo de control de las tendencias del voto, a través de ﬁltrar datos personales y sustraídos por la empresa británica Cambridge Analytica, empresa que trabajó para Trump durante su campaña. Se realizó usando las aplicaciones de los datos personales de los usuarios de facebock y ﬁltrados para objetivo electoral. De esta forma, esta corporación dejó de ser un entretenimiento para convertirse en una potencial arma de control político. El senador Roy Blunt, miembro de la comisión de inteligencia, le preguntó al dueño de Facebock en su comparecencia: “¿Podría decirnos en que hotel se hospedó anoche?, ¿se sentiría cómodo dándonos esa información? ¿Nos daría ese dato?” (INFOBAE, 2018), También le dijo el senador: ”De esto se trata, señor Zuckerberg, de la privacidad” (Ibídem). No es menor el propósito planeado por esas compañías, porque se trata de datos extraídos sin consentimiento para ser productos predictivos “destinados a rastrear y modiﬁcar sentimientos y la conducta de millones de individuos” (Fazio, 2020). El hecho de que la empresa Amazon se haya capitalizado durante la pandemia y hasta el día de hoy –por el miedo a salir, ser contagiado y morir– muestre ser una opción para integrarse más a la vida pospandemia, es sólo otra parte del todo. Ser usuario, pertenecer a esta comunidad al parecer insalvable, puede signiﬁcar ser muy cool; comprar en línea es, además de cómodo, rápido y seguro (sin correr peligro en la calle y ser asaltado); una interacción con un Smartphone o una computadora, donde la sensación de bienestar de personas creyendo que lo que hace una empresa privada como Amazon, es necesario; reconoce otra forma de comerciar y consumir cómoda, agradable, eﬁcaz, distanciada, sin salir a caminar para dialogar u observar la vida externa. La pandemia explayó no sólo a esta empresa, también a las otras del mercado digital alejando poco a poco la interacción social.3 Ocurriría una especie de “normalización de la vigilancia”, acep3 Otros ganadores fueron el gerente de Amazon, Jeff Bezos, quien en sólo tres semanas de la pandemia incrementó su riqueza en 25 mil millones de dólares; el gerente de Tesla y SpaceX, con ganancias de 5 mil millones de dólares; Eric Yuan, gerente de Zoom, que acumuló 2.58 mil millones de dólares, y el cofundador de Microsoft, Steve Ballmer, quien ganó 2.2 mil millones). (Ibídem). – 169 – tada, asimilada por las sociedades, aunque conducida por la necesidad de preservar la seguridad, como ocurrió frente al terrorismo primero y ahora frente a la pandemia. Ambas tienen que ver con la muerte. Sin embargo, esa normalización mutó hacia la “economía normal”, como cree la economista Shoshana Zuboff (BBC Mundo, 2019). El modelo –dice– lo fraguó Google en la coyuntura –y luego lo propagó Facebook–, y su lucrativa fórmula permite predecir (y modiﬁcar) el comportamiento de los internautas a través de un algoritmo de caja negra (una suerte de maquinaria invisible). Los motores de búsqueda de esas plataformas retienen la información, lo que permite a esas compañías predecir las acciones de los consumidores en el mundo real (en casa y trabajo, en su vida diaria) con el único propósito de beneﬁciar a las empresas. Así, más allá de los me gusta y los clics virtuales –y sin que lo sepan– las experiencias de los usuarios se convierten en materias primas que permiten crear datos personales (nuestras caras, voces, personalidades, emociones, creencias políticas y religiosas) y elaborar perﬁles para adelantarse a comportamientos futuros y manipular así a millones de personas; como ocurre en la coyuntura del COVID-19 y la nueva normalidad (Fazio, 2020). Sin ningún antivirus la tecnología invade, recopila y fortalece el Big Date. La sociedad consumista notará entonces en el internet una forma de satisfacer sus necesidades. La sociedad no está sola, es el mansaje. Además, ya están en marcha rasgos que conﬁguran el monitoreo en el momento en que escuchamos una voz en el teléfono al querer información de un producto en venta, rutinarios avisos de privacidad y las grabaciones “para ﬁnes de calidad” impuestos automáticamente sin autorización del logaritmo. Se ha vuelto una rutina. Y en el proceso compra-venta en línea, también paulatinamente ingresamos datos personales, números, opiniones. Además del comercio, se aplica en bancos, tarjetas de crédito, donde los datos suelen ser exagerados. Aquel que no forme ahora parte de esto, se condena a ser un “outsider planetario”, un antimoderno. Lo clasista de todo esto amerita otra visión, porque pese a su masiﬁcación, no es aún “universal”, y en algunos casos tiene que ver con el status social. – 170 – X Si bien a partir del 11 septiembre de 2001 ciertos términos en base a la seguridad y la vigilancia social se incorporaron siguiendo el patrón norteamericano muy expandido, como estado de excepción, terrorismo de Estado, criminalidad del Estado, o totalitarismo, lo cierto es que aún se carece de una precisión teórica. Ahora bien, la pandemia ha puesto al descubierto aspectos que para algunos son ya “prácticas totalitarias”, a partir del control tecnológico hacia la sociedad, también ya antes entronizadas desde la última guerra preventiva en Irak. Algunos síntomas ocurridos durante el conﬁnamiento fueron asociados de forma irreversible acerca del tema del control social debido al riesgo del contagio. Un ejemplo lo dio el Dr. Pascak Sacré (citado por Michael Chussodosky, 2020), quien aﬁrmó que en algunos países: … los pacientes pueden abandonar el hospital al aceptar usar un brazalete electrónico. Esta es solo una muestra de todas las medidas totalitarias planiﬁcadas o incluso ya decididas por nuestros gobiernos por la crisis del Coronavirus. Va mucho más allá, es ilimitado y afecta a una buena parte del mundo, si no es que al mundo entero. A estas alturas no es un secreto de Estado la forma en que China operó la mitigación de la pandemia, usando su potencial tecnológico ilimitado para detectar, monitorear y localizar mediante el teléfono celular a la población contagiada. En Francia y Alemania, las medidas propias de un estado de guerra, como los salvoconductos, hicieron su papel de controlar todas las salidas de la población, sin que en ese momento hubiera una protesta social y sí obediencia y cierta indignación.4 Al respecto, el conﬁnamiento de millones de personas limitó severamente la libertad de movimiento y de tránsito en favor de la seguridad y el miedo a morir. La lucha por no morir vio en el otro un peligro de contagio, 4 Jean Claude Melanchón, excandidato presidencial, argumentó que los salvoconductos impidieron estar, si acaso morían, con los familiares viejos, quienes muchos murieron solos. Tanto el celular como los drones hicieron el papel de vigilar las calles la Edad, como lo hizo en la Edad Media la religión, cree. El dron ordenaba al ciudadano regresar a la casa. Junto con la policía, día y noche los drones vigilaron a las personas. El dron preguntaba adónde va, aún si se trataba de comestibles. Véase El chamuco TV UNAM, you tube, consultado el 20 de mayo 2020. – 171 – que incluyó también la decisión de las naciones de cerrar sus fronteras de geografías compartidas y libres de circulación como la Unión Europea o el Acuerdo Comercial de México con Estados Unidos y Canadá, e incluso roces diplomáticos derivado de la necesidad de obtener material médico, como entre Suecia y Francia. La solidaridad corrió a esconderse y el individualismo se quitó su máscara. Asimismo, ocurrió lo que algunos caliﬁcaron al conﬁnamiento “carácter de clase”. Franjas de “privilegiados” conﬁnados, mayorías involuntarias de la economía informal obligados, necesitados de sobrevivir, y, por lo mismo, correr peligro de contagiarse. Covid19 selectivo. Mandó encerrar a millones, pero a otros no. Auto propio frente a transporte público, trabajo en casa frente a trabajo normal. También la libertad fue afectada frente al establecimeinto del estado de excepción. De febrero a mayo de 2020 hasta la actualidad (julio 2020), muchas autoridades decidieron establecer horarios con la ﬁnalidad de limitar la movilidad social. En México, en Veracruz, Nuevo León, Sonora, Guanajuato, Guadalajara, y en países como Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, El Salvador, Sudáfrica, Francia, las autoridades ordenaron medidas de control de la población con apoyo militar. Al respecto, la ONU advertía en su momento del riesgo de presentarse con rapidez una “crisis y una reacción contra los derechos humanos” (Guterres, 2020). La advertencia era justiﬁcada porque algunos gobiernos decidieron apoyarse en el autoritarismo usando la crisis de la pandemia como un pretexto para, incluso, para justiﬁcar acciones represivas sin relación con la pandemia. (2020). XI China fue el primero en utilizar la palabra guerra con relación al COVID19. En países con tradición bélica, como Francia –”Estamos en guerra”– y Estados Unidos –”presidente de tiempos de guerra”–, la palabra guerra emparentó con la “invasión” del virus, en lo que pudo haber sido un mensaje de un acto de guerra. Esta idea tiene peso desde al análisis geopolítico, si se toma en cuenta que la crisis sanitaria no sería una epidemia, sino una operación, a decir del secretario de Estado Mike Pompeo (citado por Chossudovsky, 2020), quien admitió: – 172 – El Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, (lapsus) admite abiertamente en una declaración un tanto contradictoria que el COVID-19 es un “ejercicio en vivo”, una “operación”: “No se trata de represalias… Este caso está avanzando: estamos en un ejercicio en vivo para hacer esto bien”. A lo que el presidente Trump respondió: “Nos lo deberías haber dicho”. La creencia acerca de que la crisis sanitaria no fue planeada y sí manipulada, es parte de una importante campaña de intereses económicos y geopolíticos de algunas potencias capitalistas. Información muestra que en el fondo también podría tratarse de un experimento global a través de la manipulación de la información mediante el miedo. La explotación de esto va asociado al amarillismo, lo que hoy se denomina fake news. En este ambiente de manipulación, la mentira como presión psicológica forma parte para mantener a la población en estado de shock, como lo ha dicho la periodista Noami Klein (2020). Conﬁnarse convence y aleja el miedo momentáneamente. Funciona como un placebo. Por ello la propaganda ha jugado aquí un papel importante como convencimiento masivo. En esta línea de interpretación, parecería que la muerte es necesaria para justiﬁcar la intensión de un proyecto que en 2005 tuvo intensiones de acuartelar a la población en los Estados Unidos (Meyssan,2020b). Por eso cobra peso la expresión del economista Chossudosky (2020): “No nos hagamos ilusiones, estamos ante una operación planiﬁcada cuidadosamente”. El uso militar para gestionar la crisis sanitaria ha sido diverso en cada país. Desde la expresión del jefe de la policía de Tailandia, “disparen a matar” a todo aquel que viole la cuarentena, la solicitud de España a la OTAN para paliar sus contagios, los estados de sitio, ayuda de los militares a la población como en México, o el reparto de comida a sectores pobres en Argentina. En América Latina los estudios muestran que el monitoreo, represión y disminución de libertades son parte del proceso llevado a cabo en algunas naciones latinoamericanas como resultado de la gestión de la pandemia. En ello se conjugan autoritarismo civil y militarización, cambios y afectaciones en las relaciones cívico-militares, al predominar el uso de la fuerza militar y policiaca en auxilio al poder civil; además, de discriminación al migrante o “la incidencia de las tecnologías de control, como el uso de – 173 – escáneres de temperatura o aplicaciones en móviles para monitorizar los movimientos (corona-apps)” (Verdes-Montenegro, 2020). Lo preocupante de la problemática tiene que ver con los cambios en la normatividad para hacer frente a la pandemia, que el estudio de Montenegro considera son los pasos hacia una “erosión de algunos principios democráticos”, como en Bolivia, Brasil, El Salvador, Paraguay, Perú y Venezuela. Los efectos serían hacia “la libertad de expresión; la ampliación del poder ejecutivo sin supervisión, la derogación de derechos ciudadanos, la adaptación de medidas discriminatorias hacia ciertos grupos, la arbitrariedad o los abusos de poder” (Ibídem). Con respecto a lo que se puede considerar como una ampliación del rol militar en la región, Brasil ofrece el mejor ejemplo, aunque el intento para consolidar la monitorización de las medidas ya se han implementado y países como Perú, México, Bolivia y Honduras están en esta lógica. XII Como pieza del ajedrez del recambio emergente o crisis de la economía global y su rivalidad con Estados Unidos, China es parte importante para poder intentar comprender cómo las pandemia, una crisis de salud, tiene implicaciones en la economía global, si tomamos en cuenta que el capitalismo trae un lastre desde 2008. En enero 2019 la economía china presentaba ya ciertos síntomas de una desaceleración. El dato es importante porque signiﬁcaba un bajo crecimiento no visto después de tres décadas. Además algunos analistas creían hace un año en un “freno generalizado de la economía mundial,” afectada por la guerra comercial con Norteamérica desde prácticamente a partir de 2018 (Carbajosa, 2019). Otras opiniones iban más lejos: La “globalización” para los círculos empresariales y consultorías privadas había tenido una especie de parón. El monopolio Apple, por ejemplo tuvo en ese año rebajas precisamente por la desaceleración china. No es posible aún conﬁrmar que por “culpa” de la economía china esta empresa haya sido afectada, pero alguien tiene que ser el responsable de la crisis. La otra hipótesis tiene que ver con la guerra económica Estados Unidos-China, debido a las restricciones impuestas en aranceles a los productos chinos. – 174 – Frente al crecimiento económico chino, el discurso proteccionista corrió a cargo del general Mattis, al adjudicar las amenazas China como “revisionistas”, que incluyó también a Rusia. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Reguladora de valores chino expresó ese año: “las negociaciones no pueden hacerse con este tipo de tácticas, puede funcionar con algún país pequeño, pero no funciona con China”. (Reforma, 2018) En ese momento los millones de dólares en juego en aranceles a productos chinos eran 60 mil millones frente a los 200 mil millones de dólares norteamericanos. El problema de esa inicial guerra comercial era percibido como duradera y con efectos mundiales. “Las tensiones signiﬁcativas son un riesgo importante para la perspectiva global” (Ibídem), aﬁrmó el un vocero de banco central de Australia, y por su parte, el comisionado europeo de comercio dijo: “estamos viviendo aguas traicioneras que podrían desestabilizar considerablemente la conﬁanza económica y amenazar una futura recesión” (Ibídem). Estas advertencias estaban presentes hace dos años. Un año después la economía china tenía un “frenazo”, después de que había tenido un crecimiento constante de 6%. No podemos olvidar la expansión china en curso previa a la pandemia porque tienen conexión y efectos que hasta hoy podrían formar parte de la situación. En marzo de 2019, el presidente Xi Jinping ampliaba los nexos en Europa, con Italia, Francia y Mònaco invirtiendo 60 mil millones de euros para la compra de 300 aviones europeos Airbus, en sustitución de los Boeing norteamericanos. Esta proyección china-europea incluyó a Italia, un país muy afectado por el covid19. El proteccionismo norteamericano hacia Europa ha ocasionado un distanciamiento EU-UE desde que Trump llegó al poder. Parte de esto es la respuesta de la Unión Europea de acercarse al gigante asiático. Se trata de una respuesta económica ante un vendedor. El presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker, declaró en marzo de 2019: “el establecimiento de una deﬁnición común para un nuevo orden internacional”. (citado por Jalife, 2019) Por su parte la canciller Merkel dijo que “los europeos desean jugar una parte activa que deba llevar acierta reciprocidad”. (Ibídem). – 175 – XIII Lo que suceda después de la pandemia es aún una incógnita. Algunos escenarios se han ya planteado. Uno es el dado a conocer por Meyssan (2020), en el sentido de la participación del Pentágono para controlar a la población. La información por él mostrada plantea la participación de la Fundación Rockefeller para elaborar un plan como un “cuerpo de respuesta de la pandemia”, para realizar test de veriﬁcación a millones de personas en Estados Unidos y tareas de control de la población mediante técnicas de tipo militar, utilizando sistemas de seguimiento e –identiﬁcación, en los centros de trabajo y de estudios, en los barrios de viviendas, en los locales –públicos y durante los desplazamientos de las personas, con la ayuda de la tecnología Apple, Google y Facebook. Otro escenario es una prueba a realizarse en New York para beneﬁciar a los monopolios tecnológicos, en su pretexto que les dan los adelantos chinos en esta área, para desarrollar la inteligencia artiﬁcial y la tecnología 5G (Klein, 2020). La tesis Noami Klein (2020) se basa en la presión de los monopolios tecnológicos de Valley Silicon para de una vez “integrar permanentemente la tecnología en todos los aspectos de la vida cívica” y sustituir muchas actividades por las aulas de clase, las ventas y pagos en tiendas, o la asistencia de tu médico, la tele salud, por ejemplo. Todo esto lo ofrece la carta tecnológica (Ibídem). Quien encabeza este proyecto poscovid19 en New York es Bill Gates. La oportunidad para iniciar la ejecución de este futuro Gates la ha ofrecido la pandemia, porque como expresó a mediados de 2020 el gobernador de New York, Cuomo, creó «un momento en la historia en el que podemos incorporar y avanzar en las ideas [de Gates]” (Ibídem). ¿Estamos ya en presencia de la sustitución del hombre por las máquinas? De hecho, la inserción en la tecnología ha estado presente en los últimos diez años. Esto no es un secreto porque nuestras vidas están asociadas cada vez más a una interacción donde el teléfono portátil, principalmente, es el medio eﬁcaz y necesario para la explosión virtual, como ocurrió de la radio a la televisión. Para los jóvenes, esta nueva forma de vida es muy atractiva y les genera niveles altos de consumo y entretenimiento. La atracción pasa por la comodidad, rapidez y seguridad de sus múltiples actividades, desde la casa – 176 – o del teléfono celular.5 Es la moda de las modas. Mercado digital, series cortas de entretenimiento, música, películas, espectáculos están ya dentro de esta fase. No se ve resistencia. ¿Que impide hasta el momento su realización de copar toda la vida por la digitalización? Noami Klein encuentra en esto un estorbo: la democracia. Los derechos sociales. ¿Los derechos sociales? Pudiera parecer extraño para los defensores de la tecnología como vida total porque estas expresiones parecieran no ir a la misma velocidad que la inteligencia artiﬁcial. Pero, ¿y la privacidad? Ésta ya es parte del Sillicon Valley. Klein advierte acerca de la lucha que están dando los oligopolios tecnológicos para obtener espacios de poder: desearían dejar que haya menos preocupación por la ciudadanía y limitar los derechos conquistados. Su ejemplo ahora demostrado, es el autoritarismo chino, donde las libertades y derechos no han contado para, por ejemplo, disipar y controlar mediante la tecnología, el covid19. Es un argumento que plantea una “desventaja” de la democracia. En cambio, en China, no se consulta a la gente prácticamente nada. La pandemia enseñó esta lección, al parecer, bien aprendida por los tecnólogos de la cibernética norteamericana. Ha enseñado que en las democracias cuesta más trabajo implementar la tecnología al servicio de la comunidad, es decir, de la tecnología. La coyuntura ha sido pensada como “un laboratorio vivo para un futuro permanente y altamente rentable sin contacto, –ha escrito Klein–, muchas de las funciones y necesidades sociales se “externalizan, a empresas privadas” (Ibídem). La pandemia es la oportunidad histórica para el gran salto. Es ahora o nunca. Para ello es importante un “aﬂojamiento de la privacidad y de innumerables protecciones a la privacidad” (Ibid.). El proyecto aludido por la autora, de concretarse, “parece haberle dado algo cercano al reinado libre.” (Ibid.) 5 La nueva tecnología pretende la práctica masiva de una velocidad warp, la cual es teoría, de moverse más rápido que la luz. (Ibíd.) – 177 – Referencias Bibliográﬁcas BBC Mundo (2019) ¿Existe el capitalismo de la vigilancia? Responde Shoshana Zuboff. 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Con tales elementos se abordan cuatro formas de dominación en donde pesa actualmente el accionar de las derechas en la reconﬁguración aludida: informalidad y precariedad laboral, el avance del pentecostalismo en el tejido social, el manejo de la inseguridad y el miedo como recursos de contención, y ﬁnalmente la gestión de problemas sociales como pobreza y marginalidad en donde intervienen varios actores. En los cuatro ejes examinados (entre otros posibles) se establecen ejemplos concretos y se procura la comparación apuntando a un cuadro general más que a la consideración de casos especíﬁcos. Finalmente se propone una especie de balance de la situación actual, planteándose la posibilidad que en 2019 comenzó un nuevo ciclo de luchas y considerando una situación abierta en donde se está lejos de estar ante procesos consolidados. – 183 – Sobre criterios analíticos para la periodización en ciclos Cuando se habla de proyectos de sociedad en tensión, suelen primar en el análisis los criterios electorales. Aquí ganó la opción de izquierda, allí la de derecha, aquí se esperan tales movimientos políticos, allí tales otros. Y a partir de estos elementos y de la cantidad de gobiernos que se pueden clasiﬁcar en uno u otro conjunto en determinado contexto en la región, se identiﬁcan ciclos. De este modo se asistió al “ﬁn del ciclo progresista”, si bien en 2020 las elecciones en Argentina y México parecieron abrir de nuevo otras posibilidades hacia un nuevo “ciclo”. No debe sorprender este énfasis electoral de clasiﬁcación. En primer lugar porque analíticamente permite identiﬁcar con facilidad eventos que marcan un antes y un después. No se puede negar que entre agrupamientos de centro izquierda y centro derecha, por más desdibujados que se presenten los proyectos de sociedad que encierren, siempre se pueden identiﬁcar diferencias de gestión, incluso todavía pueden pesar intereses económicos distintos dependiendo de si ganó una opción más inclinada a la derecha o la izquierda. Esto parece obvio, pero es preciso no perderlo de vista por la complejidad global en que se inscriben las luchas actuales. Si se considera el caso de Brasil, y sin procurar entrar en polémicas de fondo, por más desdibujada que haya sido la propuesta político-partidaria del Partido de los Trabajadores y sus eventuales alianzas, comparativamente con la presidencia de Bolsonaro, queda claro que se cerró un ciclo político y comenzó algo distinto. De modo que en este caso bien podría resultar tentador hablar de comienzo y ﬁn de un ciclo político progresista que termina abruptamente en 2016 con la destitución –golpe de Estado encubierto mediante– de Dilma Rousseff. El problema es que en el período “Dilma”, el desvanecimiento de una propuesta de izquierda ya es evidente y las expresiones del malestar social lo marcan los sucesos de 2013 (aunque luego el espacio público fue ocupado claramente por grupos de derecha (ver Bringel, 2016; Bringel y Domingues, 2018); Lavinas, 2020). De modo que también hay algo de ilusión en estos mojones o señales sobre bases electorales o incluso institucionales, pues delimitan pero no abren a la explicación de procesos sociales de fondo mucho más complejos. Continuando con el ejemplo: no es menor considerar que mediante elecciones en Brasil en 2018 se impuso claramente una opción de derecha, de inspiración fascista en clave siglo XXI que asumió el 1º de enero de – 184 – 2019. El problema es que esta constatación nada dice de ese proceso social más subterráneo en donde se fue conformando una corriente social que lo llevó al gobierno. Todo lo que pueda fundamentar ese ascenso, sugiere dinámicas más de fondo que simples elecciones perdidas o ganadas, más que actores partidarios en competencia, más que medios masivos de comunicación, construyéndolo como opción, más que “fake news” en redes. El hecho real que represente en primer lugar estrechos intereses económicos ruralistas que se expresa en la bancada conocida como de las “3 b” –biblia, buey y bala (pues también se mezclan intereses militares y religiosos)– no permite visualizar cómo se fue reconﬁgurando el tejido social para dar lugar a esa onda conservadora que terminó proyectándolo como un candidato de los grupos de poder, pero también con arraigo popular. El proceso sociohistórico reciente de Brasil (aquí seguramente muy esquematizado considerando un país muy grande, diverso y complejo como para caracterizaciones rápidas) permite colocar el centro de las preocupaciones de este artículo: tratar de identiﬁcar algunos núcleos de reconﬁguración del tejido social en América Latina que contribuyen a explicar el pasaje de un ciclo de luchas sociales del que emergieron gobiernos progresistas y nacional-populares a una ola de ascensos de derechas políticas. Y en ese sentido, pensar como un candidato como Bolsonaro puede tener eso que se llama “arraigo popular”. Para ello en el próximo apartado se comenzará por discutir brevemente el concepto de ciclo de luchas sociales en América Latina para luego establecer el centro del análisis en algunos de esos procesos sociales de fondo, subterráneos, que dan cuenta de la mencionada reconﬁguración del tejido social que permitió –al menos transitoriamente– frenar, matizar o aplazar la expansión de un nuevo ciclo de luchas sociales en la región. Finalmente en las reﬂexiones ﬁnales se retomará lo ocurrido en 2019 en Chile y otros países para tratar de caracterizar un cuadro que ilustre cómo se presenta hoy la tensión, el conﬂicto entre proyectos de sociedad en la región. De este modo, analíticamente se procura contribuir para evitar dos reduccionismos explicativos en los que bien puede caerse. En primer lugar, se procura escapar del mencionado reduccionismo partidista-electoral que hace jugar todo alrededor del plano de elecciones y sus ofertas, de conformación, posicionamiento y proyección de partidos políticos para esas instancias y de construcción de la “democracia”, generalmente recluida en un sentido estrecho de procedimientos y no de expansión de derechos, de – 185 – participación social y de apertura de proyectos alternativos de sociedad. Conviene recordar que Tilly y Wood pensaban así la democracia cuando estudiaban los movimientos sociales, es decir, como un efecto de las luchas sociales y no necesariamente un efecto buscado de esas luchas (Tilly y Wood, 2010). Pero, en segundo lugar, se procura escapar de otro reduccionismo potencial que puede denominarse como el abuso de la caracterización neoextractivista. Esto es: la consideración de los factores estructurales de posicionamiento global de América Latina en la economía-mundo y su dependencia de la exportación de materias primas resultan ineludibles. Lo que ocurre con la Amazonia es un ejemplo de la relación entre territorio, agronegocio y acumulación salvaje. Pero esto puede llevar a sustentar entonces que nada diferencia el período actual con el “ciclo progresista”, ya que ambos son igualmente “extractivistas” (Svampa, 2013) o hicieron posible la “acumulación por desposesión (Harvey, 2004). La sobre utilización de estas ideas sin otras consideraciones adicionales analíticamente representa un problema. Seguramente lo que emerge de esta perspectiva resulta explicativo de procesos reales contemporáneos. Pero quizás hay que apostar por otra batería heurística como la recuperación de economía de enclave (Falero, 2015). Porque si una idea es utilizada en un sentido sobredeterminante, unidimensional, puede asﬁxiar la captación de diferencias y tensiones de proyectos sociopolíticos que se pueden expresar de forma diferente de acuerdo a las sociedades. O acaso no se presentaron diferencias en la política sobre el litio en Bolivia antes y después del golpe de Estado de 2019. De este modo, sin negar lo que implica la megaminería, el agronegocio o las dinámicas similares que atraviesan sociedades, que terminan reconﬁgurando territorios y que llevan a conﬂictos en ese sentido, muchas veces encapsulados localmente y más allá de posicionamientos de gobiernos en el espectro derecha-izquierda, la invitación es a complejizar el cuadro apuntando a problemáticas menos visibles en un contexto en que los proyectos alternativos de sociedad no aparecen claros. – 186 – Ciclos de lucha: caracterización básica y proyección Ya se aludió que hablar de “ﬁn de ciclo progresista” puede resultar problemático y –agréguese ahora– ¿qué indica realmente en términos de alternativas de sociedad hacia el futuro? ¿Acaso sólo la paciente espera de “lo posible” en la apertura de un nuevo ciclo progresista? Si es así podría subyacer no sólo un posibilismo político transformado en rigurosidad académica, sino que incluso podría llevar a una especie de “mano invisible” que equilibra lo institucional. Por ejemplo, cabría presuponer –en esa línea– una suerte de idea de alternancia intrínseca desplazando del cuadro el accionar de grupos de poder o de “equilibrios” o de turnos sucesivos entre propuestas de centro izquierda y centro derecha. Esto llevaría al recomienzo de un ciclo más o menos similar al anterior y entonces –en el mejor de los casos– que las fuerzas sociales que luchan por un proyecto alternativo de sociedad comiencen a marcar nuevamente las limitaciones ostensibles de la gestión del capital con estados transnacionalizados. Naturalmente esto es una simpliﬁcación, pero permite examinar críticamente una perspectiva ilusoria, falaz de la encrucijada. Por otra parte, Colombia y Perú no han tenido esa alternancia. Al considerar ciclos de luchas sociales se habilita la posibilidad de a integrar otros procesos. Aquellos procesos en los cuales aumenta la capacidad de construcción de lo colectivo, se produce una aceleración de impulsos de organización social en relación a necesidades sociales y proyección de demandas. Pensando en América Latina, considerada comparativamente como ese gran “laboratorio” de movimientos sociales, esto signiﬁca algo más amplio que acciones de protesta durante un determinado período. Alude a la apertura de formas sociales no rutinizadas, emergentes, creativas, de conﬂuencia de diferentes colectivos, con capacidad de inﬂuir en la construcción de procesos políticos, sociales y culturales (Della Porta y Diani, 2011) y que, en deﬁnitiva, llevan a transformar la sociedad en un sentido emancipatorio. También se podría emplear la idea de ciclos de protestas. En la literatura generada fuera de la región y teniendo presente diversas realidades, Sidney Tarrow (1997) se ha referido a los “ciclos de protesta” como una: – 187 – “fase de intensiﬁcación de los conﬂictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados; un ritmo de innovación acelerado de las formas de confrontación; marcos nuevos o transformados para la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no organizada; y unas secuencias de interacción intensiﬁcada entre disidentes y autoridades que pueden terminar en la reforma, la represión y, a veces, en una revolución” (pp. 263 y 264). Esta idea se aproxima bastante en el entendido que no solamente considera un repertorio de acciones colectivas y un conjunto de recursos, sino un conjunto de prácticas diversas que van forjando dinámicas que se van ampliando socialmente. Es necesario volver aquí a algunos argumentos volcados en otro trabajo sobre ciclos a partir de la década del sesenta más centrado en el caso uruguayo (Falero, 2008). Cuando se comparan procesos en tal sentido en la región, los períodos no necesariamente coinciden aunque en general se aproximan y es preciso ver particularidades nacionales y locales. Es una tarea de comparación muy trabajosa, pero ello no invalida el instrumento, la herramienta propuesta. Por otra parte, el tema general no tiene nada de nuevo si se recuerda que Marx al tratar de explicar los ciclos de luchas del proletariado en la Europa del siglo XIX realizaba una analogía con un topo y sus túneles subterráneos. Ahora bien, esta idea de lo subterráneo no sólo debe rescatarse en un sentido emancipatorio. Retomando lo anunciado en el primer apartado en cuanto a examinar corrientes de “arraigo popular”, cabe pensar que alternativamente pueden ser corrientes de contención, de regulación social, de movimiento inspirado en la derecha política. Cuando Robert Paxton (2019) analizaba la “anatomía” del fascismo no olvidaba el punto. Convertirse en actores políticos de “éxito”, supuso antes crear una corriente, un movimiento, un “antipartido”. “La mayoría de los fascistas llamaban a sus organizaciones movimientos o campos o bandas o rassemblements o fasci: hermandades que no enfrentaban unos intereses a otros, sino que se proponían unir y revitalizar la nación” (p. 107). Esto da cuenta de un elemento central, ya que lleva a hablar de “movimiento” en un sentido amplio, equiparado a corriente. Por cierto que Paxton no olvida en esa “anatomía” que también se generaron estructuras paralelas de violencia ante la “vista gorda” de los gobiernos de turno. – 188 – Pero a los efectos del presente trabajo no se propone examinar estructuras paralelas de violencia organizada, sino acercarse a cómo se forjan y consolidan estas corrientes sociales subterráneas que contribuyen a proyectar el espectro de derechas en América Latina. Después de establecer un cuadro global y ﬁjar una postura general, se tratará de aportar algunas pistas en ese sentido. Otro elemento central, ahora considerando el ciclo de luchas que ocurrió en América Latina desde la segunda mitad de la década del noventa, es que en verdad se observa la articulación de un conjunto de movimientos y organizaciones sociales, como un “espacio de movimientos” (Mathieu, 2012), de alternativas emancipatorias, de ampliación de la capacidad de despliegue. Y esto resulta cíclico en dos sentidos, uno propio y uno contextual o sociohistórico. En el primer sentido, se puede decir que los movimientos son cíclicos por su vida propia (Frank y Fuentes, 1989), es decir, por su composición y capacidad de renovación, por sus posibilidades propias de movilización, por su potencialidad de proyectarse a partir de recursos materiales y simbólicos, entre otros elementos, se generan valles y mesetas en el despliegue general. En un segundo sentido, el espacio de alternativas es cíclico porque responde a las circunstancias en que se enmarcan, a expansión de las oportunidades políticas y condiciones favorables (Tarrow, 1997; McAdam, 1998). Teniendo presente la región con el ciclo de luchas, suele pensarse inmediatamente en el papel de movimientos indígenas y campesinos en la zona andina y su capacidad diferencial en Bolivia y Ecuador en relación a Perú. Y sin duda se conﬁguraron como agentes sociales importantes de transformación, pero a ello hay que agregar que esto varió de acuerdo a las subregiones. En Argentina, los desocupados se constituyeron como un gran movimiento; en Brasil, los movimientos de base territorial se volvieron cada vez más activos y visibles (en particular el Movimiento Sin Tierra (MST), pero no solamente); en Uruguay, las acciones colectivas desbordaron ampliamente al histórico movimiento de trabajadores, y así se podría seguir. También ocurre que el evento puntual por su magnitud puede oscurecer el proceso más amplio. Piénsese en la “guerra del agua” en Cochabamba. Aquí se cruza un contexto transversal global de crisis del agua, un contexto propio de la ciudad con problemas históricos de acceso al agua – 189 – y la privatización con la ﬁrma Bechtel que empeoró el problema, y la convergencia de una serie de fuerzas sociales en la Coordinadora del Agua y la vida, una coalición de varios grupos que se organizaron a ﬁnes de 1999 (entre otros, véase Dangl, 2009).1 El criterio central es pensar hasta dónde las sociedades encuentran y amplían caminos de organización colectiva con –al menos– relativa independencia de intereses especíﬁcos de partidos políticos. Ahora bien, un tema de atención central que propone este trabajo es que además de identiﬁcar las potencialidades de estos ciclos de lucha, también es necesario identiﬁcar los mecanismos de dominación que impiden esa organización, la desvirtúan, la marginan, la condicionan. O directamente generan corrientes inspiradas en la derecha sociopolítica que llevan a formas de fascismo en clave siglo XXI como en Brasil. De este modo, se propone pensar ciclos de luchas con perspectiva emancipatoria en América Latina no sólo a partir de dinámicas sociales que los hacen posibles, sino examinando dinámicas más invisibilizadas (aún para las Ciencias Sociales) que bloquean su producción y reproducción. Es como ver el tema a partir de las dos caras de la moneda. Después de todo es volver a rescatar el papel de esta área del conocimiento para hacer visible lo que muchas veces se esconde. La irrupción plebeya de Chile en 2019 –año clave para la región– es sin duda una dinámica emergente, visible, la expresión contenida de un malestar que trasciende organizaciones especíﬁcas en un nivel social subterráneo. Aparece como una erupción volcánica, en este caso al comienzo sin programa político ni horizonte claro, pero que se va acomodando de acuerdo a un contexto dinámico para seguirse proyectándose. Lo subyacente puede entenderse en este caso como ese malestar difuso, que se acumula, que tiene bloqueos para pensarse más allá de esa condición de 1 Cuando realizamos entrevistas en Cochabamba junto con el investigador Alejandro Casas a diez años de la Guerra del Agua, teniendo presente como tema de fondo la capacidad de formación, de educación de los movimientos sociales, observamos la magnitud de lo ocurrido, por ejemplo, en la disputa por la memoria histórica, por adjudicaciones cruzadas de mayor o menor protagonismo o de mejor o peor posicionamiento que se tuvo en esa instancia (Falero et al., 2011). Pero con la ventaja que ofrece la perspectiva temporal, es preciso traspasar esa instancia concentradora de cambios para integrarla explicativamente en un ciclo de luchas en Bolivia y en la región en general. – 190 – espectador, pero que cotidianamente visualiza desigualdades varias y autoritarismos crónicos. Si constituye un nuevo inicio de ciclo de luchas, entonces también debe pensarse que está sujeto a que viejos y nuevos mecanismos de bloqueo, maticen, impidan o distorsionen esa eclosión. Por tanto, una idea adicional que se propone es que las expresiones políticas de derecha en la región deben examinarse no tanto en términos de capacidad de ofrecer un proyecto de sociedad potencialmente creíble (como lo que implicaba el “american way of life” en su momento), sino de generar mecanismos sociales de dominación –al menos, transitorios– que corroen el tejido social para el despliegue de ese espacio de lo alternativo. Para tal efecto, a continuación se identiﬁcarán algunos mecanismos sociales de dominación que limitan la capacidad de autoorganización colectiva en un sentido general emancipatorio y tienden a canalizar las energías sociales en una dirección contraria. Aquí no se pretenderá una guía exhaustiva –lo cual excede las posibilidades de este artículo–, sino mostrar sólo algunos agentes y prácticas que van en esa dirección. Antes es preciso proponer un esquema básico global sobre las derechas. Geopolítica, geoeconomía y derechas políticas No es novedad que la economía-mundo capitalista sufre ﬂuctuaciones rápidas y frecuentes producto de la transición sistémica en curso (como otras que ocurrieron en la historia) y que esto genera inestabilidades y desconﬁanzas generalizadas sobre el futuro. No pueden pensarse los ciclos de luchas sociales sin tener en cuenta tales mutaciones geopolíticas y geoeconómicas de vasto alcance y las incertidumbres que cristalizan en lo cotidiano. Los problemas globales pueden tener incluso efectos inesperados como ocurrió en 2020 con la pandemia del covid-19. Analíticamente puede hacerse una gran distinción entre un eje geopolítico y un eje geoeconómico. Esto quiere decir que existen expresiones de derecha social y política más alineadas o asociadas con un eje que con otro. Considerando la región, en el primer eje pesan más las consideraciones políticas de acercamiento con Estados Unidos y los intereses militares y estratégicos en general. En el segundo eje, pesan más las consideraciones sobre libre desplazamiento del capital, intereses de transnacionales y pasa– 191 – je del capitalismo industrial a uno de base informacional o cognitivo con los nuevos agentes de poder que implica esta transición (Falero, 2011). En el primer eje se puede visualizar cómo Estados Unidos sigue procurando sujetar a América Latina como su “patio trasero”, como ocurrió en el siglo XX y naturalmente se visualizan sus expresiones aquí y allá. Sin ser exhaustivos, impulsos de subalternidad importante se dan con México, lo cual se replanteó con la renegociación del TCL (que en su momento no incluyó disposiciones relacionadas con el comercio digital). También se procura recrear condiciones de subalternidad con Venezuela (más allá de las discusiones sobre el gobierno del presidente Maduro), proyectando mecanismos de desestabilización. En la zona andina y del Pacíﬁco en general, Estados Unidos por distintos mecanismos –incluyendo apoyo al golpe de Estado en Bolivia en 2019– impulsó su alineamiento. El problema es que el sistema-mundo no es el mismo que en el siglo XX. Existen Estados-nación dispuestos a disputar la hegemonía global –China– o a tener decididamente más peso en el futuro –Rusia e India principalmente– y resulta cada vez más dudosa la continuidad de una clara hegemonía global ubicada en el Atlántico. Es decir, los resultados sobre América Latina no pueden ser los mismos que en el contexto del siglo XX y en los posicionamientos globales y regionales que se produzcan pueden tener peso los movimientos sociales. Dentro de los escenarios posibles, en un contexto cercano, movimientos colectivos fuertes en América Latina, de base rural o urbana, podrían tener una nueva proyección de transformación y un alcance inéditos. Así es que los mecanismos represivos seguirán siendo importantes. Claro que no iguales a los directos y prolongados empleados en la década del setenta y especíﬁcamente las dictaduras amparadas en la “doctrina de la seguridad nacional”. Los golpes de estado tienen hoy carácter quirúrgico y en lo posible generan rápidamente una “nueva” normalidad de apariencia democrática. Además, se ajustan a cada realidad: impunidad para eliminar activistas sociales (Colombia, aún en un contexto inédito de acuerdos de paz), apoyo para cirugías políticas puntuales en lo posible con rápida disolución de movimientos potenciales con intentos fallidos, utilizando diversos medios (Venezuela en 2002, Bolivia en 2008 y Ecuador en 2010), o exitosos en términos de derecha geopolítica (Honduras, 2009 y una brutal represión cuyo símbolo es el asesinato en 2016 de Berta Cáceres; Paraguay en 2012 – 192 – y el debilitamiento del movimiento campesino), apuesta a la contención social por parte de gobiernos “amigos” de Estados Unidos (la Argentina de Macri, el Chile de Piñera, el Ecuador de Lenin Moreno, Perú más allá de gobiernos). En el segundo eje de análisis, de los intereses geoeconómicos de la transición sistémica, se ubican las profundas transformaciones cientíﬁcotecnológicas y el peso de transnacionales como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (las más grandes por capitalización bursátil en 2019), entre otras. Aquí deben integrarse mutaciones societales que reconﬁguran y alteran los habituales esquemas de apreciación social de lo individual y lo colectivo. Por ejemplo, todas las narrativas sobre emprendedurismo enfatizando trayectorias de individuos que arriesgan, que no temen al fracaso o que aprendieron de él y siguieron adelante, con capacidad de recomenzar permanentemente, de no temer a los cambios, y así se podría seguir (Falero, 2017), entran en esos esquema de apreciación social. De este modo, se ha expandido una visión instrumental de la vida. Mientras los progresismos (el caso uruguayo y chileno por excelencia) integraron naturalmente, sin cuestionarse nada, este discurso. La revolución informacional lleva a colocar en el centro de atención el papel del conocimiento y la información (en un sentido amplio del término o como conocimiento codiﬁcado) y presenta características como la transversalización de desarrollos informáticos y de las telecomunicaciones, el desarrollo de la economía de las aplicaciones y la inteligencia artiﬁcial, los avances en biotecnología y nanotecnología y, en general, un conjunto de modiﬁcaciones que se están cristalizando cotidiana y continuamente (Falero, 2011). No es casual pues el renovado interés de perspectivas de derecha política en incidir en los nuevos desafíos que se presenta a la