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Los conflictos ambientales se definen como una confrontación de actores que poseen intereses y expectativas contrapuestas en relación a las externalidades asociadas a un uso o cambio de uso de suelo (Sabatini, 1997a). Además, estos se construyen a partir de una multiplicidad de actores que no sólo se movilizan en distintas tramas de esfuerzos y organizaciones en red (Guerrero, 2013; Leguizamón, 2015), sino que también sostienen distintas visiones, percepciones, racionalidades y valores sociales (Cuadra, 2015), ancladas y proyectadas sobre un mismo espacio geográfico. Esto convierte los conflictos ambientales en una cuestión eminentemente policontextual (Luhmann, 2007) y territorial (Spadoni, 2003) que, más allá de una discusión de externalidades, se plantea como una confrontación por imponer y legitimar una de las múltiples formas de significar, concebir y territorializar el mismo espacio geográfico (Napadensky y Azocar, 2017). Este proceso, a través del cual sus participantes van re-elaborando sus ideas, valores y visiones de mundo (Poma, 2014), encuentra en los medios de comunicación masiva la arena pública donde los discursos se sostienen, confrontan y se visibilizan o se invisibilizan (Merlinsky, 2017; Rausch, 2017; Diaz González, 2013).
En América Latina, el campo de pesquisa de los conflictos ambientales ha estado marcada por los estudios de caso y la búsqueda de clasificaciones y enfoques (Walter, 2009), destacando tres enfoques de análisis: (i) son procesos de resistencia y movilización social, muchas veces sostenidas por distintas y contingentes tramas de esfuerzos coordinados y nuevas formas de organización en red, siempre bajo una conflictiva unidad sin uniformidad (Guerrero, 2011; Berger, 2014; Leguizamón, 2015); (ii) son disputas de verdades, en medio de las cuales los discursos se van reconfigurando e introduciendo nuevos sentidos, significados y valores (Poma, 2014; Morales et al., 2019; Rausch, 2018), y donde las demandas sociales se tienden a ambientalizar (Acselrad et al., 2010; Scharager, 2020); y (iii) son una cuestión eminentemente territorial (Spadoni, 2003; Cuadra, 2015; Munévar et al., 2017; Salizzi, 2019; Ensabella y Chiavassa, 2019; Fernández, 2020). El análisis de la literatura ha mostrado que no existen estudios que traten de acercar estos tres enfoques y que se posicionan en la frontera entre ellos.
En este contexto, el objetivo del artículo es el de adentrarse en la trialéctica entre procesos de movilización social y la magnitud del espacio de articulación de sus redes de resistencia, las reelaboraciones de sus ideas y valores que para ellos definen el conflicto, y los cambios en las concepciones territoriales y territorialidades que suscriben. Esto con la intención de contribuir a la discusión sobre los conflictos ambientales desde sus dimensiones territoriales, como una definición discursiva en constante reelaboración, cambio y ajuste, concebida tanto desde lo imaginado como de experiencia y contingente proyección de valores y visiones de mundo, cuyos límites geográficos se ven constantemente desafiados.
Para adentrarse en esta complejidad, se recurre al estudio de caso del Puente Industrial en el Área Metropolitana de Concepción (Chile), que es el resultado de un trazado vial que ha enfrentado por más de diez años a instituciones públicas, sector privado, ambientalistas, comunidad local y agricultores urbanos. El andamiaje metodológico, de aproximación cualitativa y abductiva, se articuló a partir de un diseño fenomenológico que, basado en un análisis de contenidos de la prensa local y citas de los agentes comunitarios, representó y comparó de manera sistemática, continua y longitudinal, la arena pública del conflicto. El análisis caracterizó, representó y contrastó su arena pública, particularizando en el devenir las redes de resistencia comunitaria y su magnitud, las discursivas públicas a ellas asociadas, prestando especial atención las concepciones territoriales y territorialidades subyacentes; definiendo las posibles estribaciones entre esto y la resolución que alcanzó el conflicto.
El artículo se estructura en cinco partes. La primera establece una zona teórica que define, revisa y describe conceptos, enfoques y consensos que permiten encuadrar la discusión y contrastar resultados. Una segunda parte presenta y singulariza el caso de estudio. En tercer lugar, se expone la propuesta metodológica que permitió alcanzar el objetivo. Para luego mostrar los resultados del estudio, lo que se organizó en las tres fases relevadas del conflicto, cerrando este acápite con una síntesis de resultados y discusiones. Finalmente, el artículo expone aquellos resultados exportables y las posibles vías de análisis que abre el caso, metodología y resultados del estudio.
Conflictos ambientales; enfoques, consenso, trasunto y tipología
Enfoque 1. Redes de resistencia y lucha
De entre las investigaciones centradas en caracterizar los movimientos sociales detrás de los conflictos ambientales, se encuentra el trabajo de Berger (2014) que analiza las redes de luchas ambientales en América Latina como experiencias colectivas y conectivas. En ese enfoque, el conflicto es la arena y el momento en el que las relaciones socioespaciales de poder son negociadas y reguladas, y son las escalas territoriales, como resultado de desenlaces de conflictos pasados. Berger (2014) también indica que los principios auto-organizativos de las redes de resistencia son parte de la diversidad de tácticas y estrategias, donde la multiescalaridad es una operación cognitiva, lingüística y contextualizadora para la ampliación del campo de batalla.
Para Guerrero (2010) estas luchas ambientales se constituyen en tramas de esfuerzos coordinados que denotan nuevas formas de organización en red, que enfatizan códigos culturales y roles identitarios a nivel comunitario, y que posibilitan la instalación de la problemática tanto a nivel social como en la agenda pública. En el mismo sentido, para Leguizamón (2015) las redes de cooperación que desarrollan las comunidades locales permiten proyectar la movilización más allá del contexto local, implementando estrategias y tácticas no institucionalizadas de oposición y resistencia, que buscan interrumpir o modificar los globales procesos de apropiación sobre los bienes y espacios comunes (Camus e Hidalgo, 2017).