educación. Para esta perspectiva no existe un interés particular de enfrentamiento con la nueva agenda de derechos como el matrimonio homosexual. Procura redireccionarla mercantilmente, pero no se opone a ella. Estas transformaciones sugieren entonces para nuestra región elementos como los siguientes (y entre muchos otros): a) Tendencia a la profundización del papel de la región como mera aplicadora de conocimientos que se desarrollan en las regiones centrales sin expansión del empleo de fuerza de trabajo. Es decir, que si la tendencia a la producción creciente de bienes intensivos – 193 – en conocimiento es global, el papel que cumple América Latina en ello no puede ser asimilado al que ocurre en otros lugares, lo cual proyecta futuros bien diferentes. b) Nuevos requerimientos de materias primas. Puede ser posible que las presiones sobre los recursos del petróleo se hayan matizado, pero aparecen nuevos minerales como el litio y la región tiene las mayores reservas de litio del mundo, se estima que entre 58 y 96% del total conocido. c) Expansión de nuevos instrumentos de apropiación de valor en regiones periféricas. Es decir, a los ya conocidos se suman elementos como el papel de los derechos de propiedad intelectual. También se generan instituciones para hacer posible ello con nuevas presiones sobre las universidades. d) Apuesta a generar un “capital humano” con capacidades adecuadas para seleccionar, adquirir y asimilar el conocimiento tecnológico necesario, pero sin capacidad de generar una crítica de su posición social en esas cadenas globales de valor en que entra la región. e) Apropiación de saberes de conocimiento práctico o sociales no sistematizados a efectos de ser utilizados en diversos modos: va desde el conocimiento de una planta cuyo producto extraíble puede ser luego sintetizado en un laboratorio hasta conocimientos sociales que luego son rearticulados como parte de protocolos de actuación de empresas y su actuación en el territorio. Todos estos elementos (entre otros) suponen transformaciones estructurales para pensar los movimientos sociales. A modo de ejemplo, la expansión de dinámicas instrumentales que afecta prácticas de construcción social de necesidades (vivienda, educación, etc.) en términos colectivos, mayor presencia del mundo empresarial en la intervención social, mayor soﬁsticación en las formas de control de lo colectivo por parte de empresas y Estados. Todo ello contribuye a diﬁcultar la identiﬁcación de otros horizontes de posibilidades sociales que se pueden abrir. Lo que sigue es un intento de captar algunas –tan solo algunas y sin posibilidades de profundizar demasiado– dinámicas generales no nece– 194 – sariamente visibles, que se expresan socialmente y que limitan, matizan, eliminan potencialidades de construcción de un nuevo ciclo de luchas sociales en un contexto de crisis y desigualdades profundas. Estas dinámicas podrían ser vistas como mecanismos de dominación, es decir, un conjunto de prácticas y construcciones narrativas impulsadas por entramados de agentes que se ubican en el espectro de la derecha política. Aunque no necesariamente se autoidentiﬁquen en ese sentido, pero que permiten la reproducción de un orden social contrario a alternativas de sociedad. La utilización de la informalidad y la precariedad laboral como dominación La idea de ﬂexibilidad laboral adquirió ya hace años múltiples tonalidades sobre los cambios en el mundo del trabajo, pues implicaba –e implicacondiciones laborales de desregulación (en relación a horario por ejemplo). Convéngase que la idea de algo ﬂexible suena mejor que algo rígido. Pero en general esto supone una afectación de las condiciones de trabajo con un cambio de la intervención de las instituciones del Estado. En condiciones de incapacidad de generar una organización laboral que no se vuelva burocratizada o con formas de corrupción, esto suele ser socialmente letal para la clase trabajadora. En América Latina la expandida condición de informalidad laboral (por ejemplo, el vendedor que subsiste en el día a día) supone asimismo la expansión de formas de fragilidad en la reproducción social y por tanto la sujeción a formas de explotación y dominación no siempre visibles. Otro tanto ocurre con los sectores sociales que integran lo que se ha denominado “precariado”. Guy Standing (2013) –quien promovió originalmente el concepto desde Europa– ha señalado que el “precariado” tiene tres dimensiones sustantivas: el carácter inseguro e inestable de la relación de trabajo, su condición de sobrecaliﬁcación (que lo asimila entonces con sectores medios) y la expansión del marco laboral de terciarización que antes parecía solo vinculado el sector “servicios” (otra noción extremadamente difusa y actualmente inservible). Dos comentarios al menos se imponen aquí. En primer lugar, se le ha criticado correctamente que considerar el precariado como “clase” no está en línea con los desarrollos de este concepto en general. Es decir, – 195 – podría considerarse el precariado como una parte de la clase trabajadora más que una clase diferenciada. En segundo lugar, que el concepto ha sido tomado posteriormente por otros autores en América Latina –es decir, mirando una realidad diferente a la europea que tenía Standing– con otros signiﬁcados. Pero tanto Standing como otros autores (Ruy Braga en Brasil, por ejemplo) han derivado luego más hacia la idea de “política de precariado”, es decir, de acciones de gobierno que tienden a conformarlo. Esto es importante a los efectos de este trabajo, porque cuando se llega aquí se puede captar lo que implica una política de precariedad laboral en términos de dominación. Por ejemplo, el tipo de contrato y la temporalidad ﬂexible de permanencia frente a una relación con condiciones de trabajo más seguras pueden generar no sólo mayor explotación, sino divisiones entre trabajadores. De este modo, la ﬂexibilización laboral, la precariedad, se convierte en una eﬁcaz forma de dominación si supone trayectorias permanentemente inestables y contingentes. Si se visualiza con una mirada latinoamericana crítica, el desempleo, el enorme sector informal estructural y el temor a perder un trabajo que se facilita en condiciones de precariedad, aparecen como eﬁcaces formas de dominación cuando el espacio social de movimientos y organizaciones sociales está controlado, y la competencia y la rivalidad se establecen como el sentido común. En América Latina y el Caribe, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimaba (antes de la pandemia) al menos 140 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, lo que representa alrededor de 50% de los trabajadores. Efecto derivado de la revolución informacional (Falero, 2011), se está dando además una informalización y precariedad laboral vinculada al mundo de las aplicaciones y plataformas (cuya proyección futura es materia de debate). Por lo pronto, no parece que haya un movimiento de trabajadores preparado para la “uberización” de la fuerza de trabajo (en general jóvenes, con muchos inmigrantes). No obstante, emergen ya formas de organización de los repartidores vinculadas a la economía de plataformas (como en Buenos Aires y Montevideo). De modo que informalidad y precariedad laboral se constituyen en características crónicas disimuladas en períodos de crecimiento como el que ocurrió en parte del “ciclo progresista” a partir del aumento del precio de las materias primas. Pero en la región nunca existió una “universal” construcción de derechos – 196 – sociales a partir de lo laboral, de modo que ¿cómo se canaliza el malestar de lo perdido en contextos de gobiernos progresistas? Visto desde la relación entre movimientos de trabajadores o de organizaciones sindicales con gobiernos progresistas y utilizando la tipología ensayada en Bringel y Falero (2016), se puede hablar de conexión negociada y subordinada.2 Esto es: los trabajadores pueden obtener demandas, pero a costo de estar sujetos a lógicas de reproducción neocorporativa con gobiernos progresistas o nacional-populares. Cuando cambia el contexto existen inercias sociales que no son mecánicamente desmontables. Por ejemplo, el impulso a nuevas lógicas de ﬂexibilidad laboral –Brasil, es un caso paradigmático desde 2017– mostró que no existía suﬁciente poder organizado de los trabajadores cuando desde el sentido común podía esperarse otro despliegue en la coyuntura. En términos sociológicos, este cuadro puede verse como la potencialidad de un disciplinamiento no necesariamente visible, pero con fuertes efectos sociales porque ¿qué alternativas se presentan particularmente para la fuerza de trabajo no caliﬁcada?, ¿cómo se plasma la incertidumbre de perder la inserción laboral?, ¿cómo operan desde la empresa los mecanismos de premios y castigos invisibilizados en la fuerza de trabajo?, ¿cómo sostenerse ante la exacerbación de la competencia personal y la debilidad de referentes colectivos? La desocupación o el peligro de ella (aún con una inserción laboral modesta) se vive como un problema individual. Pero lo interesante es que esto cambia cuando se vive como un problema colectivo. La desocupación no buscada puede volverse entonces emancipatoria cuando se visualiza como parte de un problema social y económico de fondo, producto de políticas económicas equivocadas, de corrupción sistemática o similar, como mostró el movimiento de desocupados en Argentina en la crisis del 2001 (Maneiro, 2012). Las prácticas desde la derecha política procuran que los problemas laborales se vean y vivan como meras cuestiones personales de trayectoria y logros, como un tema de adaptación, sin conexión con 2 Conviene recordar que allí se establecían cuatro tipos de situaciones de los movimientos y organizaciones sociales en general (no solo de trabajadores): conexión subordinada donde no hay una separación clara, conexión negociada en que si bien hay separación se observan formas de control aceptadas a cambio de demandas, conexión discontinuada donde se alternan con frecuencia dinámicas de movilización más allá de acuerdos puntuales y desconexión en que predomina una postura de autonomía de los movimientos. – 197 – proyectos sociopolíticos. Un nuevo ciclo de luchas sociales implica que se vean y vivan como un problema colectivo producto de intereses y políticas especíﬁcas. El pentecostalismo y el tejido social El poder religioso generalmente no aparecía con un rol protagónico en los cuadros de análisis de América Latina, pero en los últimos tiempos ha cobrado una relevancia sustantiva si se considera tanto su presencia como factor de poder en las dinámicas electorales y su capacidad de incidencia en el Estado como su expansión en el tejido social. El tema en general ya no puede ser recluido entonces dentro de una marginal “sociología de la religión”, pues sus implicancias políticas y económicas en eventos y dinámicas recientes desbordan ese etiquetamiento. Existen elementos viejos y elementos nuevos para analizar. El papel de la iglesia católica bendiciendo golpes de Estado en el siglo XX no es precisamente una novedad. De modo que cuando se produce el golpe de Estado en Bolivia en 2019 y la biblia desplaza como símbolo religioso a la wiphala –bandera de los pueblos andinos que es un símbolo también político y étnico– y a los “ritos satánicos indígenas”, a decir de su “presidenta interina” Jeanine Áñez, no puede leerse estrictamente como una novedad. La constitución promovida por el Movimiento al Socialismo (MAS) había impulsado un Estado independiente de la religión (esto es, dejar de considerar al catolicismo como religión oﬁcial). En este caso, la Conferencia Episcopal Boliviana fue directa participante en legitimar el golpe de Estado (Prieto, 2019). Sin embargo, el agente social por excelencia del campo religioso ya no es la iglesia católica que viene perdiendo posicionamiento, sino los grupos pentecostales que vienen consolidándose institucionalmente. En efecto, desde Estados Unidos se asiste a la expansión de este evangelismo conservador (aunque otros grupos evangélicos critican esta asociación simbólica entre evangelismo y pentecostalismo). De modo que la derecha agrega una base de apoyo no menor. Un caso en particular que debe considerarse es nuevamente Brasil. Allí se han dado cambios considerables con la consolidación institucional y demográﬁca de los grupos pentecostales. Desde su llegada procedente de – 198 – Estados Unidos, ha habido cambios en estos grupos, adquiriendo visibilidad pública. En contrataste con el pentecostalismo “clásico” de salvación celestial, la preocupación del “neopentecostalismo” pasa a focalizarse en el aquí y ahora, y a conectarse con los problemas cotidianos de sus ﬁeles. Como señalaba Mariano (2014), un investigador del tema para caracterizarlos actualmente, “pretenden transformar la sociedad a través de la conversión individual y de la inculcación de la moral bíblica, pero también (lo que es nuevo) de la realización creciente de obras sociales, de participación en la política partidaria, de la conquista de puestos de poder en los sectores privado y público y del uso religioso de la radio y la TV” (pág. 45, traducción del portugués). Es conocido que el presidente Bolsonaro se propuso gobernar como representante de una extrema derecha nacional evangélica y muchas de sus medidas no se entienden sin esa condición religiosa, con integrantes en el gobierno. También debe recordarse que el gobierno del PT se fundó en una alianza con la Iglesia Universal de Reino de Dios (también conocida como “pare de sufrir”) de modo que estrictamente tampoco es una novedad. El cambio es que antes el poderoso grupo apoyó la centro izquierda y actualmente lo hace con la derecha. Pero debe quedar claro que la expansión evangélica asociada a la política se ha dado en toda América Latina. En las elecciones mexicanas de 2018, en las que ganó Andrés Manuel López Obrador, su partido Morena se presentó en alianza con el Partido Encuentro Social, una organización de origen evangélico y con discurso conservador (Delgado-Molina, 2019). Aún en Uruguay, el país de la región que se considera menos religioso comparativamente, se ha dado una expansión del evangelismo conservador integrando agrupaciones principalmente en el Partido Nacional (partido ganador en las elecciones en 2019 a partir de una coalición de centro-derecha que también integra el partido de extrema derecha Cabildo Abierto que obtuvo el 11 % de los votos). Integrantes de la “bancada evangélica” del Partido Nacional procuraron bloquear el desarrollo de la agenda de derechos y la “ideología de género” impulsados por el gobierno del Frente Amplio. Aquí cabe enfatizar la presencia y expansión de grupos evangélicos conservadores en el tejido social como ocurre con la presencia de la Iglesia Universal del Reino de Dios o la Iglesia “Misión Vida” con – 199 – una política de lógicas prácticas vinculadas a “hogares” y comedores que han tenido múltiples denuncias. Más allá de rituales, la forma de relacionarse con lo divino, la importancia de la comunicación y otros elementos, los dos aspectos que se quiere enfatizar aquí del pentecostalismo y en general del evangelismo conservador son, por un lado, la acumulación de poder económico que apoya –y por tanto también reproduce capital político y capital simbólico en el sentido de Bourdieu (2005)– y, por otro, la conexión con la cotidianeidad de las clases populares. Porque al entrar en la lógica de la iglesia en cuestión, se proveen redes de apoyo mutuo que permiten mayor acceso a recursos materiales (Frigerio, 2019). Es decir, sin entrar en la discusión sobre alienación o no y sobre cómo se opera en términos económicos, lo cierto es que visto con un sentido práctico, se genera cierto apoyo para problemáticas cotidianas concretas, por ejemplo, en el caso de las mujeres de clase baja que tienen pocos recursos para enfrentar situaciones cotidianas complejas relacionadas al núcleo familiar próximo (violencia, drogadicción, etc.) o inserción laboral. En otras palabras, es preciso visualizar estas dinámicas en América Latina en términos de redes de apoyo, particularmente en casos con Estado ausente de necesidades sociales básicas. Por ejemplo en barrios pobres o favelas de San Pablo y Río de Janeiro. En general, quien haya transitado por barrios periféricos o ciudades satélites en ese país habrá advertido la proliferación de templos evangélicos. La identidad evangélica construida permite redireccionar el malestar social sobre lo político hacia opciones de derecha, paralelamente a que las propias fuerzas políticas –como en el caso de Bolsonaro– pueden apelar a esa referencia. Si se esquematiza en términos analíticos de atribuciones de sentido las ideas de honestidad y corrupción, en las últimas elecciones en Brasil el presidente Bolsonaro y el juez Sergio Moro, así como las religiones en general, estuvieron en el primer grupo, mientras que la centroizquierda del PT quedó conectado con lo segundo. En este país, pero en general en América Latina, se vino operando una transformación de los patrones cognitivos a partir de esa alianza entre evangelismo conservador y derecha política. – 200 – La inseguridad y el miedo como recurso de contención Las situaciones pueden ser muy diferentes, pero la idea básica es la siguiente: así como la proliferación de iglesias pentecostales cumplen muchas veces en barrios de las ciudades latinoamericanas el papel que no cumple ni el Estado ni la auto-organización popular, también el miedo a ser robado, a la violencia cotidiana, producto de dinámicas de delincuencia y narcotráﬁco, puede sustentar arraigos y apoyos a aquellas expresiones políticas que aseguran con convicción el regreso a un orden perdido. O en casos endémicos de violencia, simplemente aseguren el “orden”. Las situaciones son diferentes porque, por ejemplo, no es lo mismo como se procesa el tema en el Río de la Plata en relación a otras subregiones de América Latina. En los barrios periféricos de ciudades como Montevideo o Buenos Aires hay un problema real creciente de inseguridad cotidiana aunque en estos casos, en general, no se trata de territorios controlados por bandas delictivas (y el narcotráﬁco), sino que existen varios agentes en “competencia” de protagonismo en un marco de ostensible reproducción de fractura social más allá de gobiernos. Sin embargo, el miedo al robo violento está presente. Esto se compara con la propia historia y una suerte de idealización de un pasado que puede llevar a acompañar opciones políticas de derecha. En las elecciones de 2019 en Uruguay, el candidato de ultraderecha, un militar retirado (Guido Manini Ríos, con su debutante partido Cabildo Abierto), logró 11% de los votos. Los datos indican que votó mejor en los barrios de la periferia de Montevideo. También votó bien en departamentos limítrofes con Brasil, en general con históricas tendencias conservadoras, donde claramente se sobrerepresenta socialmente el problema de la inseguridad. En cambio, la situación es bien diferente –mucho más problemática– en las favelas de Brasil o con el caso de las pandillas conocidas como “maras” en Centroamérica o con la violencia estructural urbana y rural de México y Colombia donde la impunidad resulta escandalosa. Por un lado, la socialización expandida en trayectorias delictivas (incluyendo en cárceles) y por otro la percepción de impotencia, con pérdida de espacio social de instituciones referentes de estos casos (por ejemplo, educativas o judiciales), con situaciones de territorios controlados de facto. Que de aquí se desprenda la legitimación popular de acciones extra judiciales, estados de excepción permanentes con control militar o dinámicas similares no debería entonces sorprender. – 201 – Por otra parte, existen varios tipos de miedos vinculados a la inseguridad, porque también puede ser a la propia policía cuando aparece corroída por la corrupción o por la predisposición a la represión indiscriminada en sectores vulnerables, pero el punto central que aquí se destaca es cuando el problema de percepción de inseguridad conduce, desde una perspectiva de incapacidad de abordarlo (en el marco de un ciclo progresista), a una corriente que admite y legitima la presencia policial y militar a cualquier precio, y que pasa a ser identiﬁcada como la llave del regreso al “orden” en función de una “mano ﬁrme” y frases habituales por el estilo. De modo que las derechas pasan a ser encargadas de la gestión no solo de la seguridad pública, sino del miedo que conduce a ello. El caso uruguayo puede ser interesante para observar cómo la derecha política promovió una corriente social de simpliﬁcación del problema y conexión directa entre seguridad pública y solución por coerción (desplazando de la percepción social del problema todo lo referido a desigualdad y reproducción de la fractura social). Con la llegada del Frente Amplio al gobierno en 2005, se promovieron seis consultas públicas entre plebiscitos y referéndums, pero ninguno triunfó. Desde la derecha social y política especíﬁcamente se buscó derogar la ley que despenaliza el aborto, eliminar la ley integral para personas trans y –en el tema de este apartado– bajar la edad de imputabilidad penal (de 18 a 16 años) y una reforma de corte punitivista, represivo que se denominó “vivir sin miedo”.3 La primera se realizó junto con las elecciones de 2014, la segunda con las elecciones de 2019. Lo que resulta interesante observar en ambos casos es cómo el tema constituyó una verdadera lucha simbólica por la que movimientos y organizaciones sociales (e integrantes del Frente Amplio) fueron disputando el patrón cognitivo de simpliﬁcación social entre seguridad y aumento del punitivismo a partir de una situación donde claramente se imponía esto a un resultado en que ﬁnalmente no se alcanzaron los votos suﬁcientes aunque anduvieron cerca de la mitad del total, 46,8% en el primer caso, 46,7% en el segundo.4 3 Las otras dos consultas fueron propuestas contra la llamada ley de inclusión ﬁnanciera y contra la llamada “ley de riego” que avanza en la mercantilización del agua para uso agropecuario y fue cuestionada por parte de organizaciones sociales. 4 Sobre el movimiento “no a la baja”, desde una perspectiva de identidad colectiva puede verse el trabajo de Berri y Pandolﬁ (2018). En el caso de “vivir sin miedo” se incluye como – 202 – La “gestión” de los problemas sociales El tema es enorme, pero en muy rápidos trazos puede presentarse de esta manera: si la derecha geopolítica se muestra como la solución entendida como freno a la delincuencia sin ninguna indulgencia, la corrupción, el deterioro de los “valores” de la “familia”, la decadencia generalizada, la derecha geoeconómica ha generado una perspectiva de “gestión” de los problemas sociales sustentada en la idea de “expertos” o técnicos “incontaminados” de ideología. Esta perspectiva ha inﬁcionado también el “ciclo progresista”, de modo que todo se vuelve “gestión”. Para la derecha geoeconómica, abordar los problemas sociales vinculados a la pobreza, la marginalidad, incluso a la desigualdad, sugiere entonces apuntar a estabilizar lo social, desconﬂictivizar. Los “técnicos” o “expertos” que operan en lo social recortan el problema para hacerlo operacionalizable y por supuesto marginan toda conexión con la producción social del mismo (Falero, 2020). Esto por supuesto implica que no tiene sentido hablar de desigualdad social en relación con clases sociales y distribución de la riqueza, sino que se trata de administrar la pobreza y la solidaridad. Esto no solo involucra a distintas instituciones estatales, también implica integrar a otros agentes sociales, actuando a nivel territorial, como las empresas a través de políticas de responsabilidad social empresarial y voluntariado corporativo (Falero, 2013), organizaciones no gubernamentales e iglesias (que hay de muchos tipos y con diferentes signos políticos), y así se podría seguir. Es cierto que existe una disputa de signiﬁcados de lo que puede signiﬁcar la gestión de lo social. Por ejemplo, a comienzos de siglo, Bernardo Kliksberg (2002) en su propuesta de “economía con rostro humano”, un intento de humanizar el capital y colocarse dosis de ética luego de su pasaje por el Banco Mundial (y en un contexto de descreimiento y deslegitimación acelerado), presentaba una “gerencia social eﬁciente” frente a la idea expandida de gerenciar proyectos focalizados para poblaciones carenciadas. La perspectiva de “gerencia social”, dicho en grandes trazos, parte de las luchas por Derechos Humanos, a su vez uno de los núcleos conﬂictivos del Uruguay reciente que se investigan en un proyecto en curso coordinado por quien suscribe (2019-2021). – 203 – procuraba maximizar sinergias entre los diversos actores, la participación de las comunidades, aprovechar las potencialidades de la descentralización, movilizar creencias, identidades y liderazgos de las comunidades. La perspectiva en cuestión, si bien no creía en la gestión por modelos formalizados, pues resultaba un requerimiento la capacidad de “adaptación” de la gestión de lo social, disputaba la idea de gerencia para que fuera aceptada por las agencias globales. La derecha geoeconómica no necesariamente es reacia a hablar de comunidad y participación, pues implica el enriquecimiento de proyectos con la incorporación de saberes sociales. Lo social es gestionable como una empresa y la perspectiva que subyace va en el sentido de control o regulación social. En el caso del gobierno de Macri en Argentina, por ejemplo, se observaron cambios importantes en la orientación de la política social que implicaban introducir la idea de planes frente a la de derechos y de lógicas más individuales que colectivas (Mazzola, 2019). Pero también puede decirse que a veces es difícil captar las diferencias de “gestión” de la pobreza comparando progresismos y tratamientos de la derecha con perspectiva más geoeconómica. En general, esta corriente se apoya en la idea de ejecutividad para resolver problemas sociales (Carlos Slim, entre otros empresarios de América Latina, apuntan a esta idea), pero también se sustenta en el crecimiento de la perspectiva por parte de la clase media y también de trabajadores asalariados más o menos consolidados, que los pobres son responsables de su situación (atribuyendo universalmente características personales intrínsecas de ﬂojos, poco dispuestos a emprender, a superarse, etc.). Esto también lleva a la percepción que el “ciclo progresista” alimentó vagos y gastó dinero inútilmente en ellos. Un último aspecto es que también la derecha geopolítica puede introducirse en el tema a través de la “sociedad civil”. Por ejemplo, puede ser a través de ONGs, con programas de la conocida USAID (Agencia de los Estados Unidos para el “Desarrollo Internacional”), la Fundación Nacional para la Democracia (en inglés: National Endowment for Democracy, NED) u otras agencias. En Bolivia también se ha producido con parte del movimiento indígena, ya que por ejemplo, se sabe que la organización danesa “IBIS global-Educación para el desarrollo”. trabajó con movimientos indígenas opuestos al gobierno. Un extremo es la utilización de problemas sociales para captar información en esfuerzos contrainsurgentes. Se ha denunciado que la universidad en Estados Unidos – 204 – puede actuar en conexión directa con el Estado en ese sentido.5 De este modo, se puede decir que en ocasiones se cae en una ingenuidad teórica en el estudio de los ciclos de movimientos sociales en la región. Reﬂexiones ﬁnales Sobre la base de pensar avances y frenos en ciclos de luchas sociales en América Latina, se ha tratado de abrir el análisis a pensar la derecha política en términos más sociales que político-partidarios o de transformación de la forma Estado. Es decir, sin negar otros planos de análisis se ha procurado establecer su capacidad de impulsar dinámicas sociales en relación a condiciones de vida generales signadas por la inestabilidad, el aislamiento, la no presencia y conﬁanza en el Estado, las diﬁcultades de auto-organización popular, la ausencia de proyectos alternativos claros y problemáticas cotidianas complejas, incluso de pura sobrevivencia. Todo ello contribuye a expectativas de salida sociales que pueden caracterizarse de derecha. Es conocido que ésta procura ser asociada con el combate a la corrupción (caso por excelencia Brasil, cuando allí gran parte de la representación parlamentaria históricamente estuvo inﬁcionada por la corrupción), el espíritu de acción, es decir, la idea de ser ejecutivo en relación al escepticismo generalizado, la lucha contra la delincuencia y la promesa de restaurar la seguridad frente al miedo, apelando a la supuesta efectividad de la respuesta punitiva generalizada, estableciendo la restauración del “orden y progreso” frente a la decadencia social, lo cual se asocia con “ideología de género”, avances en la llamada “nueva agenda de derechos”, el problema de las drogas asociado a destrucción de trayectorias de vida (pero invisibilizando redes y complicidades de agentes económicos y agentes del campo político). Pero la pregunta es ¿hasta cuándo puede sostenerse la efectividad simbólica? Porque para que se genere y reproduzca poder simbólico en el sentido de Bourdieu (2005) es necesario capital simbólico, pero también eﬁcacia simbólica que es la vinculación entre propuesta y realidad. ¿Y qué 5 Véase la entrevista al antropólogo mexicano Gilberto López y Rivas. “Universidades de EE.UU. y América Latina son cómplices en los esfuerzos contrainsurgentes del Pentágono”, María Barreto, Rebelión 25.08.2017. – 205 – ocurre cuando la propia derecha aparece asociada a la corrupción y al narcotráﬁco?, ¿o a la impunidad de militares y policía con el “gatillo fácil”)?, ¿o a la incapacidad de gestionar los problemas sociales (marginalidad, pobreza, empleo) cuando sobreviene la crisis económica producto de la caída del precio de las materias primas? y así se podría seguir. La incapacidad social de reﬂexionar más allá de lo inmediato que se observa actualmente, puede ayudar a proyectar y aﬁrmar transitoriamente las opciones de derecha como solución con su imagen de acción práctica inmediata. En ese sentido, los recambios políticos dentro del espectro de derecha siempre son posibles mientras por otro lado la coerción puede disuadir o directamente aplastar acciones colectivas de demandas de cambio. Pero se trata de un proceso intrínsecamente inestable y precario. En el trabajo se han abordado cuatro formas de dominación (pero con la idea de que el tema está lejos de agotarse) teniendo presente el panorama actual de América Latina y asumiendo una división a grandes rasgos entre una derecha más geoeconómica y una derecha más geopolítica. En la dominación vinculada a la precariedad e inestabilidad laboral intervienen ambas, en la dominación religiosa pentecostal predomina notoriamente la geopolítica, en la dominación por inseguridad y miedo igualmente predomina hoy la geopolítica y en la “gestión” de la pobreza y la marginalidad prevalece la geoeconómica. Es un esquema clasiﬁcatorio, pero puede contribuir a analizar la situación actual. Éstas y otras formas de dominación pueden pensarse como frenos a la generación de un nuevo ciclo de luchas sociales. En 2019, la generación de dinámicas como la de Chile, catalizadoras de malestares varios, canalizadoras de problemas sociales reales de fondo, que obligan a los gobiernos a no hacerse los distraídos, que llevan al Estado a mostrar sus peores –y en lo posible, ocultas– facetas de represión, pueden conﬁgurar un ciclo de luchas. Se sostiene en consecuencia que lo ocurrido en 2019 en América Latina, que incluyó fuertes movilizaciones en Ecuador, Colombia, Haití, entre otros, puede conformar un nuevo ciclo de luchas aunque por el momento con problemas de proyección. No solamente en función de las consecuencias de conﬁnamiento y aislamiento social que trajo la pandemia en 2020, sino porque el espacio de los movimientos sociales tiene la difícil tarea de recrear un proyecto sociopolítico para la región que no repita los límites del “ciclo progresista”. – 206 – Referencias Bibliográﬁcas Berri, M. y Pandolﬁ, J. (2018). “Movimiento no a la baja”. Construcción estratégica de la identidad colectiva. Revista de Ciencias Sociales, 42, pp. 36-56. Montevideo, Uruguay: UDELAR/FCS/DS. Bourdieu, P. (2005). [1989] O poder simbólico. Rio de Janeiro, Brasil: Editora Bertrand Brasil Ltda. Bringel, B. (2016). 2013-2016: polarización y protestas en Brasil. OpenDemocracy. 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Desde sus orígenes a Facebook. Barcelona, España: Editorial Crítica. – 209 – EL CONFLICTO SOCIAL EN LA ARGENTINA PREPANDEMIA. UNA MIRADA PANORÁMICA DEL SIGLO XXI CON PERSPECTIVA SOCIO-HISTÓRICA Pablo Bonavena y Mariano Millán Introducción Hasta el momento, el escenario global del siglo XXI se caracteriza por un régimen de historicidad, entendido como la forma predominante de representaciones sociales sobre el pasado, el presente, el futuro y sus relaciones, donde por primera vez en más de 200 años cualquier orientación utópica carece de peso signiﬁcativo (Traverso, 2018). Esta argamasa ideológica comenzó a arraigarse en el debate académico y público más general tras el ﬁnal de la Guerra Fría, aunque sus orígenes intelectuales se encuentran en el pensamiento posmoderno desde los años setenta (Anderson, 2000) y en el neoliberal, erigido desde ﬁnes de los años cuarenta (Harvey, 2007). El pensamiento social y la fundamentación de las prácticas sociales asentadas en las premisas de esa historicidad ocupan un sitio considerable en las ciencias sociales que en gran porción reproducen su lógica de manera acrítica; pero, además, sus ideas estructuran a nivel celular el sentido común en las sociedades occidentales, donde las relaciones de mercado han subsumido crecientes ámbitos de la colectividad, desde la afectividad hasta las grandes instituciones trasnacionales que coordinan procesos macrosociales a escala global, como la salud pública o el conocimiento cientíﬁco. El correlato más trágico de este prisma se observa en la imposibilidad de acuñar una alternativa política que cambie la orientación del destino social que emana de las usinas políticas e intelectuales dominantes, en un – 211 – momento donde este emprendimiento se torna una necesidad cada vez más acuciante, pues la pandemia parece acelerar una debacle social que ya estaba en proceso como el único destino. Aquí presentamos una reﬂexión sobre los vectores de la conﬂictividad social en la sociedad argentina donde, con su especiﬁcidad, se replican las coordenadas señaladas, con el aditamento de padecer una prolongada crisis económica y social nacional que, debido a factores endógenos e internacionales, impone gran circunspección y muy poco optimismo sobre las perspectivas futuras. Nuestra hipótesis es que en Argentina, sobre todo en las regiones del Gran Buenos Aires y Centro (Maceira, 2018) y/o en la zona de capitalismo de economía privada de gran industria y pequeña producción (Córdoba, Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe) (Iñigo-Carrera, Podestá y Cotarello, 1999), existen numerosos y recurrentes conﬂictos sociales, con la interactividad entre múltiples actores colectivos con diversos grados de institucionalización y autoridades de diferentes niveles que, a pesar de que muchos movimientos comparten personal, no se articulan en una línea de acumulación, sino que han fortalecido actores varios del sistema político, sin imputar el régimen de dominación y, mucho menos, el modo de producción capitalista. La importante cantidad e intensidad de conﬂictos no redunda en una alteración sistémica considerable, circunstancia que anunciaría una falla signiﬁcativa en el control estratégico del orden social. Tampoco cristaliza en la expansión de un ideario que cuestione los marcos generales de la sociedad actual y que reemplace la utopía que propone el “mercado”. Para comprender la peculiaridad de este presente desplegaremos una pequeña recensión sobre las características salientes de la conﬂictividad social en la historia argentina, para luego realizar una taxonomía de los movimientos de lucha social de nuestro período a partir de su interactividad con las autoridades y con el régimen de dominación y, ﬁnalmente, un análisis de su perspectiva conjunta. – 212 – Trazos fundamentales de la conﬂictividad social en la historia argentina La lucha de clases hasta 1974/6 Durante buena parte del siglo XX, las disputas entre las fracciones de la burguesía argentina, generalmente para imponer determinadas orientaciones al capitalismo en el territorio nacional, adoptaron formas violentas, saltando mediaciones institucionales. La sucesión de golpes de Estado y golpes de mano expresaba, entre otras cosas, estas contradicciones y producía escenas descarnadas, como el bombardeo de población civil desarmada en la Plaza de Mayo en junio de 1955 o los choques armados entre Azules y Colorados en 1962 (Romero, 2010). Estas condiciones explican, en parte, la presencia de las Fuerzas Armadas en la dinámica política y la gravitación de una fracción del Ejército, acaudillada por el General Juan Domingo Perón, en la conformación del partido político más importante del país desde Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. En paralelo, el movimiento obrero conformó una extensa e inﬂuyente red organizativa, que excedía los meros atributos gremiales. Estos colectivos protagonizaron numerosos combates sociales con un repertorio de intervención que instaló entre los trabajadores cierta legitimidad para recurrir a la acción directa y un acotado ejercicio de la violencia política. Asimismo, la sociedad argentina destacó en el continente por sus relativamente angostas brechas de ingresos y altos niveles de vida, el desarrollo de infraestructuras e industrias, las elevadas tasas de sindicalización y la extensión de su sistema sanitario y educativo. En este último, a partir de la Reforma Universitaria de Córdoba en 1918, se inauguró una perdurable y heterogénea tradición combativa. Estas singularidades fueron el producto de una combinación de variables: precoz organización del movimiento obrero, creciente actividad industrial en un país con una renta extraordinaria de la tierra y, a causa también de la dictadura franquista en España, un escenario intelectual, sobre todo porteño, donde proliferaron traducciones, encuentros del mundo hispano y creaciones autóctonas que combinaron variadas inﬂuencias. Como trasfondo, la pujanza agroexportadora habilitó grandes lujos para una burguesía periférica y atrajo enormes corrientes migratorias. Crecieron las ciudades y la industrialización se aceleró tras el crack de 1929, con la sustitución de importaciones. Al compás, se expandió – 213 – una capa media criolla y una ingente masa obrera con un peso superlativo de los inmigrantes del Este y Sur de Europa. Éstos cincelaron tempranas organizaciones proletarias y de oﬁcios, articuladas en redes trasnacionales, siendo fuertes el anarquismo, el sindicalismo revolucionario, el socialismo y, luego de la Revolución Rusa, el comunismo (Godio, 2000). En estas coordenadas, los enfrentamientos de clase se convirtieron en la forma predominante del conﬂicto social, alentando la formación de una gran batería de instituciones para neutralizarlo o encauzarlo. La forma de lucha particular más extendida fue la huelga, centralmente en los lugares de trabajo, pero con periódicas irrupciones en el entramado urbano más amplio. Pese a dos grandes excepciones (La Patagonia, 1920/1 y La Forestal, 1921/2), la ciudad y el complejo tránsito de la huelga laboral a la huelga política de masas fueron las dos facetas sobresalientes de los procesos más álgidos de conﬂictividad social hasta la última dictadura cívico militar (1976-1983). Hechos como la Semana Roja de 1909, la Semana Trágica de 1919, la huelga general de 1936, el levantamiento de Rosario en 1955, la huelga del Frigoríﬁco Lisandro De la Torre en 1958, los más de 30 levantamientos populares urbanos entre 1968 y 1974 (donde se cuentan los Cordobazos, Rosariazos y Tucumanazos) o las coordinadoras fabriles del Gran Buenos Aires y Gran La Plata en 1975, evidenciaban despuntes de autonomía política de la clase trabajadora (Ceruso, 2015; Iñigo-Carrera, 2000; Schneider, 2006). Como puede notarse, el peronismo (1943/6-1955) no representó una ruptura en estos rasgos generales. Sin embargo, melló la autonomía de las organizaciones obreras con grandes concesiones y, a la vez, combatiendo violentamente a las corrientes clasistas e incorporando algunos de sus cuadros a una estructura gremial pro-estatal (Doyon, 2006; Kabat, 2017). Durante sus primeros años, el justicialismo consiguió incorporar a parte de las masas obreras a un proceso de ciudadanización con derechos de tercera generación y erigirse luego como identidad mayoritaria en la base proletaria (James, 2010; Schiavi, 2008). Esta experiencia obrera de buena parte del siglo XX presenta similitudes con varias de Europa Occidental (Hobsbawm, 2002). Diferente fue el recorrido del otro movimiento social de Argentina, el movimiento estudiantil. Mientras sus pares del Viejo Mundo tomaban posiciones conservadoras, el proceso de la Reforma inauguró una tradición político-intelectual universitaria en la cual abrevaron distintas corrientes – 214 – de la izquierda. Hacia mediados de los años cincuenta comenzó una larga etapa de casi veinte años de radicalización estudiantil (Millán, 2019) que en varias ciudades se entramó con alzamientos obreros. Desde la década del sesenta, especialmente a partir de 1969, el robustecimiento de la autonomía obrera abrió la puerta a enunciados clasistas, antiimperialistas y anticapitalistas (Laufer, 2017), tendencia que potenció un giro a la izquierda política, que incluso se irradió dentro del peronismo con el despliegue de una “tendencia revolucionaria”. No obstante, con estos antecedentes y avances, los golpes represivos y las maniobras políticas en la defensa estratégica de la burguesía como el recurso de cerrar o abrir el sistema electoral según la conveniencia táctica, resultaron un muro infranqueable para profundizar la politización obrera (Marín, 2003). La separación objetiva entre las relaciones económicas y las políticas propia de las sociedades capitalistas (Meiksins Wood, 2000) estableció una barrera que no pudo superar ninguna de las organizaciones que se propusieron articular las contradicciones de clase en el terreno especíﬁco de la política entendida en calidad de arte estratégico (Bensaid, 2013). Como destacaron numerosos trabajos de investigación, los altos niveles de lucha económica de los trabajadores y sus aliados en el siglo XX argentino, incluso en las etapas signadas por hechos de masas, no alcanzaron a dar un salto cualitativo al terreno de la lucha política por el poder (Torre, 2012). En este sentido, aquí no hubo excepción a la mundialmente difundida tensión entre conﬂicto y pacto en las relaciones industriales (Hyman, 1981). Sin embargo, a diferencia de Europa Occidental donde la regulación de las relaciones laborales paciﬁcó en gran medida las relaciones entre patrones y obreros (Wieviorka, 2018), en Argentina la etapa de mayor regulación laboral fue acompañada con niveles de violencia más elevados que la subsiguiente, de “ﬂexibilización” en la posguerra fría. Desde el terrorismo de Estado hasta la crisis de 2001 Con el ejercicio del terrorismo de Estado desde el gobierno peronista, a partir de 1974, y luego bajo la dictadura cívico-militar, fueron desestructurados numerosos procesos organizativos obreros y populares de varias décadas de desarrollo. El peso de los asalariados y los universitarios entre las pérdidas del genocidio resulta elocuente (Izaguirre, 1992). – 215 – La conﬂictividad social fue asumiendo nuevos ejes. Si bien se observó la presencia de resistencia obrera a la dictadura, los trabajadores no recuperaron los bríos previos del período 1969/1976 (Pozzi, 2008; Basualdo, 2010). El movimiento estudiantil fue diezmado desde ﬁnales del año 1974 durante el gobierno de Isabel Perón y quedó reducido al mínimo en el transcurso de la dictadura, con centenares de asesinatos, encarcelamientos, exilios y, en especial, desapariciones forzadas (Seia, 2019). Una vez que menguó la acción de la fuerza contrainsurgente, el movimiento de protesta que logró mayor signiﬁcación pública se organizó en torno a la problemática de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Las actividades públicas, inicialmente rondas de madres de desaparecidos alrededor en la Plaza de Mayo, no pretendían enfrentar y/o derrocar a la dictadura, sino reclamar información sobre sus familiares y, junto a las campañas de prensa fundamentalmente en el extranjero, denunciar el accionar de las juntas militares. En paralelo, creció el rechazo a la violencia política organizada, perspectiva que fortaleció el paciﬁsmo de una considerable porción de la izquierda, incluso marxista. El movimiento de lucha por los Derechos Humanos se inscribía en una tendencia global donde la contradicción entre explotados/explotadores (u oprimidos/opresores) fue desplazada por el par víctimas/verdugos. El ejemplo más difundido en el mundo fue la espectacularización del Holocausto (Finkelstein, 2000) y su colonización de la memoria histórica sobre la Segunda Guerra Mundial en desmedro de otras formas de entender el conﬂicto, como la lucha de