Enfoque 2. Discursos, valores, ideas y significados
En el campo de las ideas y de los significados que las redes de resistencia movilizan, Acselrad et al. (2010) describe el repertorio de prácticas discursivas como un proceso signado por la adquisición de una dimensión ambiental, Spadoni (2013) indica que se va poniendo en el centro de la controversia la definición misma de la problemática ambiental, lo que para Candido y Almeida (2013) es un choque de perspectivas ontológicas, expresado en un proceso social de denuncia y movilización durante el cual los participantes van re-elaborando las ideas, valores y visiones del mundo (Poma, 2014). Scharager (2019), describe este devenir como un tránsito donde las demandas sociales se tienden a ambientalizar, dejando ver que no todo conflicto ambiental surge como tal.
Siguiendo con la idea, para Ensabella y Chiavassa (2019) el conflicto ambiental es una arena de disputa donde se enfrentan agentes sociales que en el proceso mismo de despliegue de la acción colectiva van delineando sus intereses. Para Merlinsky (2017) esta oposición de valores, percepciones y significados se traduce en modos diferenciados de apropiación, uso y significado de los bienes naturales. Por otra parte, para Berger (2014) las reclamaciones ambientales oscilan entre una justicia distributiva, y el respeto y la autodeterminación, apelando a un discurso de justicia de reconocimiento. Finalmente, para Cuadra (2015) y Escalona (2020) todo esto queda enmarcado en una inherente cuestión de poder y sus asimetrías.
Enfoque 3. Territorio
Entre los trabajos que priman el estudio de los movimientos sociales y sus redes o los que se enfocan en el análisis de sus discursos, ideas y significados, están aquellos centrados en el territorio, entre los que se encuentran dos líneas relevantes: (i) los que usan el territorio como una cuestión dada que antecede y da contexto analítico a los conflictos, usado principalmente en miradas panorámicas y para reavivar la discusión de los conflictos ambientales desde la idea de justicia ambiental; y (ii) los que miran al territorio como producto del conflicto y su devenir.
Entre los primeros, en México, Ochoa-García (2012) mapeó los diversos tipos de conflictos ambientales detectados en Jalisco (Ochoa-García, 2012); en Colombia, Pérez-Rincón (2014) realizó un inventario nacional de los conflictos ambientales analizando los sectores y empresas que los generaban, y Rodríguez (2016) estudió su incidencia en los territorios indígenas; en Ecuador, Fontaine (2009) analizó los conflictos ambientales derivados de la extracción petrolífera; en Perú, Bebbington y Bebbington (2009) pesquisaron los conflictos mineros y tipos de ambientalismos asociados a ellos; en Argentina, Spadoni (2013) a propósito de los conflictos de la cuenca de Matanza, dirá que los conflictos son una cuestión eminentemente territorial, y Reboratti (2019) analizó tres conflictos, poniendo de manifiesto la transversal relevancia del territorio y sus escalas, que variadas y superpuestas, son claves para comprender los conflictos presentados; finalmente en Chile, Aliste y Stamm (2016) levantan y localizan conflictos socioambientales en la urbe de Santiago y los cruzan con información de carácter socioeconómico, discutiendo si estos son una nueva forma de exclusión social, o un asunto de las élites.
Entre los segundos, Munévar et al. (2017) reconoce que el conflicto ambiental involucra aspectos ambientales, pero también culturales, ideológicos e identitarios, que se asocian, precipitan y redefinen un territorio. Para Salizzi (2019) y Fernández (2020) el conflicto surge por el desacuerdo entre actores con intereses y prioridades territoriales diferentes, siendo el territorio, su definición, uso, significado y apropiación, lo que está en disputa. Rauch (2017) ahonda en las territorialidades materiales y discursivas asociadas a un proyecto hidroeléctrico. Sharanger (2019), en la misma línea, describe el proceso de ambientalización de las demandas sociales y su territorialización.
Para Azuela y Mussetta (2009) Azuela y Cosacov (2013), inspirados en Melè (2013), la territorialidad en un conflicto ambiental es la expresión material que lo limita y circunscribe geográficamente, producto y productor de las representaciones, valores y experiencias sociales que sobre el territorio se ponen en juego. Misma que en un conflicto se van visibilizando, reafirmando o redefiniendo al igual que la propia adscripción territorial.
Consenso. El modelo neo-extractivista
En este continental y heterogéneo universo parcialmente aquí expuesto, existe un sustrato contextual compartido, que posiciona al actual modelo de acumulación capitalista en general y neo-extractivista en particular como uno de los principales causantes de la actual problemática ambiental y proliferación de conflictos en la región (Merchand-Rojas, 2016; Napadensky y Azocar, 2017; Morales et al., 2019). Este relativo consenso va más allá de las singularidades regionales, reconociendo un global e incesante proceso de urbanización y transformación territorial configurado bajo la hegemónica misión de crear espacios para sustentar y acelerar el actual momento de acumulación capitalista (Brenner y Schmid, 2015; Brenner, 2009; Harvey, 2018). Además, este consenso está promovido por una no declarada coalición de crecimiento entre Estado, corporaciones y empresariado (Logan y Molotch, 2007) donde el primero da las condiciones para que los segundos desarrollen constantes procesos de destrucción creativa sobre lo heredado.
En esta oleada de urbanización capitalista, acicateada y soportada por el accionar de estructuras de dominación y poder (Deleuze, 2014, Castells, 2009), producto y productora de un desarrollo espacial desigual (Brenner, 2009; Harvey, 2018; Smith, 2020), lo local y las comunidades, con visiones no-hegemónicas, han quedado marginadas de participar, siendo asediadas, desposeídas (Harvey, 2004) y en última instancia expulsadas (Sassen, 2015).
Área de estudio
El conflicto ambiental del Puente Industrial en el Área Metropolitana de Concepción
El detonante del conflicto ambiental analizado es el trazado vial del Puente Industrial que, a pesar de ser planificado y consignado por primera vez en un Instrumento de Planificación Territorial (IPT) en 1951, su activación no se produce hasta el año 2008. El empalme del Puente Industrial con las rutas viales hacia el sur se traza sobre un espacio de agricultura urbana y de alto valor ambiental por estar en el borde de un humedal urbano.
Este conflicto ambiental se da en el marco de una metrópolis que se reestructura (Napadensky, 2016; 2020; Napadensky y Orellana, 2019) y crece, tanto por extensión (Aliste et al, 2012; Rojas et al., 2013) como por colmatación (Salinas y Pérez, 2011). Este crecimiento absorbe y recalifica significativos bolsones de suelo agrícola aún activos y relevantes en el suministro de productos frescos a la metrópolis y al sustento económico-territorial de sus agricultores (Alarcón, et al. 2019). El Puente Industrial, en tanto proyecto, ha enfrentado a instituciones públicas de escala nacional y local, sector privado, ambientalistas, comunidad local y a agricultores urbanos que allí desarrollan su actividad.