las resistencias (con sus proyectos revolucionarios), el choque entre nazi-fascismo y comunismo o la cuestionable fórmula dictaduras versus democracias (Traverso, 2014). Desde los años ochenta, en consonancia con el fenómeno global del “ascenso del poder de las víctimas” (Eliacheff y Larivière, 2009), los desaparecidos fueron concebidos bajo la ﬁgura social de la víctima, dejando en cierta oscuridad sus prácticas militantes (Copello, 2018), las cuales eran los verdaderos motivos del Estado argentino para perseguirlos. Esta mirada fue vital para devolverle legitimidad al Estado luego de años de terrorismo. Desde ﬁnales del año 1983, con la restauración democrática, fue cobrando preponderancia el relato histórico conocido popularmente como la “teoría de los dos demonios” que, en su condena al terrorismo estatal, tendía a equiparar las violencias insurgentes y contrainsurgentes del pasado (Franco, 2014). Esta representación fue articulada – 216 – y difundida mediante grandes recursos políticos, ideológicos, culturales y académicos y brindó soporte ideológico a la situación creada con la derrota de la insurgencia emergida hacia ﬁnales de los sesenta. En el cuadro de esta política que repudiaba cualquier planteamiento político radical, la clase trabajadora mantuvo una alta cuota de combatividad. Protagonizó numerosas huelgas generales durante la década de 1980, aunque ninguna decantó en una huelga política como las de la etapa anterior a la dictadura. Aquellos rasgos de autonomía eran solapados por una ideología que postulaba la necesidad de subordinar la acción obrera a los marcos del sistema político y social. El movimiento obrero, empero, mantuvo un importante poder de negociación con los sucesivos gobiernos electos, aunque la parte principal de los beneﬁcios se concentraron en la fracción burocrática del peronismo. El grueso de la vida organizativa de los gremios prosiguió encauzado por los lineamientos trazados por el peronismo ortodoxo y las dictaduras militares, con escasa o nula democracia interna, incluso más restrictiva que el propio sistema político. El poder sindical doblegó los intentos del presidente Raúl Alfonsín por democratizar la vida interna de estas organizaciones de los trabajadores (Ley Mucci) (Gordillo, 2013). A partir de 1987, tras el fracaso de su iniciativa y en el contexto de las numerosas demandas de gran parte de la clase obrera (padeció 13 paros generales declarados por la Confederación General del Trabajo -CGT-), el gobierno radical incorporó a una importante fracción “dialoguista” de los sindicatos, con el ﬁn de procurar cierta estabilidad (Massano, 2015). En esa coyuntura, la izquierda partidaria (Partido Comunista Argentino, Movimiento al Socialismo y Partido Comunista Revolucionario) tenía una presencia más extendida en la clase trabajadora que la de las décadas siguientes, algo notable a partir de episodios que no tuvieron repetición, como la toma de la planta de Ford (Molinaro, 2013). Pese a cierto descrédito de las direcciones sindicales tradicionales, no cobró entidad ninguna tendencia hacia la autonomía obrera. No obstante, aquellos años fueron el comienzo de un crecimiento organizativo y de la politización de los docentes, que protagonizaron grandes acciones de masas, un movimiento que ocupó y ocupa un lugar relevante a la hora de considerar la combatividad de los distintos gremios (Donaire, 2012). Los años ﬁnales del alfonsinismo se caracterizaron por una severa crisis económica que fungió como punto de llegada de una década de estan– 217 – camiento e inﬂación. Medido a precios constantes el PBI argentino de 1989 era levemente menor al de 1979, habiendo alternado leves subas y bajas interanuales (Banco Mundial, 2010). La inﬂación mutó en una “hiperinﬂación”, con tasas anuales de precios minoristas de hasta 4923,3% (Rapoport, 2000). En ese marco, el gobierno consensuó con la mayoría de los sindicatos una ley para el sector. Las protestas de los trabajadores acuciados por la inﬂación no cejaron, aunque no rebasaron la lucha corporativa. Asimismo, el movimiento social de mayor presencia pública del país siguió siendo el de la defensa de los derechos humanos, especialmente cuando Alfonsín cedió a las presiones de sectores militares y detuvo los juicios (Marín, 2003). El movimiento estudiantil universitario experimentó una recomposición bajo la forma de una reconﬁrguración. Con la hegemonía de Franja Morada, agrupación adscripta al radicalismo alfonsinista, los centros y federaciones retornaron a la vida pública. Estos protagonizaron varias manifestaciones. Sin embargo, el clivaje ideológico de los años ochenta, en el cual se marcaba una ruptura con los sesenta y setenta, inscribió la Reforma de 1918 en la tradición institucional de la democracia, procurando escindirla del acervo de experiencias revolucionarias o populares y convirtiéndola en una herencia legitimadora de militancias estudiantiles moderadas (Millán y Seia, 2019). En los años noventa se consolidaron una serie de transformaciones económicas y sociales del país estimuladas por la tutela ideológica del neoliberalismo, sustentada principalmente por el peronismo, que a partir de 1989 ocupó el Poder Ejecutivo Nacional bajo la ﬁgura de Carlos Menem. Tras un bienio de zozobra, el nuevo gobierno impuso un tipo de cambio ﬁjo muy alto, la convertibilidad, llevó adelante una reforma del Estado e impuso una desregulación de múltiples mercados, promoviendo la privatización de empresas públicas y del sistema jubilatorio, la austeridad ﬁscal y el alineamiento automático con el imperialismo norteamericano (Aronskind, 2001). El peronismo encabezó una ofensiva contra los derechos de la clase trabajadora, aﬁrmando la necesidad de reducir el costo laboral (por ejemplo, las indemnizaciones por despidos, horas extras y cargas sociales). Para ello se ﬂexibilizaron las pautas contractuales del trabajo asalariado, introduciendo varias formas de empleo precario fuera de los convenios laborales como, por ejemplo, los contratos por temporadas, períodos de – 218 – prueba o supuestas pasantías educativas que encubrían trabajo a término (Battistini y Montes-Cató, 1999; Féliz, 2000). Una de los rasgos más salientes del proceso socioeconómico de los años menemistas fue el crecimiento de la desocupación y subocupación. La suma de estas categorías pasó del 15,4% de la población económicamente activa en 1988 a 29,4 en 1999 (Rapoport, 2000: 1019). Las causas de esta transformación se encuentran en las reformas económicas, especialmente la privatización de empresas públicas, como en las mutaciones en la organización del proceso de trabajo como consecuencia de cierta innovación tecnológica y productiva (Freyre, 2014; Marshall y Perelman, 2004). Esta nueva realidad fue abordada con programas de empleo que, a su vez, desconocían la legislación laboral. La conjugación de un escenario de larga duración con inestabilidad en el trabajo, diﬁcultades para conseguir puestos y relajamiento de los lazos contractuales tuvieron un impacto estructural perdurable sobre la lucha de clases. La existencia de un gobierno peronista impulsando una política antiobrera durante una década, acompañado por una importante porción del sindicalismo, produjo transformaciones socioeconómicas y políticas. Las estructuras tradicionales de los partidos, los sindicatos y el catolicismo no fueron capaces de articularse en el espectro cada vez más amplio de las fracciones obreras o las regiones que reconocían una integración más débil en el mercado de trabajo y el consumo. Los esfuerzos del clientelismo tradicional, como la vasta red de “manzaneras” comandadas por Hilda González de Duhalde, esposa del gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, fueron insuﬁcientes ante la aceleración del deterioro de las condiciones de vida (Auyero, 2007). En ese espacio proliferaron iniciativas de auto-organización y creció la inﬂuencia de la izquierda, en versiones que iban desde el nacionalismo tercerista hasta el marxismo, pasando por el autonomismo, inﬂuido por la rebelión zapatista. Este proceso sobresalió en aquellos espacios geográﬁcos del interior del país afectados de manera directa por el cierre de lugares de trabajo debido a las privatizaciones. Un caso paradigmático fue el de Cutral-Có y Plaza Huincul, en Neuquén, otro el acontecido en Tartagal y Mosconi (provincia de Salta), ambos debido a la venta de los Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF) (Benclowicz, 2010). Los desocupados protagonizaron protestas en numerosas localidades y provincias, recurriendo a la acción directa, con la toma de espacios públicos y el corte de calles o rutas como las formas de – 219 – acción más recurrente. Primero llamados “fogoneros”, por las barricadas ardientes que erigían, pronto asumieron el nombre de piqueteros. Las revueltas de ﬁnes de los años sesenta tuvieron lugar, mayor pero no exclusivamente, en ciudades pujantes como Córdoba, La Plata o Rosario o en urbes más pequeñas a raíz de proyectos de desarrollo regional. Tres décadas después, el epicentro de las protestas se ubicó en zonas donde se desmantelaban empresas estratégicas o en espacios periféricos del capitalismo argentino. Asimismo, como veremos luego, el ciclo de confrontación social ﬁnisecular llegó a Buenos Aires y su conurbano con mayor fuerza que el de las décadas anteriores (Delamata, 2002; Ramírez y Viguera, 2006). Otra de las formas en que los trabajadores desocupados intentaron resistir el embate de las reformas y la crisis social fue la ocupación de empresas que habían cerrado o estaban en vías de ello, con el ﬁn de ponerlas en funcionamiento de manera autogestionaria (se los identiﬁcaría como el movimiento de fábricas recuperadas) (Rebón, 2004). En el terreno gremial, en algunas ramas o empresas, frente a las privatizaciones y las primeras oleadas de despidos, tomó forma una posición defensiva para evitar nuevas desvinculaciones o para retener algunas viejas conquistas, tendencia muy visible en ferroviarios o trabajadores telefónicos, donde el impacto de las derrotas fue levemente amortiguado por la resistencia. Ante la defección de las dirigencias gremiales integradas al gobierno nacional, crecieron movimientos de base, generalmente de escala acotada. Como puede notarse, los desocupados o aquellos que se encontraban bajo la amenaza de serlo de manera inmediata, acapararon la conﬂictividad social, superando largamente el protagonismo de los asalariados empleados. En estas protestas, la disputa salarial fue rezagada (Piva, 2006) a tal punto que el movimiento piquetero interpeló reiteradamente a los sindicatos para adoptar posturas más combativas. Sobre el ﬁnal del decenio menemista, la creciente presencia pública de los piqueteros motivó la disputa por su dirección. Una parte minoritaria, los marxistas y los autonomistas, intentó sustraerse a la ascendiente estatal y de los partidos tradicionales, sobre todo el peronismo y la Iglesia Católica, y a la de algunas corrientes sindicales como la Central de los Trabajadores Argentinos y el Movimiento de Trabajadores Argentinos que, oponiéndose al gobierno nacional y a la CGT, participaban de las protes– 220 – tas con la perspectiva de lograr una nueva sujeción, supuestamente más ventajosa, a diferentes alternativas burguesas. Dentro del movimiento piquetero, la izquierda partidaria mantuvo una fuerza opositora al gobierno y al encuadramiento de los movimientos sociales y del movimiento obrero en las ﬁlas de los partidos del régimen. Esa orientación se plasmó en la postulación electoral de la Alianza (Frente País Solidario, compuesto por una escisión del Partido Justicialista y sectores del sindicalismo y los movimientos sociales, y la Unión Cívica Radical) que, con el apoyo de algunos sectores de la protesta social y del activismo por los derechos humanos, llevó a Fernando De la Rúa a la presidencia de la Nación. Un caso paradigmático de esta disputa fue el conﬂicto docente, donde la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) subordinó el desarrollo de las confrontaciones a la campaña electoral de la Alianza, combatiendo todo asomo de independencia política. En paralelo, el movimiento estudiantil vivió importantes jornadas de lucha. En 1995 contra la Ley de Educación Superior (LES) que sancionó el gobierno de Menem. Poco después contra los recortes presupuestarios y, en varias universidades, contra las autoridades que pretendían adaptar los estatutos a las directrices de la LES. Al calor de estas confrontaciones crecieron las agrupaciones independientes y la izquierda partidaria que, trabajosamente coaligadas, buscaron aunar acciones con el movimiento obrero y piquetero (Cristal, 2018). La conﬂictividad en el siglo XXI De una crisis a la otra: la lucha de clases entre 2001 y 2008 Entre ﬁnes del siglo pasado y comienzos del presente, la sociedad argentina atravesó una de sus mayores crisis económicas y sociales. Siendo excesivamente sintéticos, coronando casi un lustro de caídas, en 2002 el Producto Bruto Interno (PBI) a precios constantes tuvo un desplome interanual de casi 11%, la desocupación se incrementó a 21,5%, la subocupación a 18,3% y la pobreza superó el 50% (Banco Mundial, 2010). En tales condiciones, el sistema de partidos recibió múltiples cuestionamientos, entre ellos de fracciones de las clases subalternas. – 221 – En estas confrontaciones pueden observarse ciertas supervivencias del clasismo decimonónico, así como rasgos ligeramente novedosos que luego cobraron preeminencia en el conﬂicto social. Para ilustrar las primeras, vale resaltar que el clímax del verano de 2001/2 fue precedido por un acontecimiento escasamente mencionado en la bibliografía sobre el período. En noviembre de 2000 tuvo lugar la llamada “huelga setentista”, protagonizada por las centrales sindicales y el movimiento piquetero, compuesto por desocupados y dirigido por un mosaico de la izquierda política (variantes del nacionalismo tercerista, del marxismo y del autonomismo). Se trató de un “paro activo” de 36 horas, con cese laboral, centenares de cortes de rutas y calles, ataques al transporte público (fueron dañadas más de más de 250 unidades únicamente en Buenos Aires y Gran Buenos Aires) y enfrentamientos violentos con la policía. Durante las jornadas, las centrales sindicales fueron abandonando la lucha, debido a la radicalidad que le imponían los desocupados y la izquierda (Bonavena, Maañón y Nievas, 2004; Bonavena, 2011). Para ilustrar las segundas, signadas por la separación de las fracciones de la clase trabajadora, subrayamos que el 13 de diciembre de 2001 la CGT realizó una huelga sin propiciar movilizaciones ni choques callejeros. Días después, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), expresión del proletariado empleado en las ramas más débiles del capital y de los asalariados no productivos (Iñigo-Carrera y Donaire, 2002), se abstuvo de marchar hacia el centro de Buenos Aires. La caída del gobierno de Fernando De La Rúa fue precipitada por la conﬂuencia entre las acciones del movimiento piquetero, las protestas de los ahorristas conﬁscados por los bancos, los saqueos de los pobres de las periferias en el conurbano bonaerense, instigados en algunos casos por fracciones del peronismo (Auyero, 2007), y las denuncias por la represión de grupos barriales. Estos y otros actores propiciaron casi inmediatamente la emergencia de asambleas populares, espacios de encuentro de personas carentes de ﬁliación política orgánica, desde donde ganaron gran protagonismo público (Trigubof, 2015). Las últimas dos semanas de 2001 resultaron caóticas. El 19 y 20 de diciembre numerosos contingentes de la población desacataron el estado de sitio y ganaron las calles, alentadas desde diferentes espacios políticos o ideológicos (de izquierda a derecha), afrontando el castigo policial de varias decenas de asesinatos. La imponente movilización de masas, empero, no dejó iniciativas políticas autónomas de las tutelas burguesas ni – 222 – incidencia programática de la izquierda en su dirección, a pesar de tener un importante protagonismo en la lucha callejera. Argentina cesó los pagos de su deuda y transcurrieron varias jornadas plagadas de golpes de mano entre fracciones burguesas y sus representantes. Los grandes sindicatos, asimismo, subordinaron su acción a favor del alineamiento en las disputas burguesas, sin el menor indicio de autonomía. Los acuerdos de los dirigentes duraban escasas horas, como evidencia la sorprendente sucesión de presidentes. Las intrigas y forcejeos en las cúpulas cesaron el 1 de enero, cuando el peronista Eduardo Duhalde fue elegido en la primera magistratura por la Asamblea Legislativa. Su breve gestión, concluida en 2003, se caracterizó por una legalización de hecho, y a veces de derecho, de la expropiación popular que había producido la crisis y por una batería de medidas para paliar la “cuestión social”. El valor de la moneda se redujo a un tercio, el costo de la fuerza de trabajo a la mitad (Manzanelli, 2012), los depósitos en dólares fueron trasformados a pesos perjudicando a los ahorristas y las deudas de las empresas convertidas en pesos nacionales. El gobierno, junto la Iglesia Católica y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, apostó por una salida de la crisis fomentando la “Mesa para el Diálogo Argentino”. Apoyada por la CGT, las principales cámaras empresarias y los partidos políticos por fuera de la izquierda, propició la extensión de una cobertura social para las familias sin ingresos (Cantamutto, 2015) y otras argucias para la contención social. En este contexto se evidenció un resquebrajamiento de la hegemonía de Franja Morada en el terreno estudiantil y varias federaciones con larga tradición, como la Federación Universitaria de Buenos Aires, la Federación Universitaria de La Plata, la Federación Universitaria de Córdoba o la Federación Universitaria del Comahue, quedaron en manos de coaliciones de izquierdas. Durante los años subsiguientes, estas corrientes protagonizaron ciclos de movilización para exigir la democratización en muchas universidades (Losada, 2018), un ámbito donde, al igual que en el mundo sindical, la renovación de autoridades y los cambios en las alianzas en el poder son mucho menores que en el conjunto social. En lo más profundo de la crisis social, el conﬂicto laboral revestía niveles muy bajos. En contraste, los cortes de calles alcanzaban su máximo durante el primer semestre de 2002, para caer sostenidamente desde la segunda parte de aquel año (Millán y Carreño, 2007). Ante un amplio – 223 – proceso de movilizaciones de los sectores más empobrecidos, en junio, la policía asesinó a Maximiliano Kosteky y Darío Santillán, dos militantes populares, y en las altas esferas regresaron las especulaciones sobre el futuro (Duhalde, 2005). En medio de un clima político enrarecido y lleno de presiones, el presidente desistió competir en los comicios y, tras los rechazos de los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, José Manuel De La Sota y Carlos Reutemann, Néstor Kirchner, mandatario de Santa Cruz, aceptó ser su candidato. Un análisis de las elecciones de marzo de 2003 demuestra la fortaleza del régimen institucional, la legitimidad de ciertos dirigentes, así como la pervivencia del fraccionamiento del sistema de partidos y las diﬁcultades de los movimientos de lucha para constituir una alternativa de poder. Cinco candidatos alcanzaron entre 15% y 25% de los votos. Pese a la difundida consigna callejera de “Que se vayan todos”, la suma de los tres peronistas llegó a poco más del 60% y de los tres radicales a 33%. A su vez, los dos contrincantes que propiciaban la dolarización, el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy, consiguieron 40%. La abstención electoral no fue destacable y ninguna de las listas de izquierda, el Partido Obrero e Izquierda Unida, alcanzaron 2%. Menem renunció a participar en el balotage y Kirchner, segundo con poco más de 22%, fue proclamado presidente. Inicialmente el nuevo mandatario prosiguió con la orientación de su predecesor, prorrogando las designaciones de varios ministros clave, como Roberto Lavagna en Economía. Se privilegió la integración con Brasil, se sostuvo un tipo de cambio alto que estimulaba las exportaciones de bienes primarios y protegía la industria local de la competencia. Al mismo tiempo continuaron asignándose planes sociales con el objetivo engrosar el mercado interno y atemperar la conﬂictividad. De este modo comenzó un ciclo de recuperación económica ininterrumpida hasta 2008, cuando el PBI a precios constantes casi duplicó el de 2002. La desocupación y subocupación se redujeron a cerca de 8% y 9% respectivamente (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2020), la pobreza urbana se ubicó en el 15% de las personas (INDEC, en línea) y el índice de variación salarial de 2008 era de 49% respecto de 2001 (INDEC, 2020). Estos números reﬂejaban la mejor performance de un “modelo” que combinó lo que alguno/as llamaron “extractivismo” (Svampa, 2018), exportación primaria basada en la apropiación privada de bienes comunes – 224 – en tiempos de precios record de las comodities, y el uso de la capacidad instalada ociosa por la retracción económica argentina de ﬁnes del siglo XX, que pasó de 60% a casi 85% en 2011 (Coatz, Grasso y Kossacof, 2015). Su ocaso se ubica en 2008/9, cuando la crisis ﬁnanciera global, el tope del proceso de reaperturas y, muy poco después, la recuperación del nivel salarial de 2001, cuestionaron las premisas del crecimiento kirchnerista. Al compás de la recomposición capitalista, el gobierno implementó distintas iniciativas para fortalecer sus posiciones en un sistema político donde perduraba el faccionalismo de las viejas estructuras. La primera de ellas fue la transversalidad, un reagrupamiento de dirigentes de los partidos Justicialista, Radical, Frepaso y Socialista (donde se incluían varios gobernadores y alcaldes), sindicatos, agrupaciones piqueteras y organismos de derechos humanos, bajo una serie de consignas de centro y progresistas. En relación a estos últimos, el discurso oﬁcial de condena de los crímenes del terrorismo de Estado bajo la última dictadura cívico militar, la sustanciación de varios juicios emblemáticos y la apertura de numerosos espacios institucionales coordinados por referentes de los derechos humanos, estableció un vínculo especialmente sólido entre estas organizaciones y el kirchnerismo. El rumbo progresista, tal como fue planteado, reconoció su mayor tonicidad en 2005. Por un lado, el presidente anunció el pago de la totalidad de la deuda al Fondo Monetario Internacional. Por otro, en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela rechazaron comenzar a debatir el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) propuesta por los EE.UU. y secundada por Colombia y México. En tercer término, el kirchnerismo se impuso en las elecciones legislativas de 2005 sobre el duhaldismo, monopolizando el gravitante peronismo bonaerense. Poco después el kirchnerismo inició un viraje hacia la estructura del Partido Justicialista, de la cual provenían tanto Duhalde como Kirchner. Uniﬁcó la mayor parte del peronismo y concitó la adhesión de las direcciones gremiales, que combatieron todo atisbo de autonomía. Con el apoyo de los sectores mencionados, en 2007 triunfó con más del 45% de los votos la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner y el radical Julio Cobos. Más atrás quedaron las candidaturas de Elisa Carrió y el desafectado Roberto Lavagna, también al frente de armados políticos transversales. La izquierda tuvo desempeños electorales todavía más magros que en 2003. – 225 – El cambio del ciclo socioeconómico tuvo sus repercusiones en la lucha de clases. Las acciones del movimiento piquetero fueron perdiendo protagonismo en la palestra pública, como se desprende del sensible declive de la cantidad de cortes de calle y ruta, que entre 2002 y 2007 se redujeron a un cuarto, pasando de 2336 a 608. Asimismo, las cifras de la conﬂictividad laboral, que en 2003 tuvieron un mínimo de 142, tocaron un pico de 824 en 2005, para mantenerse en niveles levemente inferiores hasta 2007 (Giusto, 2018). Algunas/os autoras/es marcaron el comienzo de una nueva etapa en la relación de los movimientos sociales con el Estado (Svampa, 2008), así como otros/as resaltaron la importancia de la negociación colectiva en la arquitectura de la lucha de clases de la etapa (Marticorena, 2014). El movimiento piquetero se debatió entre la cooptación, la integración y la resistencia. Salvo excepciones, las variantes del nacionalismo tercerista, casi exclusivamente peronistas, se integraron en el armado gubernamental (Cortés, 2010; Perelmiter, 2010). Varias corrientes maoístas o autonomistas buscaron alianzas con distintos sectores de la política burguesa, con peso regional o legislativo. La proliferación de planes asistenciales, muchas veces conquistados mediante la acción colectiva, y la recuperación de puestos de trabajo reorganizó la base social del movimiento piquetero. La malla organizativa barrial, clave para la supervivencia de los sectores más pauperizados, quedó desplegada en el territorio y se fue asimilando contradictoriamente a las tareas estatales de mitigación de la pobreza extrema (Mauro y Rossi, 2011). El ingente peso de los conﬂictos laborales en el conjunto de la actividad contenciosa se inscribía en la puja corporativa en el marco de una etapa de crecimiento económico. Más de la mitad eran dirigidos por los sindicatos de rama integrados a la alianza gubernamental y hasta 2008 cerca del 50% de los reclamos fueron cuestiones salariales (Observatorio del Derecho Social, 2010 y 2011). En paralelo a estas nuevas tendencias, emergían en la escena pública conﬂictos por cuestiones ambientales. Un ejemplo fueron las movilizaciones en Gualeguaychú contra la contaminación de la planta papelera de Botnia en la vecina localidad uruguaya de Fray Bentos (Delamata, 2007). Otra fueron los prolongados enfrentamientos en Andalgalá, provincia de Catamarca, entre grupos locales de activistas que resistían el fracking en – 226 – la Cordillera de Los Andes y los gobiernos del país y de la jurisdicción (Bertea, 2013). Asimismo, diversos eventos públicos encendieron la mecha de las manifestaciones, sin que ello representara procesos de radicalización. Un caso paradigmático fue el de familiares y sobrevivientes del incendio de Cromagnon durante un recital de rock, que desató una breve oleada de protestas en la ciudad de Buenos Aires y una crisis política en el distrito, costando el cargo del Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra y la desarticulación de la transversalidad en la capital del país. Otro, fueron las masivas movilizaciones en reclamo de seguridad tras el secuestro y asesinato de Axel Blumberg por delincuentes comunes, que reunieron centenares de miles de personas y catalizaron en la organización de agrupamientos constituidos por familiares de víctimas de crímenes de sangre (Murillo, 2008). En estos procesos de confrontación se observan dos rasgos claves para comprender la dinámica del conﬂicto social en la Argentina posterior a la crisis global de 2008. Por una parte, la recurrencia de la manifestación como forma de protesta, desplazando y/o complementando el corte de calle, de personiﬁcaciones sociales no obreras. Por otra, la conformación de la ﬁgura de la víctima como protagonista que reclama ya no un cambio social o políticas de redistribución, sino el cumplimiento de la ley (o su endurecimiento) y el castigo de los culpables. De la grieta a la pandemia: la lucha de clases en Argentina, 2008-2020 Hacia los años 2008 y 2009, como se ha explicado, se conjugó una crisis ﬁnanciera global con el comienzo de un relativo agotamiento de algunas variables endógenas que habían dinamizado la recuperación y cierta expansión económica. En ese contexto se ocasionó una disputa entre el gobierno kirchnerista y el capital agrario. El Poder Ejecutivo, ante la inminencia de problemas ﬁscales, elevó las alícuotas para las exportaciones y los empresarios del campo rechazaron la medida. Los reclamos escalaron en algunos casos hasta exigir el ﬁnal del tributo y pasaron de la trama institucional a la protesta: cortes de ruta, manifestaciones en varias ciudades, movilizaciones con tractores y cosechadoras, demostraciones públicas donde se descartaban leche de vaca o granos sobre el asfalto, etc. La activación fue intensa. Se estima que en 2008 tuvie– 227 – ron lugar 5608 interrupciones del tránsito, 2,4 veces las de 2002 (Centro de Estudios Nueva Mayoría, 2016). Estas formas de acción del empresariado agrario tenían antecedentes históricos en el país y en el extranjero. Sin embargo, también estaban inﬂuidas por modalidades de acción muy extendidas durante la crisis del cambio de siglo, los “repertorios” según Charles Tilly, aunque los contrastes entre la extracción social de los protagonistas y las respuestas estatales resultaban evidentes. En paralelo, empresarios y dirigentes de cámaras agrícolas fueron invitados a canales de TV, programas de radio y columnas de diario (Giarraca y Teubal, 2010). Con ello se inició la gran divergencia entre el principal grupo de multimedios del país, Clarín, y el gobierno, que había aprobado fusiones empresariales cuasi monopolizadoras un tiempo atrás. El kirchnerismo realizó una contracampaña, donde retomó viejas ideas de la cultura política de las izquierdas y del nacionalismo tercerista como la confrontación entre un proyecto político de la oligarquía y otro popular o la alerta sobre las mentiras de los grandes medios y su complicidad con el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar. Asimismo, ambas facciones se autoproclamaron como víctimas de un poder autoritario mucho mayor e inexpugnable. Los piquetes empresariales no fueron embestidos por la policía, que dependía de las autoridades de cada provincia, las cuales, salvo excepciones, apoyaban el reclamo “del campo”. Recibieron advertencias de Gendarmería Nacional, sin registrarse desalojos violentos de las rutas. En contraste, los cortes ocurridos casi una década atrás, como los de Tartagal, Mosconi o Corrientes, fueron embestidos por fuerzas de seguridad provinciales y federales y, avaladas por el discurso contrainsurgente de la prensa y del gobierno, se cobraron varias vidas (Artese, 2013). En 2008 la mayoría de los medios de comunicación consideraron los bloqueos como una protesta cívica y legítima, marcando reiteradamente la diferencia con los del 2001, mientras que los medios oﬁcialistas y el gobierno acusaron a los manifestantes de un golpismo derechista, llegando a realizar paralelismos con los eventos de Chile en 1973. En el momento más álgido se registraron multitudinarias concentraciones en Buenos Aires, ya por entonces gobernada por el PRO (Propuesta Republicana) de Mauricio Macri, un agrupamiento de derecha surgido en el siglo XXI, ajeno a la transversalidad, formado con restos del peronismo y el radicalismo e integrado en la red trasnacional del Partido Popular español (Vommaro, Morresi y Belloti, 2016). Gracias a una utilización cons– 228 – ciente y bastante antojadiza de las imágenes mentales de la Guerra Fría, este enfrentamiento se inscribió en una extensa periodización histórica argentina y en una contienda continental inﬂamada discursivamente, donde el gobierno argentino fungía como socio del Brasil petista y la Venezuela chavista frente a los EE.UU. y la Colombia uribista. Hasta el momento, el modelo de acumulación establecía una cooperación entre capital primario exportador, una industria mayormente subsidiaria protegida por el tipo de cambio y aranceles, sindicatos que regulaban un mercado laboral en expansión y un Estado que contaba con recursos ﬁscales para gestionar la asistencia a la pobreza estructural que, a pesar de cinco años de crecimiento económico, seguía representando una porción importante de la población (Palazzi, 2019). Este pacto de hecho tenía su expresión política en la articulación de una liga de dirigentes de casi todas las regiones del país, generalmente peronistas, pero también de otros partidos, algunos provenientes de la alta burguesía, otros llegados desde la protesta social de los ’90. En el contexto de incertidumbre por la crisis global y por ciertos límites para la acumulación de capital que empezaban a evidenciarse, la escalada en el conﬂicto por un impuesto comenzó a fracturar la alianza del Poder Ejecutivo. Se alejaron varios gobernadores de distritos clave, numerosos legisladores, algunos ministros y el mismísimo vicepresidente Julio Cobos, que desempató una sesión del Senado votando contra su propio gobierno. El golpe se sintió con fuerza en las elecciones legislativas de 2009, cuando el oﬁcialismo fue derrotado en las estratégicas provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, entre otras. En las nuevas circunstancias creció el activismo callejero de sectores conservadores, que denunciaban el autoritarismo y la corrupción del gobierno, así como la incapacidad o nula voluntad para evitar los hurtos o los delitos de sangre. Estas corrientes crecieron en las redes sociales, se ensamblaron con tejidos laxos alrededor del PRO y fueron toniﬁcadas con el apoyo del grupo Clarín, que brindó varios de los slogans más difundidos. El gobierno recalculó el campo de alianzas, que se había estrechado notoriamente. El grueso de la CGT y la CTA siguieron apoyando “el modelo”, pero hubo defecciones de sectores provenientes de las luchas sociales, como los nacionalistas de Barrios de Pie. Al mismo tiempo, reverdeció un activismo oﬁcialista inorgánico. En la esfera laboral se reﬂotó la tenebrosa sigla de la Juventud Sindical (organización creada en los setenta para com– 229 – batir a los Montoneros, el clasismo y la izquierda), que encuadró buena parte del activismo obrero antes remiso a las estructuras del gremialismo peronista. En las capas medias se fundó La Cámpora, una agrupación interna del justicialismo. Asimismo, el Partido Comunista y su red de grupos e inﬂuencias se integraron en el kirchnerismo. El diagnóstico oﬁcialista fue aceptado por casi todas las corrientes populares y de izquierda que militaban en barrios, fábricas y universidades: en Argentina existía una disputa entre el gobierno progresista y la derecha. La militancia marxista, fundamentalmente trotskista, matizaba indicando que el kirchnerismo no era consecuente con sus planteos porque tenía más lazos con los intereses del otro bloque de los que estaba dispuesto a admitir (Castillo, 2011) No obstante, casi todas las iniciativas más publicitadas del gobierno se observaron a través del prisma de la disputa entre progresismo y neoliberalismo. Estos fueron los casos de la fallida La Ley de Medios, que pretendía regular los medios de comunicación contra la monopolización del grupo Clarín; la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), una compra del porcentaje en poder de Repsol; la Asignación Universal por Hijo, que garantizó un ingreso a todas las familias que tuvieran hijos; o la estatización de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Jubilaciones, y la moratoria previsional, que permitieron jubilarse a millones de personas que no reunían los aportes mínimos. En el mismo sentido se recordaban otras medidas, de impacto más simbólico que real como, entre otras, el programa Futbol Para Todos, que anuló los contratos de televisación del campeonato argentino en manos de Clarín y transmitió todos los partidos por TV abierta, subsidiando a una dirigencia sospechada de corrupción; Canal Encuentro y Paka Paka, que emitían contenidos educativos e infantiles, o Tecnópolis, centro de exposiciones y sede de numerosos espectáculos. Estas tendencias se acentuaron con la sorpresiva muerte de Néstor Kirchner, a ﬁnes de 2010, una semana después del asesinato de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, por una patota sindical peronista, recurso muy utilizado por el gobierno (Harari, 2019). Ambos decesos causaron conmoción y galvanizaron a cada corriente en su periferia. El funeral del ex presidente fue una ceremonia multitudinaria con ribetes emotivos, que aglutinó una base cada vez más amplia en el progresismo. – 230 – La fortaleza del kirchnerismo contrastaba con sus nuevas diﬁcultades. La mayor de ellas era la vacante de una silla clave en la “mesa chica” donde se articulaban los intereses de una alianza que había perdido representantes orgánicos de ramas de la economía y regiones del país. En paralelo, las movilizaciones contra la corrupción, en reclamo de seguridad y de libertad de prensa ocuparon varias veces el centro de las principales ciudades del país entre 2011 y 2013. Pese a estos factores, los comicios de 2011 fueron un rotundo triunfo oﬁcialista y Cristina Fernández de Kirchner, ataviada con el luto como durante casi tres años, obtuvo el 54% de los votos, un récord desde 1983. Resulta una verdadera paradoja que el gobierno con mejor performance electoral del ciclo kirchnerista haya tenido que afrontar los mayores inconvenientes. Estos provenían de distintas fuentes. En primer término, tras la fuerte caída del 5% en 2009, 2010-2011 fue el último bienio de crecimiento del PBI, habiéndose producido un serrucho con tenues elevaciones en los años impares y caídas similares en los siguientes, manteniéndose el volumen de la producción levemente por debajo de los 450.000 millones de dólares a precios constantes de 2010 y perdiendo poco menos del 8% del PBI per cápita en casi una década (Banco Mundial, 2010). En segundo lugar, porque las diﬁcultades económicas y las tensiones en la alianza con parte de la dirigencia gremial desgastaron la pasividad obrera. Como puede verse en el Gráﬁco 1, entre 2010 y 2013 cayó notoriamente la cantidad de convenios ﬁrmados, al tiempo que se elevaron los conﬂictos laborales. El crecimiento de la conﬂictividad laboral tuvo varias motivaciones. Las principales se agrupan en dos grandes conjuntos. Por una parte, las acciones defensivas de la base obrera en un país con una década de estancamiento y numerosas empresas en situaciones críticas (Varela, 2016). Por otra, el reclamo de la CGT, desde 2012, para que los asalariados mejor remunerados, una porción signiﬁcativa en las ramas más dinámicas de la economía, dejen de pagar impuesto a las ganancias. En función de esta demanda se realizaron tres paros generales y tres concentraciones masivas en Plaza de Mayo. – 231 – Gráﬁco 1 Fuente: Elaboración propia con base en datos del Boletín de Estadística Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina (2020). La tercera fuente de inestabilidad de la segunda presidencia de Cristina Fernández fueron los acotados, pero reales reclamos contra los ensayos de ajuste. Bajo el nombre de la “sintonía ﬁna”, el Poder Ejecutivo se propuso, sin éxito, recuperar el superávit ﬁscal. Se impuso un control de cambios más estricto, que fue saboteado con la emergencia de un mercado de divisas paralelo que depreció el peso y elevó los precios. Sumado a ello, desde 2007 se produjo una intervención en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) con el objetivo de difundir guarismos de inﬂación menores a las reales y así pagar importes más bajos a los acreedores del Estado. La manipulación de los datos se extendió a muchos rubros y el INDEC se convirtió en símbolo del ocultamiento de información. Aquí nos guiamos por el Índice de Precios al Consumidor del Congreso, según el cual se estima que la inﬂación entre 2011 y 2015 no bajó del 22,5% anual y alcanzó el 38,5% en 2014 (Centro de Estudios y Servicios, 2018). El declive económico agudizó la creciente oposición de ramas o personajes del capital más concentrado que, sin patear el tablero político, fueron avalando como alternativas a dirigentes que se alejaban del kirchnerismo y a otras alianzas, como las motorizadas por el PRO. Este fenómeno tuvo su expresión en las elecciones legislativas de 2013, cuando el oﬁcialismo nuevamente fue derrotado en los distritos más ricos del país: Buenos Ai– 232 – res, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. El gobierno intentó superar el impasse económico y político con dos tipos de medidas. Por un lado, se realizaron grandes desembolsos en litigios internacionales, como a Repsol y el Club de París, pensando en dar señales de buena voluntad para un reingreso en los mercados de capitales con tasas más favorables. Por el otro, se acentuó la búsqueda de homogeneidad interna, marginando funcionarios y dirigentes con peso propio en determinados sectores sociales, que podrían disputar la conducción, y se preﬁrió leales cuando no obedientes, pese a que no siempre contaban con trayectoria suﬁciente para los cargos en los cuales eran designados. La cuarta fuente de graves diﬁcultades para el kirchnerismo, que interactuando con las demás resultó decisiva para el ﬁnal del ciclo iniciado en 2003, fue la intersección entre el impacto de varias denuncias de corrupción, luego con serias repercusiones judiciales, y otras provenientes de la política internacional. Parte del progresismo codiﬁcó estos procesos como ataques en una guerra jurídica (lawfare) de la cual sus dirigentes serían víctimas. En el marco del acercamiento entre EE.UU. e Irán, Argentina ﬁrmó un memorándum con la República Islámica que, conﬁrmado por el congreso, quitaba el pedido de captura a varios ciudadanos iraníes ante Interpol a cambio de compartir fuentes de información sobre el ataque a la DAIA - AMIA en Buenos Aires en 1997, atentado que fue uno de los correlatos de la participación argentina en la invasión a Irak en 1990/1. Los medios opositores agitaron el fantasma de la búsqueda de impunidad y de una triangulación de intereses entre Venezuela, Irán y el kirchnerismo que, nuevamente en un ajedrez más imaginario que real, implicaba una ruptura con los aliados tradicionales de Argentina: los EE.UU. e Israel. El clímax de este affaire tuvo lugar durante el verano de 2015, cuando Alberto Nisman, el ﬁscal que denunciaba a la presidenta, apareció muerto en su domicilio el día anterior a declarar en el Congreso, con heridas de bala en la cabeza. Allende las especulaciones sobre el caso criminal, todavía sin resolución judicial, se produjeron movilizaciones masivas reclamando justicia y, como suele ocurrir con las demandas de ese tipo, señalando culpables e indicando el castigo. En esta oportunidad era Cristina Fernández a quien cientos de miles de personas deseaban encarcelar por la muerte de Nisman y otras denuncias de corrupción (Elbaum, 2019). – 233 – En los comicios presidenciales de 2015 triunfó Mauricio Macri, al frente de Juntos por el Cambio, una alianza entre el PRO y el radicalismo, con apoyo de fracciones del sindicalismo peronista. Esta coalición retuvo la Ciudad de Buenos Aires y se impuso en la Provincia de Buenos Aires, Mendoza y otros distritos, contando con aliados en el ejecutivo de Córdoba y Santa Fe. Con la excepción del Conurbano Bonaerense, el peronismo-kirchnerismo venció en las zonas más pobres y Macri en las más prósperas, una situación con ciertas similitudes a la de Brasil en el ﬁnal del ciclo petista y en los años posteriores, y que se reiteró en las elecciones de 2017 y 2019. Durante los últimos tiempos del kirchnerismo, el movimiento de mujeres y disidencias había cobrado una importancia creciente en el terreno de la protesta, así como en la agenda mediática y político-intelectual. La masiva manifestación del 3 de junio de 2015 por el Ni una menos, inspirada en el reclamo contra los femicidios, no inauguró las luchas de esta parte de la sociedad ni fundó un movimiento, aunque tuvo repercusiones notoriamente mayores que las acciones y ciclos previos. Como puede constatarse, aquí también emerge la ﬁgura de la víctima en el centro del proceso de conﬂictividad, en este caso de violencia de género. Lejos de ensayar una explicación del fenómeno, resaltamos que este ascenso nacional, con epicentro en las grandes ciudades, se inscribía con voz propia en un proceso de escala trasnacional sobre el cual deja ciertas marcas. Por otra parte, la existencia de ﬁguras públicas, muchas de dilatada trayectoria intelectual, resultó fundamental para designar y difundir el nombre de muchas prácticas que sostienen la desigualdad de género, así como para intervenir en los grandes medios y elaborar consignas movilizadoras (Natalucci y Rey, 2018). El inicio del gobierno de Mauricio Macri estuvo marcado por una agenda de transformaciones bastante difusa. Comenzaba por un ajuste de las cuentas públicas (achicamiento de la planta estatal y de los subsidios al transporte, gas, agua y electricidad), una devaluación del peso, la reducción paulatina del costo laboral y, en el mediano plazo, se orientaba hacia tres reformas: previsional, ﬁscal y laboral. Asimismo, se prometían obras para mejorar la infraestructura del país, uno de los grandes obstáculos para el desarrollo después de la recuperación de la crisis de 2001, y un blanqueo de capitales. En la perspectiva del Poder Ejecutivo, estas medidas fomentarían la inversión privada, en niveles muy bajos si se la comparaba con, por ejemplo, el vecino Chile, muchas veces presentado como modelo para – 234 – el conservadurismo argentino contemporáneo, de acuerdo con el Banco Mundial. En paralelo, el macrismo realizó un importante esfuerzo discursivo para marcar sus diferencias con la era kirchnerista. En primer término, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura fueron suprimidas de la agenda publicitaria estatal y muchos espacios dedicados a preservar la memoria vieron menguados sus presupuestos. Las ideas de patriotismo y solidaridad, allende su cumplimiento, fueron desplazadas en favor de otras como meritocracia y emprendedurismo. Varias de las políticas basadas en una mentada “batalla cultural”, como Paka Paka o Fútbol Para Todos, fueron suspendidas. En las relaciones internacionales se registró un acentuado interés en fortalecer la cooperación con Chile, EE.UU., España e Israel, romper relaciones con Venezuela, apoyar la caída de Dilma Rousseff y luego abrazar el ascenso de Bolsonaro en Brasil. Las prácticas represivas y la vulneración de los derechos de los ciudadanos detenidos fueron celebradas por la nueva ministra Patricia Bullrich y por el presidente. En este punto existía una continuidad discursiva y práctica con la performance de Sergio Berni durante el gobierno anterior. Sin embargo, estas derivas motivaron un creciente repudio en un espectro bastante amplio y activo, aunque no mayoritario, de la sociedad civil, que protagonizó varias manifestaciones masivas, como el rechazo contra las excarcelaciones anticipadas de genocidas o el repudio a la desaparición de Santiago Maldonado en el transcurso de una protesta Mapuche en el sur del país. Al mismo tiempo, prosiguió su crecimiento el ciclo de movilización de los feminismos y disidencias, desde las manifestaciones masivas por el Ni una menos a la posterior campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. En medio de una crisis económica muy aguda, durante 2018 el presidente admitió que el Congreso debatiera un proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, aunque adelantó su discrepancia con esa práctica. Durante varios meses la cuestión del aborto se convirtió en un eje central de las noticias. Las audiencias públicas encontraron público ávido de explicaciones, difundiendo conocimiento cientíﬁco y también prejuicios. Este movimiento multitudinario, y su principal reivindicación, cortaron el conjunto social en agrupamientos diferentes a los tradicionales derechaizquierda, neoliberalismo-progresismo o según estrato socioeconómico. La mayoría de la izquierda y del progresismo participaron de la campaña, – 235 – pero también una porción de la derecha y el neoliberalismo, como pudo verse en los votos en el parlamento. También, es cierto, una pequeña porción del progresismo acompañó a diversas variantes de la derecha y del neoliberalismo en el rechazo al proyecto. Las sesiones en el Congreso fueron rodeadas por multitudes expectantes, concentradas durante largas y heladas noches de invierno. En la cámara baja se aprobó el proyecto, pero el Senado lo rechazó. Con la intención de anclar este proceso en algún antecedente histórico, también de manifestaciones masivas, diremos que los polos conformados se asemejan a los de Laica o Libre en 1956/8 (Califa, 2014), tanto por la centralidad de la Iglesia en el bando contrario a la legalización del aborto y como de la ciencia y los valores laicos en los fundamentos de quienes apoyaban el cambio legislativo. La diferencia en el contexto internacional y en las dinámicas de la conﬂictividad local hizo fútil el intento de algunos extremistas por anclar este conﬂicto en la discusión comunismo-anticomunismo. La historia inmediata del movimiento que reclama la legalización del aborto se inscribe más bien en la demanda del reconocimiento (Honneth, 1997), tanto por el problema de los derechos como por la identiﬁcación de las desigualdades y por sus elementos afectivos. Por otra parte, volviendo al plano gubernamental, los resultados del macrismo estuvieron muy lejos de los anunciados. El gobierno se excusó y se autolocalizó entre las víctimas de una “pesada herencia” kirchnerista que diﬁcultaban su plan de gestión. A pesar de los despidos, la cantidad de asalariados estatales creció de aproximadamente 3.089.000 a 3.201.000 entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2020). Según fuentes oﬁciales, el volumen de los subsidios se redujo un 69% en términos absolutos en dólares, cifra que, por la devaluación, signiﬁcó un incremento en pesos argentinos, aunque una caída de su proporción del PBI (Secretaria de Energía, 2019). El peso tuvo sucesivas depreciaciones, mayores a lo planeado, pasando el dólar de la franja de 9 oﬁcial/15 clandestino al momento de asumir a 65 pesos en diciembre de 2019. Según Bermúdez (2019), de un medio insospechado de cuestionar al gobierno de Macri, en cuatro años los salarios cayeron en promedio un 20%. Después del resonante triunfo oﬁcialista en los comicios legislativos de 2017, en diciembre comenzó el trámite legislativo para una reforma jubilatoria. La resistencia popular fue muy ﬁrme. Las inmediaciones del – 236 – Congreso se convirtieron en un campo de batalla urbana durante dos jornadas y por la noche numerosos grupos de personas se manifestaron en distintos puntos de la ciudad rechazando las modiﬁcaciones en el régimen previsional. Una poco organizada, pero decidida masa de trabajadores de Buenos Aires, junto a algunos destacamentos gremiales y la izquierda marxista enfrentaron a piedrazos a las fuerzas de seguridad, elevando la confrontación social a los niveles más altos desde 2001/2. En las cámaras, el proyecto original fue modiﬁcado, acotado a una nueva fórmula de cálculo de haberes que signiﬁcaba una pérdida de ingresos para el sector pasivo, pero menor a la original. Esta conmoción empantanó el camino de las reformas pensado por el gobierno. Poco después comenzó una sucesión de crisis ﬁnancieras, con devaluaciones y emisión de deuda en condiciones insostenibles en el mediano plazo. En este marco, a mediados de 2018 Macri solicitó un préstamo al FMI, símbolo de la crisis ﬁnisecular argentina. Este organismo realizó el mayor desembolso de la historia. Según datos oﬁciales, en 2015, la deuda de la Administración Central representaba el 56% del PBI y en 2019 alcanzaba 89% (Gobierno de Argentina, 2019). La cesación de pagos selectiva de Argentina desde los meses previos a la pandemia tiene sus raíces inmediatas en esta gestión de las ﬁnanzas. El panorama de esta crisis prolongada, agudizada por el paso del tiempo y las políticas aplicadas, fue acompañado por niveles de activismo relativamente bajos de las personiﬁcaciones proletarias y sus organizaciones. Como se observa en el Gráﬁco 1, el nivel de conﬂicto laboral reconoce leves ondulaciones en los últimos años y una caída pronunciada en 2018. A diferencia del contexto ﬁnal del kirchnerismo, cuando los cortes de la ruta panamericana en el norte del Conurbano Bonaerense demostraban la existencia de fracciones de base muy activas, que enfrentaban suspensiones, despidos o cierres de plantas fabriles, los años de Macri fueron testigos de una menor cantidad de ese tipo de hechos. Asimismo, el sindicalismo oﬁcial, por su capacidad organizativa central para la vertebración de una oposición obrera, exhibió una pasividad notoria ante las evidentes pérdidas de sus aﬁliados, que tampoco despuntaron con muchas acciones fuera de las estructuras gremiales. En la capa más pauperizada del proletariado se consolidó una transformación organizativa fundamental. Por un lado, pese a la retórica conservadora, durante los años del macrismo, el Estado argentino incrementó el – 237 – gasto público social (CEPAL, 2018). Por el otro, la Iglesia Católica, aliada del kirchnerismo y del justicialismo en general, se aﬁncó con una estructura organizativa y una dirigencia de gran presencia pública, la cual se ensambló a grupos preexistentes que provenían tanto del peronismo como de la izquierda. De este modo se fundó la Central de Trabajadores de la Economía Popular, un conglomerado con cientos de miles de aﬁliados y cuantiosos recursos estatales. Esa gravitación del catolicismo reordenó el mapa político en el espacio donde antes se había incubado el movimiento piquetero. Corrientes maoístas, autonomistas, latinoamericanistas, incluso guevaristas, abandonaron alianzas con la izquierda marxista y se volcaron a una coalición con grupos peronistas y católicos. Estos actores de la movilización social apoyaron el Frente de Todos, un reagrupamiento de muchos dirigentes del 2003 que triunfó en unas elecciones presidenciales realizadas en el contexto de una agudización de la crisis endémica. Alberto Fernández, otrora repudiado por el kirchnerismo por su alejamiento en 2009 y sus críticas a Cristina Fernández, fue ungido presidente. Pese a las crecientes diﬁcultades económicas de la mayoría de la población, el escenario del conﬂicto social en Argentina durante los meses previos a la pandemia resultó cualitativamente diferente al de países cercanos como Bolivia, Chile o Ecuador. Allí parece que poco después de la crisis global de 2008, en y entre los movimientos sociales, el régimen político y las alianzas electorales progresistas, con ritmos diferentes y avances y retrocesos, se fueron ensanchando brechas que para 2019 decantaron en enfrentamientos sociales violentos y, en ciertas zonas, generalizados. En Argentina, como se ha explicado, el proceso fue el inverso. Sin embargo, el impacto de la crisis mundial actual y su sobredeterminación con factores propios de la economía argentina dan lugar a una incertidumbre muy grande sobre el futuro del conﬂicto social. Conclusiones En nuestro recorrido trazamos una perspectiva de largo plazo para localizar las formas de la conﬂictividad social en la Argentina de la pre-pandemia en una serie histórica que reconoce sucesivas metamorfosis. Con ello comprendemos que dentro del paisaje de los enfrentamientos sociales – 238 – se ubican formas predominantes, otras contradictorias y yuxtaposiciones entre modalidades de acción más recientes y ciertas supervivencias. Por ejemplo, parte del viejo predominio de las personiﬁcaciones obreras y de sus organizaciones en el siglo XX pervive en el peso del sindicalismo, aún el más conservador, en las alianzas políticas, así como en distintas iniciativas de base. Asimismo, la arena pública, anteriormente escenario de las huelgas de masas y luego territorio del piquete, hoy funge como el locus de la manifestación, entendida como “ocupación momentánea, por varias personas, de un lugar abierto, público o privado, y que directa o indirectamente conlleva la expresión de opiniones políticas” (Filliuele y Tartakovsky, 2015, pág. 24), forma estelar de una contenciosidad con múltiples actores y demandas. Por otra parte, la tradicional tensión entre autonomía e integración, que en el siglo pasado atravesó la relación entre izquierdas y peronismo, desde 2001 parece haberse producido un predominio de las tendencias a la integración de los actores de la protesta social. Siendo excesivamente sintéticos, la conﬂictividad social en la Argentina previa a la pandemia presenta las siguientes características: 1) Gran diversidad de actores y demandas: los protagonistas se constituyen en múltiples ámbitos y actúan según identidades que remiten a distintos aspectos de la vida social. No se observa ningún actor del conﬂicto con capacidad de articular las demandas de los demás, al tiempo que se observan escasas coaliciones. De ello se desprende una variedad de reclamos puntuales o sectoriales. Existe, sin embargo, una reiterada tendencia a la construcción social de víctimas que motorizan reclamos para el cumplimiento de leyes existentes o de sanciones a ofensores. Esta situación objetiva diﬁculta la articulación. 2) Presencia de la acción colectiva conservadora. La vertebración de los reclamos punitivos, de perspectivas individualistas y de principios abstractos, generalmente con una matriz liberal, es un fenómeno recurrente, que expande la presencia de lo judicial a la dinámica del conﬂicto y la política. Algunas de las lógicas que la fundamentan se extienden a otros actores de la protesta. – 239 – 3) Ciclos generalmente breves y, en muchos casos, únicos de activación para cada reclamo, debido a las pertenencias lábiles de muchos protagonistas. 4) Difusión de la manifestación como método de lucha, convertido casi en sinónimo de protesta. Éste convive con la huelga en el lugar de trabajo, generalmente de escala acotada, los piquetes, eventuales tomas de ediﬁcios y ejercicio de la violencia popular con destrucción de propiedad. En este terreno se mezclan contados rituales violentos, como las pintadas de los feminismos y disidencias a las iglesias, donde se produce una hipersubjetivación, en el sentido asignado por Michel Wieviorka, o episodios de violencia oportunista, como la quema de formaciones ferroviarias por parte de usuarios que parecen constituir sujetos ﬂotantes, también según las categorías del sociólogo francés (Tilly, 2007; Rebón y Pérez, 2012). 5) Expansión de formas activas de la comunicación: profesionalización del uso de las redes sociales y de otras herramientas para crear y difundir contenidos, y presencia mediática directa de protagonistas en la TV y la radio. En los feminismos, se han dado casos de personas constituidas por la intersección de la condición de periodistas, intelectuales y activistas. 6) Predominio de la “estadolatría” entre los protagonistas de la protesta: es el Estado quien debe instituir nuevas normas o prácticas, brindar recursos, nombras funcionarios encargados, preferentemente ligados a los movimientos de lucha, y sancionar a quien infrinja las nuevas disposiciones. 7) El Estado ha intentado subsumir actores y demandas. Responde de manera variada según sector social, pero generalmente ha dosiﬁcado y hasta subalternizado el uso de la violencia frente a la protesta, algo que contrasta con la creciente brutalidad policial y penal frente a la delicitividad popular, que han resaltado organismos como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Asimismo, las autoridades de los distritos del Centro abrieron instancias de diálogo y en las sucesivas campañas electorales fueron incorporándose ciertos actores y consignas puntuales de determinadas protestas. – 240 – 8) Preponderancia de la integración. Los movimientos sociales se han instituido como actores legítimos de la contienda. En muchos casos se incorporaron a las alianzas partidarias gobernantes, ocupando cargos en las instituciones estatales que habían sido sujeto de sus reclamos. Por ello se convirtieron en articulaciones entre provisión de servicios, respaldo de posiciones personales o grupales, agente de negociación y también actor movilizador. De estas características se desprende una más general, que organiza la conﬂictividad actual: no existen actores ni proyectos colectivos, ni utopías, con un horizonte estratégico de cambio social, ni tampoco, en un nivel más modesto, como organizadores autónomos y creadores de prácticas e instituciones que se propongan subvertir al Estado. En este sentido, la aﬁrmación de Daniel Bensaïd (2013) que reza “…la dominación se inscribe en una multiplicidad de campos y de relaciones articuladas, todos esos campos no son equivalentes cuando se trata de pensar una estrategia de emancipación aquí y ahora.” (pág. 2), invita a una reﬂexión sobre el rumbo del núcleo intelectual crítico y la militancia de los pequeños grupos que se postulan para dirigir una revolución social: la sociedad argentina está llena de injusticias y de activismo, es preciso ir más allá de la empatía y calcular dónde, cuándo y cómo se interviene en función de una acumulación general y duradera, hasta hoy inexistente. De eso se trata la estrategia. – 241 – Referencias Bibliográﬁcas Anderson, P. (2000). Los orígenes de la posmodernidad. Barcelona, España: Anagrama. Aronskind, R. (2001). ¿Más cerca o más lejos del desarrollo? Transformaciones económicas en los ’90. Buenos Aires, Argentina: Libros del Rojas. Artese, M. (2013). Cortes de ruta y represión. La justiﬁcación ideológica de la violencia política entre 1996 y 2002. Buenos Aires, Argentina: EUDEBA. Auyero, J. (2007). La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI. Banco Mundial (2010). Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP. MKTP.KD?locations=AR Banco Mundial. (s/f). Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (% del PIB) - Argentina, Chile. 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Las conclusiones son por tanto abiertas, apuntando a una nueva posibilidad de legitimación de las políticas populistas, en la medida en que consigan el apoyo de sectores sociales que reconocen el pluralismo, y que valoran un discurso político no antagonizante. Introducción Plantear la posibilidad de un “populismo republicano” puede pensarse como una contradicción de términos, como una imposibilidad lógica, comparable a la cuadratura del círculo. Efectivamente, las derechas latinoamericanas –frontalmente antipopulistas– se han impuesto a sí mismas un pretendido ejercicio de republicanismo, casi siempre más retórico que – 253 – efectivo.1 Pero lo cierto es que esas derechas, carentes casi siempre de alguna posibilidad de competir con los logros sociales y económicos de los denostados populismos latinoamericanos, no tienen casi otro argumento para sustentarse que el de su pretendidamente superior “apego por las formas republicanas”. Los populismos, aun cuando en ocasiones hayan respetado esas formas tanto o más que las derechas (en el caso argentino, el kirchnerismo no persiguió mediática y judicialmente a sus adversarios como sí lo hizo el macrismo), no reivindican lo republicano en su propio discurso, generalmente más propenso a legitimarse por vía de lo económico y social. Además, quienes –como Laclau– han teorizado sobre los populismos dieron en poner a los mismos en relación de antagonismo con el institucionalismo. De tal modo, para él se trataba de dos polos opuestos entre los cuales se medía cualquier gobierno: o la defensa del antagonismo por vía del populismo, o la defensa del institucionalismo por vía del polo sociopolítico antipopular (Laclau: 2012). De tal modo, los neopopulismos (como fueron el chavismo mientras lideró Chávez, la revolución ciudadana de Correa, el kirchnerismo con Néstor y Cristina Kirchner, y los gobiernos de Evo Morales)2 han producido cambios institucionales que han sido tomados como inadmisibles por los “institucionalistas”, quienes generalmente reivindican la institucionalidad dada como si tuviese un origen transhistórico, de modo que entienden como una transgresión inaceptable cualquier modiﬁcación respecto a las reglas constitucionales y legales previamente establecidas. Este texto se escribe –mayo del año 2020– cuando el mundo padece la inédita situación de pandemia a que está sometida la humanidad desde hace meses y no sabemos por cuánto tiempo. Situación singularísima y parteaguas histórico, sobre el cual no viene a cuento extenderse aquí (Agamben et al., 2020; Grimson, 2020). Lo cierto es que el gobierno de 1 Resulta inverosímil escuchar a alguien como el expresidente Macri proclamar “valores republicanos”, cuando siempre ha carecido del menor interés por las formas y cuestiones institucionales. Buen ejemplo fue su pretensión de nombrar por decreto dos miembros de la Corte Suprema apenas comenzó su mandato. 2 Se ha denominado “neopopulismos de izquierda” a esos gobiernos, para diferenciarlos de los populismos tradicionales como los de Perón o Vargas, y de los actuales de derecha, como el de Bolsonaro (Follari, 2010). Sin embargo, a los ﬁnes de este trabajo se resumen a menudo en la categoría más general de “populismo”. – 254 – Alberto Fernández en Argentina ascendió apenas tres meses antes del surgimiento de la pandemia (10 de diciembre de 2019), de modo que lleva al presente sólo seis meses de ejercicio, tres de los cuales en una condición imprevisible y de enormes restricciones económicas y sociales. Sin embargo, ya algunas tendencias se pueden advertir en la direccionalidad del actual equipo gobernante. Fernández llegó al gobierno de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, quien tuvo el liderazgo y los votos para catapultarlo, pero que no podría haber llegado a la presidencia por sí misma –esa presidencia que ya ostentó en dos ocasiones, para luego ser sucedida por el macrismo–. Durante sus gobiernos, ella cumplió claramente con las modalidades del populismo: liderazgo personal fuerte, poco diálogo con la oposición, espacio para los movimientos sociales en la acción estatal, antagonismo con el bloque económico dominante. Su gobierno fue exitoso en términos sociales –en sus dos períodos, si bien más marcadamente en el primero–, a la vez que se encontró con una férrea oposición desde el stablishment, el cual no dejó de hostigarla en ningún momento durante su gobierno, especialmente desde lo mediático. Mecanismo al cual se sumó lo judicial, en una decidida apelación al lawfare que ha sido considerablemente denunciada, pero que aún durante el nuevo gobierno sigue siendo negada y ocultada por los medios hegemónicos de comunicación. Manteniendo hasta esta fecha una buena relación con Cristina Kirchner –quien es ahora la vicepresidenta de la Nación–, Alberto Fernández ha dado a su gobierno una impronta diferente, especialmente en cuanto a la relación con sus adversarios políticos y con los medios de comunicación (los cuales, mayoritariamente, forman bloque con esos adversarios políticos). En cierta convergencia con sectores dialoguistas de la Alianza Juntos por el Cambio (alianza conformada por el PRO de Macri, más la histórica Unión Cívica Radical y la pequeña Coalición Cívica de Carrió), convergencia que se ha visto favorecida por la necesidad de actuar coordinados en el campo sanitario para tomar decisiones por la pandemia, Fernández no ha hablado de la “pesada herencia” –como sí lo hizo hasta el hartazgo el macrismo–, no se ha confrontado con el pasado inmediato (que llevó a prisión a unos 20 dirigentes del Frente para la Victoria, la mayoría sin condena y en muchos casos sin juicio) y ha aparecido por los más diversos medios y con los más controvertidos y diversiﬁcados periodistas, muy lejano al estilo de Cristina Kirchner, quien confrontaba a tales medios y – 255 – no hablaba casi con periodistas, negándose a dar conferencias de prensa, tanto como a concurrir a programas de televisión. A pesar de ello, un sector de la oposición continúa una tarea frontal de desgaste y esmerilado de la legitimidad del nuevo gobierno. Actores como Patricia Bullrich (PRO), Pichetto –que está formando partido propio, proviene del peronismo– o Cornejo (UCR), creen que pueden crecer en el ataque polarizado contra el gobierno populista, acusándolo de modo grandilocuente de cuanta cosa puedan encontrar como argumento, sin apuntar incluso a que éste pueda tener mayor plausibilidad. Sin embargo, Alberto Fernández ha crecido en credibilidad por su cuidado en el tratamiento de la salud poblacional durante la pandemia, durante la cual –hasta la fecha– Argentina ha tenido números bajos de contagiados y de muertos en relación a otros países de la región y del mundo. Tal situación lo ha dejado en buena condición ante la ciudadanía, que a su vez ha valorado que aparezca junto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, quien pertenece al opositor Juntos por el Cambio, pero ha mostrado una conducta de coordinación con las políticas del Ejecutivo nacional. Lo mismo ha sucedido con otros intendentes de Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires (Grindetti, Jorge Macri, Montenegro, entre otros), con lo cual la oposición ha quedado claramente dividida en la práctica entre dos sectores: los que hacen gestión y se centran en coordinar con el oﬁcialismo las acciones contra la pandemia, y los que no gestionan y se encuentran en libertad para el ataque ideológico permanente contra el gobierno nacional. El triunfo de los moderados que gestionan es –por ahora– aplastante en las encuestas: la ciudadanía valora el buen resultado de las medidas de aislamiento social, de modo que entre el 70% y 80% apoya a quienes impulsan tales medidas: en primer lugar el gobierno nacional y en la oposición a aquellos que van en la misma dirección (El Cronista, 27/04/20). Los opositores antipopulistas, que confían en el rechazo a Cristina Kirchner –trabajado mediáticamente desde tiempos de sus mandatos, y luego también por vía judicial–, creen estar sembrando en tierra fértil a mediano plazo. Por ahora, ventilan cada día alguna supuesta desavenencia entre presidente y vicepresidenta, pregonan el desastre económico como fruto de las medidas tomadas –como si de no tomarlas se hubiera asegurado algún buen resultado en los índices productivos o de consumo–, auspician descontento social a partir del cansancio que produce la cuarentena, e incluso – 256 – llaman a “la libertad” de salir, en un discurso que no es tan brutal como el del presidente Bolsonaro, pero que en términos amplios concurre a la misma direccionalidad. Lo cierto es que el comportamiento de Alberto Fernández es, hasta la fecha, no sólo contrastante con los modos frontales del populismo de Cristina Fernández de Kirchner, sino también con las prácticas transgresivas que sostuvo permanentemente Mauricio Macri. Éste usó y abusó de una tristemente conocida “mesa judicial” –conocida sólo entre los que conocen de lo político o lo judicial–, la cual se dedicó a inﬂuenciar ﬁscales y jueces, a organizar el nombramiento de otros, y a atacar en lo mediático y justamente en lo judicial, a los agentes judiciales que no obedecieran sus “sugerencias”.3 Así se persiguió hasta la obsesión a la expresidenta y se contó con el favor de jueces que trabajaban en esa misma dirección, como el hoy fallecido Claudio Bonadío. Las irregularidades en lo judicial llegaron a extremos poco concebibles, encarcelando a diversos dirigentes opositores, y valiéndose de diversidad de escuchas ilegales, así como acceso a datos privados, haciendo llegar a los medios masivos decisiones que los jueces aún no publicaban, o reuniendo al ministro de justicia con personajes semimaﬁosos a quienes se trató como “arrepentidos” en las causas tribunalicias. El Congreso estuvo cerrado gran parte del año 2019; la fenomenal deuda externa tomada –para dineros que inmediatamente y en su mayoría se fugaron– se hizo sin pasar por lo legislativo, en total desapego a lo que exige la Constitución. Los represores fueron canonizados –como en el caso del policía Chocobar, que mató por la espalda–, los amigos del gobierno accedieron a facilidades ﬁnancieras, negocios y negociados. Es decir: de lo republicano, el ejecutivo macrista estuvo lejos de exhibir comportamiento acorde, excepto en el uso de la palabra cuando convenía atacar al gobierno anterior, supuestamente antirrepublicano. Lo cierto es que hasta hoy el gobierno de Fernández no ha afectado a ninguno de los muchos ﬁscales y jueces que orquestaron la persecución a los gobiernos kirchneristas. Tampoco a los periodistas y medios que sostuvieron programas oprobiosos, llenos de adjetivaciones –cuando no 3 Las irregularidades en el manejo de sectores del Poder Judicial llegaron a extremos sorprendentes, si bien fueron invisibilizadas para la opinión pública no especializada, por el silencio de los grandes medios. Concurrían a la “mesa judicial” el ministro de justicia Garavano, el jefe de la Agencia de Inteligencia G. Arribas, y diversos operadores, como el funcionario Mahiquez y el dirigente futbolero Daniel Angelici. – 257 – denuestos–, cargados de una sorprendente tendenciosidad a la cual acostumbraron a un sector importante de los receptores argentinos. Con paciencia y calma casi permanentes –de lo cual ha salido en muy pocos momentos–, Alberto Fernández ha concurrido a sets de TV donde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha sido objeto no de crítica, sino de escarnio; no de marcado de diferencias, sino de encarnizados ataques. Y sin embargo, el actual presidente ha mantenido tal cuidado en el trato (sin dejar de sostener sus propias posiciones y de defender a Cristina Fernández de Kirchner cada vez que se alude a ella), que sin dudas ha logrado apoyo importante de un sector de la población que valora el pluralismo, así como la percepción de lo que asume como “institucionalismo”, expresión que en el lenguaje político argentino ha pasado a ser sinónimo de aquello tomado por republicano. Sobre los problemas de un populismo exitoso Corresponde subrayarlo: los neopopulismos han sido muy exitosos en lo económico tanto en lo macro –donde todos apostaban a que debían fracasar, por no ser los favoritos del gran capital– como en los aspectos redistributivos. El caso de Evo Morales es paradigmático al respecto y así también lo son el de Correa o el del kirchnerismo.4 Fueron gobiernos atacados principalmente no por lo que no hicieron o por lo que hicieron mal, sino por lo que efectivamente lograron. Estableciendo mejores condiciones para el bienestar colectivo, obligaron a las derechas a refugiarse en una actitud limitada al “anti”, establecida en el rencor de las clases medias y altas, tan clasistas como racistas. La apelación al resentimiento fue generalizada, como ha señalado uno de sus consultores políticos-estrella (Durán Barba, 2011). A la luz de las estadísticas, la mejor condición ofrecida por los neopopulismos ha sido generalizada y a las derechas sólo les ha quedado la referencia al caso de Venezuela, donde 4 Durante los tres períodos del kirchnerismo se bajó la pobreza de 52% a 27%, la desocupación de 22% a algo menos del 8%, y el poder adquisitivo superó fuertemente a la inﬂación. En Bolivia, de 2006 a 2018, 33% de los bolivianos anteriormente pobres alcanzaron ingresos medios, yendo de 3,3 a 7 millones; el salario mínimo subió de 55 a 303 dólares, un 550% (García Linera: 2020). En Ecuador la pobreza bajó con Correa de 37,6% a 25,3%, y la indigencia de 16,9% a 8,6% (Núñez Sánchez: 2014, p. 42). – 258 – efectivamente las carencias de Maduro más la presión estadounidense han degradado un proceso que en vida de Chávez había implicado también mejora en todos los índices sociales. Dicho esto, y subrayado que la superioridad de los populismos sobre las derechas neoliberales en la gestión de los problemas sociales ha resultado evidente, no puede dejar de advertirse algunos dilemas no menores que esos populismos deben reconceptualizar, a partir de las caídas de sus gobiernos por causas en cada caso diferentes, mas en todos esos casos por presión de un stablishment que los atacó de modo permanente e implacable. Van aquí algunas de las cuestiones más relevantes: 1. La delegación del liderazgo unipersonal. No es adventicio que el populismo tenga líderes fuertes y personalizados: es ese el modo de sintetizar las contradicciones por vía de una ﬁgura única, que a la vez supone –para los sectores sociales plebeyos– no un partido ni un programa, sino una cara y un cuerpo, un “alguien” directo llevando el timón. Advertida tal situación (que los “institucionalistas” deploran marcando su supuesta condición antidemocrática, la cual no creen advertir cuando Merkel se mantiene por lustros en el poder, ni cuando lo hicieron antes De Gaulle o Helmut Köhl), se ha mostrado un claro problema con la sucesión de los liderazgos unipersonales. Al no ser delegativos tales liderazgos –no se puede “pasar” el liderazgo propio a otra persona–, se ha supuesto que ellos pudieran institucionalizarse a mediano plazo y así no requerirse ya de tales conducciones personalistas. Hasta hoy, eso nunca se ha dado: ni en el peronismo histórico ni en el kirchnerismo –constituido de hecho desde el peronismo–, ni ocurrió tampoco en otros países latinoamericanos. Las “transiciones de liderazgo” han resultado catastróﬁcas. Por caso, es expresivo el de Juan Perón hacia su esposa “Isabel” en los años setentas: ella era mujer sin conocimiento o práctica política relevante y el resultado fue un efectivo vacío de poder, que acabó con la llegada de la dictadura brutal iniciada en 1976. Cristina Fernández de Kirchner apostó en 2015 a Daniel Scioli, a falta de una ﬁgura que le fuera más afín y le permitiera a la vez atraer la mayoría de votos peronistas: perdió la elección, y es difícil saber qué habría hecho Scioli de haber triunfado. Correa apeló a Lenin Moreno como uno de sus exvicepresidentes: Moreno se convirtió en un adversario total, que desandó minuciosamente los caminos de los gobier– 259 – nos de Correa. Evo hizo buen complemento con García Linera, pero no podía ser reemplazado por éste: un indio por un blanco, un trabajador manual por un intelectual. Ello lo llevó a tener que insistir en las reelecciones personales, que hicieron parte del campo propicio al golpe de Estado operado por sectores civiles, así como por la policía y las Fuerzas Armadas. Chávez apeló, ya urgido por la enfermedad, a Maduro: éste ha sido sin dudas leal, pero el resultado no ha sido el esperado. Habrá que trabajar en un tema que es de ribetes práctico/políticos, pero también requiere ser teóricamente pensado: tiene solamente dos opciones de solución. O se logra reemplazar a mediano plazo el liderazgo personal por la institucionalización político/partidaria, o se garantiza desde temprano las condiciones de conﬁguración del “líder de reemplazo” (con las tensiones que se darían en tanto no puede haber dos líderes a la vez, de modo que se lo debe preparar mientras no puede públicamente asumir un lugar preponderante hasta que llegue su turno). Toda una arts política por construirse. 2. Afectar la producción, no sólo la distribución. Los neopopulismos consiguieron muy buenos resultados en términos, por ejemplo, de incremento del PBI en sus países de ejercicio gubernativo. Sin embargo, no hicieron fuertes modiﬁcaciones a las matrices productivas en esas sociedades: se produjo más, pero no se produjo en áreas muy diferentes, o no se lo hizo de modos muy diferentes en áreas ya establecidas. De tal manera, en años de muy buenas condiciones para las materias primas exportadas por nuestros países, Venezuela no logró el autoabastecimiento alimentario, a pesar de que hubo esfuerzos en ese sentido. Ecuador no avanzó fuertemente en lo industrial, Argentina no consiguió (excepto en áreas de baja escala) un salto tecnológico en sus procesos productivos. La redistribución del ingreso, las mejoras en el empleo –tanto en porcentaje como en calidad del mismo–, el mejor acceso a servicios y a derechos, fue lo sustancial de estos procesos y es por sí enorme tarea histórica, por cierto que encomiable por las mejoras que se implican para la población, especialmente los sectores más desfavorecidos de la estructura social. Pero los cambios estructurales en el plano de la producción habrá que impulsarlos con mayor iniciativa política, pues los factores redistributivos son los más fáciles de ser luego revertidos por los gobiernos neoliberales. – 260 – 3. El dilema del consumismo. Los gobiernos populistas favorecieron mayor acceso al consumo para sus poblaciones respectivas. En todos los casos hubo sectores populares que pasaron a ser clases medias, así como sectores de clase media que se vieron en comodidad para acceder a posibilidades antes negadas (electrodomésticos de alta gama, viajes internacionales). La redistribución implicó en todos los casos un cambio del horizonte de posibilidades de los sectores populares, medios y medio/altos (a menudo también de los altos), por lo cual pudo esperarse que todos esos sectores se volcaran en favor de este tipo de gobiernos. Pero esa expectativa implica no asumir el peso que los factores cultural/simbólicos tienen en política. Para nada es sólo lo económico lo determinante. Para sorpresa de los líderes populistas (Fernández de Kirchner, 2019), el mayor consumo no siempre se retribuyó en agradecimiento y menos aún en apoyo o en voto ganado. Por el contrario, un sector importante de los sectores medios se volvió airadamente contra los gobiernos que los habían favorecido económicamente. ¿Por qué? Puede decirse que la estética de estos gobiernos les era ajena. El liderazgo personal, las remisiones a lo indio, lo negro o el mundo de los pobres, no sólo no son base de identiﬁcación para los sectores medios, sino que son para ellos motivo de rechazo frontal, fastidio, abominación. Ver los patios de la Casa Rosada –casa de gobierno argentina– repletos de jóvenes fervientes procedentes de organizaciones barriales, es para los sectores medios asistir al oprobio. Ello repele a su gusto, tanto como a su ideología. Y, además, se suma un fenómeno que en Argentina ha sido ampliamente visible: el rechazo al de más abajo, al pobre, al que en ese país se llama “negro”, percibido como vago, incapaz, carente de voluntad o de iniciativa, “vividor” de supuestos favores otorgados por el Estado. Más allá de lo unilateral de esta visión (nadie más dependiente del Estado en la Argentina que los grandes empresarios, que siempre han privatizado ganancias y estatizado pérdidas), lo cierto es que la misma tiene pregnancia propiamente libidinal en los estamentos sociales medios, que se sienten ofendidos por el avance de esos sectores populares hacia espacios de consumo y de reconocimiento social, que antes les fueron propios y exclusivos. Así, los rechazos en la Argentina hacia la Asignación Universal por Hijo han sido paradigmáticos, muestras prístinas de odio y resentimiento de clase para con “los de abajo”, a partir de lo cual los logros económicos facilitados – 261 – por los gobiernos populistas pasaron a ser percibidos como “logros naturales”, “merecimientos personales”, en todo caso nunca reconocibles como fruto de gobiernos que daban lugar y reconocimiento a sectores sociales para ellos execrables. Este tema –que se liga también a la cuestión de un vivir que no sea sólo ligado a los esquemas productivistas propios de la modernidad (Bonilla: 2013)– implica un área importante de repensamiento para la experiencia populista latinoamericana. Quizá no se trate siempre de lograr niveles mejores de consumo, sino de cambiar algunos hábitos de vida. ¿Puede hacerse eso desde el Estado? No. Pero sí se lo puede sugerir, o favorecer. En todo caso, la atención prioritaria a lo cultural (y la relación que ello lleva con el combate al manejo privado y privatista de los medios masivos de comunicación) es la que podría permitir pensar en nuevas direcciones la situación, que se dio tanto en Argentina, como en Ecuador y Bolivia (Fernández de Kirchner: 2019; García Linera: 2020). 4. La búsqueda de obtener mayores posibilidades de consumo para la población se ligó a posiciones “productivistas” de estos gobiernos. Es decir, no se modiﬁcó la matriz productiva de modo sensible, pero sí se aumentó la producción en lo cuantitativo: fue esa la base de las políticas redistributivas implementadas. Esto le valió a los gobiernos neopopulistas el mote de “desarrollistas”, que cierta izquierda les adosara (con desatención evidente a las ﬁnalidades sociales que seguían estos gobiernos y a sus políticas de integración latinoamericana y rechazo a la injerencia de los Estados Unidos en la región). La lejanía de los populismos para con los modos tradicionales de un desarrollismo simplemente industrialista y para nada redistributivo no debieran ocultar, sin embargo, que ese productivismo implicó severos problemas en cuanto a la relación de la economía con la Naturaleza. En tiempos en que –a partir de que el COVID-19 parece provenir de las condiciones de hacinamiento de los animales criados para su posterior proceso de industrialización masiva (Chuang, 2020)– la cuestión del maltrato industrial al equilibrio planetario está puesta en la agenda con fuerza superior a la habitual, cabe destacar los inconvenientes de los gobiernos neopopulistas con la cuestión ambiental, a la vez que con los movimientos sociales y étnicos embarcados en la defensa de la misma. – 262 – Fue muy conocido el conﬂicto de Evo Morales con grupos indígenas del Sur boliviano por la construcción de una carretera en sector de poblaciones ancestrales. También el que tocó a Rafael Correa en cuanto a la explotación petrolera en territorio del parque nacional Yasuní. Menos ruidosos, pero sin duda también problemáticos, fueron los casos de las pasteras sobre la margen oriental del río Uruguay en tiempos de Néstor Kirchner, o los enfrentamientos sociales a la minería en las provincias andinas como Catamarca, Mendoza o La Rioja. En todas estas ocasiones, la lógica de la expansión económica se impuso por sobre la del respeto al equilibrio sistémico con la Tierra y el ambiente. Ello, a pesar de los declarados “derechos de la Naturaleza” reconocidos por la Constitución ecuatoriana proclamada en tiempos de Correa y de la insistencia –tanto en ese país como en Bolivia– por referir al “Buen vivir” (sumak-kawsay) como ﬁnalidad proclamada de la propia política (Bonilla: 2013). Un Buen vivir pocas veces bien deﬁnido, pero que en cualquier caso remite necesariamente a una noción de relación armónica con la naturaleza que se adscribe a los grupos indígenas, sobre todo en su organización previa a la llegada de los españoles. Este punto conlleva la relación conﬂictiva de estos gobiernos con las organizaciones sociales y étnicas que deﬁenden el ambiente. Por supuesto, no es obvio que en todos los casos deba darse la razón a estas últimas ni que las urgencias económicas de países del capitalismo periférico no puedan justiﬁcar la búsqueda de opciones renovadas de uso de los recursos naturales. Pero como orientación estratégica, resulta problemático que gobiernos que buscan trabajar desde el lado de los intereses populares, muestren tan escaso apego a una causa que hoy es prioritaria a nivel mundial. Relacionando este punto con aquel de los problemas de legitimación política emanados del aumento generalizado del consumo obtenido con estos gobiernos, se hace evidente la necesidad de revisar esta matriz que privilegió siempre el desarrollo en su versión tradicional, en tiempos en que comienza a hablarse de decrecimiento y en que, necesariamente, ha de redeﬁnirse enérgicamente la noción instrumental que la Modernidad se hizo de la Naturaleza y sus componentes. – 263 – “La grieta”: el dilema de la dislocación invertida Al teorizar sobre el populismo –haciéndolo obviamente a partir de la experiencia de estos nuevos gobiernos latinoamericanos–, Ernesto Laclau (2008, 2012) produjo la categoría de dislocación para remitir al efecto que los gobiernos populistas produjeron en relación a las previas identidades políticas existentes en los países en que se instalaron. Resulta preferible aludir a “gobiernos populistas” antes que a “movimientos populistas”, porque el populismo no suele ser (al contrario de las izquierdas clásicas) una promesa, sino una realización: es una práctica antes de constituirse en modelo o teoría. Tales movimientos e identidades se han constituido desde el liderazgo personal de alguien que ha llegado, tras una crisis fuerte del sistema político, a la presidencia de la Nación: Chávez unos años luego del “Caracazo”, Evo tras la “guerra del agua”, los Kirchner tras el disolutivo 2001 argentino, Correa tras la toma indígena de Quito y la revuelta de “los forajidos”. A pesar de la denostación de las derechas, los populismos han reconstituido el tejido social y la institucionalidad política que habían sido llevados al colapso por los gobiernos neoliberales. Tales populismos han suturado lo que el descuido total de los neoliberales por la legitimidad popular había previamente desgarrado: la básica legitimidad del Estado y de la conﬁguración política en su conjunto. Lo cierto es que los populismos se hacen desde el gobierno, no desde largos procesos en el llano. El chavismo no precedía al gobierno chavista, fue fruto de éste; el kirchnerismo no existía antes del gobierno kirchnerista, y así es –con algunos matices en Bolivia– en todos los casos que hemos referido. ¿Qué se produce en las identidades políticas colectivas con la aparición de estos liderazgos fuertes, que dividen a dichas identidades en dos grandes polos, el de lo plebeyo/popular de una parte, y el de las elites y el privilegio por la otra? Eso es precisamente el proceso de dislocación: la ruptura de las identidades previas, y su reconstitución súbita hacia una nueva modalidad y deﬁnición. Véase lo señalado por Ernesto Laclau (2008): “La noción de un antagonismo constitutivo, de una frontera radical requiere… un espacio fracturado. Debemos analizar las diferentes dimensiones de esa fractura y sus consecuencias para el surgimiento de identidades populares” (p. 112). Se – 264 – produce, entonces, una partición rotunda, una fractura en dos campos antagónicos de las identidades políticas. Más adelante, sobre la construcción del polo popular, el autor argentino aﬁrma: “El carácter vacío de los signiﬁcantes que dan unidad o coherencia al campo popular no es el resultado de ningún subdesarrollo ideológico o político; simplemente expresa que toda uniﬁcación populista tiene lugar en un terreno social radicalmente heterogéneo” (ibid, p.127128). De tal modo, el polo popular no surge de una previa convergencia de intereses o de ideologías, sino de participar con demandas propias de una cadena equivalencial de estas últimas, por una parte, y por otra, de llenar, cada sector diferencial, al signiﬁcante vacío de un signiﬁcado con el cual pueda identiﬁcarse. Y luego sigue Laclau: “De esta manera casi imperceptible, la lógica de la equivalencia conduce a la singularidad, y ésta a la identiﬁcación de la unidad del grupo con el nombre del líder” (ibid., p.130). Es