El trazado del Puente Industrial aparece en el Plano Oficial de Zonificación del Gran Concepción (Corporación de Reconstrucción y Auxilio, 1951) enmarcado en una vocación productivista e industrializadora y que, pese a mantener una visión comunal del territorio (Burotto, 1962), propuso un trazado vial de escala regional y nacional que uniera los grandes puertos de Coronel, Talcahuano y Lirquén. Esto aseguraría una adecuada plataforma territorial para los flujos de carga procedentes del interior regional proyectado hacia un modelo exportador (Figura 1).
Fuente: Elaboración propia en base a Troncoso y Sáez, 2012. (PRIC-1963; MOP, 1963; PRMC, 1980, 2002).
Figura Nº1 Trazado Puente Industrial y usos de suelo regulados por Instrumentos de Planificación Territorial, metropolitanos.
Esta mirada de mitad del siglo XX propició un ordenamiento que se hiciera cargo de la inminente metropolización, materializado en el primer Plan Regulador Intercomunal de Concepción (PRIC-1963). Este plan potenció el sistema de puertos y aeropuertos mediante un sistema de vialidad e interconectividad a gran escala (MOP, 1963), ratificando partes del trazado de 1951 y, con ello, el Puente Industrial. Esta infraestructura se mantuvo en los sucesivos Planes Reguladores Metropolitanos de Concepción (PRMC) de 1980 y 2002 (Figura N°1), así como la actividad agrícola que ocupaba los suelos de la ribera sur del Biobío, la cual aún persiste, pese a que esta fue sucesivamente desregulada en los sucesivos IPTs metropolitanos (1951, 1963, 1980, 2002). A medida que aumentaba el suelo urbano regulado disminuía el suelo destinado a uso agrícola-forestal, pasando de 6.586 ha en el IPT de 1951 a 0 ha en el de 2002, desapareciendo en el IPT de 1980 esta clasificación de suelo (Figura 1) y (Figura 2).
Fuente: elaboración propia a partir de datos secundarios (Soto, 2016).
Figura Nº2 Superficie de agricultura urbana en el AMC por distrito censal.
Los suelos de uso agrícola en el Área Metropolitana de Concepción perviven dentro de una estructura urbana discontinua ocupando intersticios metropolitanos y muchos de ellos están caracterizados por una difícil urbanización debido a la existencia de cursos de agua, humedales y marismas, gracias a los cuales se han mantenido estos reductos de agricultura urbana (Figura 2). Sin embargo, en la actualidad están siendo amenazados por la continua alza de los precios de suelo, el avance tecnológico, la presión por urbanizar y el desarrollo de nuevas infraestructuras urbanas, todo bajo la lógica de acumulación capitalista en la que actores privados urbanizan, y actores públicos entregan las condiciones para aquello. A pesar de este intenso asedio aún perviven 200,3 ha de suelo agrario intra-metropolitano distribuido en las comunas de Tomé, Penco, Hualpén, Talcahuano, Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel y Lota (Soto, 2016) (Figura N°2). Este suelo agrario abastece de vegetales frescos al Área Metropolitana de Concepción y funciona como áreas buffer entre entornos construidos y sistemas ambientales, pero no está reconocido como agrario en los IPT.
El área agrícola de Boca Sur, asociada al Humedal Los Batros-Laguna Grande de la comuna de San Pedro de la Paz (Figura N°2), posee 83.5 ha hortícolas activas (Soto, 2016) y supone el 41.7% del suelo agrario de toda el Área Metropolitana de Concepción (Figura N°1). El trazado del Puente Industrial atraviesa este espacio lo que supondría la destrucción de gran parte del humedal Los Batros, del sistema hídrico Laguna Grande y los suelos agrícolas que se encuentran en activo.
Material y Métodos
El uso de la prensa y análisis de discurso no es una cuestión nueva en los estudios de conflictos ambientales (Díaz, 2013; Rausch, 2017; Merlinsky, 2017; Hernández, 2020). El reconocimiento en esa esfera pública de espacios de discusión enfocados hacia el interés común e incumbencia pública no está carente de sesgos (Fraser 1993; Habermas, 1991), y constituyen arenas donde los agentes en controversia o alianza comunican sus opiniones públicas y sus expresiones más o menos articuladas, desde grupos más o menos específicos (Vizcarra, 2005). En esta esfera pública los agentes buscan sostener o romper las relaciones de poder socialmente instituidas e impuestas mediante un juego de persuasión y discusión comunicativa en base a determinadas líneas de acción y creencias (Harvey, 2018). De este modo, la prensa, en tanto empresa productora de espacios comunicativos masivos, constituye el escenario de representación y extensión de lo social, que incide directamente en la consolidación de lo público (Barbero y Rey, 1999) e influye en las percepciones, construcciones, reflexiones y acciones de sus concurrentes (Vallejos et al., 2017), resultando una pieza clave para adentrarse en la dimensión pública de un espacio social creado por el conflicto y los ejercicios de poder que este desata (Foucault, 1991; 2016).
La elección del caso, forma de análisis y representación de los datos, fue una acción subjetiva sobre muchas otras posibles (Lefebvre 2008; Soja 2008), develando de antemano la inherente parcialidad, simplificación, selección e intencionalidad tras esta investigación. De este modo, el caso permitió el estudio de un fenómeno socio-relacional de características particulares (Flick, 2004; Flivberg, 2006), representando y contrastando los devenires de su arena pública en términos de agentes según esfera de racionalidad y magnitud de sus redes. Se focaliza el análisis en: (i) los discursos de los agentes en la esfera comunitaria, y (ii) las concepciones territoriales y territorialidades que subyacen a esos discursos, siendo las primeras la visión del espacio de conflicto y las segundas la magnitud de sus redes.
La estrategia metodológica se basó en un diseño fenomenológico (Hernández et al., 2014) que partió desde la experiencia comunitaria reflejada en la arena pública y avanzó a profundizar sobre el fondo del fenómeno. Se identificó en una fase inicial una división conceptual entre territorio-natural y territorio-construido, que permitió posteriormente (i) profundizar en la proyección y reelaboración de ideas, pertenencias, conceptualizaciones territoriales y territorialidades, (ii) caracterizar los discursos en términos de legitimación y deslegitimación de los otros discursos y (iii) triangular elementos descriptivos y analíticos de los resultados previos. Los agentes en esta investigación se entienden como una persona, una agrupación, una asociación o una institución con capacidad de definir un objetivo y/o ser portador de un objetivo compartido. Se identifican según son mencionados textualmente en las noticias.
El muestreo de datos fue intencional, quedando definido por el foco del estudio y por los límites impuestos por las fuentes. La fuente de datos fue la prensa y su selección se hizo por disponibilidad de archivos históricos y diversidad editorial, utilizando Diario El Resumen, Diario el Sur y la plataforma digital Radio Bío Bío. De cada medio se tomaron los discursos públicos de los agentes comunitarios en ellos contenidos, sistematizando en una base de datos de citas. Por otra parte, el arco temporal del estudio quedó definido por la primera noticia del conflicto registrada en los medios de prensa seleccionados (2008) y por el comienzo del proceso expropiatorio sobre el suelo agrícola (2018), que marca el fin mediático del conflicto al ser la transformación del suelo inminente.
El análisis de contenido, con orientación operacional hermenéutica, fue la técnica metodológica utilizada para el estudio de los discursos expresados en las citas (Baeza, 2002). Esto permitió caracterizar las citas que los medios de prensa destacan y también aquellas que invisibilizan (Krippendorff, 1997). Esta aproximación analítica implicó múltiples momentos de producción de datos, análisis, codificaciones, categorizaciones, revisión, ajustes y refinamiento hasta alcanzar saturación, para identificar propiedades y relaciones (Figura N°3). Lo anterior se estructuró a partir de una malla temática bajo la lógica principal de la abducción (Bar, 2001) que buscó en cada cita, unidades gramaticales significativas -frases y/o párrafos- que, de acuerdo con el patrón lingüístico, permitieran describir a través de contenidos explícitos o interpretables, las concepciones territoriales y territorialidades subyacentes. A partir del ajuste, refinación y saturación (Egaña et al., 2014) se fueron discutiendo, ampliando y precisando los códigos principales que fueron agrupados y categorizados mediante reducciones teóricas según su contenido (Porta y Silva, 2003). Para ello, se realizó una codificación en la que se le asignó a cada unidad de análisis una etiqueta o código. Se realizó la asociación de estos códigos por agentes, concepciones territoriales y territorialidades, generando diferentes familias o códigos estructurales que se sintetizaron en conceptos teóricos permitiendo desarrollar las categorías y redes conceptuales.
Así, la arena pública del conflicto se caracterizó en término de: (i) tipos de agentes, (ii) sus relevancias mediáticas (número de citas), (iii) esferas de racionalidad (privados, instituciones públicas, expertos y comunidad), magnitud de sus redes (vecinal y supravecinal, diferenciando esta última en no-juntas de vecinos y horticultores), y (iv) sus discursos en términos de legitimación y deslegitimación a otros agentes (válida, confronta y válida-confronta). Una segunda parte analizó el contenido de los discursos de los agentes comunitarios, y las ideas, significados y valores que exponían, con especial atención a las concepciones territoriales (territorio-natural, territorio-construido y sus sub-códigos) y territorialidades (local, regional, nacional y trasnacional). Esto permitió identificar si el re-escalamiento de las redes de resistencia comunitaria y la reelaboración de los significados, ideas y valores que fueron redefiniendo el conflicto en distintos momentos, estuvo efectivamente modulado con un cambio en la conceptualización del territorio y re-escalamiento de su territorialidad.
Se recurrió al uso del software Atlas.Ti para para asistir el análisis, el cual también fue usado en las descripciones, características, mapas conceptuales, análisis de coocurrencias e intensidades de contenidos (Abarca y Ruiz, 2014). Para las representaciones gráficas se utilizó software ArcGIS 10.3, Yed Graph Editor, y Adobe Photoshop CS6.
Resultados
De los medios de prensa y del periodo estudiado (2008-2018) se obtuvieron un total de 256 noticias del conflicto, de las que se extrajeron 403 citas, 223 de actores pertenecientes a la institucionalidad pública, 35 de representantes de organizaciones empresariales y sector privado, 16 de expertos y 129 de organizaciones comunitarias. En una primera revisión se identificaron tres períodos claves del conflicto: (i) Inicio 2008-2010, marcado por la aparición de las Juntas de Vecinos (JJVV) y posicionamiento del conflicto en la prensa; (ii) Desarrollo 2011-2014, signado por la irrupción pública de otros agentes cuyas redes de acción eran de escala supra-vecinal (No-JJVV) , en parte, devenidos de las primeras JJVV, que dan un giro en la definición y significados de lo que estaba conflicto; y (iii) Declive 2015-2018, donde entra fuertemente en la arena pública un tercer tipo de actor denominado horticultores, cuyas redes se ubicaron escalarmente entre lo vecinal y supra-vecinal (Figura N°4) y (Figura N°5).
Fuente: elaboración propia según prensa a El Resumen, El Sur y Radio Bío Bío, 2008-2018.
Figura Nº4 Número de citas y menciones de los actores por periodo y esfera de racionalidad.
Fuente: elaboración propia a partir de prensa e Instituto Nacional de Estadísticas, Censo 2017.
Figura Nº5 Área del conflicto, suelo hortícola y actores de base territorial.
Inicio (2008-2011). Beneficios regionales, costos locales
Durante el año 2008 aparecen las primeras noticias sobre atascos en la Ruta 160, Avenida Pedro Aguirre Cerda, puentes Juan Pablo II y Llacolén, dificultando el acceso desde las comunas al sur del río Bío Bío hacia Concepción, centro metropolitano y capital regional. Los discursos públicos y presencia mediática en este primer momento fueron liderados por el Intendente Regional, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Cámara de Comercio (CC), la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), los alcaldes de San Pedro de La Paz y Coronel. La congestión fue detonante para que autoridades públicas, nacionales, regionales y comunales se alinearon y entronizaron con los vecinos, en busca de soluciones a su reclamo por mejores condiciones de accesibilidad.