decir, la uniﬁcación de la heterogeneidad radical se da, para los movimientos populistas, a través del liderazgo, establecido éste –si bien no lo dice Laclau resulta evidente en los hechos– desde la jefatura del poder del Estado. Entonces, el polo popular se conforma por vía de la identiﬁcación a partir de una radical heterogeneidad inicial, con el líder y con su nombre. Allí se sella, a través de esa identidad asumida en común, la unidad de lo diverso de manera populista. Ello a partir del establecimiento de una fractura inicial entre el polo popular y el de lo elitista: se oponen lo plebeyo/ popular con lo elitista/oligárquico. Al conﬁgurarse férreamente el polo popular por su oposición al elitista, éste último se autoconﬁgura a la vez de manera abrupta. En esta fundacional oposición mutua, se licuan las previas identidades de los componentes de ambos polos del antagonismo político. De tal manera, si los sectores previos antes tenían identidades diferentes (“socialistas”, “cristianos comprometidos”, “centro izquierda”, etc.), éstos quedan reunidos en una nueva identidad única: ahora son simplemente “chavistas”, son “correístas”, “kirchneristas”, etc. Las identidades previas desaparecen y quedan por completo subsumidas en la nueva identidad que resume en sí lo plebeyo y popular. Esto redeﬁne al otro polo del antagonismo como no-otra-cosa que un anti-populismo. Las previas identidades de sus componentes se desvanecen: se es “antichavista”, “antikirchnerista”, “antievo”, etc., antes que ninguna – 265 – otra cosa. La previa identidad desparece totalmente o, como en el caso argentino, permanece desdibujada y carente de contenido (la Unión Cívica Radical es el caso más ﬂagrante: partido de larga raigambre institucionalista, convertido hacia 1955 en exclusivo antiperonismo, y hacia 2015 en una forma cualquiera e intercambiable de antipopulismo). Esta dislocación de las previas identidades políticas, al establecerse las mismas en dos polos antagónicos, favorece al comienzo al campo popular. El antagonismo le permite su propia aﬁrmación e identiﬁcación, su propia autoconstitución. Y en tanto los sectores sociales populares –golpeados por los bloques dominantes–, son sin dudas mayoritarios en los países del capitalismo periférico, ello permite a los populismos sostener mayorías electorales y políticas sustentables por períodos relativamente prolongados (de 10 años a más, en los casos que analizamos). Pero Ernesto Laclau falleció antes de que estos gobiernos tuvieran su reversión y fueran de diversas maneras derrotados. En el caso venezolano no se ha dado tal cosa, pero la condición actual, con millones de emigrados económicos, está a años luz de lo que fue la Venezuela del período propiamente chavista. El kirchnerismo perdió por escasos votos la elección en 2015, tras haber ganado en primera vuelta. Alianza PAIS ganó trabajosamente en Ecuador en 2017, pero la direccionalidad de Moreno resultó opuesta a la de Correa. A Evo lo desplazó un putsch con inicial movilización civil y remate de golpe institucional por parte de la policía y las Fuerzas Armadas a ﬁnales del 2019 (Fuerzas Armadas que lo “invitaron” a dejar su cargo). Luego, los expresidentes y muchos de sus funcionarios han sufrido persistente persecución mediática, política y judicial. Lo que aquí viene a cuento es preguntarse cómo es que todo ello resultó posible, a partir de gobiernos que en algunos momentos concitaron apoyos deﬁnidamente mayoritarios, votaciones donde se obtenía más del 60% de los votos (Evo) o mucho más del 50% (Cristina Kirchner). Aquí nos permitimos introducir la categoría de dislocación invertida. Lo que ha sucedido, es que el antagonismo bipolar que al comienzo favorecía a estos gobiernos, a largo plazo les ha jugado en contra. Veamos cómo. Ante gobiernos que conformaban un sólido polo uniﬁcado de lo popular, el polo antipopular se conﬁguró del mismo modo: fuerte y unido. Dejó de haber “oposiciones”, apareció “la” oposición homogénea. Vemos que la cuestión se vuelve en estos casos para el polo dominante, hallar cómo – 266 – acabar –a toda costa– con el gobierno en curso. Como sea, juntándose con quien fuera, atacando por cualquier vía y apelando a los mecanismos que aparezcan, ya sea legales, paralegales o francamente ilegales (tal como ha sido el caso del golpe de Estado boliviano). Ante gobiernos que centran fuertemente en el Ejecutivo y en la ﬁgura presidencial, ni en los espacios legislativos la oposición puede tener posibilidad decisional de peso. A la vez, no es convocada a diálogos ni negociaciones, en tanto es considerada claramente adversarial respecto del proceso popular en curso. De tal modo, es obvio que ella va tendencialmente a concurrir hacia un oposicionismo cerrado y cerril, pues sus posibilidades efectivas de decidir –o de inﬂuir sobre decisiones– de gobierno se vuelve nula. Además, el lenguaje beligerante de los populismos, ligado a veces a la reivindicación de ﬁguras históricas de la izquierda como el Che Guevara o a la memoria de los desaparecidos en la Argentina, provoca la airada reacción de los componentes del polo antipopular, que se va volviendo sólido y uniﬁcado, y que tiene un único norte constitutivo: ir contra el gobierno populista sin más horizonte, a menudo incluso sin programa ni liderazgo especíﬁcos. Pero la hegemonía entre estos dos polos, al comienzo claramente favorable al polo popular, se va desplazando al polo opuesto en el decurso del ejercicio de gobierno. Desgaste, conﬂictos, problemas económicos, van minando lentamente al polo popular. Pero en tanto éste no modiﬁca su autodeﬁnición como antagónico con el otro, generalmente no trabaja sobre él, no busca atraer a algunos de sus miembros o de sus agrupaciones, lo mantiene enfrentado in toto como bloque. Ese bloque antipopular goza de importantes ventajas estructurales: no hay aquí dos condiciones simétricas. Lo antipopular tiene de su lado los grandes medios de comunicación, la mayoría de la Iglesia Católica y casi todas las evangélicas, la geopolítica de los Estados Unidos, la simpatía de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Tiene de su lado al stablishment: sólo eso puede explicar, por caso, que un gobierno mediocre como el de Macri pudiera aún arrastrar votos en 2019, tras cuatro años de continuo empobrecimiento nacional. Con esa enorme ventaja estructural, los antipopulistas –casi siempre hegemonizados por neoliberales– fueron creciendo en nuestros países con sólo hacer oposicionismo a gobiernos populistas que no podían ensanchar – 267 – su campo de representación y que, cuando perdían a algún o algunos de sus seguidores, perdían doblemente, pues estos no pasaban a un inexistente espacio neutro: pasaban inevitablemente al otro polo. La deﬁnición del campo político en dos polos antagónicos hace férreas las oposiciones a estos gobiernos y las convierte en poderosas organizaciones, uniﬁcadas precisamente por el populismo: por la decisión de destruirlo. Éste es un problema nada menor que en Argentina ha hecho del odio a Cristina Fernández de Kirchner, la única apelación de la derecha argentina a alguna legitimidad. Lo que lleva a pensar cómo desactivar ese mecanismo de odio, lo que algún periodista del macrismo bautizó como “grieta”. ¿Es desandable la grieta? Los actos y palabras de Alberto Fernández van claramente en dirección de superar la grieta, dejar la lógica férrea del antagonismo, para así “deslibidinizar” el rechazo al gobierno que él encabeza como nueva expresión del populismo. Si su gobierno es aún caliﬁcable como populista, puede ser motivo de controversia. Pero sin dudas ha llegado como continuidad del gobierno de Cristina Fernández, de la mano de ella, y con ella como vicepresidente. Todo eso acerca el gobierno actual a la anterior administración kirchnerista y ello es no sólo una carga simbólica, sino una parte constitutiva de la formación de la propia fuerza en la que se basa el gobierno de Alberto Fernández. Es evidente la direccionalidad de Fernández en favor de mayor pluralidad en la representación pública, dando lugar a la oposición política y a lo que bien puede llamarse como su asociada “oposición mediática”, ésta altamente concentrada y mayoritaria. Los intendentes macristas han acompañado en las campañas contra el Coronavirus y el presidente ha concurrido a insospechados sets televisivos, incluso los del frontal y declarado periodismo de guerra del poderoso Grupo Clarín. El tono de Alberto Fernández no ha sido confrontativo, excepto frases aisladas o momentos muy urgidos. Habitualmente se viene expresando de modo pausado y paternal, a años luz del encendido discurso habitual en Cristina Fernández de Kirchner. Sin dudas que esto ha colaborado a con– 268 – formar a un importante sector de la población que no votó por el Frente de Todos, que incluso es antiperonista y antikirchnerista. Es cierto que ha permanecido un sector de la oposición en una actitud de ataques abruptos y agresivos, la cual ha tenido escaso éxito, habida cuenta de que en tiempos de pandemia, la agitación de la división y el odio no deja de caer mal a la mayoría de la población. Y es patente que tal odio, hoy sólo es esgrimido desde la derecha: el gobierno no ejercita el antagonismo discursivo, al menos no como ejercicio mayoritario. Claro que esto tiene otros peligros. A la asumida retórica del consensualismo, se sigue no haber hecho nada importante en favor de los presos que arbitrariamente apresó el macrismo en acciones de burda y casi abierta persecución. Ni siquiera las prisiones preventivas fueron levantadas –salvo alguna excepción– en los meses previos a la cuarentena. Cualquier acción en favor de estos auténticos presos políticos hubiera sido presentada mediáticamente como “colaboración partidaria con delincuentes”: lo cierto es que se renunció a ayudarlos, en favor del consenso hacia el gobierno nacional actual. En algunos casos no ha habido disidencia alguna para con esta actitud de Alberto Fernández (por ej., el anterior vicepresidente Boudou), en otros se ha manifestado un rechazo abierto y claro (el exministro De Vido). Desde la militancia kirchnerista hubo malestar con esta cuestión y en algún momento se produjo polémica pública al respecto. No se ha tocado a los autores de la persecución contra el kirchnerismo: hasta un ﬁscal procesado como Stornelli, continúa sin nuevos obstáculos en sus funciones.5 Lo mismo el inventor de la persecución por vía de arbitrarias prisiones preventivas (camarista Irurzun) y así ha sucedido con otras evidentes y connotadas ﬁguras del elenco judicial asociado al gobierno anterior. Igual sucede con la condición mediática donde, por ejemplo, el parcializado periodista Majul se autocriticó de su burdo macrismo cuando el aplastante triunfo peronista en las PASO (agosto de 2019), previendo un futuro infausto para quienes como él habían participado del ataque permanente al denostado populismo. Pero ahora este personero del sta5 El ﬁscal Stornelli operó junto al juez Bonadío en la llamada “causa de los cuadernos”, la cual ha sido denunciada por múltiples irregularidades. Fueron apresados políticos kirchneristas y algunos empresarios, acusados todos de corrupción en la concesión de obra pública durante el gobierno de Cristina Fernández. Se adscribe a Stornelli manipular testimonios y chantajear para lograrlos, por lo que ha sido procesado. – 269 – blishment ha recuperado su sentimiento de libertad y continúa –igual que muchos de sus colegas– con ataques unilaterales y permanentes contra el actual gobierno (desde un nuevo lugar televisivo donde cuenta con más horas de emisión). Desde el Ejecutivo, nada se ha dicho ni hecho contra los que erosionaron por vía de las fakenews más extremas al kirchnerismo y abonaron el terreno de la opinión pública para sostener la persecución de sus líderes, especialmente de Cristina Fernández. No se ha juzgado a nadie por los múltiples casos de negociados y de irregularidades cometidos durante el gobierno macrista, si bien hay diputados que han iniciado causas judiciales contra miembros de aquel gobierno, cuya corrupción tampoco se ha ventilado por vía mediática ni ha sido presentada en alocuciones presidenciales. Todo esto permite al presidente sostener una relación privilegiada con la oposición y una condición mediática en la que se lo ataca, pero no se encuentra perﬁl fácil para hacerlo con éxito. Y ello redunda en un amplio apoyo de la población, pero al costo de no realizar varias de las premisas populistas. Es difícil saber si las débiles recomposiciones en salario y jubilaciones son fruto de las limitaciones económicas producidas como consecuencia del Coronavirus o responden a una visión más estratégica. No es fácil conocer cuál intención ha habido en ofrecer apoyo monetario desde un estado castigado por la deuda, aún a empresas claramente antagónicas al campo popular y sobrantes de recursos, como son Techint y Clarín. No se sabe si la pasividad ante los presos propios y los corruptos ajenos es un mecanismo táctico momentáneo o una decisión con tintes deﬁnitivos. De todas estas condiciones dependerá saber si todavía estamos ante un populismo. Si no lo fuera, a mediano plazo habrá decepcionado la expectativa del kirchnerismo, principal fuerza vertebradora del gobierno y –diríamos– “a la izquierda” de su campo social de legitimación. En tanto perder tal legitimidad sería fatal para el gobierno e implicaría obvias desavenencias con la vicepresidenta y líder de gran parte de ese sector, tendemos a creer que el gobierno habrá de mostrar pasos en la dirección de lo que hasta ahora no ha hecho, quizá momentáneamente imposibilitado por las difíciles condiciones que imponen la pandemia y la renegociación de la enorme deuda externa legada por el macrismo. En cualquier caso, resulta evidente que Alberto Fernández ha impuesto una “impronta republicana” a su gobierno que sus adversarios no quieren reconocerle, pero que la ciudadanía aprecia y alienta. Cómo pueda ello – 270 – combinarse con el “momento populista” por ahora postergado, pero que a largo plazo quizá sea impostergable, es el gran interrogante de la hora. En todo caso, hay un valor en lo institucional/republicano que vale por sí mismo, no sólo digno de considerarse como herramienta táctica. Cabe remitir a lo que Castro-Gómez (2019) dice sobre la modernidad: ser latinoamericanos no nos deﬁne en bloque contra lo moderno. Las garantías civiles, los derechos humanos, la noción de representación, son legados de la modernidad europea a los que no cabe renunciar. Dentro de esa discusión sobre lo moderno, que excede largamente a este artículo (Follari, 2020), cabe advertir que el neopopulismo –en lo que tiene de típicamente latinoamericano– podría combinarse felizmente con componentes del republicanismo (producto de la “cultura occidental” europea): ello limitaría algunas de sus aristas más intensas en el ejercicio del poder y posibilitaría su legitimación más amplia, así como el desarmamiento opositor de los que sólo blanden “las instituciones” como argumento contra los contundentes logros sociales de los gobiernos populistas. – 271 – Referencias Bibliográﬁcas Agamben, G. et al. (2020). Sopa de Wuhan (pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias). Argentina: Aspo. Bonilla, A. (Ed.) (2013). Socialismo del buen vivir en América Latina. Ecuador: SENPLADES/FLACSO. Castro-Gómez, S. (2019). El tonto y los canallas. Bogotá, Colombia: Univ. Javeriana. Chuang. (2020). Contagio social: lucha de clases microbiológica en China. Sin permiso, 16. Recuperado de https://www.sinpermiso.info/textos/ contagio-social-lucha-de-clases-microbiologica-en-china Durán-Barba, J. et al. (2011). El arte de ganar. Argentina: Debate. El Cronista. (27/04/20). Encuestas: qué opina la gente de las medidas y cómo evoluciona la imagen de Alberto Fernández. Recuperado de https://www.cronista.com/economiapolitica/Encuestas-que-opinala-gente-de-las-medidas-y-como-evoluciona-la-imagen-de-AlbertoFernandez-20200427-0061.html Fernández de Kirchner, C. (2019). Sinceramente. Argentina: Sudamericana. Follari, R. (2010). La alternativa neopopulista (el reto latinoamericano al republicanismo liberal). Argentina: Homo Sapiens. Follari, R. (2020). Trasluz de la modernidad: lo trasmoderno no excluye lo posmoderno. Argentina: inédito. García-Linera, A. (2020). “Curva del elefante” y clase media. NODAL. Recuperado de https://www.nodal.am/2020/01/curva-de-elefante-yclase-media-por-alvaro-garcia-linera/ Grimson, A. (Dir.) (2020). El futuro después del COVID-19. Argentina: Argentina Futura. Laclau, E. (2008). La razón populista. Argentina: Fondo de Cultura Económica. Laclau, E. (2012). Institucionalismo y populismo. La línea de fuego. Recuperado de https://lalineadefuego.info/about/ – 272 – Núñez-Sánchez, J. (2014). Ecuador: de la gran crisis a la revolución ciudadana. En J. Núñez Sánchez (Coord.), Ecuador: revolución ciudadana y buen vivir (pp. 121-144). Ecuador: Yulca. – 273 – PENSAR MÁS ALLÁ DE CONCEPCIONES EUROCÉNTRICAS Y GLOBALIZADORAS. LA VIGENCIA DEL PENSAMIENTO DE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS Y JUAN JOSÉ BAUTISTA Rafael Lárez Puche Pensar más allá de las interpretaciones globales Para Boaventura de Sousa Santos (2017) existe un Norte Global que debido a su mirada o herencia colonial, se ha vuelto incapaz de dar respuesta a las crisis y diﬁcultades que nuestros tiempos atraviesan. Esto, según De Sousa, pasa por la intención de querer interpretar al mundo y sus complejidades desde sus teorías universales. La tradición eurocéntrica aun cuando está en crisis y en consecuencia, en constante crítica, se niega a mirar otras experiencias o alternativas epistemológicas y ontológicas para dar respuesta a las preguntas que exigen una transformación eﬁcaz de nuestras estructuras políticas. Esas preguntas, a las que Boaventura de Sousa Santos ha denominado “preguntas fuertes”, obtienen del Norte global unas “respuestas débiles” por insistir en una interpretación singular de los problemas. Esas preguntas fuertes se han intensiﬁcado debido a varias razones, entre ellas, el cambio de época, la aparición de nuevas posibilidades u opciones para enfrentar las diﬁcultades que ha producido precisamente el Norte global, y el agotamiento de un modelo universal diseñado por el eurocentrismo. Sin embargo, eso no ha sido suﬁciente para que el Norte global renuncie a su tarea por ignorar las interpretaciones no-eurocéntricas que han construido teoría ante las perplejidades políticas de las cuales son víctimas. – 275 – La verdad del asunto es que, después de cinco siglos de “enseñar” al mundo, parece que el Norte global ha perdido la capacidad de aprender de las experiencias del mundo. En otras palabras, se diría que el colonialismo ha incapacitado al Norte global para el aprendizaje desde un punto de vista no colonial, es decir desde aquel que permite la existencia de historias distintas de las de la historia universal eurocéntrica. (Santos, 2017, pág. 76) En esa misma línea, Santos plantea que existe un Sur global, que es precisamente el que ha mostrado un horizonte de interpretaciones noeurocéntricas a través de experiencias políticas con puntos de vistas no coloniales. Esas experiencias han sido llevadas a cabo por movimientos que han puesto en cuestión temas como los derechos humanos, el respeto a los principios de autodeterminación por parte de los países del Sur global, los derechos de la naturaleza o simplemente, por soñar con una sociedad alternativa que tenga como criterio la lucha contra la desigualdad, el empobrecimiento o la explotación. Es en este punto donde encontramos similitudes entre la propuesta de Boaventura de Sousa Santos y el proyecto del Sumak Kawsay. Sobre todo por las preguntas sobre la dignidad humana representada como un derecho y la superación al concepto cartesiano que se le otorgó a la naturaleza, entendida entonces como un “recurso”. La discusión por los derechos humanos radica en poner en tensión la diversidad de principios éticos que existen entre las culturas del mundo para la construcción de criterios en torno a lo que pueda entenderse pluralmente como dignidad humana y justicia social. La crítica que estos nuevos movimientos sociales que exigen la visibilización de esos principios señala que la teoría moderna y eurocéntrica ha respondido alegando que puede entenderse la diversidad siempre y cuando esté dentro de la concepción universal de los derechos humanos. El cuestionamiento a esa universalidad, plantea Santos (2017), es producto de la perplejidad que provoca las limitaciones de un pensamiento universal sobre los principios éticos de la humanidad. Pero además, insistir por parte del Norte global, en la negación al reconocimiento de la diversidad de principios, ha hecho que diferentes movimientos fortalezcan sus luchas por una construcción no occidental de sus derechos. Es así como De Sousa plantea que el Norte global ofrece respuestas débiles a contextos como los que han generado las luchas indígenas y afrodescendientes, las – 276 – luchas por parte de las mujeres y demás movimientos o gramáticas que parten de referencias culturas no occidentales. El pensamiento convencional sobre los derechos humanos carece de herramientas teóricas y analíticas para posicionarse en relación con dichos movimientos y, peor aún, no comprende la importancia de hacerlo. Aplica la misma receta abstracta de carácter universal, con la esperanza de que de este modo la naturaleza de las ideologías alternativas o los universos simbólicos se reduzca a especiﬁcidades locales que no afecten al canon universal de los derechos humanos. (Santos, 2017, pág. 79) De igual modo, otra de las preguntas fuertes que De Sousa Santos aﬁrma que recibe una respuesta débil, es la pregunta por la sostenibilidad del concepto de naturaleza dentro de la lógica moderna. A pesar de que esa concepción ya es cuestionada al momento de exponer la diﬁcultad de reproducción o sostenibilidad de la vida humana que se presentan en el marco de la lógica cartesiana sobre la naturaleza, el Norte global insiste en concebir el espacio natural como un recurso “ilimitado” a disposición de los seres humanos (Santos, 2017). Así pues, el modelo cartesiano no aborda el problema fundamental que subyace en esta pregunta fuerte. Además, y lo más importante, no consigue entender la fuerza y la lógica de los movimientos sociales que en las últimas pocas décadas han estado organizando sus luchas sobre la base de una idea no eurocéntrica de la relación entre naturaleza y sociedad, según la cual la naturaleza aparece como la madre tierra, un organismo vivo al que pertenecemos y titular de sus propios derechos. Desde un punto de vista cartesiano, el hecho de que la Constitución ecuatoriana incluya todo un apartado dedicado a los derechos de la naturaleza es jurídica y ontológicamente absurdo, una auténtica aberratio entis. (Santos, 2017, pág. 81) La respuesta a esta pregunta por la relación entre sociedad y naturaleza es débil porque no transciende más allá de lo que la concepción eurocéntrica y moderna del desarrollo puede elaborar, y esa noción de desarrollo, según Santos, no cesa en la perspectiva de promover un avance inﬁnito de las fuerzas productoras y explotadoras. Es más, el mismo autor plantea que nunca el capitalismo global había tenido tanta intención de explotar recursos naturales. Pero más allá de la intención, nunca el capitalismo global había generado tantas consecuencias sociales por esa explotación – 277 – de recursos, es decir, consecuencias como conﬂictos bélicos, desastres medioambientales y empobrecimiento humano. Pero más allá de las preguntas “fuertes” que obtienen “respuestas débiles” por parte del Norte global, Santos (2017) hace referencia a que existen otras diﬁcultades para la teoría convencional eurocéntrica. Una de esas diﬁcultades es imaginar que el capitalismo no tiene ﬁn y, en esa imaginación política, ha caído incluso la izquierda crítica eurocéntrica. Por ello, para el sociólogo portugués, se ha intentado desde esa corriente política crear estructuras o mecanismos para poder convivir con los principios del capitalismo que es la acumulación de capital, la ganancia y el mercado y el individualismo como práctica además de la competencia. Esas estructuras se instalaron, sobre todo, en los países de lo que ellos denominaron el tercer mundo para intentar presentarse como una corriente política con conceptos críticos al desarrollo del capitalismo. De esta manera nacen y se instalan la democracia social y el Estado de bienestar como formas políticas que asumieron un discurso de reivindicación social, pero sin negar un crecimiento económico neoliberal. Se apoyó en la constitución de organizaciones de base, pero sobre todo en la organización de clase obrera con grupos o asociaciones sindicales y federaciones de trabajadores de la industria de las grandes trasnacionales o empresas privadas. Existe otra corriente política en esta diﬁcultad para la teoría crítica eurocéntrica que sí imagina el ﬁn del capitalismo y que se ha concentrado en dos escenarios, el primero en imaginar un escenario político y cultural en caso de un colapso del capitalismo, es decir, un escenario poscapitalista, donde se desarrolle un posible “socialismo del siglo XXI”; mientras que el segundo es un escenario que pone en tensión alternativas precapitalistas, o sea, elementos políticos y económicos que caracterizaban a nuestros pueblos milenarios antes de la conquista. En este punto vale destacar las experiencias por construir teóricamente el Socialismo comunitario o lo que nos ha tocado desarrollar como el socialismo del Sumak Kawsay. Las dos reacciones se aprovechan de cierto margen que el capitalismo global ha creado (sobre todo mediante la subida del valor de intercambio de las mercancías, la tierra y los minerales típico del imperialismo extractivista) sin cuestionarlo de forma signiﬁcativa, aunque la retórica oﬁcial sea anticapitalista y antiimperialista, como en los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. De distintas formas, reﬂejan los límites actuales de la globalización contrahegemó– 278 – nica tal como puso de maniﬁesto el proceso del Foro Social Mundial durante la década pasada. (Santos, 2017, pág. 86) De la misma forma que imaginar que el capitalismo tiene ﬁn representa una diﬁcultad para la teoría eurocéntrica, también lo es imaginar que el colonialismo tiene ﬁn. A pesar de que existen diferentes corrientes que niegan la existencia de un colonialismo después de los procesos independentistas del siglo XIX y que la única lucha que debe intensiﬁcarse es la lucha contra el capitalismo, los estudios poscoloniales han develado que existe una colonialidad del poder, alojada en las estructuras liberales de la institucionalidad o del Estado. Para Boaventura de Sousa Santos (2017), quienes promovieron la lucha de clases han invisibilizado o ignorado las luchas etno-culturales, por considerar que ésta lucha ya se concretó con los procesos de abolición de esclavitud o con el reconocimiento por parte de los derechos humanos universales y los organismos internacionales. Sin embargo, la diﬁcultad para la teoría eurocéntrica surge cuando se demuestra que después de la independencia política de los países, siguió el colonialismo. Y argumentan que la lucha anticapitalista debe ser en conjunto con la lucha anticolonial. Sobre todo, porque la dominación de clase se fortalece con la dominación etno-racial y cultural. Es muy difícil imaginar una alternativa al colonialismo porque el colonialismo interno no es solo, o principalmente, una política de Estado; es más una amplia gramática social que impregna las relaciones sociales, los espacios público y privado, la cultura, las mentalidades y las subjetividades. En resumen, es una forma de vida, una forma de cordialidad desigual que a menudo comparten quienes se beneﬁcian de él y quienes sufren sus consecuencias. (Santos, 2017, pág. 87) Otra de las diﬁcultades para la teoría eurocéntrica resulta ser lo que De Sousa Santos (2017) denomina “la paradoja de la urgencia y el cambio civilizacional”, dos sentimientos que se disputan la prioridad en la agenda de los movimientos de acción colectiva anticapitalistas y anticoloniales. El primer sentimiento, de urgencia, maniﬁesta que es necesario una acción inmediata para atender algunos fenómenos que no permitirían pensar en posibles soluciones a largo plazo, a saber, esos fenómenos serían, según Santos, el calentamiento global, el agotamiento de los recursos naturales, – 279 – la destrucción de la vida humana, la desigualdad social, entre otros, que de distintas formas e intensidades crean un imaginario de urgencia. Del otro sentimiento, el del cambio civilizatorio, Santos plantea que los fenómenos de nuestra época son estructuras que debido al fortalecimiento que tuvieron por el tiempo que tienen instaladas, no pueden ser transformadas a corto plazo. De modo que es necesario pensar alternativas epistemológicas y teóricas que generen una transformación real del paradigma civilizacional que esas estructuras dominantes impusieron. Se trata de un sentimiento utópico donde otro mundo es posible si los retos que se anteponen pueden generar soluciones pragmáticas, pero poniendo en tensión los estilos teóricos de la concepción sobre los principios civilizatorios. A pesar de existir experiencias que sólo respondían o creían en la necesidad de uno de los sentimientos, De Sousa Santos expresa que existen algunas donde han tenido acciones conjuntas y agendas compartidas. Sin embargo se diferencian al momento de poner en tensión la transformación de la institucionalidad. La toma del poder institucional no es suﬁciente si no se logra transformar la misma de manera radical. Este supuesto se fortaleció más en las últimas décadas con la irrupción en la política de movimientos indígenas y comunitarios que exigen a corto plazo un activismo más radical y menos institucional por parte de quienes llegan al poder gracias a las movilizaciones populares. La coexistencia de estas dos temporalidades antagónicas produce una gran turbulencia en las viejas distinciones y fracciones que estaban en el núcleo de la teoría crítica y la política eurocéntrica, por ejemplo, entre la táctica y la estrategia, el corto plazo y el largo plazo, o la reforma y la revolución. El sentimiento de urgencia exige táctica, corto plazo y reforma, en cambio, el sentimiento de cambio civilizacional paradigmático exige estrategia, largo plazo y revolución. (Santos, 2017, pág. 89) La teoría y la práctica es otra de las diferencias que colocan a estos sentimientos en un escenario antagónico. A pesar de haber coexistido juntos en algunas experiencias, esta compleja relación entre la teoría y la práctica profundiza el debate sobre las acciones a llevar a corto plazo, es decir, que quienes proclaman la urgencia de enfrentar los fenómenos apuntan hacia una práctica inmediata, que se evidencia en los movimientos sociales, los movimientos de liberación nacional o algunos gobiernos que llegaron al poder por fuerte movilización popular. Sin embargo quienes se han apo– 280 – yado más en la teoría han terminado en un lado más convencional, siendo indiferentes con lo que debe ser reconstruido, y dejan de estar, según De Sousa Santos, al servicio de futuras acciones colectivas. La pertinencia de la propuesta de Boaventura de Sousa Santos, o su correspondencia con lo que se ha conceptualizado como Buen Vivir o Sumak Kawsay, se evidencia en una construcción, por parte de ambos proyectos, de una imaginación política y cultural más allá de la modernidad y de lo que se ha entendido en los últimos años como “global”. Lo que Boaventura de Sousa Santos denomina como respuestas débiles por parte de la teoría convencional eurocéntrica, es una de las causas por la que el Sumak Kawsay emerge como una alternativa al caos que ha generado el capitalismo en su fase neoliberal. La perplejidad que América Latina representa ha permitido este tipo de acciones colectivas en tanto teóricas y prácticas, de corto o largo plazo, pero que tienen como principio básico distanciarse de la tradición eurocéntrica para creer que otro mundo es posible. El Sumak Kawsay, si bien parece ser un movimiento que reclama la urgencia de enfrentar las consecuencias del capitalismo neoliberal y su crecimiento, también tiene como último ﬁn un cambio civilizatorio que apela a rescatar algunos elementos de las sociedades precapitalistas, pero apoyado en una intención de amplitud y transición hacia nuevos horizontes políticos y epistemológicos acordes a nuestra época, al territorio y a la vida. Una forma de vida otra, una noción de razón otra. Para Juan José Bautista (2015), el problema fundamental en los debates de América Latina se centra en una posible transición de una forma de vida a otra. Para hacer posible esa transición, Bautista (2015) plantea que se debe transcender hacia una forma de vida transmoderna y postoccidental, es decir, una forma de vida cuya “matriz histórica y cultural no procede ni de Occidente ni de la modernidad” (p. 207). Se trata de una forma de vida que se construye desde lo comunitario y que se entiende como tal más allá del postulado moderno de una vida social. Haciendo referencia a la principal tesis de la ﬁlosofía hegeliana que expresa una autoconciencia del tiempo histórico, Bautista (2015) resalta que si bien Hegel pensó en una ﬁlosofía moderna que respondiera al tiempo – 281 – histórico de Alemania y Europa, esa modernidad que se pensó para determinada realidad ya no es viable ni pertinente para la humanidad de nuestro tiempo, es decir, la cuestión que ahora nos toca es buscar la posibilidad de una ﬁlosofía pertinente a nuestro tiempo y a nuestra realidad histórica, que transcienda la modernidad, pues ésta representa un proyecto del pasado. En ese sentido, la pregunta por la modernidad en Hegel, para nosotros sería una pregunta por el pasado y ya no más por el futuro, es decir, el proyecto de la modernidad ahora aparece ante nosotros como lo viejo o caduco a ser superado. Ahora, la pregunta gira en torno a una forma de vida más allá de la modernidad. Para nosotros, lo nuevo ya no está en lo moderno sino más allá de ella, pero no sólo espacialmente sino fundamentalmente de modo temporal, es decir, como proyecto histórico. (Bautista, 2015, pág. 241) A partir de la tesis de Bautista, se puede aﬁrmar que uno de los debates en común que con mayor fuerza comparte el Sumak Kawsay y la ﬁlosofía latinoamericana de la liberación, es la superación o la necesidad de otra forma de vida más allá de la modernidad, sobre todo porque la permanencia en el tiempo de la ﬁlosofía moderna se debe a la constante negación por parte de ésta, de nuestro pasado, es decir, que para el proyecto ideológico de la modernidad es fundamental negar no sólo el pasado, sino el presente de cualquier cultura que pueda cuestionarlo. En la ﬁlosofía latinoamericana de la liberación, y en el Sumak Kawsay, se busca superar a la modernidad como único proyecto de futuro, se trata de desmontar que la realidad histórica o socio-cultural de nuestros pueblos estén ligadas a lo obsoleto, caduco, inviable; pues esa ha sido la pretensión de la modernidad y del eurocentrismo para mantenerse como la única posibilidad histórica para afrontar los problemas de nuestro presente (Bautista, 2015). Es a partir de esa búsqueda que Bautista (2015) aﬁrma que la izquierda del siglo XX cometió un error al intentar superar las contradicciones de la modernidad por medio de proyectos ﬁlosóﬁcos e ideológicos vinculados a ella. Además sostiene que la modernidad tiene como principio básico en su proyecto ideológico la dominación, por tanto, construir un proceso de liberación con la lógica moderna profundizaría aún más las contradicciones. Si bien en el discurso de la modernidad, la libertad es uno de sus postulados, para Bautista es un discurso falso, pues encubre el propósito de dominar cualquier realidad posible por parte del proyecto moderno. – 282 – La recuperación de nuestra propia realidad histórica tiene que ver con la necesidad de producir no sólo otra concepción de realidad sino, en este caso, de tiempo, temporalidad y de futuro. Porque la modernidad, cuando impuso su propio tiempo, negó no sólo nuestro tiempo, sino también nuestro futuro. Truncó por la violencia el presente en el cual nos estábamos desarrollando e, imponiendo su presente y futuro, es decir, su realidad, negó nuestra realidad, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. (Bautista, 2015, pág. 243) Según Bautista (2015), la modernidad sólo tiene sentido para países o naciones con pretensión de dominación porque precisamente bajo ese principio la fundó la burguesía europea. De manera que la modernidad no será un proyecto factible para los pueblos o países que han sido oprimidos, explotados y dominados, es decir, que el proyecto de la modernidad no es factible para toda la humanidad. Sin embargo, sí es el proyecto civilizatorio con más legitimidad en la actualidad porque logró desde su discurso ﬁlosóﬁco imponerse como el único proyecto “racional” existente en la humanidad. Esta lógica, para autojustiﬁcarse, ha logrado que otras civilizaciones o culturas se vean irracionales o con poca capacidad para alcanzar el desarrollo. Eso pasa por el discurso moderno de caliﬁcar cualquier modelo civilizatorio que le antecedió como modelos irracionales, insensatos, salvajes, y presentarse ante el mundo como un nuevo modelo institucional y cientíﬁco que volvió a la humanidad más racional y más desarrollada. De manera que, para Bautista, el producto auténtico del discurso ﬁlosóﬁco de la modernidad es, como tal, la racionalidad, la lógica y el argumento para validar una verdad. En este punto tiene mucha pertinencia el Sumak Kawsay o el Buen Vivir, pues precisamente son los pueblos amerindios milenarios los que han sido mayormente víctimas de la racionalidad moderna. Pero cobra aún más pertinencia al promover otra noción de la razón. Se trata de una concepción de la razón que no justiﬁca el dominio ni la explotación, sino por el contrario, busca una racionalidad que tenga como principio fundamental la reproducción de la vida. Esto quiere decir que imaginar, concebir o creer en que otro mundo es posible, implica inevitablemente concebir y producir otra idea de razón con la cual hacer posible el desarrollo de esa otra forma de vida distinta de la moderna. En ese sentido, es ingenuo creer que se puede producir o desarrollar otra forma distinta de vida con la misma concepción de razón o racionalidad que la – 283 – modernidad ha desarrollado para producir una realidad injusta, desigual y de dominación. (Bautista, 2015, pág. 245) Para Bautista (2015), las contradicciones de la modernidad han llegado a confrontar dos formas de vida, la del primer mundo que se desarrolla por medio del extractivismo, la explotación, la exclusión y la opresión, y la de las formas de vida de los países a los cuales ha negado y que ha denominado del “tercer mundo”. Se trata de dos formas de vida que se diferencian en puntos fundamentales: la del primer mundo, que ha generado el empobrecimiento que hoy sufre la mayoría de la humanidad; y la del tercer mundo, que aún garantiza la reproducción de la vida humana y de la naturaleza entendida por estos pueblos como sujeto de derechos. Según el ﬁlósofo boliviano, la contradicción más profunda de la modernidad es una forma de vida que representa a la muerte por otra que promueve la vida en plenitud. En ese sentido, para poder concretar la posibilidad de otra forma de vida, y de otra noción de razón o racionalidad, Bautista (2015) esboza que es necesaria otra idea de ﬁlosofía. Pero es una ﬁlosofía que vuelva al principio que le dio sentido a la misma, es decir, una ﬁlosofía que parta de la sabiduría, de lo que el autor denomina la “tematización de la vida”, es una ﬁlosofía que se preocupa o que piensa en correspondencia con el sentido humano de la existencia y la vida, no es una ﬁlosofía que se preocupa sólo por la argumentación y las formas. Al respecto, Bautista plantea lo siguiente: Ahora se trata de volver a pensar la realidad, pero ya no con la misma concepción de ﬁlosofía que produjo la modernidad, porque ella es literal amor al logos y no a la sofía, la cual es sabiduría cuando es para la vida. Si la ﬁlosofía va a continuar siendo lo que en el principio se propuso, será cuando se convierta en literal amor a la sabiduría, pero ya no a la de los griegos, europeos, occidentales o modernos, sino que debe empezar a pensar explícitamente la sabiduría que para la producción y reproducción de la vida fue producida milenariamente por los pueblos que la modernidad occidental ha negado y sigue negando hasta el día de hoy. (Bautista, 2015, pág. 246) Se trata de alcanzar y promover una “racionalidad de la vida”, es decir, una racionalidad o práctica ﬁlosóﬁca que tenga como criterio la producción y reproducción de la vida y no del capital. Para Bautista (2015), la – 284 – producción del conocimiento debe estar enfocada en la posibilidad de que la vida sea garantizada a la humanidad y no como un conocimiento que, para justiﬁcar al capital y su explotación a la vida humana, ha generado un entramado de instituciones, leyes y categorías. Tal es la argumentación que la racionalidad moderna creó, que ha servido para justiﬁcar incluso las acciones violentas y bélicas del primer mundo, en contra de las actitudes “irracionales” de los pueblos y países que tienden a agredir. Para producir esta otra racionalidad de la vida, lo que hay que hacer es poner de pie la realidad, des-invertirla, para poder ahora, sobre esta realidad de la producción y reproducción de la vida, reconstruir la racionalidad de la vida, con la cual sea posible un mundo donde sean posibles el despliegue y desarrollo de muchos mundos y muchas formas de producción y reproducción de la vida y de la naturaleza. (Bautista, 2015, pág. 236) Partiendo de lo planteado por Bautista (2015) y de lo expuesto anteriormente como aproximaciones al Sumak Kawsay, se puede aﬁrmar que otro elemento en común de sus debates es la toma de la autoconciencia por un proyecto histórico propio, es decir, asumir que cada realidad humana tiene una realidad geográﬁca y un tiempo histórico distinto, por tanto, son los sujetos de esa realidad humana quienes pueden transformar y generar cambios en la misma. La toma de la autoconciencia pasa por aﬁrmar que los tiempos históricos exigen buscar otro sentido al conocimiento que no sea con la imposición moderna de categorías que pretenden responder a las problemáticas de nuestro tiempo, sino con la posibilidad de construir modos de conocer las especiﬁcidades, contextos y legados que cada cultura, realidad o sujeto resaltan en su co-existir. Por tanto, se trata de sujetos y actores que generan una ruptura necesaria con proyectos o modelos civilizatorios que no son propios o que fueron pensados para otros tiempos históricos y otras realidades geográﬁcas y culturales, son sujetos y actores que pensarán según la realidad de su época, pero no sólo para enfrentarse a ella por medio de una simple conciencia de que está y existe, sino para crear vínculos, prácticas, relación permanente con su transformación y su cambio a favor de la vida humana y natural. La toma de la autoconciencia no puede efectuarse como tal con sujetos y actores conscientemente atados a un esquema o a un modelo de vida diseñado para la permanencia de un modelo histórico ajeno, de un proyecto civilizatorio que lo niegan, o de una racionalidad cientíﬁca y ﬁlosóﬁca que reemplazó su destino por – 285 – el de los intereses de la supremacía europea, y ahora de las trasnacionales del primer mundo. El objetivo principal del proyecto ideológico de la modernidad y el eurocentrismo fue precisamente imposibilitar que los sujetos del tercer mundo, o del mundo periférico que ellos así geopolíticamente identiﬁcaron y construyeron, pudieran alcanzar estos estadios de conciencia y autoconciencia. La conciencia trata de los problemas que acontecen fuera de nosotros, frente a los cuales podemos tomar ciertas actitudes o no, pero en el caso de la conciencia el problema está fuera, no dentro nuestro, es decir, siendo conscientes de los problemas que nos enfrentan, podemos ser inconscientes del grado de responsabilidad nuestra en la aparición, resolución y superación de los problemas. En cambio, la toma de autoconciencia trata del modo como nosotros mismos nos autoexaminamos cuando nos enfrentamos a los desafíos de nuestra propia historia. Ascendemos al plano de la autoconciencia cuando nosotros mismos nos damos cuenta de que somos parte fundamental de esos problemas que teníamos ante nosotros y que tenemos que afrontar y resolver históricamente. Hacer este pasaje de la conciencia a la toma de autoconciencia recién nos prepara para ser o constituirnos en reales sujetos de la política y la historia, porque ahora sabemos que el problema no está sólo ahí enfrente nuestro, sino que también está dentro nuestro, en nuestra conciencia, que es de lo que hay que tomar autoconciencia. Antes de este proceso, toda discusión relativa a los sujetos es mera teoría sin vinculación real con la política. (Bautista, 2015, pág. 241) Esa toma de autoconciencia permitiría a su vez la disolución de la presunción principal del capital sobre lo humano y la naturaleza que se basa únicamente en la explotación de los mismos. De modo que la pregunta por la liberación se convierte en un problema fundamentalmente subjetivo. El desafío de transcender hacia un modo de vida más allá de la modernidad es un desafío por hacer factible la posibilidad de vivir para la humanidad y la naturaleza. Y, entendiendo que ésta última es sujeto de derechos y condicionante para la supervivencia humana, la tesis de que sólo el humano, autoconsciente de que el transcurrir de la historia y la política no puede seguir su curso sin su participación, cobra legitimidad y validez. – 286 – A modo de conclusión: Resurgir el sentido contrahegemónico del pensamiento La agenda de esa lucha contrahegemónica en América Latina la han marcado movimientos populares o subalternos que exigen la construcción de un constitucionalismo o de sus derechos en colectivo. Especíﬁcamente, el pensamiento contrahegemónico en los últimos años ha establecido por medio de movilizaciones políticas constantes, el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y afrodescendientes, a las mujeres, a la clase obrera y a su vez la crítica a la institucionalidad política que legaliza por acción u omisión la discriminación racial y étnica, el deterioro de la Naturaleza, y los privilegios por ser parte de alguna élite política o capital. Las tensiones que el pensamiento contrahegemónico ha provocado se deben a la permanencia de los movimientos sociales que a su vez han logrado irrumpir en la institucionalidad liberal para exigir una reconstrucción de sus derechos humanos. De Sousa Santos (2010) agrupa a estos movimientos en lo que él llama un cosmopolitismo subalterno que deﬁende una ilimitada presencia de diversidad en el mundo, por tanto, cuando se trata de relaciones de poder desiguales o de exclusión social, estos movimientos contrahegemónicos plantean como principios la igualdad y el respeto a las diferencias. En este punto, el sociólogo plantea una ecología de saberes como alternativa a la creencia de la ciencia como única forma valida de conocer y aprender. Existe en los planteamientos de Santos (2017) una referencia a dos temporalidades que para el autor, cuando se encuentran, son antagónicas. Se reﬁere al sentimiento de la urgencia y al sentimiento de profundidad en cambios civilizatorios. El primero, la urgente necesidad de atender por medio de acciones inmediatas y atención absoluta una serie de fenómenos tanto naturales como sociales entre los que se pueden destacar el calentamiento global, la explotación de recursos naturales, el impacto desigual que genera el capitalismo, entre otros. El segundo sentimiento deﬁende que un cambio civilizatorio debe hacerse profundo para lograr una transformación eﬁcaz en las estructuras sociales. Para ello, la experiencia en el siglo XX narra Santos, demostraron que la toma del poder institucional no bastaba para generar dichas transformaciones civilizatorias, sino que también debía transformarse la concepción y visión del ejercicio del poder. – 287 – Para Santos (2017) se deben construir nuevos horizontes interculturales. Esa construcción debe tomar en cuenta, además de la diversidad, algo que ya con Dussel y Grosfoguel se había planteado, y es que como aﬁrma el mismo Boaventura de Sousa Santos “tenemos problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas” (pág. 50). En este punto el sociólogo aﬁrma que la idea de libertad o igualdad ahora tienen una connotación distinta a la moderna, pues la igualdad que se deﬁende en el sentir contrahegemónico incluye las diferencias, es decir, se trata de defender la idea del derecho a ser iguales, a pesar de las diferencias, pero además de reconocer la diferencia, interiorizarla y convivir con ella. Es una nueva construcción intercultural de los derechos humanos tal y como lo aﬁrma Santos (2016). Se busca una construcción horizontal y relacionando la idea de derechos humanos con la idea de dignidad humana en contraposición a los derechos humanos universales que presupone el eurocentrismo. También frente a esos universalismos, los derechos humanos deben ser el reﬂejo y legitimados por su signiﬁcado local. En resumen, para construir ese horizonte intercultural, De Sousa expone premisas que son esenciales en ese proceso: la superación del universalismo, la visión de derechos como dignidad, la asimilación de que las culturas no son completas ni monolíticas y, por último, la comprensión de que cada cultura divide sus propios grupos sociales. Pero además, Santos expone que debe superarse la idea de que los derechos deben estar vinculados a la exposición de deberes. Para el sociólogo, esta tesis le sirvió a la Modernidad para dejar a la Naturaleza sin derechos, así como a las generaciones del futuro, pues no poseían deberes. El carácter emancipatorio de estos derechos humanos le otorgan un propósito posimperial. Que estos derechos humanos pensados en clave contrahegemónica tengan como principio y ﬁn un diálogo intercultural que busca el consenso entre culturas y grupos involucrados (De Sousa Santos, 2010) signiﬁca que se deja atrás el imperialismo cultural que la trayectoria histórica de la modernidad impuso, resaltando falsas culturas completas que no necesitaban establecer diálogos con otras culturas. – 288 – Referencias Bibliográﬁcas Bautista, J. J. (2015). ¿Qué signiﬁca pensar desde América Latina? Hacia una racionalidad transmoderna y postoccidental. Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Santos, B. (2010). La difícil construcción de la plurinacionalidad. En Los nuevos retos de América Latina: socialismo y sumak kawsay (pp. 149). Quito, Ecuador: SENPLADES. Santos, B. (2017). Más allá de la imaginación política y de la teoría crítica eurocéntrica. Revista Crítica de Ciências Sociais, 114, pp. 75-116. DOI: https://doi.org/10.4000/rccs.6784. Recuperado de https://journals. openedition.org/rccs/6784 – 289 – EL MERCOSUR SIN SOCIOS Y LA DERECHA REINANTE Ximena Roncal Vattuone Introducción La integración Latinoamericana se ubicó en los noventa en el marco de un proceso de globalización donde el funcionamiento de las economías se encontraba en funcionalidad con el Consenso de Washington y con efectos sobre las relaciones multilaterales. La integración se constituye como un proceso en disputa, situándola como un subproducto del orden aperturista, deﬁnido como la prioridad absoluta (Estay, 2011) que respondía a los intereses de Estados Unidos, el cual a través del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se proponía buscar nuevos espacios de valorización del capital para la recomposición de los bloques de poder y abrir mercados para sus empresarios y empresas transnacionales, asegurando de esta forma una mayor participación en el reparto de las esferas de inﬂuencia económico, político y militar. El orden de esta década se comprometió a la reestructuración del Sistema Interamericano, mezclando viejos y nuevos rasgos imperialistas para conjuntar los alcances de la Iniciativa para las Américas en 1991, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, la Cumbre de las Américas como espacio para negociar el acuerdo del ALCA en 2005 y los contenidos en el Plan de Denver (Valencia, 2019). Si bien los orígenes del Mercado Común del Sur (Mercosur) se remontan a la década de los ochenta, cuando los presidentes de Argentina y Brasil suscriben la Declaración de Foz de Iguazú y la ﬁrma del Acta para la – 291 – Integración Argentina-Brasileña, es hasta 1991 cuando se concreta el Tratado de Asunción que dará origen a este organismo, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El Mercosur nace en el marco del Regionalismo Abierto, en un momento de ajustes, de ofensiva neoliberal con base en una apertura de mercados e impulsado por el nuevo patrón del capital y no en un tiempo de esperanza para los pueblos. Su objetivo fue la creación de un mercado común, promover una zona de libre circulación de bienes y servicios, con base en una coordinación de aranceles y políticas comerciales entre los países miembros. Para lograrlo se propuso la eliminación de los derechos aduaneros y de restricciones no arancelarias a ﬁn de alcanzar la liberalización comercial; además de impulsar la coordinación de políticas macroeconómicas y de crecimiento “hacia afuera” como pilar competitivo de los Estado Parte. En la primera etapa de funcionamiento del Mercosur, la política exterior tanto de Brasil como de Argentina convergieron articular el suratlántico con una “inserción internacional prioritariamente con Estados Unidos y la Unión Europea”, una lógica triangular en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y con base en un componente geoeconómico importante (Revelez y Pose, 2019, Pág. 235). Los principales socios promovieron sus relaciones comerciales basadas en la liberalización del comercio y el fomento a las exportaciones donde las fuerzas del libre mercado y la apertura comercial ocupaban el liderazgo de la integración en el contexto global transnacionalizado. A ﬁnales de los noventa, el Mercosur vio afectado su desenvolvimiento. Por un lado, las crisis en Brasil y Argentina –las principales economías–, la devaluación del Real y una profunda crisis política e institucional en Argentina, que si bien incidió en una contracción del comercio, revelaron las principales deﬁciencias del organismo: “su débil estructura institucional, la falta de coordinación de políticas económicas, la ausencia de medidas para tratar las asimetrías regionales y la falta de equidad en la distribución de los beneﬁcios y pérdidas del proceso de integración” (Briseño, 2019, pág. 57). Por otro lado, las insurrecciones populares, los Movimientos Sociales y las Organizaciones de los Pueblos Originarios y Campesinos que arremetieron contra el neoliberalismo vislumbraban nuevos escenarios de correlación de fuerzas en los organismos multilaterales que implicaría la reformulación de los contenidos integracionistas. – 292 – El documento que se presenta contiene una serie de reﬂexiones sobre el desenvolvimiento del Mercado Común del Sur (Mercosur) en un periodo en el que América Latina transitaba un ciclo político conducido por gobiernos denominados progresistas y en un contexto marcado por el auge y crecimiento económico, y el boom de las exportaciones de materias primas. Se trata de un recorrido desde el relanzamiento al Mercosur que como bloque de integración acogía dimensiones más allá de las comerciales. Son reﬂexiones actuales, que a través de una revisión y análisis a este bloque de integración nos da cuenta que en su andar no se apartó de sus objetivos comerciales. El giro a la derecha de sus socios, el giro en la política exterior y la crisis interna de Brasil el socio mayor así como la crisis pandémica global y sus efectos en la región han profundizado el estancamiento del bloque que hoy se encuentra prácticamente a la deriva. El progresismo en el Mercosur En enero de 2003, Luis Ignacio Lula Da Silva asumió la presidencia de Brasil y en el escenario regional representaba el resurgimiento y renovación de la izquierda latinoamericana, así como la posibilidad de cambios sociales, políticos y económicos internos en un país con marcada pobreza y desigualdades. Este periodo se caracterizó por el incremento en los precios de las materias primas, lo que llevó a Brasil a ser considerado una potencia emergente. Lula decide situar el liderazgo y posicionamiento regional de Brasil en los procesos de multipolarización en los que destaca la formación del G-3 y la creación del G-22, en la construcción de alianzas de cooperación económica y tecnológica con China, Rusia y Ucrania, y así ampliar los espacios de poder internacionales ya existentes como el G-20 y el Consejo de Seguridad de la ONU. Lula propone, a través del Mercosur, la fórmula del ALCA/light y las transnacionales, aunque inyectado un nuevo dinamismo, una integración más allá de la unión aduanera e incorporando a los ya existentes temas comerciales, dimensiones en el ámbito social, cultural, cientíﬁco y tecnológico; así como la promoción de negociaciones comerciales de aproximación con los países emergentes. Todo ello, como política exterior, respondía a un enfoque integracionista regional acorde a la globalización y compatible con el orden económico global (Caetano, 2019). – 293 – Por su parte, el nuevo presidente argentino, Néstor Kirchner (2003), propone un modelo de reconstrucción del capitalismo nacional en el que se deﬁne al Estado como el promotor y restaurador de las desigualdades sociales, y plantea una política económica centrada en el crecimiento. La política exterior argentina y su inserción en la economía mundial se enfocó en la creación de un perﬁl acorde con la consolidación del poder político interno a través del respeto a las “prioridades nacionales “ y a “la autonomía de las naciones”, el fortalecimiento de los lazos sudamericanos y la reactivación del Mercosur; además de la búsqueda de consensos en la negociación de la deuda, una relación “clara” y “seria” con Estados Unidos, la Unión Europea y la apertura externa para ampliar las relaciones con diversos países del mundo. “El nuevo contexto político con estos liderazgos a los que fueron sumándose otros como Hugo Chávez en Venezuela, Lugo por Paraguay y Tabaré Vázquez en Uruguay y la mejora de la situación económica a partir de una etapa de crecimiento sostenido en todos los países miembros, posibilitó revertir las tendencias negativas sobre el Mercosur y establecer una nueva agenda para la integración regional” (Bembi, 2019, pág. 25). Uno de los momentos relevantes de la política exterior de Kirchner y Lula Da Silva fue la alianza de apoyo bilateral, y es en el Consenso de Buenos Aires donde se ratiﬁcó al Mercosur como un bloque comercial y como espacio catalizador de valores y futuro compartido. En el documento, si bien se reforzaba la mirada hacia la Patria Latinoamericana, irónicamente se aceptaban también las decisiones de la fallida Agenda de Doha, como espacio de creación de mecanismos para superar la crisis y de ampliación de relaciones comerciales. De esta forma se evidenciaba que si bien el Mercosur asumía algunas características del llamado regionalismo posneoliberal, no abandonaba su carácter aperturista y entremezclaba su agenda con temas sociales, de complementariedad y con la creación de encadenamientos productivos regionales, así como proyectos de reindustrialización. En el llamado regionalismo posneoliberal, las decisiones se orientan a conformar espacios integrados de desarrollo como sustento de una inserción internacional más autónoma de la región (Caetano, 2019). Para Sanahuja (2012), los objetivos del regionalismo posneoliberal contemplan un “retorno de la política” a las relaciones exteriores y a las políticas de – 294 – desarrollo, menor atención a la agenda comercial y de liberalización económica; distanciamiento del neoliberalismo y del regionalismo abierto; presencia del Estado en las relaciones externas y en el desarrollo económico y social; autonomía en relación al mercado y frente a la política exterior de Estados Unidos; énfasis en la agenda “positiva” de la integración y de cooperación sur-sur, atención a los temas sociales y a la reducción de las asimetrías. Incorpora también temas de seguridad, de defensa, de coordinación de política exterior y de integración positiva de bienes públicos (Sanahuja, 2016). En este contexto, el Mercosur inició un proceso de revisión y reorientación para deﬁnir nuevos temas y objetivos, incluyendo dimensiones sociales, la promoción de actividades empresariales y la creación de cadenas productivas, así como de una mayor inﬂuencia en el contexto internacional (Briseño, 2006) con base en la cooperación, el diálogo político y el liderazgo brasileño. De igual manera se “fortaleció el carácter hiperpresidencialista del proceso decisorio del bloque incorporando las cumbres presidenciales a la cabeza de la estructura institucional” (Botto, 2017, pág. 166). Se enfatizó en la necesidad de cerrar las brechas entre los países miembros, dando origen a programas y fondos para la reducción de asimetrías, la autonomía ﬁnanciera, cientíﬁca y tecnológica, características que parecieron ubicarlo en el llamado regionalismo posneoliberal. La inclusión del tratamiento de asimetrías El tratamiento de las asimetrías ha sido uno de los temas recurrentes de los procesos de integración regional, debido a la existencia de importantes diferencias tanto estructurales como políticas en los países latinoamericanos y caribeños. Si bien en el Mercosur este tema no tuvo una importancia explícita en las negociaciones iniciales, es hasta 2003 cuando se instala en la mesa de discusión por primera vez el tema a petición de Paraguay, nación con importantes niveles de dependencia a la economía y política brasileña, y que junto con Uruguay son los países de menor desarrollo relativo y socios menores del bloque. Entre los principales programas para reducir tensiones y responder a esta situación problemática, en 2005 surge el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), como un mecanismo de ﬁnan– 295 – ciamiento solidario de recursos de acuerdo con el PIB de los socios, no reembolsable y encargado de implementar políticas de reducción de asimetrías para beneﬁciar fundamentalmente a Paraguay y Uruguay a través de mayores beneﬁcios y menores aportes como economías pequeñas. De acuerdo con el Consejo del Mercado Común (CMC) (2004), el FOCEN tiene como objetivo el ﬁnanciamiento de programas que promuevan la convergencia estructural, el desarrollo de la competitividad y promoción de la cohesión social, “en particular de las economías menores y regiones menos desarrolladas; apoyar el funcionamiento de la estructura institucional y el fortalecimiento del proceso de integración.” (pág. 7). Es importante señalar que la participación de Brasil en el FOCEM “formó parte de la estrategia brasileña para América del Sur durante la década de 2000, que consistía en el aumento de las inversiones directas en países vecinos (…) Este aumento fue ocasionado por la actuación de multinacionales brasileñas como Odebrecht, Petrobras, Vale y Votorantim” (OBIMID, 2017, pág. 12). Después de 10 años de su aplicación, sobre todo en proyectos nacionales de desarrollo en áreas de infraestructura de conexión eléctrica y de rehabilitación de vías férreas, incentivos a la microempresa, bioseguridad, capacitación tecnológica e infraestructura sanitaria, en la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Brasilia en 2015, el CMC consideró que el FOCEM tuvo un desenvolvimiento positivo como único mecanismo redistributivo y compensador de las diferencias estructurales, por lo que aprobó su continuidad por un periodo de 10 años más. Al respecto, Regueiro (2018) señalaba que la creación del FOCEM ha sido una de “las expresiones más acabadas del compromiso de los nuevos líderes del Mercosur con una visión de desarrollo regional que reformula el trato recíproco concebido en los documentos fundacionales” (pág.293). Granato (2014) reaﬁrma esta idea al sostener que el FOCEM se ha posicionado como un instrumento que hace frente a las asimetrías y como una importante fuente de ﬁnanciamiento para proyectos que impactan a la región. Sin embargo, desde su nacimiento, el Mercosur ha establecido un proceso de integración asimétrico tanto en el relacionamiento comercial y de negociaciones intrabloque como al interior de las economías domésticas. Brasil, por ejemplo, ha mantenido una postura contraria a la cooperación – 296 – con Paraguay, imponiendo aranceles para la importación de autopartes.1 En estos últimos años, la aprobación del senado brasileño de gravar la importación del arroz en 9,65% ha contrarrestado el precio competitivo del arroz importado de Paraguay, respecto al brasileño. De igual manera, al convertirse en “autosuﬁciente” en la producción de este cereal y a su vez un importante exportador del mismo, ha abarcado mercados claves para Uruguay. En consecuencia, ha generado relaciones tortuosas al bloquear en distinto momentos de la existencia del bloque el ingreso de arroces uruguayos a este país. En este mismo orden de ideas, decidió suspender las importaciones de lácteos uruguayos y mantiene una cuota de importación sobre este producto también con Argentina. Brasil ha considerado incluso la eliminación de la leche en la lista de productos de libre comercio. Situaciones como éstas evidencian que no se toman en cuenta las asimetrías existentes entre los países miembros e incluso se incumplen las normas y objetivos del Mercosur. En tal sentido, el Mercosur no ha logrado progresos trascendentes en esta área ni en la coordinación de políticas macroeconómicas, ni en la cooperación y coordinación en materia de políticas sectoriales ni en el fomento a las exportaciones. Tampoco se ha avanzado en la creación de las cadenas de valor y mucho menos en las decisiones y voluntad política de los países miembros. El FOCEN tiene en su haber alrededor de 40 proyectos, pero los recursos disponibles no han sido suﬁcientes para transformar los graves problemas estructurales o para avanzar en una integración productiva entre los países del bloque. Si bien el FOCEN se estableció en un fondo destinado a invertir 100 millones de dólares por año en infraestructura, su limitado monto, “su utilización para obras no fronterizas y la exclusión temporaria de Paraguay en 2012 han restringido sus efectos de derrame sobre la integración” (Malamud, 2013, pág. 277). El Mercosur ha adoptado también prácticas de aplicación operativa del Trato Especial y Diferenciado (TED) en favor de las economías pequeñas 1 En este año 2020, Paraguay y Brasil ﬁrmaron un acuerdo automotriz en el que se ofrece garantía legal al sector con la ﬁnalidad de poner ﬁn a las diferencias entre ambos países, cuando la Reserva Federal de Brasil decidió la imposición de un arancel del 16% a las exportaciones de autopartes de Paraguay a Brasil. – 297 – que ha consistido en la extensión de plazos, asistencia técnica y de sometimiento a la capacidad de negociación del país receptor. La insuﬁciente efectividad e incidencia en la reducción de las asimetrías se hace aún mayor en las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio, en los cuales además de la protección que ejercen los países centrales a sus sectores estratégicos no contemplan diferencias de tamaño o grado de desarrollo entre cada nación y se rigen sólo por el principio de reciprocidad. En tal sentido, el TED se ha ido desdibujando en los acuerdos de integración suscritos como herramienta necesaria, pero no suﬁciente para que los países de menor desarrollo relativo participen en los beneﬁcios de los procesos de integración (SELA, 2011). Cooperacion monetaria y ﬁnanciera: el Sistema de Pagos en Moneda Local (SML) Los esfuerzos que en materia de cooperación monetaria y ﬁnanciera se han desarrollado en los distintos espacios de integración en la región ponen en evidencia la necesidad de construir una política monetaria autónoma, considerando entre otras cosas la volatilidad cambiaria y la inoperancia de la divisa estadounidense como eje del sistema monetario internacional. En plena crisis ﬁnanciera internacional, en 2007, mediante el CMC, se decidió la creación del Sistema de Pagos en Monedas Locales (SML) un sistema de pagos transfronterizo para el comercio entre los Estados Parte del Mercosur, cuyo funcionamiento sería deﬁnido a través de convenios bilaterales entre los bancos centrales de los respectivos países. Se decide además que su utilización sea voluntaria, optativa y complementaria a los sistemas de pagos ya existentes en el comercio internacional. “El SML, es un esquema a través del cual las transacciones comerciales se pactan y materializan en monedas locales, por lo que se evita la intermediación del dólar, divisa habitual en el comercio internacional (…) Permite que las personas físicas y jurídicas que practiquen operaciones entre países miembros del MERCOSUR, y que pueden cobrar y pagar en sus respectivas monedas (…) su principal objetivo es reducir los costos ﬁnancieros y administrativos” (BID, 2009, pág. 29; BID, 2015, pág. 76). – 298 – El objetivo del SML, además de profundizar en la integración ﬁnanciera y cooperación monetaria, era fortalecer la utilización de las monedas locales, promover la estabilidad cambiaria para las exportaciones e importaciones, así como facilitar la incorporación de las pequeñas y medianas empresas en el comercio intrarregional, incidiendo en la reducción de los costos ﬁnancieros del intercambio comercial en el marco de una arquitectura ﬁnanciera y monetaria más autónoma y solidaria. De acuerdo con Hurtado (2014), las autoridades del Mercosur vieron en el Sistema de Pagos en Moneda Local no solo la idea de moneda única regional, sino las bondades de la integración monetaria que se sustentó fundamentalmente en las experiencias y avances de la unidad monetaria asiática para atender shocks asimétricos, así como la práctica europea en el uso de unidades monetarias regionales. Sin embargo, fue hasta el año 2015 cuando Brasil y Uruguay concretan el acuerdo bilateral, el uso del SML entre ambos países ha sido marginal con un promedio mensual de 4 operaciones. Por su parte, Paraguay y Uruguay suscribieron también el acuerdo en 2015 (BID, 2015) con escasas transacciones. En Argentina y Uruguay, el SML se encuentra vigente desde el 2017. El acuerdo comprende, además de las transacciones de comercio de mercancías y servicios, gastos de jubilaciones, pensiones y remesas. Paraguay y Argentina suscribieron el convenio en 2019. Desde su puesta en marcha, la priorización de las políticas nacionales y la falta de consensos en cuanto al régimen cambiario han limitado su avance y el número de operaciones canalizadas a través del SML solo representa 5% del comercio bilateral entre Argentina y Brasil. Si bien en cuanto a comercio total ambos países representan las dos economías más grandes del Mercosur, su presencia continúa siendo débil. El SML correspondió al primer paso de la armonización de políticas económicas que sólo posibilitaron las funciones de unidad de cuenta y medio de pago limitado, sin permitir los depósitos de valor o de pagos diferidos y mucho menos de una unidad de curso legal (Hurtado, 2014). Este espacio de políticas de cooperación monetaria y ﬁnanciera efectivamente se limitó a establecer acuerdos bilaterales entre los países miembros sin lograr su ampliación en el ámbito regional ni converger en los objetivos de política económica que impidieron, entre otros aspectos, la creación de instancias supranacionales. – 299 – En el marco de la llamada integración posneoliberal, Brasil fue uno de los principales socios que obstaculizaron la iniciativa de creación del Banco del Sur, a pesar de que este país priorizó el fortalecimiento de la Unasur, sobre todo con el propósito de extender su proyección hemisférica. Esta situación puede ser explicada por la existencia del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cuyas operaciones se extienden no solo a nivel regional, sino a nivel internacional a favor de la internacionalización de empresas brasileñas. El esfuerzo de avanzar hacia una arquitectura monetaria y ﬁnanciera más autónoma y orientada a la cooperación, principalmente entre los países con menores ventajas económicas, así como reducir la vulnerabilidad y la condicionalidad en que operan los organismos ﬁnancieros internacionales siguen representando una necesidad estratégica de reestructuración del Sistema Financiero Mundial y la creación de un Sistema Monetario y Financiero Latinoamericano que, hoy como horizonte, se encuentra prácticamente estancado. La Ciencia, la tecnología y la innovación La ampliación en las dimensiones del Mercosur contemplaba distintas iniciativas que abarcan desde políticas de género y derechos humanos hasta educación, ciencia y tecnología. Esta última ha generado un impacto importante en el comercio internacional debido al cambio tecnológico y la utilización de servicios con base en las tecnologías de la información y las comunicaciones, constituyéndose en uno de los principales desafíos regionales y del Mercosur en los ámbitos de la competencia, la privacidad y la desigualdad. En el 2008, el Consejo del Mercado Común decide aprobar el “Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación del Mercosur para el período 2008-2012”, con base en cinco objetivos: 1) La promoción del avance del conocimiento en áreas estratégicas; 2) La puesta en práctica de mecanismos de cooperación solidarios y democráticos que conduzcan a la sociedad del conocimiento; 3) La ampliación de capacidades en ciencia, tecnología e innovación de los Estados Partes; 4) La promoción de redes de conocimiento en temas estratégicos y 5) La promoción de la utilización de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la difusión masi– 300 – va de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la capacitación tecnológica y productiva en conjunto con acciones de responsabilidad social de las micro, pequeñas y medianas empresas u otras modalidades organizativas. En el Informe Mercosur: hacia un cambio necesario (2019) se resalta la importancia de la construcción de enfoques e iniciativas de cooperación intrazona a través del desarrollo de esquemas normativos para la economía y un mercado regional digital libre y seguro, así como el esfuerzo de esta instancia en el desarrollo de documentos donde se evidencian ámbitos comunes, pero también divergencias a raíz del alcance transfronterizo, donde la normatividad estaría encargada de contrarrestar los obstáculos al comercio. Para tal efecto, en 2017, el Consejo del Mercado Común estableció el Grupo Agenda Digital del Mercosur (GAD), cuyo propósito es la promoción y desarrollo del “Mercosur Digital” con propuestas de políticas e iniciativas comunes, además de plazos y metas. “Mercosur Digital hizo inversiones en tecnologías estratégicas, mejoras en la integración productiva y comercial entre los cuatro países (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), y acciones que propician el Gobierno Electrónico, para deﬁnición de marcos regulatorios en los países para que los contratos ﬁrmados con factura electrónica tengan seguridad tecnológica y validez jurídica, y elevó el nivel de los vecinos desde el punto de vista de tecnología, todavía incipiente en el momento de inicio del proyecto, para permitir la realización de un comercio electrónico seguro y eﬁciente en el bloque” (BID, 2019, pág. 20). Las reuniones del GAD se inician en el 2018 y entre sus avances más importantes se encuentra el intercambio de información y buenas prácticas entre las diversas instancias involucradas: representantes gubernamentales y actores clave, entre ellos cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil. Con la ﬁnalidad de uniﬁcar posturas y ﬁrmar un protocolo de comercio electrónico al interior del Mercosur y aprender de las experiencias, los cuatro socios más 70 miembros de la Organización Mundial de Comercio ﬁrman en 2019 una declaración para dar inicio a negociaciones en materia de comercio electrónico (Mercosur, 2019). Estas iniciativas se suman a los distintos esfuerzos desarrollados en América Latina en pro de mejorar los sistemas de ciencia y tecnología, y que generalmente han respondido a las concepciones y exigencias de los patrones de producción y acumulación del capital. Sin embargo, a nivel externo, los conocimientos cientíﬁcos, tecnológicos y de innovación se – 301 – han mantenido por detrás de los tiempos digitales y distantes de las necesidades regionales, con una estructura productiva inmóvil neocolonial de reprimarización característica también del Mercosur como bloque. Para poder avanzar en proyectos como el Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación es importante tomar en cuenta que la inversión en esta materia a nivel regional representa únicamente 3.1% del total mundial frente a 46.7% del bloque de países asiáticos, por ejemplo. Este 3.1% se concentra en Brasil (65%), México (13%) y Argentina (8%), que constituyen 86% de la inversión total, lo cual dejaría en desventaja a Argentina, Uruguay y Paraguay, estos dos últimos países se ubican en valores menores al 0.5% de la inversión en ciencia y tecnología en relación al PIB. La bonanza de los precios de los recursos naturales no estuvo acompañada “de una visión estratégica que apuntara a la ciencia, la tecnología y la innovación como factor clave del desarrollo”, asimismo “La región apenas representa el 2% de las exportaciones mundiales de servicios modernos” (CEPAL, 2016; CEPAL, 2017). La importancia comercial del bloque para los socios La importancia que tiene el Mercosur para cada uno de sus socios es sin duda heterogénea, además de que las relaciones comerciales se llevan a cabo mediante diferentes acuerdos y el incremento de las asimetrías internas a favor de Brasil son evidentes. Argentina destina al Mercosur aproximadamente 24% de sus exportaciones, mientras que sus importaciones representan 28% y es el principal socio comercial de Brasil. Ambos países se constituyen en los socios de mayor peso en el bloque. Entre 2005-2017 periodo aproximado del ciclo progresista, Argentina destinó un promedio del 20% de sus exportaciones a Brasil (Tabla 1), tiempo en el que los lazos comerciales se extendieron rápidamente. Los principales productos exportados fueron manufactureros, no agropecuarios, de intensidad tecnológica media y alta. Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalaba que: “Los ﬂujos bilaterales entre Argentina y Brasil son los más relevantes del comercio intrazona. El sector automotor –regulado por un acuerdo que administra el intercambio entre ambos países– representa 45% del intercambio entre las dos mayores economías del Mercosur” (BID, 2019, pág. 20). – 302 – Tabla 1 Exportaciones de Argentina a países del Mercosur 2005-2017 (% sobre el total) Países/Año 2005 2007 2010 2013 2015 2017 Brasil 15.69 18.75 21.17 21 17.78 15.91 Paraguay 1.26 1.39 1.7 1.71 1.86 1.97 Uruguay 2.09 2.1 2.33 2.43 2.34 2.09 Fuente: Elaboración con base en la ALADI y MERCOSUR El comercio de Argentina con Paraguay y Uruguay es prácticamente marginal, representa entre 1% y 2% sobre el total de sus exportaciones. Aunque para Argentina implica un superávit comercial, pues los ﬂujos bilaterales con Brasil se han caracterizado por ser deﬁcitarios principalmente por el alto valor agregado de los bienes que Argentina adquiere de este país (Botto, 2017). En 2016, por ejemplo, las exportaciones del sector automotriz de Argentina a Brasil disminuyeron, pero, se incrementaron las importaciones de ese origen en una especie de desindustrialización argentina. Esta situación profundizó el resultado deﬁcitario bilateral que mantiene la industria automotriz argentina (BID, 2017). A nivel extrarregional, las principales exportaciones de Argentina son productos primarios (soja, cereales y oleaginosas) y sus socios extrarregionales de mayor importancia son China y Estados Unidos. Es además el segundo socio comercial de la Unión Europea después de Brasil (Mercosur, 2019). Por su parte, Paraguay mantiene como principal destino de sus exportaciones a Brasil, seguido de Argentina (graﬁca 1). No obstante que el patrón de exportaciones paraguayas a Brasil se ha especializado en productos agrícolas, principalmente el trigo, es importante señalar que las exportaciones de energía eléctrica se constituyen en el motor de los ﬂujos comerciales hacia el mercado brasileño. En lo que respecta a Argentina, el principal producto en la canasta bilateral de ambos países es también la energía eléctrica que concentra aproximadamente 75% de sus exportaciones (ALADI, 2013; ALADI, 2018). Sin embargo, como resultado de la sequía vivida en los últimos años en Argentina, Paraguay incrementó sus exportaciones de soja a ese país, lo que ha signiﬁcado una relativa compen– 303 – sación del desplome de las ventas de la oleaginosa a otros mercados (BID, 2019). En las relaciones intrabloque, 78% de las exportaciones paraguayas son productos manufactureros no agropecuarios. Sin embargo, la energía eléctrica es una partida discrecional en el análisis de una situación competitiva de los productos comercializados en el mercado de bienes, ya que la decisión de importar un producto discrecional puede “obedecer más a temas políticos y estratégicos que a temas propiamente del mercado” (ALADI, 2018, pág.26). Gráﬁca 1 Exportaciones de Paraguay a países del Mercosur 2005-2017 Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Gráﬁca 2 Importaciones de Paraguay intrabloque 2005-2017 Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) – 304 – Si se analizan los datos de la gráﬁcas 1 y 2, es posible ubicar el grado de interdependencia comercial asimétrica que mantiene con Paraguay con Brasil, considerando que el primer país destina más de la mitad del total de sus exportaciones a este socio. Las exportaciones e importaciones dirigidas al mercado uruguayo son escasas y después de la caída de las exportaciones en 2007 no superan el 2%. Entre los principales bienes de Paraguay destinados a Uruguay se encuentran la soja y maíz en granos, así como harina y pellets. Entre las principales compras destacan los abonos minerales o químicos, tabaco y medicamentos. Al extenderse Paraguay como país exportador en su proceso de inserción internacional, “promovió desde comienzos de los años 2000 un régimen de maquila con importantes beneﬁcios ﬁscales para fomentar la producción (sobre la base de importaciones) de bienes y servicios destinados a la exportación” (Mercosur, 2018, pág. 31). La gráﬁca 3 muestra el total de exportaciones de Uruguay a cada uno de los países miembros del Mercosur, con un comportamiento relativamente similar en todos los años, pero con algunas situaciones de excepción: Brasil se posiciona como el principal destino de las exportaciones con una participación promedio de 18%. Debido a los fuertes conﬂictos lecheros entre ambos países, se registró una caída de las exportaciones uruguayas en aproximadamente un 9% sobre todo de productos lácteos, trigo y arroz, así como combustibles dirigidos a Argentina y Brasil. Si bien se incrementaron las exportaciones de vehículos y plásticos, no se logró compensar la contracción de las exportaciones. Argentina ocupa el segundo lugar de destino de las exportaciones uruguayas principalmente de autopartes y celulosa. Pese a lo anterior, la participación del Uruguay en las exportaciones intrabloque se mantuvieron con cierta estabilidad (Mercosur, 2018, pág. 32). En el origen de las importaciones, Brasil y Argentina continúan siendo los principales socios, ocupando el primer y segundo lugar respectivamente. La compra de vehículos fue el rubro más importante. En el comercio intrabloque, Uruguay tiene una fuerte presencia en los productos manufactureros no agropecuarios y agropecuarios; pero en el comercio extrarregional, los productos primarios ocupan el primer sitio. Desde 2010 el comercio con la UE es deﬁcitario para Uruguay. Si se consideran las exportaciones de este país desde zonas francas, las manufacturas no agropecuarias (celulosa) cobran mayor importancia. (Mercosur, 2018, pág. 28). – 305 – Gráﬁca 3 Exportaciones de Uruguay a los socios del Mercosur 2005-2017 Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Gráﬁca 4 Importaciones de Uruguay a los socios del Mercosur 2005-2017 Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Tanto Uruguay como Paraguay tienen un perﬁl bajo en las relaciones comerciales del Mercosur, lo que reﬂeja una vez más que las asimetrías originarias del bloque, en lugar de reducirse, se siguen profundizando sobre todo en los saldos de las divisas de cada uno de los países miembros (Mercosur, 2018). Brasil es sin duda el país que diversiﬁcó en mayor medida su matriz productiva y aprovechó la zona de libre comercio con los socios del bloque. Mientras Argentina, por ejemplo, ha mantenido su perﬁl en la pro– 306 – ducción de manufacturas industriales relacionadas con los recursos naturales. Brasil se ha ido posicionando como el proveedor de manufacturas industriales de alto valor agregado, siendo el Mercosur el parque industrial donde tiene un mercado cautivo de gran importancia además de acumular un signiﬁcativo superávit comercial (OBIMID, 2017). Gráﬁca 5 Exportaciones de Brasil a países del Mercosur 2005-2017 Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Gráﬁca 6 Importaciones de Brasil a países del Mercosur 2005-2017 Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) – 307 – Entre 2005 y 2017, el principal destino de los productos brasileños fue Argentina, seguido de Paraguay y Uruguay. Por otro lado, las importaciones de Brasil proceden en gran medida del país que también es el que le compra más productos: Argentina (gráﬁca 5). De acuerdo con el Mercosur (2018), una parte importante del comercio bilateral de origen brasileño tiene alguna transformación en Argentina, retornando para su consumo en el primer país. Es decir, aproximadamente 6% de las exportaciones brasileñas a Argentina, después de su transformación, regresan al país de origen, lo que implica que en Brasil se completen procesos productivos a través de Argentina. Asimismo, Argentina integra producción brasileña en sus procesos. En tal sentido, las importaciones brasileñas de Argentina activan las exportaciones del Brasil caso contrario sucede con las importaciones que Argentina le hace al Brasil, las cuales no tienen una activación signiﬁcativa. En lo que respecta al sector automotor, el comercio bilateral tiene como característica la especialización de Brasil en productos intermedios y de Argentina en bienes ﬁnales cuyo resultado es la profundización de un saldo deﬁcitario para el segundo país. En el caso de las importaciones, Brasil es el socio “que demanda una menor proporción de sus importaciones al propio bloque y sus importaciones extrarregionales son más relevantes que en el resto de los miembros” (Mercosur, 2018, pág. 20). Dentro del Mercosur, es el principal socio comercial de la UE y el más importante destino de Inversión Extranjera Directa proveniente de ese bloque. Brasil ha recibido mayores ventajas no solo en el comercio bilateral con Argentina, sino también con sus demás socios, lo que pone en relieve las asimetrías entre los países miembros del bloque. De igual manera, Brasil no disminuyó sus prácticas proteccionistas, beneﬁciándose de su condición de país con mayor capacidad industrial y de mayor mercado. Asimismo, se ha posicionado como el proveedor más importante en los distintos sectores productivos a pesar del avance asiático. La dinámica en cuanto a la participación de los países pertenecientes al bloque ha permanecido intacta: las operaciones de comercio más importantes siguen recayendo en Brasil y en menor medida en Argentina; mientras que la participación de Paraguay y Uruguay ha sido débil, limitando sus alcances como países de menor tamaño, además de la ausencia de políticas que contribuyan al incremento de estos ﬂujos. – 308 – El fracaso del Mercosur se ha hecho más evidente en los últimos años, aunado a la ausencia de liderazgo, se perdieron los compromisos de prohibición del uso de barreras para la corrección de los desequilibrios comerciales y la falta de concreción de políticas comunes, de “interdependencia productiva de las estructuras nacionales” (Botto, 2017, pág. 160) lo que ha hecho del bloque solo una unión aduanera imperfecta y el mercado extensivo de Brasil. Cambios y recambios políticos en la región En este desenvolvimiento del Mercosur y por los cambios en la geopolítica regional, en 2012 se suspende a Paraguay tras la ejecución del Golpe Parlamentario o “golpe blando” en el que destituyen a Fernando Lugo. La matanza de Curuguaty constituyó la principal explicación de la oposición en el Parlamento para iniciar el juicio político contra el presidente Lugo. Este suceso daría pie al regreso del Partido Colorado y con ello la restauración del modelo neoliberal conservador, así como una “mayor injerencia del gobierno norteamericano” (Molinier, 2015, pág. 180). La suspensión de Paraguay en el Mercosur Derivó –de acuerdo con los integrantes– del incumplimiento a la cláusula democrática del Tratado de Asunción. “El gobierno de FF y los sectores económicos poderosos no aceptaron las sanciones políticas –aunque no se incluyeron sanciones económicas– y sus efectos, los que fueron interpretados como una maniobra de los gobiernos vecinos y socios del bloque, para aprobar, en ausencia del gobierno paraguayo, la adhesión plena de Venezuela al bloque, en la Cumbre de Mendoza, Argentina, junio 2012, una semana después del Golpe, en la que no fue permitida la participación del sucesor de Fernando Lugo, ni de su canciller” (Molinier, 2015, pág. 185) En 2012 se formaliza el ingreso de Venezuela como miembro pleno al bloque, hecho que representó el primer proceso de ampliación del esquema, el cual se materializa en el momento en el que se fortalecía el llamado eje del regionalismo estratégico con la Alianza del Pacíﬁco.2 Por tanto, el 2 La Alianza del Pacíﬁco se concibe como un mecanismo de una integración profunda, de articulación política, económica y de cooperación, convenido en la I Declaración Presidencial de los Gobiernos de Colombia, Chile, México y Perú el 28 en 2011, en Lima (Perú). La AP queda formalmente constituida con la suscripción del Acuerdo Marco, en 2012, – 309 – Mercosur consideró pertinente la adhesión al bloque de más países antisistémicos como Bolivia y Ecuador (Regueiro, 2018). El ingreso venezolano se realiza durante el gobierno de Hugo Chávez Frías, “un líder que ha sacudido la estructura política venezolana” (Briseño, 2006, pág. 106) y cuya administración reformuló su política exterior y su estrategia de integración regional sobre la base de la Revolución Bolivariana (Briseño, 2006). El presidente Chávez promovía un orden multipolar y una propuesta de integración con base en los principios de solidaridad, complementariedad y cooperación, antineoliberal y anti hegemónica como la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA), que si bien el diseño, alcance y orientación son distintas al Mercosur, ambos bloques se sustentan en el peso de solo dos países: Venezuela –Ecuador y Brasil-Argentina respectivamente. La incorporación de Venezuela al Mercosur constituyó un hecho complejo, ya que tanto el Congreso brasileño como el paraguayo votaron en contra de la adhesión de este país. En lo que respecta a Paraguay, la oposición duro seis años. Mientras tanto, Brasil y Venezuela estructuraban sus agendas de política exterior “sobre la base de la proyección de sus respectivos liderazgos en los nuevos organismos regionales emergentes” (Serbín y Martínez, 2012, pág.17), aunque Venezuela jugaría un rol relevante de oposición junto con Brasil al proyecto de expansión del ÁLCA. Después de tres años de suspensión, siendo presidente Horacio Cartes en 2015, Paraguay asume la Presidencia Pro Témpore en el marco de la XLVIII reunión semestral del Consejo del Mercosur y de la Cumbre de Presidentes en Brasilia. Escenario que sirvió para que el nuevo presidente instara, por un lado, a perfeccionar y fortalecer al organismo, pero ahora en la búsqueda de intereses comunes con la Alianza del Pacíﬁco.3 y por entra en vigor el 20 de julio de 2015, una vez aprobado el Documento por los órganos legislativos de Colombia, Chile, México y Perú, países integrantes. En el Art. 3 de este Acuerdo Marco, se deﬁnen tanto los siguientes objetivos: 1) Construir un área de integración profunda y avanzar de manera progresiva hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 2) Impulsar el crecimiento, desarrollo y la competitividad entre los Estados Partes para alcanzar un mayor bienestar. 