Una vez instalada la problemática, aparecen los discursos públicos de la solucionática, tomando la forma de un Plan Vial Integral que agrupaba estrategias y proyectos de escala metropolitana y que proponía reordenamiento de flujos, reflotando el antiguo trazado vial del puente industrial y anexando una Ruta Pie de Monte, paralela a la Ruta 160 (Figura N°6). Este Plan detonó las primeras resistencias ciudadanas por parte de Juntas de Vecinos (JJVV) de los sectores por donde pasarían los nuevos trazados. Estos criticaban los impactos que la redistribución de flujos generaría sobre sus barrios y casas, dejando entrever concepciones territoriales vinculadas a calidad de vida residencial y barrial, con territorialidades muy acotadas y circunscritas a lo vecinal. En este primer momento, el conflicto se dibuja dentro de los márgenes de una cuestión de justicia distributiva. Los discursos estuvieron liderados por vecinos, quienes acusaban al Plan de Infraestructura de estar orientado a generar beneficios regionales en vez de locales y de estar pensado para los flujos de carga interportuaria e intereses de las forestales en vez de para solucionar la movilidad ciudadana (Figura N°6).
Fuente: Elaboración propia en base a revisión de medios de prensa El Resumen, El Sur y Radio Bío Bío, 2008-2010, (discursos procesados en Atlas TI).
Figura Nº6 Arena pública primer periodo. Los JJVV.
Aunque inicialmente el discurso de las instituciones públicas fue de ayuda y solución para los vecinos que entre Coronel y San Pedro de la Paz se veían enfrentados a una congestión significativa por el aumento del parque automotriz y de los flujos de carga interportuaria, este discurso rápidamente se desplazó y cambió de escala, adquiriendo connotaciones de eficiencia y competitividad económica regional, nacional y global, atrayendo a la arena pública a actores gremialistas, que levantaron un discurso legitimador hacia las autoridades públicas.
"Nos importa muchísimo que en esta conexión en el sistema portuario esté considerado el Puente Industrial con sistema vial y ferroviario integrados. De lo contrario es volver a perder oportunidades de competitividad" (Representante nacional de CORMA, Diario el Sur, 2009)
"La región está perdiendo competitividad … sacar adelante el Puente Industrial … porque es la solución de fondo al problema que enfrentamos" (Alcalde de Talcahuano, Diario el Sur, 2009)
"Hoy día tenemos la obligación de iniciar un proceso de consolidar la conectividad regional" (Representante nacional del MOP, Diario el Sur, 2009).
Mientras la institucionalidad pública, nacional y regional, bregaban por el proyecto sin mayores cuestionamientos, la comunal se veía tensionada entre actores expertos, comunidad y sector público nacional. La discusión se instaló preferentemente en torno a la movilidad y los impactos barriales versus la competitividad económica metropolitana como plataforma logística y regional.
Del análisis de contenido realizado con el software sobre los discursos en general y de la comunidad en particular, esta primera tabla de datos (2008-2010), dio cuenta por una parte de un juego de legitimación y deslegitimación sobre los discursos de los otros, liderado por la esfera de las instituciones públicas, la más comunicativa del periodo.
En la esfera comunitaria, las dos categorías de concepciones territoriales inicialmente propuesta se ratifican, territorio-construido y territorio-natural. La primera arroja dos familias de códigos, un territorio concebido como medioambiente construido para la permanencia y convivencia, y construido por la movilidad y los flujos. La segunda categoría, igualmente evidencia dos familias de códigos; territorio concebido ante todo como sustrato natural que tiene un valor en sí mismo, y como territorio natural que debe de ser regulado en su uso. Estas conceptualizaciones, dan cuenta de territorialidades distintas; mientras las concepciones del territorio como hecho construido, y enfocado a la permanencia se circunscriben a lo local-vecinal, el enfoque de movilidad adquiere un relato enmarcado en lo metropolitano. En el territorio como hecho natural, la cuestión de su regulación se adscribe a lo local-vecinal, mientras que su valor natural intrínseco a lo metropolitano.
Desarrollo (2011-2014). Ampliando el campo de batalla
Instalada la desconfianza en la comunidad que cuestionaba un Plan Vial que más parecía responder a intereses productivos más de escala regional y nacional, que local, se suman nuevas JJVV al rechazo. Las críticas y discursos públicos de la comunidad adquirieron mayor complejidad, develando movilización y cambio en las concepciones territoriales y territorialidades, posicionando cuestiones de movilidad y protección del medio ambiente en un marco de discusión comunal. Al tiempo que el discurso vecinal adquiere legitimación global, la esfera comunitaria junto con diversificar sus discursos, comunicacionalmente aparecen organizaciones cuyas redes sociales se instalan en una escala supra-vecinal.
El Alcalde de San Pedro de la Paz toma relevancia en la prensa con un discurso que, sin deslegitimar ni expresar apoyo a vecinos y voces ciudadanas, defiende los proyectos del Plan Vial Integral como necesario para el desarrollo comunal, en línea con los intereses públicos y privados de escala regional-nacional y los discursos de competitividad económica (Figura N°7).
Fuente: Elaboración propia en base a Revisión de medios de prensa El Resumen, El Sur y Radio Bío Bío, 2011-2014, (discursos procesados en Atlas TI).
Figura Nº7 Arena pública segundo periodo. La irrupción de los NO-JJVV.
"El paso por nuestra comuna es muy importante; la productividad pasa por aquí y si la obstaculizamos es la Región la que pierde” (Alcalde San Pedro de La Paz, Diario El Sur, 2011)
"No solo va a favorecer el tránsito productivo, forestal y pesquero, porque es un puente de gran tonelaje, soporta más de 61 toneladas” (Ministro de MOP, Diario el Sur, 2013)
Las esferas de la institucionalidad pública y comunitaria mantuvieron un mediático fuego cruzado. Dicho proceso, en lo comunitario fue producto y productor de importantes lateralidades ampliando las redes de resistencia local. De las iniciales JJVV, devinieron otro tipo de organizaciones comunitario-contingentes (NO-JJVV). Aparecen en la escena pública, el Movimiento Ciudadano San Pedro (MOVICIU), Movimiento San Pedro en Lucha, Asamblea Comunal, Unión Comunal de JJVV, Coordinadora del Borde Costero, Asamblea Territorial de San Pedro, a las cuales se suma la Red de Humedales del Bío Bío, entre otros. Transitando desde organizaciones que se aglutinan desde lo espacial a otras cuya base fue un interés común, el medioambiente (Figura N°4).
El año 2013 se adjudicó la licitación de diseño y construcción del Puente Industrial, siendo un paso concreto para materializar el proyecto vial que uniría la costa norte del Río Biobío con la costa sur, empalmando con la Ruta 160 y futura Ruta Pie de Monte, pasando a través de un paso sobre nivel por el humedal Los Batros y terrenos agrícolas de Boca Sur.
Al entrar al análisis de los discursos de los NO-JJVV, estos no traen consigo nuevas concepciones territoriales, más sí nuevos énfasis. La diferencia apareció en las territorialidades de los NO-JJVV.
Mientras que las JJVVs en el territorio-construido intensifican un discurso centrado en la movilidad y los flujos, en el territorio-natural la crítica crece y se consolida en términos de la (des)regulación. En ambas categorías se aprecia un salto escalar de la discusión, pasando de territorialidades locales, a comunales y metropolitanas.
Las conceptualizaciones del territorio como un hecho construido siguen primando al igual que en el primer periodo, sin embargo, los discursos que posicionan un territorio como hecho natural ganan espacio comunicacional. Mientras en las JJVV la connotación de la movilidad instala una territorialidad circunscrita preferentemente a lo comunal y la permanencia pierde fuerza discursiva anclada a lo local-vecinal, las NO-JJVV compartían movilidad y permanencia, con una clara y primada territorialidad metropolitana. En cuanto al territorio concebido como hecho natural, tanto las JJVV como las NO-JJVV, la cuestión estriba en un territorio que como tal necesita una regulación adecuada para normar su uso-conservación, no obstante, las primeras dictan un discurso que delimitan su territorialidad a lo comunal, mientras las segundas lo hacen preferentemente en un ámbito metropolitano.
Este devenir organizacional evidenció el traspaso de un discurso centrado en los impactos sobre la vida doméstica y calidad de vida urbana, a otro de carácter ambiental, menos exclusivo y más incluyente. En este momento la esfera de racionalidad comunitaria da cuenta de un proceso de autoorganización y salto escalar en su discurso público. Si para las JJVV la cuestión de los impactos remitió a un discurso de justicia redistributiva y de escala local-vecinal, para estos nuevos actores comunitarios, los NO-JJVV, la disputa era una cuestión de reconocimiento y regulación, principalmente ambiental, cuya territorialidad adquirió límites metropolitanos.
Declive (2015-2018). Irrupción de los Horticultores y ambientalización de las demandas
El tercer levantamiento se inició cuando entró a la arena pública un tercer tipo de actor comunitario, los Horticultores. Las NO-JJVV fueron derivando y validando la atención pública hacia los Horticultores, precipitando su entrada a la arena pública (Figura N°5).
"se generará un daño al patrimonio económico, social y ambiental en distintos sectores de la comuna, especialmente a los horticultores de Boca Sur y al humedal Los Batros" (Representante de MOVICIU, Diario el Sur, 2015)
"Lo que nosotros buscamos en el fondo es el cambio del trazado para no afectar los humedales y los sectores donde se desarrollan los horticultores de la comuna" (Representante Asamblea Comunal, Diario El Sur, 2016)
En este periodo los discursos públicos de legitimación y deslegitimación se centraron desde la esfera privada, en la empresa consultora de ingeniería a cargo del proyecto del puente (OHL); en la pública, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), su Secretaria Regional Ministerial (SEREMI OOPP), la SEREMI del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Municipio de San Pedro de la Paz, y en menor medida, el poder judicial (Juzgado, Fiscalía y Corte de Apelaciones). Entre la comunidad fue evidente el relevo en favor de las Organizaciones supra-vecinales (No-JJVV), como el MOVICIU, Asamblea Territorial San Pedro, Asamblea Comunal, Red de Humedales, y otras Organizaciones sociales, pero especialmente con los Horticultores. La tensión discursiva se instaló también como una cuestión de escala, entre una comunidad cuyas redes sociales de resistencia se amplían a una escala comunal y metropolitana, y un sector público, comunicativamente ocupado por agentes de escala regional y nacional. Sin desconocer la constante presencia del Municipio.
La aparición en la arena pública del Poder Judicial, evidenció un intento de salida común en los conflictos ambientales, su judicialización. El intento de deslegitimar los discursos, circunscribiendo estos al margen de la ley.
En los discursos públicos comunitarios de esta etapa del conflicto, priman en intensidad y reiteración comunicativa las concepciones de un territorio-natural, sin embargo, emergen nuevas familias de códigos, valorando su rol productivo o como parte de un acervo cultural, siendo estas últimas mucho más presentes en el discurso de Horticultores. Por otra parte, los discursos y concepciones subyacentes, que en primera instancia remiten a una territorialidad local-vecinal, y que luego de la mano de los NO-JJVV, adquiere límites metropolitanos, con la entrada de los Horticultores la dimensión es supra-metropolitana.
“No está cuantificado el daño que nos harán, por ejemplo, a la historia de la zona agrícola […] tenemos el centro acuífero más importante de Chile, y eso no lo ven […] No estamos en contra del Puente Industrial, sino en contra de perder uno de los pulmones de vegetación y agua dulce en Chile" (Representante Asoc. de horticultores, Diario el Sur, 2015)
"No estamos defendiendo el patio de la casa y ni siquiera una casa, sino nuestro trabajo y terrenos productivos centenarios" (Representante Asoc. de Horticultores, Diario El Sur, 2016).
Fuente: Elaboración propia en base a revisión prensa El Resumen, El Sur y Radio Bío Bío, 2015-2018, (discursos procesados en Atlas TI).
Figura Nº8 Arena pública tercer periodo. La tardía llegada de los Horticultores.
El conflicto deja de centrarse en la idea de una justicia distributiva, para asumir un discurso reivindicativo y de justicia de reconocimiento sobre el medioambiente. Las concepciones territoriales se movilizan y re-significan al tiempo que su territorialidad se re-escala, aglutinando en torno a un proyecto geográfico mayor, la protección de humedales. Sin embargo, los Horticultores, se diferencian de los NO-JJVV, por un discurso sobre la naturaleza como recurso, más como un valor en sí misma.