3) Constituir a la AP en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial con proyección al mundo con énfasis en la región de Asia Paciﬁco. 3 “La Alianza del Pacíﬁco (AP) y el MERCOSUR cuentan entre sus miembros a las 7 mayores economías de América Latina y el Caribe16. Ello explica que ambas agrupaciones – 310 – otro, consolidar un acuerdo birregional con la Unión Europea que implicaría la apertura de sus economías y de concesiones asimétricas. En 2014 el Mercosur enfrentaba una crisis que exigía dejar los objetivos de su “relanzamiento” para retomar abiertamente la senda del libre comercio. En este escenario China emergía como el nuevo demandante global y privilegiaba sus vínculos con Brasil a través de un tratado bilateral de preferencia arancelarias, derrumbando la premisa de las negociaciones regionales (Botto, 2017). Los cambios a la derecha se fortalecían con la llegada de Mauricio Macri a Argentina en 2015, se reiniciaba la implementación de un ajuste neoliberal con horizontes del capital. Entre sus primeras medidas se dio la negociación de la deuda con los holdouts. La política exterior de Macri promulgó la apertura económica, la liberalización y la lógica de los tratados de libre comercio. Al mismo tiempo, en coincidencia con el presidente paraguayo planteó el acercamiento de Argentina a la Alianza del Pacíﬁco, bloque en el que fue aceptado con el estatus de país “observador”. Después del golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, la llegada de Michel Temer en 2016 y con él un conjunto de medidas neoliberales y el retorno a la alineación a los EE.UU. –la mayor economía de América Latina–, Brasil se incorporaba al club de las economías emergentes al borde de la parálisis. El país enfrentaba también una profunda crisis, resultado de la caída de los precios de los commodities y de fuertes denuncias, y el escándalo de corrupción en Petrobras (Serbin, 2016). Ante estos cambios y recambios de la región, en diciembre de 2016, los representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, notiﬁcaban al gobierno venezolano “el cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado Parte”, su expulsión se justiﬁcó por el incumplimiento de las normativas del bloque. combinadas representaran en 2013 más del 80% de la población regional, así como de su comercio exterior, y más del 90% de su PIB y de sus ﬂujos de entrada y salida de inversión extranjera directa (IED). El MERCOSUR posee un mayor tamaño económico y demográﬁco, mientras que la Alianza del Pacíﬁco tiene un mayor peso en el comercio exterior regional. Ambas agrupaciones tienen un peso similar en términos de los ﬂujos de IED que reciben (véase el cuadro II.1)17. En ambas agrupaciones hay un miembro cuyo peso económico, demográﬁco y comercial excede al de todos los demás miembros combinados: el Brasil en el MERCOSUR, y México en la AP” (CEPAL, 2014, pág. 39). – 311 – En el marco del ascenso de la restauración conservadora en América Latina, el Mercosur se alineaba a la agenda extremista de Washington, apoyando la convocatoria al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y al aﬁrmar que la situación venezolana se constituía en un riesgo para la seguridad regional. Después del fallecimiento de Hugo Chávez en 2013 y la llegada al gobierno de Nicolás Maduro la crisis multidimensional venezolana se profundizo, situación que se recrudece con las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Todo supuesto del regionalismo posneoliberal se fracturaba con mayor fuerza ante el giro a la derecha reaccionaria y neofascista de los países del Mercosur en la impronta de su lenta agonía. El 1 de enero de 2019 asume la presidencia de Brasil Jair Bolsonaro con 46% frente a 29% de votos de su principal contrincante electoral, evidenciando las profundas polaridades del país suramericano. De acuerdo con Lowy (2019), Bolsonaro logro manipular el sentimiento de indignación “contra los políticos corruptos para imponerse, y ganó la disputa de opinión en la sociedad, al identiﬁcar (falsamente) al Partido de los Trabajadores (PT) como el núcleo del sistema político del Estado brasileño y como el principal responsable de la corrupción” (pág. 1) Para Jair Bolsonaro –neoconservador en lo ideológico y neoliberal en lo económico–(Merino, 2018, pág. 4) el Mercosur no podía aceptar retrocesos ideológicos, reaﬁrmaba el rumbo liberal del bloque y el fortalecimiento del bilaterismo en una clara coincidencia con el gobierno norteamericano. En Uruguay, Luis Lacalle Pou gana las elecciones presidenciales y se instaura un gobierno de centroderecha en un país aquejado por la inseguridad pública y el desempleo. La política del nuevo gobierno se enfocaría principalmente a la reducción del déﬁcit ﬁscal y asume una postura de ﬂexibilización del bloque como mecanismo para la reducir las asimetrías en el entendido que cada socio, de forma individual, pudiese ﬁrmar acuerdos de libre comercio con otros países. Las diferencias políticas entre los socios se hicieron más evidentes con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia argentina que si bien mostró su preocupación sobre la reducción de asimetrías, se enfocó en la búsqueda de “una lógica regional” para el fortalecimiento del Mercosur. La decisión de ﬁrmar un tratado de libre comercio con Corea del Sur y posteriormente con Canadá, India y el Líbano genero mayores divergen– 312 – cias entre los socios estratégicos. Argentina decidió no participar en estos acuerdos comerciales argumentando que la ﬁrma de estos tratados tendría un impacto negativo por tratarse de países que producen bienes que compiten con la industria local argentina, además de la actual incertidumbre mundial. Es fundamental subrayar que el estancamiento que vive en la actualidad el Mercosur va más allá de las discrepancias en relación a la agenda comercial, por lo que el tema de las negociaciones externas es solo un detonante del inminente declive del bloque. Al respecto, Roberto Bouzas (2020) señalaba: “El principal problema del Mercosur no es haber desarrollado una agenda de negociaciones comerciales externas muy poco ambiciosa para lo cual, por otra parte, podrían encontrarse muy buenas razones. El principal problema es el fracaso en construir un espacio económico ampliado, precondición para que una política comercial común tenga sentido para los socios. El foco que se ha puesto en la política comercial común en las últimas semanas oculta el principal problema del Mercosur: la ausencia de progresos en la agenda interna”. (pág. 2) La forma de enfrentar la pandemia del COVID-19 enfrento nuevamente a los miembros del bloque: el escepticismo del gobierno brasileño y la insistencia en la normalización de la vida económica negaba la gravedad de la propagación del virus, declaraciones de racismo y homofobia, cierre de fronteras y restricciones en la movilidad de las persones así como la decisión de no participar en las reuniones virtuales del bloque en un Brasil que se encuentra inmerso también en una gran crisis política interna. Al rechazo de Argentina se sumaron otros países aislando a Brasil de los espacios institucionales regionales, al ser considerado como un riesgo para la región debido al incremento de infectados y fallecidos por el virus en ese pais. En suma, el Mercosur no logro consolidar los objetivos de construir una unión aduanera y una agenda común externa, en tanto que la convergencia política y el espacio de desarrollo compartido entre los socios se constituyo más una retórica que en realidad, situaciones que se profundizaron con el cambio de ciclo político en América Latina (Caetano, 2019). Sin duda la inesperada pandemia cambió radicalmente el contexto e impuso nuevas/otras prioridades en la agenda regional con la ﬁnalidad de atenuar sus efectos económicos y sociales. – 313 – El Mercosur busca a Europa en momentos de crisis El Informe sobre Comercio y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas (UNCTAD) en el 2007 señalaba que: “Un país en desarrollo puede verse tentado a concertar un acuerdo bilateral con un país desarrollado porque espera obtener ciertas concesiones que no se hacen a otros países, particularmente un mayor acceso de sus productos a ese mercado. Pero también existen desventajas potenciales entre ellas, cabe mencionar la considerable liberalización de la inversión extranjera y las compras del sector público, las nuevas normas sobre determinados aspectos de la política de competencia, las normas más estrictas sobre los derechos de propiedad intelectual, y la incorporación de normas laborales y ambientales. Por otra parte, la mayoría de los acuerdos de libre comercio obligan a los países en desarrollo a una liberalización mucho más amplia y profunda del comercio de bienes” (2007, pág. 62). En el marco de una crisis terminal como bloque y después de más de 20 años de costosas reuniones en junio de 2019 concluían las negociaciones para la creación de una asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) considerada una de las alianzas más importantes del mundo. Para el Mercosur, la UE representa un mercado masivo con más de 500 millones de habitantes. El acuerdo bilateral permitirá que algunos de sus productos ingresen al mercado europeo con un arancel del 0% y otros bienes mediante una cuota de acceso preferencial ( Ghiotto y Echaide, 2020). El acuerdo contempla la eliminación de restricciones al comercio de la mayoría de los sectores productivos de ambos bloques, se incorporan temas de “comercio de servicios, propiedad intelectual, facilitación de comercio, compras públicas, desarrollo sostenible, pequeñas y medianas empresas. Se pretende además brindar certidumbre legal, incluir fondos para la ciencia y el desarrollo de nuevas tecnologías, mejorar el clima de negocios y hacer del Mercosur un espacio atrayente para la Inversión Extranjera Directa de los países de la UE (BID, 2019b)”. Asimismo el acuerdo apertura para la Unión Europea el acceso comercial a la región más desarrollada de América del Sur. Según el BID (2019b), a partir de la entrada en vigor del acuerdo, la UE asume el compromiso de liberar (con tiempos más cortos) el 92% – 314 – de las importaciones procedentes del Mercosur, en tanto que el bloque Latinoamericano su liberación será de manera gradual sobre el 91% de las importaciones europeas. Con estos plazos de desgravación el acuerdo bilateral pretende considerar las heterogeneidades estructurales entre ambas las regiones. Si bien un acuerdo bilateral puede ampliar el comercio y convertirse en una importante oportunidad, los riesgos para los socios menores puede implicar la ampliación de las relaciones comerciales asimétricas: en general la UE tiene un mayor grado de industrialización y complementariedades de su estructura productiva, en tanto que el Mercosur está especializado en la producción de productos primarios “ con niveles más bajos de intercambio comercial intrabloque” (BID, 2019b) “El Mercosur se ha especializado en la producción y exportación de productos agrícolas, mientras que la UE exporta hacia el Mercosur productos con contenido tecnológico medio y alto (…) Por otro lado, el Mercosur exportó hacia la UE productos primarios y productos procesados basados en materias primas (…) El porcentaje de bienes con contenido tecnológico medio y alto en la canasta de exportación del bloque Mercosur es bajo. Esto es evidente cuando se compara con las exportaciones de la UE al Mercosur (…) la UE vende solo el 1,3% de sus exportaciones al Mercosur, para el bloque del Sur, la importancia del socio comercial europeo es más importante: casi el 21% de sus exportaciones van a la UE “ (Ghiotto y Echaide, 2020, págs. 19-20). El acuerdo contempla dos niveles: el primero que abarca temas de diálogo político, compromisos y posiciones comunes en los problemas de democracia, derechos humanos, medio ambiente, lucha contra el tráﬁco de drogas, el terrorismo y lavado de dinero, etc. Un segundo nivel que contempla temas comerciales en relación al intercambio de bienes, servicios e inversiones entre ambos bloques BID; 2019b). Considerado como un acuerdo de vanguardia contiene dimensiones que abarca tanto bienes como disciplinas, los cuales se encuentran en concordancia con las tendencias internacionales, los contenidos de cada una de las dimensiones se muestran en la siguiente tabla: – 315 – Tabla 2 Bienes y Disciplinas del Acuerdo Comercial del Mercado Común del Sur y la Unión Europea Bienes • • • • • Acceso a mercados (oferta y demanda) Reglas de origen Medidas sanitarias y ﬁtosanitarias Obstáculos técnicos al comercio Defensa comercial. Disciplinas • • • • • • • • • • Compras publicas Empresas del Estado Subsidios Propiedad intelectual Aduanas y facilitación del comercio Solución de controversias Defensa de la competencia Desarrollo Sustentable Pequeñas y medianas empresas Cooperación Fuente: Acuerdo de Asociación Mercosur - Unión Europea (2019) De acuerdo con Ghiotto y Echaide (2020) uno de los sectores más afectados con el acuerdo será el sector automotriz particularmente en la red de creación de empleos entre Argentina y Brasil poniendo en riego casi 32.000 empleos y un 28% de la fuerza laboral Argentina. “El arancel del 35% en el Mercosur ha permitido a las empresas ubicadas en Argentina producir casi por completo para ese mercado: el 70% de su producción se destina a Brasil. Por lo tanto, el acuerdo reduciría el mercado brasileño para las autopartes argentinas (pág. 35). Por otro lado, los promotores del acuerdo sostienen que una mayor apertura comercial puede incidir favorablemente en la competitividad internacional de Brasil y Argentina tanto en la fabricación de partes para automóviles como en la fabricación de automóviles. – 316 – Los TLC no son nuevos en América Latina así como tampoco es nuevo la experiencia de resistencia frente a estos acuerdos sobre todo por “las implicaciones que tienen en el empeoramiento de la calidad de vida de las grandes mayorías en el continente, así como la reducción de derechos laborales y sociales adquiridos” (Ghiotto y Echaide, 2020, pág. 20). La UNCTAD señalaba ya en 2007 algunos de los modus operandi de los tratados de libre comercio y las implicaciones para los países en vías de desarrollo en tres temas que se ubican en los bienes y disciplinas del Acuerdo Comercial del Mercado Común del Sur y la Unión Europea: • El acceso a mercados de bienes y las compras del sector público puede ser efímero señalaba el organismo ya que los países en desarrollo `pierden sus espacios políticos debido a la incidencia en cuanto a las decisiones que debiera tomar el sector público. • La ﬁrma de tratados de libre comercio reduce la deﬁnición de políticas de restricción hacia la Inversión Extranjera Directa, por lo que los efectos de esta inversión no se reﬂejan en los países en vías de desarrollo. • En cuanto a los derechos de propiedad intelectual, los acuerdos de libre comercio coartan la posibilidad de que los gobiernos establezcan sus propios criterios de patentabilidad o actúen con ﬂexibilidad en otros casos, como cuando exigen licencias obligatorias, como instrumento de política.(UNCTAD,2007). En el contexto del libre comercio la competencia es entendida como un concepto estrechamente relacionado con el acceso al mercado, lo cual otorga a las empresas extranjeras, a sus productos y servicios el derecho a competir libremente con las ﬁrmas nacionales obligando a las micro y pequeñas empresas, “competir” al mismo nivel que las “grandes” empresas o empresas transnacionales, las cuales está dotadas de tecnología de punta, acceso fácil al ﬁnanciamiento y apoyo mercadotécnico a sus redes de comercialización, etc. El Acuerdo de Asociación Mercosur– Unión Europea es solo la conﬁrmación del cambio de orientación del bloque de un Mercosur sin socios y la derecha reinante aunque el futuro del acuerdo aún no está deﬁnido ni se ha concretado y solo se encuentra en la etapa de revisión técnica y jurídica, de “revisión completa”. – 317 – Para concluir De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), América es el nuevo “epicentro” de la pandemia, de una crisis sanitaria económica y social sin horizontes posibles. Los países más golpeados por el virus en la región son: Brasil, que hasta la fecha ha registrado más de 50217 personas fallecidas; México, con 23,377 personas que han perdido la batalla contra el virus; Perú con más de 8,045 fallecidos y Ecuador y Chile con más de 4,000 muertos. El COVID-19 se ha extendido rápidamente a los 54 países de América Latina y el Caribe. Por su parte, Estados Unidos hasta la fecha registra 119,716 muertes y son más de 469,587 las personas que han fallecido alrededor de todo el mundo. “La pandemia impacta a las economías de América Latina y el Caribe a través de factores externos e internos cuyo efecto conjunto conducirá a la peor contracción de la actividad económica que la región haya sufrido desde que se iniciaron los registros, en 1900” (CEPAL, 2020, pág. 5). Este escenario dramático se ha sumado al caos civilizatorio que vive el sistema mundo capitalista, desnudando una vez más no solo la precariedad de los sistemas de salud y el utilitarismo de las políticas económicas, sino que ha ahondado en las terribles desigualdades económicas y sociales, donde el acceso a la salud sigue siendo el privilegio de unos cuantos y donde las empresas, principalmente la industria farmacéutica, refuerza sus intereses económicos por encima de los intereses sociales. El impacto del COVID-19 en las economías de la región ha dejado de lado los escenarios positivos de recuperación proyectada del crecimiento, cambiando de manera radical el escenario de las actividades económicas e incluso de la acumulación de la riqueza. Debido a la gravedad de la crisis pandémica y los elevados costos humanos en una situación de parálisis de la economía se “redescubre” la importancia de la intervención del Estado, que ha sido el responsable en dar respuesta y deﬁnir políticas económicas y de salud para sostener los ingresos, mitigar la propagación del virus y la profunda crisis. Los escenarios son pesimistas, el incremento de la tasa de desempleo, profundización de la desigualdad de género, aislamiento social, hacinamientos, polarización politica y aproximadamente 30 millones más de pobres en un horizonte que no vislumbra recuperación en el corto plazo. – 318 – A este contexto se debe agregar la caída de la actividad económica mundial y su deteriorado funcionamiento, de manera particular los Estados Unidos, una conﬂictuada Europa y el desplome de la demanda China que ha reducido las exportaciones regionales a este país en 2020 25%. En la región existen sectores productivos de países insertos en cadenas globales de valor en las que el país asiático juega un rol fundamental. “Los países más expuestos son la Argentina, el Brasil, Chile y el Perú” (CEPAL; 2020b, pág. 9), los mayores exportadores de productos como mineral de hierro, mineral de cobre, zinc, aluminio, soja, aceite de soja a China. De acuerdo con Milanović (2019), la crisis de la economía mundial es de larga data. Para, él, sus orígenes se remontan “más allá de la debacle ﬁnanciera de 2008 y del malestar creado por la globalización. Es probable que su origen sea el éxito impresionante y algo inesperado de la introducción de relaciones capitalistas en todos los ámbitos de la vida, incluidas nuestras vidas privadas y, signiﬁcativamente, la política” (pág. 1). El impacto sobre el comercio en América Latina y el Caribe se reﬂeja en términos de volumen y precio, en especial las materias primas, las cuales tienen una mayor vulnerabilidad a la disminución de sus precios. En este nuevo panorama, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020b), el valor de las exportaciones de la región va a caer en un 15%, acompañados de una reducción de los precios del 8,8% y una contracción del volumen del 6%, como resultado de la aguda contracción de la demanda mundial. “Según el informe Panorama económico mundial del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento a nivel global se verá gravemente afectado, pasando de una cifra de 2% en 2019 a un –3% en 2020, con un promedio de un –6% en las economías de alto ingreso y –5% para el conjunto de América Latina y el Caribe. Asimismo, según el Banco Interamericano de Desarrollo la COVID-19 puede generar una pérdida de hasta 17 millones de empleos formales en la región” (BID, 2020, pág. 5). En lo que respecta a los ﬂujos de remesas, la caída está siendo dramática, con efectos signiﬁcativos a la actividad económica pero principalmente para las familias. El Banco Mundial ha previsto la mayor caída de los ﬂujos de remesas tanto hacia América Latina y el Caribe como al mundo. De acuerdo con la CEPAL, entre 80% y 90% de las remesas son utilizadas para cubrir necesidades básicas de los hogares receptores como alimentación, salud y vivienda, por lo que su contracción impactará en el – 319 – consumo y la incidencia de la pobreza. Además, México y Centroamérica están expuestos a la contracción de la economía de los Estados Unidos principalmente a través la reducción de las remesas de los migrantes. En el caso de México se agrega la caída del precio del petróleo. “Se espera que los ﬂujos de remesas se reduzcan en todas las regiones en las que trabaja el Grupo Banco Mundial: la caída más pronunciada se observará en Europa y Asia central (27,5%), seguida de África al sur del Sahara (23,1%), Asia meridional (22,1%), Oriente Medio y Norte de África (19,6%), América Latina y el Caribe (19,3%) y Asia oriental y el Pacíﬁco (13%)” (BM, 2020, pág. 1). Aunado a esta situación, el crecimiento del endeudamiento global y la reactivación del dispositivo de deuda en América Latina y el Caribe, a través de los préstamos otorgados por los organismos ﬁnancieros internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional que con la garantía de los Estados Unidos ejercerá una vez más el control económico y político contra la región. “El Fondo Monetario Internacional ha aprobado 14.780 millones de dólares a 13 de los 17 países de la región, que los habían solicitado para enfrentar la pandemia” (López, 2020, pág. 1). La pandemia ha acelerado los cambios que ya se encontraban en curso en la gepolítica mundial en las últimas décadas: el declive de la hegemonía del capitalismo de mercado norteamericano y la caída de su crecimiento además de la incapacidad del gobierno de Trump y su renuncia para llevar el liderazgo de control de la pandemia. El ascenso del capitalismo de Estado Chino, su nivel de adelanto cientíﬁco y tecnológico y el rol asumido en el control de la epidemia, su mayor presencia en el hemisferio Latinoamericano y la recuperación de su espacio económico como potencia global. Para ambos países, la crisis pandémica se ha transformado en un tema de seguridad. De igual manera ha tenido incidencia en las organizaciones multilaterales mundiales y regionales, en un contexto de parálisis de la arquitectura multilateral mundial, sobre todo del Sistema de las Naciones Unidas (Malacalza y Hirst, 2020). De los esquemas de integración que hoy sobreviven en la región ha sido la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) bajo la Presidencia Pro Témpore de México la que ha propuesto una serie de acciones para hacer frente a la pandemia y sus efectos. Entre enero y febrero de 2020, se llevaron a cabo dos encuentros de Especialistas para – 320 – el Monitoreo del virus. En marzo, México convoco a la Reunión Ministerial Virtual sobre Asuntos de Salud para la Atención y el Seguimiento de la Pandemia COVID-19 en América Latina y el Caribe que contó con la participación de representantes de salud de 30 países miembros y distintos organismos internacionales como la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Organización Panamericana de Salud (OPS) y el Ministerio de Salud China. En dicha reunión la CEPAL se comprometió a solicitud de México presentar un Informe detallado sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad COVID-19. El 18 de marzo de este año, en el marco de una reunión virtual convocada por la Presidencia Pro Témpore paraguaya del Mercosur, a la que asistieron los representantes de Brasil, Uruguay y Argentina, los participantes deciden establecer “medidas de prevención y contención” para reducir la diseminación del virus y deﬁnir planes estratégicos de respuesta a las situaciones producidas “por la circulación de personas y bienes, el tránsito y el transporte, la producción y el comercio, la economía y las ﬁnanzas públicas” así como “generar espacios de concertación regional multisectoriales, que aborden esta problemática con perspectiva estratégica y solidaria”. Decisiones que fueron sistematizadas en la Declaración de los Presidentes del Mercosur sobre Coordinación Regional para la contención y mitigación del Coronavirus y su impacto. Un mes después de la reunión virtual, Argentina anuncia a los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común la decisión de abandonar su participación en las negociaciones de los acuerdos comerciales del Mercosur, exceptuando los acuerdos ya realizados tanto con la Unión Europea como con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Este escenario de crisis socioeconómica pandémica ha rebasado por completo los distintos esquemas de integración, las alianzas de las Américas se han desvanecido ante la ausencia de instancias que respondan a la crisis que se vive en la región. Por el contrario, los países han puesto de maniﬁesto la falta de solidaridad y la incapacidad de promover un sistema de integración latinoamericana con sustento jurídico y con razón de Estado. Estados Unidos se ha encargado de sembrar discordia entre los países mediante sus acuerdos bilaterales, sus condicionamientos y coincidencias políticas. De igual manera el neoliberalismo sigue marcando la época en que vive el sistema mundo y eso no ha cambiado, el posneoliberalismo es solo un – 321 – imaginario en un capitalismo que siempre se expande en una fragmentada región con ricas oligarquías y pueblos que viven en niveles inimaginables de pobreza. La integración Latinoamericana continúa siendo una aspiración, como señala Sanahuja (2016) existen no solo diferencias ideológicas entre los presidentes de los países, sino que también las diferencias se maniﬁestan en la estructura productiva y las exportaciones y los diferentes intereses de las relaciones económicas externas de la región ante la ausencia clara de liderazgos. Quizá algún día la integración llegue a ser una necesidad porque siempre es posible pensar en un espacio de unidad sin fronteras y de cooperación regional. – 322 – Referencias Bibliográﬁcas Asociación Latinoamericana de Integración ALADI (2018) Informe Del Comercio de bienes del Paraguay: 2012-2017. 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Caracas: Fundación para la Cultura y las Artes. – 327 – TRAYECTORIA Y TENDENCIAS EN LA ECONOMÍA ILÍCITA DE LAS DROGAS EN MÉXICO (1940-2020) Juan Antonio Fernández Velázquez Introducción En este capítulo se analiza a través de un recorrido histórico, la trayectoria y tendencias en la economía ilícita de las drogas en México, como una alternativa de análisis para entender el escenario actual en el mercado de las drogas, partiendo desde lo global a lo local en el contexto latinoamericano, esto nos permite observar el comportamiento del mercado de la heroína mexicana y su impacto en los consumidores estadounidenses. Asimismo se abordan los contrastes y afectaciones que provoca a los campesinos sembradores de mariguana mexicana, la apertura del mercado interno de mariguana medicinal en Estados Unidos. En el caso mexicano, el cultivo de enervantes signiﬁca para los campesinos una actividad de subsistencia, situación que prevalece desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. En este contexto, ante la reducción de la demanda de mariguana procedente de México en los mercados de destino, los cultivadores mexicanos buscaron estrategias para obtener ganancias, estableciendo nuevas rutas hacia el sur de país con la posibilidad de ampliar la oferta a otros consumidores. Otro de los factores que provoca, en este caso la reducción de la demanda del opio mexicano y su procesamiento en heroína, es la llegada del fentanilo al mercado estadounidense. La utilización de sustancias químicas que sustituyen el opioide natural por uno de origen sintético, posibilita – 329 – su producción a bajo costo y a mayor escala, lo que reduce igualmente su precio ﬁnal en el mercado facilitando el acceso a mayor número de consumidores. Finalmente, se reﬂexiona acerca del impacto de la pandemia Covid-19 en la producción y comercialización de las drogas. La producción de opio en México. Un balance de su historia (1940-1970) La adormidera o amapola, planta originaria de Asia Menor, se produce en terrenos ubicados entre los 500 y 2000 metros de altura, resistente a las heladas, pero vulnerable a las sequias, posee unas ﬂores de cuyo fruto o cápsula se extrae un líquido de propiedades farmacológicas muy deﬁnidas: la incisión de las cápsulas permite el ﬂujo de un látex blanco lechoso, compuesto conocido también como pasta de opio que al oxidarse adquiere un color oscuro; se considera que cada mata de adormidera es capaz de producir aproximadamente cinco gramos de opio1 bruto y que el rendimiento por hectárea, cuando es buena cosecha, ﬂuctúa entre los veinte y los cuarenta kilos; en una excelente cosecha hasta sesenta kilos. El cultivo de goma de opio exige un delicado trabajo de recolección. La planta logra una altura de 60 u 80 centímetros y produce una ﬂor de variados colores, que van desde el blanco hasta el morado, pasando por el rosado y siendo los más comunes el rojo y anaranjado. Los cultivadores utilizan como referencia para recoger el opio crudo o látex el desprendimiento de los pétalos de las ﬂores. La recolección se realiza mediante incisiones efectuadas en los bulbos de la ﬂor, lo que permite que brote un jugo lechoso; esta operación se lleva a cabo por la tarde, buscando que durante la noche el látex tome consistencia para ser “raspado” y “ordeñado” por la mañana (Betancourt y García, 1994: 235-236) Posterior a la recolección y como resultante de procesos químicos elaborados en rústicos laboratorios muchas veces enclavados en las inmediaciones de la sierra, la morﬁna base es lograda a partir del opio bruto me1 Narcótico que resulta de la desecación del látex (mancha o jugo) y se obtiene mediante incisiones aplicadas a las cápsulas o bulbos de la planta. El opio crudo o jugo de adormidera es amorfo, de color opaco, moreno, amargo, de fuerte olor picante y dulzón; contiene varios alcaloides, de los cuales los más importantes son: morﬁna, codeína, papaverina, tabarina, narcotina, y narceína. – 330 – diante un proceso de cocido, crudo, ﬁltrado o por ebullición y precipitación, así con el ﬁn de separar los elementos vegetales de los dos alcaloides que se pretende aislar, morﬁna y codeína, sin dejar de hervir se calienta una mezcla de opio y agua, que una vez sometida a la acción de cal se precipita y después, por ﬁltración y adición de cloruro de amonio, libera la morﬁna base a manera de polvo cristalizado color café de cuyo extracto se obtiene la heroína, misma que después de someterla a procesos químicos se presenta como un polvo blancuzco, cristalino y amargo soluble en alcohol (Ibid, pp. 211-212). La heroína rinde mucho. De un kilo de droga pura se pueden obtener sesenta mil ampolletas. Con muy pocas ampolletas se puede crear la adicción de una persona, de ahí el nombre de droga reina para los traﬁcantes y el pavor de la heroína como adictivo narcótico (Dornbierer, 1991: 178). A la morﬁna después tienes que aplicarle anhídrido acético, tienes que saber hasta que agarra consistencia, combinas ácido clorhídrico y anhídrido acético. Con el tiempo ya no fue la morﬁna la que tuvo demanda; le inventaron otro giro, empezó a desarrollarse la heroína. Yo me dediqué a fabricarla, cobraba quinientos pesos por kilo procesado (Peñuelas, entrevista, 2014). En el caso de México, la historia del opio se remonta a la segunda mitad del Siglo XIX, cuando el cultivo de amapola fue impulsado principalmente por dos factores externos interrelacionados: uno, la demanda de morﬁna que había crecido en los Estados Unidos debido a la Guerra Civil; y otro, resultado de las primeras inmigraciones de trabajadores chinos, que llegaron como mano de obra para la construcción del ferrocarril en el Noroeste del país y aportaron las primeras técnicas de cultivo. Existen múltiples testimonios de consumo de opio entre estas comunidades, principalmente fumado, pero lo cierto es que la producción nacional a gran escala estuvo vinculada siempre al mercado norteamericano, especialmente en épocas de conﬂictos armados a gran escala, como las dos grandes guerras mundiales del siglo XX. En México, en la primera mitad del siglo XX, comienzan ya a existir registros de un consumo nacional, que sirvió como excusa para discriminar a las poblaciones que lo llevaban a cabo: chinos y mexicanos, que habían caído en las “garras de la adicción”. Su nombre cientíﬁco es diacetilmorﬁna y se aisló por primera vez en 1883. En los primeros momentos se utilizó como sustitutivo de la mor– 331 – ﬁna y como fármaco para enfermedades de las vías respiratorias. Bayer la comercializó hasta 1931, año en que se retiró del mercado legal. En la actualidad es considerada una de las drogas de abuso más potente y su uso terapéutico es muy limitado. Solo se usa en casos muy severos al tratarse del analgésico más potente que existe. La morﬁna se utiliza en medicina para calmar el dolor y la codeína para calmar la tos. La heroína se presenta sin reﬁnar o reﬁnada. Sin reﬁnar es un polvo granulado color canela; ya reﬁnada es un polvo blanco (o amarronado), ﬁno y cristalino. Su pureza depende de múltiples variables (número de intermediarios, vendedor, etc.). Habitualmente se mezcla con cafeína, lactosa, piracetam, paracetamol, morﬁna, lidocaína, procaína, quinina, estricnina, etc. (Dornbierer, 1991: 182). La escasez de productos derivados del opio durante la Segunda Guerra Mundial provocó el incremento de cultivo de opio en México. Durante los años cuarenta, especialmente en el estado de Sinaloa –al noroeste del país– su región alteña se consolida como la de mayor cultivo de adormidera y tráﬁco de opio. Es de destacarse la cantidad de municipios mencionados en las notas de prensa referentes a la destrucción de plantíos: Badiraguato, Culiacán, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Cosalá, Choix y San Ignacio. Las áreas destruidas en ocasiones llegan hasta las cien hectáreas. La adormidera se utilizó como medicamento para aliviar dolores e insomnios y como una planta de ornato en los jardines particulares y plazas públicas de Culiacán, Sinaloa (México). Las autoridades anuncian destrucciones de plantíos en la región alteña, por ejemplo, catorce hectáreas en El Encinal, sindicatura de Tepuche a pocos kilómetros de Culiacán (1951) y cinco hectáreas en El Divisadero, cerca de Altamura (1958), también en Sinaloa. En 1952, el opio decomisado en gramos, algunos kilos o en cantidades mayores no pasa de doscientos kilos (Astorga, 2005: 59 y 92). Los precios del opio, la heroína y la morﬁna, varían según el lugar de producción y el año. Hacia 1950, el salario de un sembrador de amapola era de cuatro pesos diarios, el precio de venta del kilo de goma en la sierra de Badiraguato se estimaba entre doscientos y trescientos pesos, una vez trasladado a Culiacán llegaba a costar alrededor de mil a mil doscientos pesos (Leyva, entrevista, 2013). Desde la Segunda Guerra Mundial y en razón de los requerimientos de comercialización de enervantes, ligados a las diﬁcultades de comercialización desde Asia; México impulsa la producción de opio y mariguana – 332 – situándose el estado de Sinaloa como principal productor. La ilegalidad del producto es entonces lo que provocaba cuantiosas ganancias a las redes de la droga; la presencia de las autoridades estadounidenses en Sinaloa era una constante si se trataba del tema antidroga, así lo expresaban las fuentes oﬁciales de la época. En la campaña que se trata ha intervenido el jefe de la policía de narcóticos del departamento de salubridad pública y un enviado de la Embajada Americana. Es la primera vez que en el estado se ejecuta una campaña de esta naturaleza y ya se tiene elaborado un plan para acabar de raíz con el comercio de la adormidera, tan perjudicial como ilícito (Loaiza Rodolfo, Informe de Gobierno, 1942). En 1947 se crea la Dirección Federal de Seguridad con atribuciones legales para intervenir en el asunto del combate antidroga, es entonces cuando el adicto o toxicómano es considerado delincuente, pues el tema de las drogas se convertía en asunto de seguridad nacional. La política de reducción de la oferta en materia de drogas ilícitas sigue la lógica de evitar estratégicamente la disponibilidad de drogas en el mercado y, por tanto, hacer cada vez más difícil las condiciones para el acceso a sustancias a quienes demandan su uso, con esto se buscan múltiples efectos, principalmente en los dos niveles de circuito ilegal de drogas: producción y distribución. Dentro de esta política están los presupuestos oﬁciales destinados al combate antidroga, presentándose en cantidades muy dispares. Por ejemplo, mientras que para 1943 el monto era de 15.000 pesos, en 1959 alcanzó los 89.000 pesos (Loaiza Rodolfo, informe de Gobierno, 1943 y Leyva Velázquez, Gabriel, informe de Gobierno, 1959). Desde el punto de vista oﬁcial, el objetivo de la reducción de la oferta es restringir la disponibilidad del uso ilícito de drogas obstaculizando el acceso, incrementando el costo y los riesgos para poseer y vender la droga. Los esfuerzos para la reducción de la oferta buscan interrumpir la cadena que va desde la producción a la distribución a través de la sustitución y erradicación de cultivos, intercepción de cargamentos ilícitos, arresto y encarcelamiento de los traﬁcantes, aprehensión y conﬁscación de los equipos que utilizan y ﬁscalización de las redes que requieren para el tráﬁco. Al disminuir las sustancias que se comercializan, junto con las acciones de prohibición y por tanto de represión de la demanda, se tiene como re– 333 – sultado un efecto disuasivo que se complementa económicamente con un alza de precios, de tal manera que Todos los programas dirigidos a los países productores, tal como la erradicación de cultivos, fueron insigniﬁcantes para garantizar una reducción de consumo en el largo plazo. Incluso si los gobiernos de los países de la oferta estuviesen en capacidad de generar condiciones locales de infraestructura y servicios como supuesto de la erradicación de cultivos, esto no afectaría la oferta de materia prima que demandan los laboratorios de procesamiento (Vargas Meza, 1999: 3-12). En 1967 el precio de un kilo de goma en Culiacán estimaba entre los dos mil y tres mil pesos, dependiendo la calidad del producto (Nacaveva, 1967); mientras que una década más tarde (1977), la goma producida y puesta en venta por los cultivadores costaba de dos mil a dos mil quinientos pesos, precio que aumentaba considerablemente en la capital del estado, costando hasta diez mil pesos el kilo (El Diario de Culiacán, 1977 p.7). Para ilustrar un poco más respecto a los precios de la droga, en la región alteña, agregamos este testimonio. Un pedazo eran veinticinco gramos [De heroína] o una onza [28 gramos], que en Culiacán llegó a valer ocho mil dorales [en 1975]. En Estados Unidos, una onza llegó a valer catorce mil dólares. Como hubo mucha producción en México empezó a bajar el precio a diez o a doce, mientras que un kilo de heroína costaba trecientos veinte mil dólares (Peñuelas, entrevista, 2014). Hacia 1975, Sinaloa consolidó su condición de importante productor mundial y principal abastecedor de heroína para E.U., alcanzando porcentajes de participación en ese mercado de 38% en 1972 a 70% en 1976. Su importancia como abastecedor de los dos psicoactivos, amapola y mariguana se asocia a las tendencias de demanda presentada en Estados Unidos. Simultáneamente y gracias a la demanda impulsada en los periodos de la segunda posguerra y la Guerra de Vietnam, Sinaloa se convertiría en un importante abastecedor de mariguana. De este modo, al decaer otras regiones del país como fuentes de suministro, durante la primera mitad de la década de los setenta, consolida una oferta diversiﬁcada para un mercado en auge estimulado a su favor por la reposición de la oferta mundial (Vargas-Meza, 1999: 15-16). – 334 – Se inició un periodo de presión por parte de representantes de diferentes agencias e instancias de decisión de Washington, que incluyó al Congreso. En 1975 el congresista Charles Rangel visita Sinaloa y se pronuncia a favor de una fumigación a gran escala para garantizar un impacto sobre las dimensiones que habían adquirido los cultivos. Para garantizar la colaboración de las autoridades mexicanas se utilizó como mecanismo de chantaje, eventuales sanciones económicas y la amenaza de publicar la lista de personalidades de ascendencia política en México comprometidas con el tráﬁco de drogas. La cooperación bilateral en el tema de las drogas tuvo como uno de sus escenarios, la detección y destrucción de cultivos de mariguana más que la persecución de narcotraﬁcantes o la intercepción directa del ﬂujo internacional de narcóticos desde el territorio mexicano. Después del estadio del cultivo y del primer procesamiento artesanal, cada etapa de producción y cada transacción en el mundo del narcotráﬁco incluyen ciertos riesgos que van aumentando al igual que el precio de la mercancía en la medida en que el opioide se acerca al país de destino. Un mercado ilegal nace cuando existe una demanda efectiva y potencial insatisfecha de bienes y servicios, cuyos usos o prácticas han sido prohibidos. Sin embargo, para hacerse efectivo debe haber una serie de actores que, a pesar de las sanciones impuestas por una sociedad que castiga la producción y comercialización de estos productos ilegales, se atreve a evadir las leyes y los controles estatales para dominar y manejar este mercado. Este se deﬁne como un lugar y un principio, en cuyo ámbito se desarrolla un intercambio continuo de bienes y servicios cuya producción, mercadeo y consumo hayan sido prohibidos o se encuentren subyugados a severas restricciones legales en la mayoría de los Estados y/o a las normas de vigilancia internacional. La droga es una mercancía que satisface cierto tipo de necesidades y que por tanto representa un valor (Sarmiento y Krauthausen, 1993). Tanto en el núcleo de la empresa ilegal como en la interacción en el mercado, las relaciones de amistad pueden adquirir una importancia similar a las de parentesco. Los núcleos conformados de la empresa ilegal o “clanes” pueden ser entendidos como uniones reguladas por relaciones de solidaridad orgánica entre sus miembros y parecidos a un grupo de parentesco natural, pese a que también puedan incluir relaciones de fuerza – 335 – por el parentesco. El clan es entonces una forma de comunidad donde la lealtad adquiere vital importancia. Por tanto, para entender la transnacionalización de la economía ilegal centrada en las drogas, así como las respuestas que se han implementado para detenerla, es necesario vincular el narcotráﬁco con la transformación de los Estados y los mercados en territorios especíﬁcos donde se produce y procesa droga. Cómo se han conformado históricamente estos territorios y qué procesos anteceden y preceden al narcotráﬁco como forma dominante en las economías regionales (Maldonado, 2010). Las condiciones históricas en las que la región se ha vinculado con el comercio de opio tienen relación con el surgimiento de espacios propicios para la siembra y cultivo, en los que intervienen elementos geográﬁcos, pero también construcciones simbólicas en cuanto al entramado de redes criminales basadas en códigos o reglamentos especíﬁcos que son válidos dentro de un grupo o clan en particular. El surgimiento de estas reglas, al margen de aquellas consideradas legitimas por el Estado, daba cuenta del desarrollo de fuerzas externas a partir de actividades económicas ilegales. En el caso del noroeste de México, particularmente Los Altos de Sinaloa, la economía del opio, en este caso, nos referimos a la siembra, procesamiento y tráﬁco de los derivados de amapola, se convirtió en una actividad de subsistencia para aquellos miembros de los clanes dedicados al cultivo y extracción de droga, principalmente habitantes de las comunidades serranas productoras, el resto de los integrantes de las redes se dedicaban a la intermediación y tráﬁco del producto. Vinculadas sus tierras a las laderas, las faldas y las mismas cumbres de las montañas de la Sierra Madre Occidental, en estas tierras sinaloenses han crecido y madurado formas y mecanismos transgresivos, que a su vez han llegado a construir, al paso de la historia, pautas y normas de sobrevivencia, de vida y de comportamiento. Algunos de estos poblados han adquirido renombre con el quehacer de la industria de los estupefacientes. En la sierra, las poblaciones y rancherías se encuentran distantes entre sí, con caminos y veredas que permiten apenas una muy lenta y difícil comunicación terrestre. En ciertas regiones como la que es nuestro objeto de estudio –región serrana–, la diﬁcultad existente en cuanto al acceso a dichas tierras era muy común, solo podía accederse a este territorio vía terrestre ya fuera en tranvía, a lomo de burro, mula, caballo o vía aérea, en el menor de los casos. (Olea, 1988; Córdova, 2011). – 336 – Las condiciones geográﬁcas y espaciales de un territorio posibilitan el desarrollo de actividades productivas, pero también ilegales; a su vez, esto puede representar una forma en que los individuos interactúan y establecen relaciones sociales a partir de una identiﬁcación regional; esto en cuanto a formas en que el espacio regional se vincula con el quehacer de sus pobladores, especíﬁcamente aquellos que se dedican a la siembra de amapola y mariguana como parte de estas redes de economía ilegal. Los vínculos sanguíneos, comerciales y vecinales establecen redes clandestinas en la región. Las relaciones familiares y de compadrazgo son un mecanismo utilizado por quienes se dedican a la actividad del enervante en afán de preservar intereses comunes que involucran el mercado de la droga. Estas relaciones comerciales implican también un elemento ligado a la cultura y el arraigo y pertenencia territoriales que supone una tradición de ilegalidad en la serranía sinaloense. El caso de México puede entenderse como un espacio económico, es decir, un conjunto de puntos sobre el cual se desarrollan –o más exactamente se despliegan e implementan las relaciones económicas–. Estas relaciones se miden con base a ﬂuctuaciones de oferta de insumos y compra de productos, y en las mismas son decisivas las funciones de precios y costos que marcan las distancias. La deﬁnición de espacios económicos se funda en el supuesto de que cada uno es un centro de atracción que tiene su propio campo de inﬂuencia, como una red de polos que concentran recursos económicos (Hiernaux y Lindon, 1993). Una empresa podría caracterizarse como una acción que busca la realización de determinados ﬁnes de un modo continuo. Esta característica es válida también para la empresa del narcotráﬁco desde la expectativa de la venta de sus mercancías, pasando por la búsqueda de impunidad, hasta llegar a la obtención de beneﬁcios con ﬁnes de corto, mediano y largo plazo. En este contexto, se tiene entonces una empresa ilegal, cuyo campo de acción es el mercado de drogas –amapola y mariguana–. La región serrana de Sinaloa es aquella donde se “espacializan” las relaciones económicas en torno al mercado de la droga, se trata de un sistema de intercambio a través del proceso de distribución, donde las interconexiones de la red son hilos que mantienen unida a la región (Van Young, 1991). – 337 – Quizá el enfoque analítico para ordenar esta complejidad consiste en una perspectiva de mercado. El comprender a los narcotraﬁcantes como empresarios que actúan en un mercado señado por la ilegalidad y la amenaza de la sanción estatal, nos permite cuestionarnos en torno a la estructuración de estas empresas ilegales, los recursos que se manejan, su interacción en el mercado y su solución al especiﬁco problema del orden dentro de la ilegalidad (Krauthausen, 1998:16). Así mismo, los integrantes de una empresa se escogen en función de vínculos familiares y de amistad. Este hecho no denota una irracionalidad empresarial, sino todo lo contrario, tan solo así los narcotraﬁcantes pueden preservar tanto su seguridad personal como la de su empresa, lo que obedece a una continua dinámica de transformación y reconstitución, determinada por la índole del mercado. Es decir por el nivel de represión, las expectativas de la demanda y el establecimiento de contactos y redes clandestinas. Esta empresa de mercado ilegal es entonces una sociedad que puede servirse también de vínculos afectivos para perseguir de manera continua y racional determinados ﬁnes (Sarmiento y Krauthausen, 1993). El opio mexicano en el mercado estadounidense. La epidemia de la heroína (1980-2016) En Estados Unidos se han vivido varios episodios de incremento drástico del consumo de opioides. La primera epidemia de este tipo se produjo poco después de la Guerra Civil (1861-1865), cuando muchos soldados habían desarrollado una dependencia a la morﬁna, se podía acceder con libertad a muchos medicamentos con componentes opiáceos y la “enfermedad del soldado” se había extendido por toda la sociedad. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, algunas ciudades como Chicago y Nueva York fueron testigo de una epidemia de heroína entre las comunidades afroamericanas y las subculturas del jazz y el beat, que alcanzó su punto máximo en 1949 y, después, empezó a estabilizarse. La siguiente epidemia de heroína se produjo a ﬁnales de la década de 1960, que adquirió “dimensiones de crisis” en unos pocos años, lo cual llevó al presidente Nixon a declarar la “guerra contra las drogas” en 1971. Se designó un Comité de Gabinete especial en materia de ﬁscalización internacional de estupefacientes, presidido por Henry Kissinger, al que – 338 – se le encomendó la tarea de “limitar y, en última instancia, eliminar, la corriente de estupefacientes ilegales y drogas peligrosas que entra en los Estados Unidos desde el exterior” (Ospina, Hernández-Tinajero y Jelsma, 2018, p. 27). En 1973, Nixon creó la DEA con el ﬁn de reunir a todos los organismos de aplicación de la ley para librar una guerra global. La campaña de Nixon es un buen ejemplo de cómo los Estados Unidos han malinterpretado, ignorado o tergiversado –quizá de manera intencionada– las tendencias de las cambiantes fuentes de suministro de heroína. Históricamente, los políticos estadounidenses han intentado externalizar las causas de los problemas relacionados con las drogas centrándose en “el otro”, en lugar de tratarlos como un asunto interno. El mercado de heroína en los Estados Unidos experimentó muchos cambios en el siglo XX, durante el que se produjeron diversas epidemias y variaciones en las fuentes de suministro. Turquía y el sudeste asiático desempeñaron un papel protagonista en el pasado, pero desde mediados de la década de 1990, es la heroína procedente de Latinoamérica la que domina el mercado, que se puede dividir en dos grandes regiones: una al este del río Misisipí –donde se consume sobre todo la heroína blanca en polvo producida en Colombia– y otra, al oeste de ese río –donde se consume más el alquitrán negro o marrón (también conocido como black tar o “goma”) producido en México–. Ahora, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) aﬁrma que los traﬁcantes mexicanos han expulsado en gran medida la heroína colombiana del mercado en el este del país. En la década de 1990 y al inicio del año 2000, una combinación de fuerzas que afectaron tanto la oferta como la demanda internacional de la droga revivió la producción mexicana de opio. En México, la implementación de políticas económicas “neoliberales” que ocasionaron la disminución de los subsidios agrícolas y el aumento de la competencia de precios –por la cancelación de los aranceles fronterizos de los productos agrícolas– afectó las economías rurales. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 solidiﬁcó la tendencia. Los pequeños agricultores mexicanos ya no podían competir con las importaciones baratas de alimentos estadounidenses y de otros países. Algunos emigraron a ciudades mexicanas, otros a Estados Unidos, y muchos de los que se quedaron – 339 – intentaron ganarse la vida con la última cosecha redituable: los narcóticos. Por ejemplo, en Guerrero, la producción de café se redujo en 88% entre 2003 y 2016. La gran mayoría del terreno antes usado para cultivar café se convirtió en tierra de cultivo de drogas (Le Cour Grandmaison, Morris, Smith, 2019). En 2015, el análisis realizado en las incautaciones de grandes volúmenes a través del programa de identiﬁcación de heroína de la DEA (HSP) atribuyó el origen del 93% del volumen total a México y, según el análisis de pequeñas compras en la calle efectuado por el Programa de Monitoreo Nacional de Heroína de la DEA (HDMP), la heroína colombiana prácticamente había desaparecido en las ciudades del este. Este cambio radical se correspondería con los cálculos de los Estados Unidos que estiman que la producción de heroína mexicana se triplicó entre 2013 y 2016 –de 26 a 81 toneladas métricas– y que el cultivo alcanzó su cota máxima en 2016, con un récord de 32 000 hectáreas (Ospina, Hernández y Jelsma, 2018, p. 26). Al principio, muchos campesinos se concentraron en producir marihuana para el mercado estadounidense. Pero para el inicio de la década del 2000, cambios en la demanda estadounidense provocaron cambios paralelos en el campo mexicano. En primer lugar, cuando la legislación estadounidense diﬁcultó considerablemente recetar opioides medicinales legales, los adictos a los opioides en Estados Unidos optaron por la heroína ilegal como alternativa de consumo. Eso generó un mercado potencial enorme para la heroína mexicana. En segundo lugar, los estados en E.U.A., empezando por Colorado y Washington en 2012, iniciaron el procesa para legalizar el uso recreativo de la marihuana. Al incrementar la cantidad de marihuana cultivada en Estados Unidos, bajó el precio de la marihuana mexicana de menor calidad y menos mejorada químicamente. En conjunto, estos cambios condujeron a los cultivadores y a las redes de tráﬁco hacia la explotación de la amapola. Las estadísticas de la Oﬁcina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, o UNODC por sus siglas en inglés) muestran muy claramente este crecimiento en la producción de opio. En 2000, la UNODC estimó que México producía 1 900 hectáreas de amapola, o 41 toneladas aproximadamente de opio en bruto. Para 2009 (el año después de que los subsidios al maíz se terminaran), las hectáreas dedicadas al opio se habían multiplicado por diez, alcanzando las 19,500, produciendo 425 toneladas de opio en bruto. Cinco años después, las plantaciones de opio cubrían – 340 – 26,000 hectáreas y México producía casi 500 toneladas de opio en bruto. Las estimaciones actuales son aún más altas. Aunque el gobierno mexicano se niega a aceptar estos números, el gobierno estadounidense aﬁrma que en 2016 el país tenía 32,000 hectáreas de producción de opio y 44,100 en 2017 (Le Cour Grandmaison, Morris, Smith, 2019). Mientras tanto, en 2017, el presidente de los Estados Unidos declaraba emergencia de salud en su país por el incremento de muertes por sobredosis de opiáceos. El cultivo de amapola y la producción de heroína no para en el noroeste de México, producción que después de su procesamiento tiene como destino Norteamérica. Se estima que en 2016 murieron 64 mil estadounidenses por sobredosis de heroína. De acuerdo a información proporcionada por la Oﬁcina Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el consumo de heroína en ciudades del vecino país del norte aumentó 70% en los últimos siete años, fechas que coinciden con los años que campesinos de Badiraguato empezaron a sembrar amapola en lugar de mariguana (Rìodoce, 30 de Octubre, 2017). Los contrastes en la producción de mariguana y amapola en las comunidades rurales de México (2016-2020) El negocio de la mariguana bajó considerablemente una vez que varios estados de la unión americana legalizaron el consumo del cannabis con ﬁnes recreativos, razón por la cual los campesinos dejaron de comprar la yerba, luego que los precios cayeron 70%. Esta cifra la precisa aún más un reporte de la Organización de las Naciones Unidas, que estima que en 2016, alrededor de 25 millones de personas consumieron opiáceos a nivel mundial. Ello habría elevado la producción de amapola para poder suplir la demanda de heroína en Estados Unidos, que de acuerdo a los precios en el mercado negro tiene un precio comercial de 47 mil dólares el kilo. Hace siete años la mota la compraba en mil 400 pesos, y ahora el kilo te lo pagan a 500, si bien te va, y por eso la gente mejor empezó a sembrar amapola. Un cocinero de heroína que radica en el municipio de Angostura (Sinaloa, México) indicó que “sí ha aumentado el jale (de producir heroína). Antes cocinaba unos 40 kilos al año, y casi no había jale, pero ahora ando cocinando – 341 – como unos 30 kilos al mes, de la morena y de la blanca”, observó el cocinero, reﬁriéndose a los dos tipos de heroína que llega al mercado estadunidense, la heroína blanca y la heroína negra, esta última de menor pureza. (Riodoce,30 de Octubre, 2017). En el reporte México, Monitoreo de Cultivos de Amapola, la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó la superﬁcie cultivada basándose en la interpretación visual de imágenes satelitales de alta resolución espacial y misiones de veriﬁcación de campo terrestre y aérea. La amapola se observó principalmente en la Sierra Madre Occidental, concentrada en el triángulo donde se encuentran Sinaloa, Chihuahua y Durango. También en el norte de Nayarit, Guerrero y Oaxaca, en la Sierra Madre del Sur. El cultivo de amapola en México aumentó 21% y superó las 30.000 hectáreas sembradas en 2017, lo que impulsó al país a ser el segundo productor mundial de opio, detrás de Afganistán y por delante Birmania, según un informe presentado por Naciones Unidas en Viena. Los datos de México hacen referencia al período comprendido entre julio de 2016 y junio de 2017, en el que en ese país se produjeron unas estimadas 586 toneladas de opio, unas 100 toneladas más que el año anterior. Con este aumento, México retoma la tendencia al alza que le había caracterizado en los últimos años hasta 2016, cuando la elaboración de esta sustancia estupefaciente disminuyó 3.4%. Estos datos quedan reﬂejados en el Informe Mundial sobre Drogas 2019 y difundido por la Oﬁcina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). El Gobierno mexicano está luchando contra la expansión de amapola y erradicó más de 29.000 hectáreas de este cultivo en 2017, lo que le convirtió en el país que más terreno eliminó ese año. La situación de México en 2017 contrasta con la caída en la producción que sufrieron tanto Afganistán (28,9%) como Birmania (5,5%) en 2018, los dos principales exportadores de opio. Estas variaciones provocaron que la producción global cayera 25% de 2017 a 2018, hasta alcanzar unas 7.800 toneladas, lo que rompió con dos décadas consecutivas de aumentos (Agencia EFE, 2017). En 2018 surgieron iniciativas y propuestas para despenalizar el cultivo de amapola con ﬁnes medicinales de parte del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado. La propuesta del Gobierno Federal es – 342 – de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dijo que el gobierno de la República sostiene pláticas con la Organización de la Naciones Unidas para la legalización. En el tema de la mariguana no tenemos problema alguno, podemos avanzar rápidamente; en la amapola sí tenemos que ir con Naciones Unidas, con la Agencia en Contra del Delito y las Drogas; tenemos que avanzar con ellos porque tienen una reglamentación concreta de la amapola, que hay que acatar y seguir de acuerdo con los lineamientos que establecen. Aclaró que la despenalización sería únicamente para el uso de la amapola con ﬁnes medicinales (Monjardín A. Ríodoce, 11 de Diciembre 2018). La propuesta presentada en 2018 buscaba impulsar el desarrollo de fármacos derivados de la amapola para ayudar a cubrir la demanda nacional de este tipo de paliativos y al mismo tiempo proteger a los campesinos y productores agrícolas que actualmente tienen su sustento en el cultivo de la amapola. La iniciativa plantea la autorización sanitaria a los ejidatarios rurales, sociedades rurales, pequeños productores agrícolas y cualquier persona física o moral. Mientras se legaliza, los cultivos localizados son destruidos. En 2015 se destruyeron 26 mil 426 ha, para 2016 fueron 22 mil 436 y para el 2017, 29 mil 692 (Monjardín A. Ríodoce, 11 de Diciembre 2018). La legalización de la marihuana en estados como California o Colorado ha provocado un aumento en los cultivos de adormidera a lo largo de todo México. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha registrado un considerable aumento del consumo de heroína, una sustancia derivada del opio, el principal mercado de drogas de procedencia mexicana, se ha incrementado también signiﬁcativamente. Los cárteles mexicanos sólo suministran 7% de la heroína a nivel mundial. No obstante, para el gobierno estadounidense, México supone el suministro principal de estupefacientes. La producción de adormidera se ha extendido por todo el país, sobre todo en zonas del norte como Nuevo León, Chihuahua o Sinaloa y en algunas del sur como Chiapas o Yucatán. Estas ﬂuctuaciones han convertido la adormidera en la droga más plantada en México, no sólo por la cada vez más generalizada plantación de opio, sino también por la reducción en los cultivos de marihuana. Otro estudio elaborado por el Instituto de Competitividad Mexicana sobre la legalización de las drogas en el país vecino indica que si Estados – 343 – Unidos permitiera la plantación de marihuana de alta calidad y con precios relativamente bajos, se reduciría drásticamente el ﬂujo de drogas ilícitas en la frontera con México, donde su calidad es peor y su precio, superior. El estudio, que asume que los cárteles mexicanos ganan más de 6.000 millones anuales del tráﬁco de estupefacientes hacia Estados Unidos, indica que las pérdidas por la legalización de la marihuana en Colorado podrían alcanzar los 1.400 millones. En caso de que Washington legalizara el consumo de la planta, México perdería otros 1.300 millones de dólares (Teinteresa, 2014). Los cultivadores de mariguana han buscado estrategias para colocar la venta del producto en compradores potenciales. Contrario a lo que podría pensarse, la legalización de la mariguana en Estados Unidos y el aumento del cultivo de opio hasta 2018 no han acabado con el mercado de mariguana en las comunidades serranas de la Sierra Madre Occidental, en México, caso particular el de Badiraguato, Sinaloa, donde los sembradores continúan cultivando, pero ahora no se trata de mariguana “tradicional”, sino adicionada con químicos especiales que aumentan su efectividad y adicción en el consumo, la llamada “mariguana semicrónica”. En un último intento por continuar sembrando mariguana, campesinos de Badiraguato migraron de la siembra de mariguana “mexicana”, a “semicrónica”. En la búsqueda de otras rutas y enclaves para su distribución y venta, encontraron un importante mercado en Ciudad de México, no sólo como hierba, sino también procesada en aceites y goteros que prometen una forma de medicina alternativa. En medio del resurgir de la mariguana, los campesinos un día se enteraron que además de vender la mariguana en su estado tradicional, también podrían producir aceites para fumar cannabis, cremas para la piel que alivian el dolor muscular o de articulaciones, y goteros de cannabis relajantes que también disminuyen la jaqueca y permiten un buen dormir. Los precios cayeron en Estados Unidos, y hoy en día es muy poca gente que envía mota a los gringos, pero se buscaron alternativas y se encontró mercado en el DF (sic), y para allá la estamos enviando. De una parcelita de unos 500 metros cuadrados, de perdida salen unos 80 kilos, y ahí ya vale la pena el negocio. Fue cuando nos dimos cuenta que para Estados Unidos ya no la querían, pues ellos se habían quedado con el mercado para la mota, pero para el DF sí la estaban pidiendo, y como es más fácil mover droga para el sur que – 344 – para el norte, pues nosotros nos arrancamos para aquellos rumbos. Nosotros creemos que tarde o temprano la mota va a ser legal, y por eso estamos abriendo el mercado en el DF; por lo pronto mandamos goteros de cannabis, de 15 y 30 mililitros, que nuestros dealers venden hasta en mil 200 pesos, y se vende bien (Vega, M.A., 14 de Julio, Riodoce, 2020). Según los propios campesinos, cuando los precios de la mariguana empezaron a caer luego de la legalización en varios estados de Estados Unidos, ellos siguieron sembrando la hierba, pero al no tener mercado, la malbarataron, pues de mil 500 que se llegó a vender un kilo, a mediados de 2015, después ni a 500 pesos se las compraban. Pronto les llegó el rumor que “la mota mexicana”, no era tan potente como la semi-crónica, y lo siguiente que hicieron fue conseguir ese tipo de semilla para sembrarla, y fue que la suerte cambió, pues no sólo se les vendía como pan caliente, sino que los precios eran todavía más altos que la mariguana mexicana (Vega, M.A., 14 de Julio, Riodoce, 2020). Las dinámicas del mercado de drogas obedecen a nuevas formas de adaptación y recomposición de la oferta y demanda. Esto provoca que si el receptor logra controlar dicha economía ilegal en todas sus fases, producción, distribución y consumo, los productores minoristas, en este caso los cultivadores de mariguana, busquen alternativas para prevalecer en el negocio sin perder conexiones, redes y espacios de sociabilidad maﬁosa entre sus compradores potenciales; esto da paso a una innovación en el mercado ilegal que va más allá de establecer rutas, enclaves y espacios donde el producto llegue a nuevos clientes, sino establecer estrategias de aprovechamiento en el producto base, así es como la mariguana entra a nuevos mercados buscando cubrir necesidades apremiantes que mitigan el dolor físico o la fatiga mental del individuo. Lo anterior le da a la mariguana un carácter moralista que contribuye a la aceptación de su consumo de carácter público, aún en la clandestinidad, pues para lograr comercializar estos productos es necesario cumplir con las reglamentaciones oﬁciales por parte de los organismos de salubridad en México que avalen su comercialización de forma regulada y bajo los estándares de calidad, según lo establecido por la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) que desde 2018 presentó los lineamientos para el control y consumo de marihuana con ﬁnes médicos, cientíﬁcos o industriales. Estos incluyen las – 345 – reglas que deberán seguirse en México para comercializar, exportar o importar productos con cannabis. Dichas reglas establecen los mecanismos que las empresas deben seguir para sembrar, cultivar y cosechar marihuana para ﬁnes médicos, cientíﬁcos o industriales (Galván M, 5 de Noviembre, Expansión Política, 2018). La producción de opio continuaría en ascenso, la epidemia de muertes provocada por consumo de opioides ya no solo es un tema que afecta a EE.UU., Europa y África también comenzaron a sentir los estragos, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2019 de Naciones Unidas. Aunque el documento indica que la producción global de opio en 2018 bajó respecto al máximo histórico alcanzado el año anterior, la cifra alcanzada es la segunda más alta de la última década, con 7.790 toneladas. Este oligopolio lo dominan tres países, Afganistán, México y Birmania. En México, los cultivos de adormidera registraron un aumento anual escalonado, pasó de 6.900 ha en 2007 a 30.600 ha en 2017, según el Monitoreo de Cultivos de Amapola 2015-2016 y 2016-2017 publicado en 2018 por Oﬁcina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esto provocó un efecto de auge del mercado de la heroína. Los cultivos de marihuana comenzaron a ser sustituidos por los de amapola, mucho más rentables. Otro motivo por el que la amapola ganó terreno en México fue la regulación de los mercados de cannabis en EE.UU., que al no necesitar abastecerse de manera ilegal, abandonó la oferta mexicana (El Universal, 2017). Sin embargo, hacía ﬁnales de 2018 y entrado el 2019, el precio de la heroína bajó drásticamente. En la sierra de Sinaloa, el kilo de goma bajó a un rango de 12 mil a 8 mil pesos, durante el primer trimestre de 2019 (comparado con un promedio de 25,000 hace 18 meses). Esto deja ver importantes variaciones regionales en la caída actual de los precios. Posiblemente tengan que ver con una combinación de factores que pueden incluir la calidad del opio, el poder de negociación de los productores y traﬁcantes, el poder coercitivo de las organizaciones criminales que operan en las zonas, la distancia entre la región de producción y el mercado de consumo, los precios de venta en EE.UU., y el costo de la protección adquirida con agentes públicos, de acuerdo con Romain Le Cour Grandmaison, Nathaniel Morris y Benjamin T. Smith (2019); además los referidos autores acuden a los campesinos de Guerrero, quienes explican las razones de lo que llaman “la crisis de la amapola”: – 346 – Cuando preguntamos a los habitantes cuáles eran las razones de esta caída, todos lo tenían muy claro: “es culpa de los gringos” que “ahora tienen una nueva cosa, y no quieren más heroína (…) por eso no vendemos nada”. Sin embargo, en esa época no habían todavía tocado fondo. Ahora mismo, en abril del 2019, según fuentes consultadas en la zona, el kilo de goma, cuando se vende, se deja ir hasta en tres mil pesos en ciertas partes de Guerrero. (Le Cour Grandmaison, Morris, Smith, 2019). Para el caso de Sinaloa, miles de campesinos de la sierra, quienes durante décadas han sostenido a sus familias mediante la venta de goma de opio, parecen estar contra la pared luego que los precios de la goma cayeran 75%, debido al incremento en la demanda de opiáceos sintéticos como el fentanyl, de acuerdo a datos presentados por el semanario Riodoce, los precios de la goma de opio cayeron de 33 mil pesos por kilo, que era el precio en el verano de 2016, a 8 mil pesos, que fue lo máximo que pagaban el kilo a mediados de abril de 2019 (Vega, M. A. 7 de Agosto, Ríodoce, 2018). Fentalino. La nueva epidemia en la economía ilícita de la droga en México El fentanilo se ha convertido en la droga de moda en los Estados Unidos, situación que han sabido aprovechar muy bien los cárteles mexicanos como el de Sinaloa (CDS) y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los cuales obtienen ganancias millonarias por el trasiego y, cada vez más, por la fabricación del opioide. Hace apenas cuatro años los productores y distribuidores que trabajan comprando y enviando droga en Sinaloa no sabían qué era el fentanilo. Desde entonces, la producción de esta droga sintética ha acaparado el mercado y se ha convertido en el producto más popular entre quienes cosechan, fabrican drogas y la venden a otros distribuidores en territorio estadounidense. Este opioide sintético al que llaman popularmente ‘el diablito’ o ‘chiva sintética’ es fácil de producir y exportar, ya que es casi imposible que lo detecten los perros o las máquinas de rayos x en la frontera. Otra gran ventaja de producir esta potente droga, que es 100 veces más poderosa que la morﬁna y altamente adictiva, es que no se depende de cosechas, re– 347 – colectores ni de tener que pagar a vigilantes de los sembradíos, pero sobre todo, el ahorro de sobornos cuando se transporta en píldoras. Fue en la ciudad de San Diego, la frontera con la ciudad mexicana de Tijuana, donde las autoridades comenzaron a monitorear este tráﬁco desde 2017, cuando se creó un grupo de trabajo especial sobre el fentanilo. En 2015 habían tenido cinco incautaciones. Cuatro años más tarde, aumentaron a 100. En diciembre de 2019, un informe sobre la Amenaza Nacional de las Drogas desclasiﬁcado por la DEA reveló que “el fentanilo disponible en los Estados Unidos es principalmente de origen chino o mexicano” y que ingresa al país a través de la frontera Estados UnidosMéxico. El informe asegura que comenzaron a detectar el problema en 2014, cuando algunos adictos a medicamentos para el dolor en Estados Unidos, como la oxicodona, comenzaron a consumir fentanilo en píldoras que se veían como las de los medicamentos de prescripción médica (INFOBAE, 2020). Cada laboratorio produce un promedio semanal de 20 mil dosis para el mercado estadounidense. La mayor parte del fentanilo ilegal llega a Estados Unidos desde México y directamente de China. Su venta también se lleva a cabo por internet, con la posibilidad de acceder a uno de estos sitios y comprar hasta un kilo de fentanilo y recibirlo a través del sistema de correo o empresas como DHL, Fedex o UPS, un kilo alcanza para un millón de dosis. En el mercado negro esta sustancia se mezcla con la heroína para crear un producto más potente. En México se fabrican tabletas falsas. Tienen un aspecto muy parecido a cualquier otro medicamento producido legalmente en Estados Unidos, con información de dosis muy exacta, pero en realidad se trata de pastillas adulterados que contienen uno o dos miligramos de fentanilo, lo que las hace sumamente peligrosas (DW, 2020). Mientras que un parche legal con esta sustancia cuesta entre 300 y 400 dólares en una farmacia, 10 miligramos del polvo ilegal en el mercado negro cuestan alrededor de 10 dólares y es mucho más potente. La industria química y farmacéutica china ha generado enormes ganancias al gigante asiático que tiene débiles regulaciones y poco control. Entre 160.000 y 400.000 laboratorios chinos, que operan legal o ilegalmente, aportaron un 3 por ciento al PIB chino, registrando más de 100.000 millones de dólares en beneﬁcios en 2016. – 348 – Los cárteles mexicanos buscan a personas que sepan procesar y sintetizar el fentanilo y sus análogos. En este momento no tienen la capacidad para crear nuevas moléculas como los chinos, que saben cómo manipularlas para crear una nueva sustancia cuya composición no caiga en las deﬁniciones de los productos regulados. Aunque el fentanilo producido en México es de mala calidad comparado al asiático, la trayectoria de los narcos en la producción de metanfetaminas, que pese a ser más complejas en su fabricación, han logrado mejorar la calidad en el transcurso de los últimos 20 años. “Los cárteles mexicanos van a buscar innovar en la producción de fentanilo y lograrán un producto más puro (DW, 2020). Recientemente, los cárteles mexicanos se encontraron con un dato desolador, debido al cierre de fronteras provocado por la pandemia Covid19: los productos químicos utilizados para la fabricación de metanfetaminas y fentanilo, que se obtienen de China, se están agotando. De hecho, los economistas vaticinaron que los cierres globales por coronavirus tendrían un efecto en la capacidad de las organizaciones criminales para producir dogas sintéticas. El país asiático está documentado como la mayor fuente de precursores químicos ilícitos que llegan a México para la producción de opioides –son responsables del envío de dos ingredientes conocidos como NPP y 4aNPP para la fabricación de fentanilo. Hace dos años, los carteles mexicanos comenzaron a contratar profesores de química de universidades de todo México. Los profesionistas trabajan en los laboratorios de fentanilo supervisando la producción diaria. También están tratando de cambiar el análogo molecular del fentanilo para crear una nueva versión sintética, aunque mucho menos pura que la de los chinos. El objetivo es utilizar precursores químicos que ya no dependen de la importación en Asia. La nueva fórmula permitirá a los narcos utilizar productos químicos más fáciles de conseguir y disponibles en todo momento. Por lo general, los laboratorios de fentanilo son más pequeños que los de metanfetamina debido a su volatilidad (la tendencia de una sustancia de pasar a la fase de vapor). En los lugares de fabricación de este tipo de opioides, el químico a menudo trabaja completamente cubierto en un aparato de respiración autónomo de nivel A, especialmente diseñado para los equipos de rescate y bomberos. En 2019, las autoridades mexicanas allanaron un narcolaboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa, en – 349 – un gran parque industrial en Monterrey, Nuevo León. Esa fábrica estaba completamente cerrada y era lo que los estadounidenses describen como “superlab”. Pero el primer desmantelamiento a un laboratorio de este tipo de opioide ocurrió en 2018. Los policías federales ubicaron y aseguraron un sitio clandestino en la ciudad fronteriza de Mexicali, Baja California (INFOBAE, 2020). El mercado de las drogas en tiempos de pandemia La Oﬁcina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en su investigación “COVID-19 y la cadena de suministro de drogas: De la producción y el tráﬁco al consumo”, señala que las medidas implementadas por los gobiernos para contrarrestar la COVID-19 afectaron todos los aspectos de los mercados de drogas ilícitas, desde la producción y el tráﬁco hasta el consumo, por las restricciones de movilidad en casi la mitad de la población mundial, el cierre de cruces fronterizos y las reducciones en sus actividades económicas (UNODC, 2020). Los efectos de las medidas para hacer frente a la pandemia parecen más homogéneos en los mercados de destino de drogas. Muchos países reportaron escasez en numerosos tipos de drogas en la venta minorista, incremento de precios y reducciones de la pureza, por lo cual sus consumidores cambiaron de sustancia (por ejemplo, de la heroína a los opioides sintéticos) y/o accedieron al tratamiento de adicciones. Debido a la pandemia, el negocio del narcotráﬁco, la piedra angular ﬁnanciera de los imperios criminales latinoamericanos, ha sufrido restricciones a las que no estaba acostumbrado. De un momento a otro las fronteras se cerraron y los precursores químicos procedentes de China, imprescindibles para sintetizar metanfetaminas y opiáceos, dejaron de llegar a los puertos mexicanos (Manrique,L, E, 10 de Julio, Política exterior, 2020). La pandemia del Covid-19 afectó el tráﬁco de drogas a Estados Unidos, provocando desabasto en ciudades como Los Ángeles y San Diego, lo cual habría inﬂuido para que la libra de metanfetaminas aumente su precio de mil dólares a 2 mil 900. Aunque aún es posible cruzar la droga ya sea por la garita de San Ysidro o Caléxico, debido al cierre temporal de la frontera – 350 – sólo ciudadanos estadounidenses pueden entrar y salir de Estados Unidos, lo cual implica que los cárteles contraten gringos para cruzar la droga. El colapso del tráﬁco drogas habría menguado a mediados de mayo, cuando China reabrió sus fronteras al mundo, y mucho de los precursores y otros ingredientes para la elaboración de drogas sintéticas empezaron a llegar a México, incluyendo a manos de gente allegada al cártel de Sinaloa. Según funcionarios de la DEA, el tráﬁco no se ha detenido, pero sí ha obstaculizado la capacidad de los cárteles para mover la droga hacia Estados Unidos, provocando una acumulación de drogas ilícitas en ambos lados de la frontera (Vega, M. A. 28 de Julio, Ríodoce, 2020). – 351 – Referencias Bibliográﬁcas Agencia EFE (2017). México, segundo mayor productor de opio en el mundo en 2017. 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Publicaciones recientes: Exploraciones anticapitalistas (2019), en coautoría con Alberto Aziz y Enrique Valencia. Tres miradas al México de hoy (2020). Hacia una nueva revolución Copernicana (2020). Contra la guerra y en favor de la vida (2018). Una etapa ambivalente (2019). Movimientos de colectivos mexicanos a inicios del Siglo XXI (2019). Repensar la experiencia kurda (2019). Un octubre patriarcal y colonial ataca la revolución de las mujeres (2019). José Alfredo Zavaleta Betancourt zavaletabetancourt@gmail.com Sociólogo. Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Cocoordinador del Grupo de Trabajo “Violencias, Políticas de seguridad y Resistencias” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Autor de diversos libros, artículos sobre sociología de la violencia. – 357 – Robinson Salazar-Pérez salazar.robinson@gmail.com Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Pos doctorado del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Sociólogo. Director de la Red de Investigadores Latinoamericanos por la Democracia y la Paz, www. insumisos.com, autor de libros: Convergencias democráticas en América Latina, Diálogos por la Paz en Centroamérica. 65 libros coordinados. Colaborador en revistas Espiral de la Universidad de Guadalajara, Mx. Convergencia, Mx. Cátedra, Mx. El Cotidiano, Mx. Theomai, Ar. Periferias, Ar. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia. Ve. Utopía y Praxis Latinoamericana de Ve. Conjeturas Sociológicas, SV, Quórum Académico. Ve, Encuentros Latinoamericanos, Uy, entre otras; profesor de posgrado en Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia, México y El Salvador. Miembro de Comité Cientíﬁco y Editorial de diversas revistas indexadas. María Alejandra Silva msilvakusy@yahoo.com.ar Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires (U.B.A). Magister en Política y Sociología. Politóloga. Cientíﬁca del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Tecnológicas (CONICET) desde 1997. Dedicada al estudio de las Políticas de Salud en el trabajo. De 2008-2019 investigo la problemática de “Trabajo infantil”. Actualmente es Profesora-investigadora extranjera invitada del LTI Digital/ Facultad de Educación de la Universidad Federal de Bahia (Brasil). Integrante de La Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio. Miembro del grupo de “Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinares”. Publicaciones en diferentes revistas y libros. Miguel Ángel Zebadúa Carboney czam13@yahoo.com.mx Politólogo. Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudios de posgrado en España, Estados Unidos y Alemania. Profesor-investigador en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Do– 358 – cente en el Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad, Universidad Autónoma de Chiapas. Publicaciones recientes: Del rojo al migrante, migración y seguridad en la frontera sur, otras formas de violencia en América Latina contemporánea, Chiapas durante los años del auge agroexportador, 1870-1929, Estado, rebelión y violencia, un ensayo sobre la participación del ejército en Chiapas. Forma parte del grupo de investigación Memoria, Historia, Espacio y Sociedad. Pertenece al Programa para el Desarrollo del Personal Docente (PRODEP). Eventualmente colabora en el portal en línea Chiapas paralelo. Alfredo Falero Cirigliano alfredo.falero@cienciassociales.edu.uy Doctor en Ciencias Sociales con especialización Sociología. Profesor Adjunto. Docente de cursos de grado y posgrado e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República, Uruguay). Investigador nivel I del Sistema Nacional de Investigadores. Responsable del proyecto I + D “Los conﬂictos sociales en el Uruguay progresista: hacia un cuadro general de análisis (2019-2021). Publicaciones recientes: co-coordinación del dossier “Movimientos sociales y educación” (2020) y la co-coordinación y autoría de artículo en el libro “Intelectuales, democracia y derechas” (CLACSO, 2020). Pablo Augusto Bonavena bonavenapablo@yahoo.com.ar Sociólogo. Profesor de las carreras de Sociología de la Universidad de Buenos y la Universidad Nacional de La Plata. Investigador del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Director de la “Revista Electrónica Cuadernos de Martes. Revista Latinoamericana de Sociología de la Guerra” del Programa de Investigación sobre Conﬂicto Social. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Publicaciones recientes: “Luchas políticas y clase obrera” (2020). “Los «maquis alemanes»: la resistencia nazi ante la invasión de Alemania al ﬁnal de la Segunda Guerra Mundial” (2020). “Paz y guerra: una perspectiva desde la actualidad” (2019). – 359 – Mariano Millán marianomillan82@gmail.com / mmillan@sociales.uba.ar Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Magister en Investigación en Ciencias Sociales. Licenciado en Sociología. Investigador Adjunto de CONICET con asiento en el Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Jefe de Trabajos Prácticos de Teorías del Conﬂicto Social y de Sociología de la Guerra en la carrera de Sociología de la UBA. Auxiliar de investigación en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Profesor en distintas universidades argentinas y de América Latina. Publicaciones recientes: “El surgimiento y consolidación de ISIS. Algunas hipótesis geopolíticas y sociológicas” (2020). “El movimiento estudiantil y la violencia política en Argentina, 1966-1976” (2020). Los '68 latinoamericanos. Movimientos estudiantiles, política y cultura en México, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Colombia (2018). Roberto Follari rfollari@gmail.com Doctor y Licenciado en Psicología por la Univ. Nacional de San Luis. Profesor jubilado de Epistemología de las Ciencias Sociales (Univ. Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales).Ha sido asesor de la OEA, de UNICEF y de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria). Ganador del Premio Nacional sobre Derechos Humanos y universidad otorgado por el Servicio Universitario Mundial. Docente de posgrado en diversas universidades latinoamericanas. Publicaciones recientes: “Boaventura de Sousa Santos: reducción de la dispersión al orden en la ecología de saberes” (2019). La alternativa neopopulista (el reto latinoamericano al republicanismo neoliberal) (2010). “Teorías Débiles (para una crítica de la deconstrucción y de los estudios culturales)” (2002). Rafael A. Lárez Puche rlarez@col.luz.edu.ve Magíster en Filosofía Latinoamericana. Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales. Profesor del Departamento de Ciencias Humanas en el Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia. – 360 – Es investigador aﬁliado al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) donde desarrolla proyectos de investigación y ha impartido seminarios virtuales. Director de Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico. Publicaciones recientes: Álvaro Márquez-Fernández: Contrahegemonía, conciencia crítica y praxis emancipadora (2018). Pensar al Estado: democracia y plurinacionalidad. Aportes teóricos de Álvaro García Linera. (2018). De la crisis a la refundación del Estado en América Latina: Debates y experiencias (2015). Ximena Roncal Vattuone eximi@hotmail.com Doctora en Economía Política del Desarrollo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Posdoctora en Políticas Públicas de Educación Universitaria Comparada (CONACYT– IIICAB). Economista. Docente Investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Investigadora honoraria de El Madrid Institute for Advanced Study (MIAS). Escribe para el Correo del Alba y el Semanario alternativo La Época. Publicaciones recientes: Logros y desafíos de las Políticas hacia las mujeres en el Estado Plurinacional de Bolivia (2020); El Estado Plurinacional de Bolivia y los imaginarios de una educación descolonizadora (2020); Caminos Latinoamericanos hacia la integración autónoma (2020). Juan Antonio Fernández Velázquez jantoniofernandezv@gmail.com Doctor en Historia y Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Licenciado y Maestro en Historia. Investigador de la Universidad Autónoma Indígena de México. Candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Miembro y Director de Investigación de la Red de Investigadores Latinoamericanos por la Democracia y la Paz. Integrante del grupo de trabajo: “violencias políticas de seguridad y resistencias” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Publicaciones en revistas académicas en Universidades nacionales e internacionales. – 361 –

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