"Estamos en pie de lucha contra el trazado sur del Puente Industrial y la Ruta Pie de Monte, porque viene a amenazar de manera directa nuestro patrimonio que es el humedal Los Batros”. (Representante MOVICIU, Diario el Sur, 2016)
"Aquí se avanza bastante en la mitigación, se genera un área de 25 hectáreas de áreas verdes, con paseos peatonales, gratuitos y de conservación asegurada a costo de la concesionaria. No se desaparecen los humedales, los humedales se conservan y al mismo tiempo se trabaja en mejoras de acceso." (Ministro de Obras Públicas, Diario El Sur, 2017)
“hay tres casos que tiene que ver con las organizaciones que estábamos acá, uno es en el humedal Los Batros con el Puente Industrial y la Ruta Pie de Monte, otro en Arica con el humedal de Lluta con la ampliación de una vía que va hacia al aeropuerto y en Punta Arenas con el humedal tres Puentes” (Representante Red de Humedales del Bío Bío, Diario el Sur, 2018)
Este periodo, pone de relevancia la incidencia del conflicto y de los agentes comunitarios sobre el devenir material y normativo del territorio objeto de la controversia, pero también que esto no es para todos igual. La tardía entrada a la arena pública de los Horticultores (2015), su discurso judicializado y visión de la naturaleza como recurso, incidió en su posicionamiento y capacidad de crear redes con otros actores, dejándolos al margen de la iniciativa liderada por el municipio y las NO-JJVV, que terminó con el ingreso por parte del municipio de San Pedro de la Paz del expediente para declarar la Laguna Grande de San Pedro y Humedal los Batros como Santuario de la Naturaleza (29 de diciembre del 2017). Este hecho desactivó buena parte de las organizaciones ciudadano-contingentes, quedando finalmente protegidas 330 Ha. (2020), dejando fuera los predios agrícolas, sobre los cuales ya a finales del 2018 comienza el proceso expropiatorio.
Análisis de resultados
Evolución escalar de las redes de resistencia y sus discursivas públicas
Desde el enfoque de las redes de resistencia, el análisis del conflicto identifica un tránsito en la predominancia de la arena pública desde las organizaciones de base espacial, con discursos, concepciones territoriales y territorialidades arraigadas a lo construido y a la escala local (la casa, la calle y el barrio) denominadas JJVV que son las que arrancan el proceso, a otro momento en el que copan la arena pública otras organizaciones devenidas en parte de las primeras, que se configuran como redes colaborativas sustentada más en intereses comunes que en proximidades espaciales, diferenciadas entre NO-JJVV y Horticultores.
En relación con las discursivas públicas, el tránsito de las redes está directamente relacionada con la evolución de los discursos predominantes en torno al conflicto. Si bien en la primera etapa las JJVV apelaban a la redistribución de las externalidades, en el segundo periodo los NO-JJVV redefinen los discursos de oposición en torno a un proyecto de mayor envergadura geográfica y reivindicativa como es el medio ambiente. Esta ambientalización de las demandas sociales implica que, a partir de ese momento, se establece la disputa como una lucha de valores y reconocimiento con concepciones territoriales y territorialidades más abstractas, amplias, inclusivas y re-escaladas, que trascienden lo local para instalarse en una dimensión comunal, metropolitana y supra-metropolitana (Figura N°9) y (Figura N°10). Complementariamente, está discursiva medioambiental trasciende la lucha redistributiva, propia de los enfoques de la justicia ambiental, reclamando una justicia de reconocimiento de la historia y vida de los Horticultores del sector y de la naturaleza en tanto sujeto de derecho. En definitiva, se produce un paulatino desborde del conflicto, que lo saca de la tradicional disputa por la distribución de externalidades, a una lucha valórica y de reconocimiento.
Fuente: Elaboración propia según catastro de El Resumen, El Sur y Radio Bío Bío, 2008-2018.
Figura Nº9 Convergencias entre concepciones territoriales y territorialidades para actores comunitarios por periodo.
Fuente: Elaboración propia según catastro de prensa a El Resumen, El Sur y Radio Bío Bío, 2008-2018 y procesamiento software, Atlas TI.
Figura Nº10 Concepciones territoriales y territorialidades, por tipo de actor local-comunitario y periodo del conflicto.
Por otra parte, el análisis de contenido de los discursos públicos de los agentes comunitarios también evidenció un gradiente ascendente entre la escala de sus redes, la abstracción de las definiciones causales en relación al conflicto y la escala político-administrativa donde este debía resolverse.
Evolución de las concepciones territoriales y territorialidades
El análisis del discurso arrojó el levantamiento de los siguientes códigos estructurales de entrada y subcódigos emergente es para las concepciones territoriales. Para Territorio como patrimonio natural, los subcódigos fueron; (i) naturaleza como valor por sí misma, (ii) naturaleza como bien o recurso productivo, (iii) naturaleza como acervo cultural-identitario, y (iv) naturaleza como sistema regulado. Siendo este último el más presente a lo largo del conflicto para los tres grupos de agentes. En el código estructural territorio como patrimonio construido, emergieron; (i) ciudad como soporte de permanencias y convivencias, y (ii) ciudad como soporte de movilidades y flujos. La intensidad discursiva estuvo en este último, y al igual que el anterior, acentuado con el transcurrir del conflicto. (Figura N°10). Otros sets de subcódigos fueron informando la territorialidad, definidas en local-barrial, comunal, metropolitano y supra-metropolitano. La (Figura 10) revisa los tres periodos y los múltiples discursos a partir de estos códigos estructurales de entrada y subcódigos emergentes.
Con relación a la evolución de las concepciones territoriales, cuando en el segundo periodo los NO-JJVV reordenan los discursos y redefinieron el conflicto como una cuestión de reconocimiento, el territorio como patrimonio natural gana espacio, proyectando territorialidades principalmente adscritas a lo metropolitano. En el tercer y último periodo, el código estructural, territorio como patrimonio natural se consolida y complejiza con emergentes subcódigos, primando la idea de la regulación normativa, o su ausencia, como definición del conflicto. Las territorialidades que van definiendo los límites geográficos del conflicto, principalmente se afincan en lo comunal y supra-metropolitano, esto último especialmente en el discurso de los Horticultores.
La territorialidad del conflicto ambiental, en tanto expresión material que lo limita y circunscribe geográficamente, no sólo estableció una relación con el devenir autoorganizativo de las redes de resistencia y la escala alcanzada por estas tramas de esfuerzos coordinados, sino que también con la institucionalidad asociada a cada territorialidad. Así, los discursos de los NO-JJVV, cuya territorialidad estuvo mayoritariamente definida en lo comunal, ampliaron o redujeron, según el caso, su campo de batalla a esta mesoescala, movilizando a otros agentes públicos a la solución, como ocurrió con la municipalidad. Los Horticultores, por su parte, con un discurso principalmente adscrito a lo supra-metropolitano, ampliaron tanto su campo de batalla que este quedó diluido sin encontrar aliados estratégicos en otras esferas. Finalmente consignar, que, si bien la escala metropolitana está presente en el discurso de todos los agentes comunitarios y en cada momento del conflicto, ésta nunca alcanza relevancia, coincidiendo con una institucionalidad pública que no posee estructuras de gobierno metropolitano (Figura N°10).
Discusiones
El análisis de resultados reveló que la relación trialéctica encontrada entre entre; (i) La escalaridad en las redes de cooperación y resistencia tras los procesos de movilización social, (ii) sus devenires discursivos, identificando la reelaboración de intereses, ideas, significados y valores en disputa, y (iii) los cambios en las concepciones territoriales y territorialidades que van definiendo y circunscribiendo el conflicto y sus posibles resoluciones; se revela principalmente jerárquica. Así, el escalamiento de las redes afecta a la reconfiguración de los discursos y, éstos, a la abstracción de concepciones territoriales y territorialidades que definen el conflicto. Sin embargo, la evolución del conflicto se produce como reacción a las discursivas y concepciones de algunos agentes en otros, lo cual permite la transición tanto de las redes, como de discursos, como de las concepciones y territorialidades.
Los resultados apuntan a que el re-escalamiento de los agentes comunitarios y la ampliación de la trama de esfuerzos coordinados detrás de estos, parecen estar alineados con las conocidas tácticas locales de la teoría de los conflictos ambientales en tanto parte del set de estrategia para ampliar el campo de batalla (Berguer, 2014), posicionar la controversia en la agenda pública y atraer con ello otras organizaciones capaces de aportar solución al conflicto (Guerrero, 2010; Leguizamón, 2015). Por otra parte, la revisión en profundidad realizada sobre sus prácticas discursivas en la arena pública, ha relevado una reconfiguración del discurso predominante que, en definitiva, transita hacia la ambientalización de sus demandas, alineándose también en este sentido con la literatura de conflictos ambientales previamente analizada (Acselrad, et al., 2010; Spadoni, 2013; Scharager, 2019), caracterizando la década del conflicto como una continua reelaboración de intereses, ideas y valores (Poma, 2014; Ensabella y Chiavassa, 2019), que fueron desde una cuestión de redistribución de externalidades a una de reconocimiento (Fraser y Jaeggi, 2019).
Este estudio de caso aporta a la discusión teórica en la identificación de las relaciones entre las dimensiones analizadas en la lucha sostenida de los agentes comunitarios por el control de su territorio. Este territorio fue progresivamente ampliado y desde él se construyeron nuevas y contingentes redes de resistencia, producto y productoras de sus discursos, que, junto con legitimar y deslegitimar otros discursos, movilizaron y re-escalaron sus concepciones territoriales y territorialidades, redefiniendo la naturaleza y el alcance geográfico de la disputa. Este proceso se caracterizó por un gradiente marcado, tanto por la ampliación de las redes de resistencia, como por discursos que se tornaron conceptualmente más abstractos, socialmente más inclusivos y geográficamente más amplios, transitando desde una definición del conflicto como cuestión de distribución de externalidades a otra pugna entre valores y formas de significar el territorio. De este modo, la disputa no sólo fue por la definición, uso, significado y apropiación del territorio (Napadensky y Azocar, 2017; Salizzi, 2019; Fernández, 2020), sino también por la escala geográfica en que este debía encontrar resolución. Complementariamente, el desarrollo de esta dialéctica no sólo pareció influir a la propia evolución del conflicto, si no que influyó de manera relevante en los procesos de producción y transformación material del territorio objeto de la disputa.
Por otra parte, es importante poner de manifiesto la paradoja de unos horticultores, que participantes de una actividad otrora fundamental para que el hombre alcanzara la independencia de la naturaleza, aquí defendieron un discurso más innovador, sistémico (González, 2006) y complejo (Morin, 1997), que implícitamente plantea eliminar los límites entre lo construido y lo natural, reconociendo la posibilidad de planificar naturaleza y ciudad como un solo sistema, trascendiendo el pensamiento dicotómico del racionalismo cartesiano sociedad-naturaleza, sujeto-objeto (Descartes, 1637; 1664) o campo-ciudad (Ruiz y Delgado, 2008; Madaleno y Gurovich, 2004). En este sentido, los discursos ambientalistas, si bien se posicionan en establecer la naturaleza más que como objeto, como sujeto y por tanto susceptible de derechos, este planteamiento no escapa a la visión dual, iniciada con Descartes y globalizada por la modernidad y el capitalismo neoliberal (Shiva, 1988), en cuanto lo social termina donde empezar lo natural y lo natural termina donde empieza lo social.
Conclusiones
El análisis realizado del conflicto ambiental detonado en el Ámbito Metropolitano de Concepción por el Puente Industrial recoge como principal hallazgo la lógica de la trialéctica que relaciona directamente la escala de los procesos auto-organizativos y de ampliación en las tramas de esfuerzos coordinados de resistencia (redes) con la evolución discursiva que estas redes movilizan y acentúan en términos de valores y significados con su escalamiento, y las concepciones territoriales y territorialidades que van definiendo el conflicto y su campo de batalla-resolución.
Además, este estudio de caso, que posee la particularidad de desarrollarse en un ámbito de agricultura intrametropolitana, pone de relevancia que para profundizar en los conflictos ambientales es necesario superar la dicotomía entre lo urbano y lo natural en la que parecen estar ancladas las discursivas de los agentes territoriales. Además, es necesario incluir en el análisis de los conflictos el estudio de los procesos de producción material del territorio en disputa como resultado del conflicto, sus agentes, discursos y concepciones.
Finalmente, es importante relevar que no se puede desconocer la importancia y los sesgos de la prensa en visibilizar o invisibilizar los distintos discursos presentes en los conflictos ambientales. Por otra parte, los consensos académicos que fijan el origen de estos conflictos en el actual modelo de desarrollo económico no parecen tener cabida dentro de las múltiples causas esgrimidas por los agentes en conflicto.
